nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

TALCA, trece de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, auxiliar, domiciliado en domicilio reservado, de Pencahue, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pencahue, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada legalmente por su alcalde don José Miguel Tobar Aravena, ambos con domicilio en domicilio reservado, por considerar que incurrió en actos que califica de ilegales y arbitrarios, que conculcan las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República. Conforme a lo anterior, solicitó acoger el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N°951 de 6 de agosto de 2024, que dispone el término anticipado a su contrata al 9 de agosto de 2024 y el Decreto SIAPER N°760, de 20 de agosto de este año, disponiendo su inmediata reincorporación a sus funciones, pagándole las remuneraciones desde que se dejaron de pagar, las que deberán ser reintegradas desde el tiempo de su separación, declarándose que la continuidad de su contrata es de carácter indefinida; todo con expresa condena en costas.

Por resolución de 4 de septiembre de 2024, se acogió a tramitación el recurso y se pidió informe a la recurrida, el que fue evacuado por el abogado don Nicolás Chamorro Urrutia, en representación de la Municipalidad de Pencahue, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas.

Además, mediante resolución de 23 de octubre de 2024, se dispuso traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el 19 de noviembre último.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se sostiene por el recurrente que la decisión impugnada por esta vía, que dispuso el término anticipado de su contrata anual, adoptada por el Alcalde Tobar Aravena es ilegal y arbitraria, porque no cuenta con las facultades legales para el término anticipado de su contrata, debido a que se encuentra protegido por el principio de confianza legitima, ya que lleva varias renovaciones a contrata, desde el 1 de enero de 2016, que son 8 años por lo que para poder ponerle término a su contrato el municipio de Pencahue, debería contar el actor con bajas calificaciones, pero siempre han sido buenas, en lista 1, tampoco existe un sumario afinado en contra de su persona que indique falta que produzca una destitución, por lo tanto, la municipalidad en su Decreto Alcaldicio N°951, y Decreto SIAPER N°760, cuyo fundamento solo se basa en que no apeló al fallo de la sentencia, es una decisión arbitraria debido a que en ella no se están respetando los procedimientos que solo le compete al tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, esto es que se cumpla con el artículo 468 del Código Procesal Penal. Añade que la municipalidad carece de facultades para poner término anticipado a su contrata por un fallo que a la presente fecha, no está ejecutoriado, por lo que el Alcalde ha establecido un criterio discriminatorio para decidir acerca de mi continuidad al sustentarla por el solo hecho que no apele al fallo de una sentencia de un tribunal, que no se encuentra firme ni ejecutoriada.

Expuso que ingresó a Municipalidad de Pencahue el 01 de enero de 2016 como funcionario a contrata, escalafón Auxiliar, grado 15° E.U.M. regido por la Ley 18.883; y lleva más de 7 años en forma continua e interrumpida en esa entidad edilicia; y que dicho municipio puso término anticipado de su contrata el día 09 de agosto de 2024, le pagó su remuneración por solo 9 días del mes de agosto de 2024.

Aduce que si la autoridad (Alcalde) pretende desvincular a un funcionario a contrata que ha permanecido en dicha calidad en forma continuada e ininterrumpida, legalmente los únicos mecanismos que existen para aquello son:

1. - Instrucción de un sumario administrativo en el que, luego de ejercer su derecho a defensa, se arribe a la conclusión de que los hechos verificados hacen procedente la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, conforme a las normas de responsabilidad administrativa, o 2. - Una calificación anual deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del mismo texto normativo, es decir, calificación en Lista 4, o dos periodos consecutivos en Lista 3.

Solo así la autoridad cumple con el principio de legalidad al que se encuentran sometidos. Además, el artículo 87 de la Ley N°18.883, plasma el principio según el cual, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de que en parte alguna se exime a quienes detenten la condición a contrata, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los a contratas, porque el artículo 2 inciso tercero habla de empleos a contrata, lo que permite concluir que la voz empleo que utiliza el mencionado artículo 87 es comprensiva del funcionario que se desempeña a contrata.

En base a lo anterior, esgrime que resulta claro que estamos frente a un actuar ilegal de parte de la Ilustre Municipalidad de Pencahue, porque contraviene lo dispuesto en la normativa aplicable a los funcionarios municipales, al terminar anticipadamente su contratación el 9 de agosto de 2024, por fundamentos y motivos que no están amparados en ninguna causal legal de cesación de funciones.

Hace presente que la Corte Suprema resolvió una serie de recursos de protección relacionados con las desvinculaciones de funcionarios públicos a contrata en reparticiones del Estado y estableció que el Principio de la Confianza Legitima opera después de 5 años en esa modalidad, por lo que no se configura actuar ilegal o arbitrario si la desvinculación, por razones justificadas, se producen antes del quinquenio. Ejemplo de esto, se encuentran en las sentencias de la Corte Suprema, roles 26.112-2023, 26131-2023, 26196-2023, 26279-2023.

Señala que la confianza legitima en materia funcionara se define como la legitima expectativa que se produce en un servidor público, cuando su contrata ha sido objeto de cinco o más de renovaciones anuales sucesivas e ininterrumpidas, creando la confianza legítima de que esa conducta se va a repetir en el futuro, la cual la propia municipalidad en el Decreto 951 de fecha 06 de agosto de 2024, reconoce dicho principio en el considerando N° 4, ya que lleva más de 5 años trabajando en el municipio.

De otro lado, la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, dictada en causa RIT N°60-2021, señala que lo condena a “tres años y un día...” y que “Una vez ejecutoriado el presente fallo, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, oficiando se a la Contraloría General de la República, al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Centro penitenciario”. En el considerando 6° letra f) y g) del Decreto alcaldicio N°951, señala que la municipalidad de Pencahue pone término anticipado de mi contrata por el motivo de la Sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, por falta grave a la probidad administrativa acreditada en sede judicial y por no hacer uso del derecho a impugnar la sentencia. Agrega que al poner término anticipado a su contrata, es simplemente un cambio intempestivo y subjetivo, intempestivo porque lo hace después de más de 7 años que llevo trabajando en el municipio y subjetivo, por cuanto no hay razón de que se ponga termino anticipado a su contrata por considerar graves hechos acreditados de forma unánime en juicio oral, por cuanto, dada la grave falta a la probidad administrativa acreditada en sede judicial, debido a que la única manera para que la municipalidad de Pencahue aplique una falta grave a la probidad administrativa, es mediante un sumario administrativo, conforme al artículo 123 de la Ley 18.883, y le haya aplicado una medida de destitución de los hechos que se mencionan en la causa RIT N°60-2021, sumario que a la presente fecha la municipalidad de Pencahue no lo tiene ejecutoriado.

Sostiene que a la municipalidad de Pencahue no le compete proceder en una sentencia de un tribunal, es decir, no le compete poner fin a su contrato al día 9 de agosto de 2024, como funcionario municipal, argumentando en que falta grave a la probidad administrativa y porque no apeló al fallo judicial, sin que la sentencia del tribunal esté ejecutoriada, porque goza de confianza legitima. Además, la sentencia mencionada aún no es notificada a la municipalidad, por ello que aún no surte sus efectos.

Estima que esta discriminación atenta en contra de lo dispuesto en el artículo 19 N°16 de nuestra Constitución Política que consagra la libertad de trabajo y su protección, agregando en su inciso tercero que “Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”. Esta norma es relevante, ya que se otorga rango constitucional al principio de no discriminación en materia laboral. Por tanto, nuestro sistema jurídico debe ajustarse a esta disposición, sin perjuicio que, además, considera la discriminación laboral como un ilícito a nivel constitucional. Se contiene, entonces, una prohibición amplia de no discriminación, proscribiendo cualquier conducta discriminatoria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que se pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Con este precepto se pone de manifiesto la estrecha relación entre la prohibición de discriminación y el derecho a la libertad de trabajo pues aparece como una protección de aquella libertad, siendo una clara manifestación del principio de igualdad (Eduardo Caamaño, “El derecho a la no discriminación en el empleo”; 2 a edición, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2007).

También, considera que el actuar ilegal y arbitrario, lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2, pues la autoridad no ha aplicado en su caso correctamente la normativa, discriminándolo en forma arbitraria al decidir mi desvinculación sin ningún fundamento válido, al despedirlo solo porque no apele a un fallo del Tribunal de juicio oral en lo Penal de Talca, causa RIT N°60-2021, siendo entonces víctima de un trato desigualitario no amparado por nuestro ordenamiento jurídico. Se ha vulnerado su garantía a la igualdad ante la ley al ser víctima de una discriminación arbitraria, en que se me brinda un trato al margen del ordenamiento jurídico, poniendo término a mi vinculo contractual por motivos discriminatorios y a través de un procedimiento ilegitimo ya que en el Artículo 468 de Código Procesal Penal, que transcribe, reiterando que fue despedido antes que se encuentre ejecutoriada la sentencia. Además, Municipalidad de Pencahue, solo puso término anticipado a su contrata, pese a que hay otros funcionarios que también están involucrados en la causa RIT N°60-2021.

Adicionalmente, estima que se ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, respecto de sus servicios y las remuneraciones propias del cargo, por cuanto la cesación de funciones no está entregada a la discrecionalidad de la administración, sino a la determinación de la ley, tal como lo dispone el artículo 87 de la Ley N°18.883 al señalar que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, derecho que también está contemplado en el artículo 48 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el apartado sobre la Carrera Funcionarla.

SEGUNDO: Que, en su informe, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, fundada en que ha actuado dentro de las facultades legalmente concedidas y no ha vulnerado garantía alguna del recurrente.

Expuso que mediante sentencia ejecutoriada de 25 de junio de 2024, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en causa RIT 60-2021, el recurrente don nombre reservado fue condenado como autor del delito consumado de cohecho, en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, que se habría cometido en fechas indeterminadas entre los años 2017 a 2018, en la comuna de Pencahue, a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa del duplo del beneficio económico obtenido, que asciende a la suma de $900.000, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y a la pena de veintiún días de prisión en su grado medio, suspensión de licencia de conducir por el lapso de 1 año y multa de cuatro Unidades Tributarias Mensuales, como autor del delito de presentar certificados falsos para obtener licencia de conducir contemplado en el artículo 192 C) de la Ley de Tránsito N° 18.290, cometido en fecha indeterminada entre fines del año 2015 e inicios del año 2016, en la comuna de Pencahue. Por tal motivo se encuentra impedido de ejercer funciones públicas lo que, en consecuencia, se contrapone con su principal petición de ser reintegrado a sus funciones; por ello cuestiona que esta acción constitucional pudiese restablecer el imperio del derecho respecto de lo solicitado por el recurrente.

De otro lado, indica que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria y sumarísima, de tutela de derechos fundamentales, que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene este recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo. De esta forma, para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones.

En dicho sentido, si bien es efectivo que artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que la acción allí consagrada deja a salvo “… los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. Empero, ello no es sino manifestación de la naturaleza cautelar o de tutela de urgencia del recurso o acción de protección. Atendido lo anterior, el presente recurso de protección, cautelar y de emergencia, no puede prosperar, dado que a juicio del actor la Municipalidad de Pencahue porque considera que habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario, al dictar el Decreto Alcaldicio N°951 de fecha 06 de agosto de 2024, que dispone el término anticipado de su contrata.

En cuanto a la alegación del recurrente respecto de la aplicación del principio de confianza legítima, a casos que no han sido contemplados por la jurisprudencia administrativa y judicial que incluso el propio recurso cita, estima conveniente partir el análisis asentando que el analizado principio no contiene una recepción positiva en nuestro ordenamiento jurídico y que su construcción, alcances y aplicación, se han ido desarrollando de la mano de la evolución doctrinaria y jurisprudencial del mismo.

En cuanto al contenido, la continuidad y la extensión de las designaciones a contrata que generan la confianza legítima, indica que se ha señalado por la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° 85.700/2016, N° 6.400/2018 y N°156.769/2021 de la Contraloría General de la República, entre otros, que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación anual y, por tanto, en el evento que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego que haya comenzado el año respectivo, se entenderá que hubo una primera renovación anual si tal vinculación se extiende por todo el año calendario siguiente y que existe una segunda renovación de dicho nexo funcionarial si este abarca toda la anualidad subsiguiente. De lo anterior se colige que deberá haber transcurrido más de dos años para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación. Por tanto, respecto del caso que se trata, debe entenderse la obligación de fundar este acto administrativo más allá del efecto temporal del mismo, conforme a proceder a no renovar o terminar anticipadamente una contrata bajo el criterio de legítima confianza.

Enseguida, tal como se planteó precedentemente, se hace necesario fundamentar el acto administrativo que dispone el termino anticipado de una contrata bajo el principio de legitima confianza y, en este sentido, la fundamentación utilizada para dicho Decreto Alcaldicio, fue la sentencia condenatoria recaída en juicio oral en contra del ex funcionario, específicamente, sentencia condenatoria ejecutoriada RIT 60-2021 de fecha 25 de junio de 2024, seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, la que fue recurrida por dos de los condenados, excepto el recurrente, siendo confirmada por esta Corte de Apelaciones; lo que fue considerado para dictar el referido Decreto Alcaldicio, reproduciendo los fundamentos del mismo.

De otro lado, sostiene que ni aún en el caso que se entendiera que el empleo de la recurrente se encuentra protegido por el Principio de Confianza Legítima, podría justificarse el fundamento de que la autoridad alcaldicia no tiene facultades para disponer la no renovación o el termino anticipado de la contrata. En efecto, la misma jurisprudencia administrativa analizada, aclara que los pronunciamientos anteriores – refiriéndose a los Dictámenes 2.766 y 23.518, ambos de 2016, “…no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas”, continúa señalando que “…los aludidos pronunciamientos, y por las razones que en ellos se exponen, solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado…”. Agrega que así ha sido resuelto también por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, citando al efecto sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 84128-2020, confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Entonces, no hay razones para afirmar – como lo hace el recurrente – la ilegalidad del acto administrativo impugnado, desde que fue dictado por la autoridad competente, en uso de facultades que le confía el ordenamiento jurídico, basado en fundamentos objetivos; máxime si han sido expuestas las razones que condujeron a esa decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

Aduce que extender la interpretación de la jurisprudencia judicial al criterio pretendido por la contraria – esto es, que los únicos mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico para terminar una contrata, son la destitución en sumario administrativo y la calificación deficiente – es considerar supuestos no contemplados al momento del resolver. Pareciera más adecuado, como efectivamente lo han entendido nuestros Tribunales Superiores de Justicia, que los supuestos en cuestión sólo se aplican cuando la motivación de la decisión de no renovación se ha referido al desempeño deficiente del funcionario público. Así se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en los fallos dictados en causas Rol 150.469-2020; Rol N° 92.146-2020; Rol 85.155-2020 y Rol N° 104.492-2020.

Para los demás casos de motivación del acto administrativo contenidos en los Dictámenes N° 85.700 ya referido, N° 6.400 de fecha 02 de marzo de 2018 y N° 156.769 de fecha 18 de noviembre de 2021 – esto es, modificación de funciones o restructuración del órgano, supresión o modificación de planes o programas, nuevas condiciones presupuestarias o de dotación – se mantienen las facultades de la autoridad administrativa ya anotadas. Así queda de manifiesto en los nuevos criterios entregados en el último de los instructivos del órgano contralor.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Además, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no reúne tales características, la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos ordinarios declarativos que el legislador ha establecido al efecto.

CUARTO: Que, de lo expuesto en el recurso, lo informado por la recurrida y antecedentes incorporados por las partes, es posible tener por establecidos los hechos siguientes:

1.- nombre reservado, ingresó a trabajar en la Municipalidad de Pencahue en el año 2016, como auxiliar a contrata, grado 15° E.U.M., mediante Decreto Alcaldicio N°125, de 26 de enero de 2016, que dispuso su contrata desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del mismo año. Dicho nombramiento fue renovado por el Municipio de manera sucesiva, siendo la última designación la efectuada por Decreto SIAPER N°27, de 18 de enero de 2024, que regulariza su contrata a contar del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, junto a la de otros funcionarios municipales.

2.- Mediante sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en causa RIT 60-2021, con fecha de 25 de junio de 2024, nombre reservado fue condenado en calidad de autor del delito consumado de cohecho, en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, cometido en la comuna de Pencahue en fechas indeterminadas entre los años 2017 a 2018, a cumplir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, el pago de una multa correspondiente al duplo del beneficio económico obtenido, que asciende a la suma de $900.000; y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos mientras dure la condena. Además, fue condenado como autor del delito de presentar certificados falsos para obtener licencia de conducir contemplado en el artículo 192 C) de la Ley N°18.290, perpetrado en la comuna de Pencahue, en fecha indeterminada entre fines del año 2015 e inicios del año 2016, a cumplir la pena de veintiún días de prisión en su grado medio, suspensión de licencia de conducir por el lapso de 1 año y multa de cuatro Unidades Tributarias Mensuales.

Además, consta que nombre reservado no recurrió en contra de dicho fallo, por lo que quedó ejecutoriado a su respecto al cumplirse el plazo para impugnarlo, esto es, el 11 de julio de 2025.

3.- Por Decreto Alcaldicio N°951, de 6 de agosto de 2024, dictado por el alcalde de la Municipalidad de Pencahue, se puso término anticipado a la contrata de nombre reservado y estableció que el vínculo con dicho funcionario se extenderá hasta el 9 de agosto de 2024, teniendo para ello en consideración, principalmente “las graves faltas a la probidad administrativa acreditadas en sede judicial en causa RIT 60-2021 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca”, así consta, además, en las consideraciones siguientes:

“…a) Que, con fecha 13 de junio de 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en causa RIT N°60-2021, dio lectura al veredicto, unánime, decidiendo condenar al imputado don nombre reservado, como autor del delito consumado, en carácter de reiterado, de cohecho previsto en el artículo 248 bis del Código Penal, los que se habrían cometido en fechas indeterminadas entre los años 2017 y 2018, en la comuna de Pencahue.

b) Que, con fecha 13 de junio de 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en causa RIT N°60-2021, dio lectura al veredicto, unánime, decidiendo condenar al imputado don nombre reservado, como autor del delito de presentar certificados falsos para obtener licencia de conducir contemplado en el artículo 192 C) de la Ley de Tránsito N° 18.290, el que habría cometido en fecha indeterminada entre fines del año 2015 e inicios del año 2016.

c) Que, el Tribunal ponderadó de forma libre los elementos de prueba rendidos durante la audiencia, de conformidad con lo estatuido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, adquiriendo la convicción, más allá de toda duda razonable, que se encuentran establecidos los siguientes hechos:

Desde fecha indeterminada pero al menos desde el año 2015 y hasta fines del año 2018, en la comuna de Pencahue, JOSÉ CUPERTINO CASTILLO CASTRO, quien se desempeña como concejal en la Ilustre Municipalidad de Pencahue y nombre reservado junto a nombre reservado, quienes se desempeñaban como funcionarios a contrata de la Ilustre Municipalidad de Pencahue, en la Dirección de Tránsito comunal; de manera reiterada comercializaron certificados falsos de cursos regulares para conductores profesionales emitidos por la Escuela de Conductores Santa Juana, ubicada en la ciudad de Concepción.

Para ello, las personas interesadas en adquirir un certificado sin realizar el curso, contactaban a CASTILLO CASTRO, nombre reservado y nombre reservado, para que previo pago de una suma de dinero aproximado a los $200.000 actuaran como intermediarios obteniendo dichos certificados, los que luego eran presentados en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Pencahue, optando de esta manera a la respectiva licencia de conducir profesional sin reunir los requisitos legales; algunos de los cuales lograron maliciosamente obtener esas licencias en la Municipalidad de Pencahue, conociendo la falsedad del contenido de los certificados emitidos por la escuela de conductores profesional Santa Juana, pues jamás realizaron curso alguno y ni siquiera concurrieron a la localidad de Concepción para dicho trámite.

Es así que el concejal CASTILLO CASTRO, promovía o facilitaba a los interesados el gestionar la entrega de dichos certificados a cambio de una contraprestación económica. De ésta manera logró, a lo menos, que nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado obtuvieran el certificado emitido por la Escuela de Conductores Profesionales Santa Juana. Por su parte, el funcionario municipal nombre reservado logró que, a lo menos, nombre reservado y nombre reservado también obtuvieran el certificado emitido por la escuela conductores Santa Juana. Respecto al funcionario municipal nombre reservado, este logró que a lo menos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado también obtuvieran el Certificado emitido por la escuela de conductores Santa Juana. Dichos documentos certificaban que estas personas sí habían cumplido satisfactoriamente con los planes y programas conducentes a obtener las licencias de conducir respectivas.

d) Además, JOSÉ CUPERTINO CASTILLO CASTRO, nombre reservado y nombre reservado también obtuvieron para sí mismos el certificado emitido por la escuela de conductores profesionales Santa Juana, el que señalaba que habían cumplido satisfactoriamente con los planes y programas conducentes a obtener las licencias de conducir respectivas. Con lo anterior, nombre reservado logró obtener la licencia profesional respectiva desde la Ilustre Municipalidad de Pencahue.

e) Que, los hechos descritos en el motivo precedente, respecto al numeral 1, configuran el delito consumado en carácter de reiterado de Cohecho, ilícito previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, toda vez que los agentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en su calidad de empleados públicos, solicitaron, o aceptaron recibir, beneficios económicos para ejecutar actos en infracción a los deberes de su cargo. Así, todos los agentes tienen la calidad de funcionario público para efectos de responsabilidad penal, ya que en el caso de nombre reservado, este ostentaba el cargo electo de Concejal de la Comuna de Pencahue y respecto a nombre reservado y nombre reservado, estos se desempeñaban como funcionarios a contrata del Departamento de Tránsito de la misma comuna; calidad de funcionarios públicos reconocida a ellos tanto en el artículo 260 del Código Penal, así como en las normas respectivas de las Leyes Orgánicas sobre Municipalidades y sobre Bases de Administración del Estado. Por su parte, el beneficio económico se constituía en recibir sumas de dinero cercanas a los $200.000 por cada persona a la que le tramitaban y conseguían certificados falsos de haber realizado cursos de conducción, los que luego eran presentados en el mismo Departamento Comunal de Tránsito de Pencahue, para acceder a licencias de conducir de clase profesional, a la cual esas personas no tenían derecho por carecer de los requisitos legales para ello. Del mismo modo, esto último trasunta en la infracción a los deberes de sus cargos, pues al participar de la obtención de certificados ideológicamente falsos para luego obtener documentos públicos que se gestionan en la propia municipalidad en la que ejercen o ejercían sus funciones, atenta contra el deber genérico de probidad administrativa al que están obligados, en específico en cuanto a mantener una conducta intachable y un desempeño honesto y leal con la función que desempeñan.

f) Que, con fecha 25 de junio de 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en causa RIT N°60-2021, dicta sentencia, condenando a nombre reservado, a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa del duplo del beneficio económico obtenido, que asciende a la suma de $900.000 y la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como autor del delito consumado de Cohecho, en carácter de reiterado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, los que se habrían cometido en fechas indeterminadas entre los años 2017 a 2018, en la comuna de Pencahue y; a la pena de veintiún días de prisión en su grado medio, suspensión de licencia de conducir por el lapso de 1 año y multa de cuatro Unidades Tributarias Mensuales, como autor del delito de presentar certificados falsos para obtener licencia de conducir contemplado en el artículo 192 C) de la Ley de Tránsito N° 18.290, el que habría cometido en fecha indeterminada entre fines del año 2015 e inicios del año 2016, en la comuna de Pencahue.

g) Que, con los antecedentes tenidos a la vista, tanto del veredicto como de la sentencia, la Ilustre Municipalidad de Pencahue, no puede ignorar los graves hechos acreditados de forma unánime en juicio oral, por cuanto, dada la grave falta a la probidad administrativa acreditada en sede judicial, como también, considerando que don nombre reservado no hizo uso de su derecho a impugnar la sentencia judicial; la Ilustre Municipalidad de Pencahue, ha decidido terminar anticipadamente la contrata del funcionario nombre reservado, emitiendo un acto jurídico fundado en base a los razonamientos expresados en los considerandos anteriores, asumiendo que el funcionario nombre reservado, cuenta con legítima confianza”.

4.- Conforme a lo dispuesto en el antes referido Decreto N°951, se dictó el Decreto SIAPER N°760, de 20 de agosto de 2024, de la Municipalidad de Pencahue, que puso término anticipado a la contrata del recurrente, a contar del 10 de agosto de 2024.

QUINTO: Que, del mérito de los hechos establecidos en la motivación que antecede es posible concluir que la Resolución N°951, que dispuso el término anticipado de la contrata del actor se encuentra debidamente fundada y obedece a un mandato legal, puesto que mediante sentencia ejecutoriada dictada en su contra en causa RIT N°60-2021, se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, de manera que no podía continuar desempeñando la función pública para la cual había sido contratado, bajo ningún concepto, aun cuando las prórrogas de sus respectivas contratas le permitieren tener confianza legítima de que podía continuar en el servicio.

SEXTO: Que, en consecuencia, cabe concluir que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación que se representa en este recurso, que deba y pueda ser subsanada mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados –privados, perturbados o amenazados- mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias; lo que debe llevar necesariamente al rechazo de la acción intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pencahue, representada legalmente por su alcalde don José Miguel Tobar Aravena.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N° 1.842-2024/ Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Diego Palomo Vélez, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.