nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

Talca, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

|Primero: Que don JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ, abogado, Chileno, cedula nacional de identidad N°RUT reservado, comparece en representación, de doña nombre reservado, Chilena, soltera, cedula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Provincia de Curicó, Región del Maule; e interponer Recurso de Protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Hualañé, representada legalmente por su Alcaldesa y al Fiscal instructor del sumario administrativo.

Funda la acción sosteniendo, como acto ilegal y arbitrario el decreto alcaldicio número 01859 de fecha 23 de julio del año 2024, que fue notificado a la recurrente con fecha 30 de julio de 2024, que rechazó recurso de reposición interpuesto en contra de la medida de DESTITUCION impuesta a la funcionaria doña nombre reservado por decreto alcaldicio número 1750 de fecha 05 de julio del año 2024.

Arguyendo que se han vulnerado a la actora doña nombre reservado, las garantías constitucionales del articulo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es la garantía constitucional del debido proceso, afectado en el principio de inocencia, por inexistencia de presupuestos para imputación de responsabilidad administrativa en la formulación de cargos y en la propia vista fiscal en el sumario administrativo, e infracción a la obligación de mantener en secreto la investigación sumaria afectación del derecho a la defensa, por no haber tenido acceso a los antecedentes administrativos, señalando que en todo momento el Fiscal Investigador negó el acceso a copia del sumario a la recurrente y su abogado para preparar su defensa.; La garantía constitucional de igualdad en dignidad y derechos y el derecho de propiedad.

Solicita a esta Corte de Apelaciones, que conociendo de esta acción, declare que:

1.- Que se acoge el recurso de protección deducido y en consecuencia se deje sin efecto la medida de DESTITUCION impuesta en contra de doña nombre reservado confirmada mediante decreto número 01859 de fecha 23 de julio del año 2024, que rechazo el recurso de reposición interpuesto en contra de la medida de DESTITUCION.

2.- En subsidio, se ordene retrotraer la investigación a la etapa de investigación, cumpliendo los requisitos de resguardo a la obligación de secreto del sumario administrativo; así también, conteniendo los eventuales cargos los hechos precisos y determinados, así como las normas que se trasgreden y de qué forma se encuentran tipificadas en la infracción administrativa a objeto, de que su representada pueda tercer derecho 3.- Condenar a los recurridos al pago de las costas de la causa.

Sostiene como argumentos de su pretensión, textualmente: “ANTECEDENTES GENERALES Que doña nombre reservado, nombre reservado.N.I. RUT reservado ingreso a la Ilustre Municipalidad de Hualañé mediante contratación a honorarios suscrito con fecha 30 de enero del año 2020 entre ambas partes para realizar el servicio de: “ encargada comunitaria de la oficina e la vivienda” , así conforme lo dispuso la cláusula cuarta del contrato se dispusieron a modo general las siguientes funciones :

- Atención al público en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Hualañé.

- Asesorar sobre los requisitos fechas y documentos para postular a las diferentes tipologías de subsidios que imparte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Asistir a reuniones con los diferentes grupos habitacionales que existen en la comuna, Sol Naciente, Lautaro, Valles del Mataquito, Altas Cumbres y Altos del Valle.

- Realizar trámites de saneamiento de títulos de dominio (Bienes Nacionales)

- Armado de carpetas para postular a los subsidios habitacionales - Realizar talleres y charlas de viviendas en distintos sectores para informar a la comunidad sobre los subsidios habitacionales a los cuales pueden postular.”

Asimismo, conforme lo estableció la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios la vigencia del contrato seria desde el 01 de enero del año 2020 hasta el 31 suscrito e diciembre del año 2020, media jornada mañana por 22 horas cronológicas semanales de lunes a viernes. Posteriormente idéntico contrato de honorarios fue suscrito entre doña nombre reservado y la Ilustre Municipalidad de Hualañé con fecha 04 de febrero del año 2021 para un periodo contemplado entre 01 de enero del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021 en cumplimiento idénticas funciones a las anteriormente expuestas. Así las cosas y para efectos del análisis de este recurso bajo decreto alcaldicio N° 213 de fecha 04 de febrero del año 2022 la Ilustre Municipalidad de Hualañé aprobó un contrato de prestación de servicios con mi representada doña nombre reservado a fin de contratar el servicio de "APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA " Conforme se dispuso en la cláusula cuarta del contrato se pactó expresamente lo siguiente “CUARTO: Los servicios contratados serán ejecutados en virtud de lo señalado en el oficio de fecha 28.12.2021 del Administrador Municipal los cuales forman parte del presente contrato los que son conocidos por ambas partes contratantes y que se dan por reproducidas íntegramente. El mandatario tendrá que cumplir las siguientes funciones:

· Asistencia en desarrollo y producción de actividades municipales relativas a la Seguridad Publica · Redacción de documentación: Decretos, Oficios, certificados entre otros .

· Administrar, documentación y correspondencia institucional y derivarla asi si se requiere.

· Llevar a cabo todas aquellas acciones adicionales solicitadas por la Jefatura. “ Por último, conforme lo expreso la cláusula quinta del referido contrato de prestación de servicio su vigencia se extendió desde el 01 de enero del año 2022 hasta el 31 de diciembre del año 2022, por 22 horas semanales, jornada mañana. Que la relación de prestación de servicios en todo momento estuvo rodeada de malas actitudes y cuestionamiento mal intencionados tanto por el Administrador de la época don nombre reservado como la propia Alcaldesa doña Carolina Alejandra Muñoz Núñez dado que mi contratación en la Ilustre Municipalidad de Hualañé comenzó en el antiguo mandato alcaldicio a cargo del ex Alcalde don Claudio Esteban Pucher Lizama a quien en todo momento preste apoyo tanto profesional como en su campaña camino a la alcaldía situación que molesto inmediatamente a los suscritos una vez que asumen la administración de la comuna en el año xxxx creando todo tipo de hostigamientos hasta la fecha, situación conocida por todos los funcionarios municipales y Concejales de la comuna. Que raíz de ello, se explica que con fecha 25 de agosto del año 2022 mediante decreto alcaldicio N° 2110 se haya dispuesto un sumario en contra de mi representada doña nombre reservado por hechos injuriosos de terceras personas que jamás han sido probados y obedecen a una abierta manipulación política de terceras personas a la autoridad y fiscal que han viciado completamente la investigación a la luz de los antecedentes que pasaremos a desarrollar detalladamente vulnerando gravemente el debido proceso y el derecho a la defensa .

I.- GRAVE VULNERACION AL DEBIDO PROCESO POR ABSOLUTA INDETERMINACION DE LOS CARGOS y CONTRADICCION EN LAS FECHAS INVESTIGADAS EN SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO Que conforme lo expresa la propia vista fiscal de fecha 17 de junio del año 2024 en el numeral 1 se sostuvo expresamente lo siguiente por el fiscal investigador respecto de los hechos investigados:

“VISTOS:

1.- El decreto Alcaldicio N° 2110 de fecha 25 de agosto del 2022, que dispuso la instrucción de sumario administrativo con el objeto de determinar la responsabilidad administrativa de la funcionaria nombre reservado en los hechos relativos a irregularidades en la postulación y regularización de viviendas, ocurridos en el año 2022”

No obstante, la instrucción anterior contenida en el decreto alcaldicio 2110 se instruye al Fiscal como el mismo lo reconoce en su vista fiscal respecto de hechos que habrían ocurrido el año 2022; sin embargo; lo anterior no es concordante con las parte conclusiva de la vista fiscal en la cual reconoce que se habría investigados hechos ocurridos el año 2021; en efecto, la vista fiscal expresamente recoge lo anterior en el siguiente tenor:

“CONCLUSIONES. De acuerdo con el examen de los antecedentes y a las actuaciones realizadas por esta fiscalía, me permito concluir lo siguiente: Que, durante el año 2022 recibieron reclamos hacia la funcionaria nombre reservado, realizados con fecha 26 de enero del año 2022, 17 de marzo de 2022, por hechos, 04 de agosto del año 2022 y 05 de agosto del año 2022, por hechos ocurridos durante el año 2021 ….”

Claramente a la luz de los antecedentes el Fiscal investigo hechos ocurridos en un periodo que no estaba en el encargo del decreto alcaldicio N° 2110 de fecha 25 de agosto del 2022, lo que genera claramente una indefensión a mi representado el que no tiene claridad en ningún momento respecto de que hechos se le imputan y a qué periodo corresponden.

Asimismo, dicha indeterminación se ve reflejada en la propia formulación de cargos efectuada por el Fiscal investigador de fecha 10 de mayo del año 2024 que dispuso expresamente lo siguiente:

“… Haber incurrido en vulneración grave al principio de probidad administrativa y a la obligación funcionaria , consagrada en términos análogos en la letra g de los artículos 61 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prescribiendo que los funcionarios de la administración deberán “ observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado” . Además de lo señalado, se constata que se incurrió en un enriquecimiento sin causa por parte de la funcionaria, en la cual la actora aprovechándose del cargo que fue investida, solicito injustificadamente dineros a los presuntos afectados, ocasionando un detrimento en el patrimonio de estos, enriqueciéndose indebidamente”

Que tal como se advirtió en los descargos evacuados por mi representada en el sumario administrativo, quien claramente en todas las instancias negó tajantemente los hechos demostrándose en el sumario que no existió ninguna documentación escrita ni prueba que permitiera un principio por escrito de las afirmaciones que los denunciantes efectuaron y que obedecieron a un montaje destinada a desprestigiar e injuriar a mi representada , injurias que fueron tenidas como base para la destitución de doña nombre reservado sin que hasta la fecha ni la justicia penal ni civil se hayan pronunciado respecto de su eventual culpabilidad ni responsabilidad de la suscrita. Su Señoría Ilustrísima resulta evidente a la luz de los antecedentes la indeterminación de los cargos efectuados por el señor Fiscal en el sumario administrativo en ningún momento el cargo único expone y precisa en que fechas habrían ocurridos los eventuales hechos irregulares de parte de la funcionaria ,cuales habrían sido las personas afectadas, cuales habrían sido los montos involucrados, cuales habrían sido los programas públicos afectados con las irregularidades etc., lo que se encuentra en abierta contradicción con los propios criterios establecidos por la Contraloría General de la Republica en la materia; en efecto, la Jurisprudencia administrativa ha sido reiterada e orden a exigir de parte de los fiscales investigadores la máxima precisión en la formulación de los cargos en el sumario administrativo , así los dictámenes N°s. 20.917 y 50.898 , ambos del año 2006, instruyen que en los procedimientos administrativos sancionatorios los cargos deben indicarse en forma concreta , explicitando claramente la actuación anómala o los hechos constitutivos de la o las infracciones en que ha incurrido el afectado , lo contrario le impide a aquel ejercer adecuadamente su derecho a defensa , así las cosas, es justamente esto lo que ha ocurrido en la especie toda vez que no existe claridad en las imputaciones ni tampoco fecha cierta de cuando habría incurridos los hechos denotando la vista fiscal absoluta contradicción con las fechas investigadas lo que genera absoluta indeterminación respecto de las imputaciones que se efectúan en el sumario administrativo, viciando en forma determinante la investigación y vulnerando abiertamente los principios del debido proceso.

II.- VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO POR INEXISTENCIA DE PRESUPUESTOS PARA IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA FOMULACION DE CARGOS Y EN LA PROPIA VISTA FISCAL EN EL SUMARIO ADMINISTRATIVO.

Que tanto Fiscal investigador ha iniciado sumario administrativo en razón de la dictación del decreto Alcaldicio N° 2110 de fecha 25 de agosto del 2022, que dispuso la instrucción de sumario administrativo con el objeto de determinar la responsabilidad administrativa de la funcionaria nombre reservado en los hechos relativos a irregularidades en la postulación y regularización de viviendas, ocurridos en el año 2022 .

Que por su parte la vista fiscal de fecha 17 de junio del año 2024 en la parte conclusiones de la misma y para fundamentar la eventual responsabilidad administrativa que pudiera tener doña nombre reservado sostuvo el siguiente hecho relevante en relación al ejercicio de funciones en la Ilustre Municipalidad de Hualañé:

“….. Revisados los antecedentes remitidos por el Director de Administración de Finanzas (S) se da cuenta, que efectivamente la funcionaria desempeñaba el cargo de Encargada de la Oficina de la Vivienda de la Municipalidad a tiempo parcial, con una jornada de mañana de 22 horas semanales según consta en un contrato suscrito con fecha 04 de febrero del año 2021, aprobado por decreto alcaldicio N° 224 de fecha 08 de febrero del año 2021.

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios suscrito, las funciones que se le encargaban cumplir eran las siguientes:

· Atención al público en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Hualañé.

· Asesor sobre requisitos, fechas y documentos para postular a las diferentes tipologías de subsidios que imparta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

· Asistir a reuniones con los diferentes grupos habitacionales que existen en nuestra comuna, Sol Naciente, Lautaro, Valles de Mataquito, Altas Cumbres y Altos del Valle · Realizar reuniones con los diversos grupos de mejoramiento, ampliación, acondicionamiento térmico, colectores solares.

· Asistir a capacitación impartidas por el SERVIU Y Seremi de Vivienda · Encargada de realizar trámites de saneamiento de títulos de dominio (Bienes Nacionales).

· Armado de carpetas para postular al subsidio habitacional.

· Realizar talleres y charlas de vivienda de distintos sectores para informar a la comunidad sobre subsidios habitacionales ….”

Que cabe mencionar Su Señoría Ilustrísima la errónea, ilegal y abusiva investigación que pretende formular el Fiscal instructor don Jonathan Valdivia Bravo toda vez que ha formulado cargos y argumentado responsabilidad en la vista fiscal por una eventual responsabilidad administrativa en el cumplimiento de un contrato a honorarios de parte de doña nombre reservado contraviniendo abiertamente los dictámenes reiterados sobre la materia vulnerando de paso el principio de inocencia y debido proceso .

En primer término, huelga señalar que el artículo 4° del Estatuto Municipal señala expresamente que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. Por su parte, el artículo 11° del Estatuto Administrativo General, tiene una regla de similar tenor. Entonces, ello, nos lleva a concluir que como no se les aplican las normas del Estatuto, tampoco el régimen sancionatorio establecido en el mismo ni los derechos y deberes u obligaciones que se han fijado para los demás empleados públicos. Sobre el particular, la Contraloría General ha establecido que las tareas cumplidas a honorarios constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares de la administración, que no confiere a quien los efectúa, la calidad de funcionario público, o sea en el desempeño de esas funciones, a los contratados no les son aplicables las normas estatutarias que rigen la labor de esos funcionarios. Atendido lo anterior, solamente serán aplicables a estas convenciones, las normas contenidas en el respectivo contrato, así como la normativa del Título XXIX, Libro IV del Código Civil, relativas al mandato.

Así las cosas, la responsabilidad por los actos cometidos en su desempeño sólo puede perseguirse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la rendición de cuentas a que pudieren encontrarse afectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la ley 10.336. La propia Dirección del Trabajo ha establecido que, no puede iniciarse sumario administrativo en contra de un trabajador contratado a honorarios en el sistema de salud primaria municipal ni tampoco Municipal, porque en esa condición no tiene la calidad de funcionario que se requiere para que se pueda establecer la responsabilidad administrativa.

Que en el presente caso ha existido una evidente vulneración al principio del Debido Proceso o del Debido Juzgamiento, de acuerdo con este principio, la aplicación de una medida disciplinaria exige por parte de la autoridad sancionadora tramitar un procedimiento que garantice la racionalidad y justicia de lo actuado (inciso 2º, artículo 18 LOCBGAE), respetando el principio de igualdad en dignidad y derechos de la persona que garantiza la Constitución Política, en virtud de lo cual “la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus facultades, no puede efectuar discriminaciones o distinciones arbitrarias, esto es aquellas que no tengan fundamento jurídico o carecen de una motivación o fundamento racional” (Dictamen 37191 de 2000).

III.- ABIERTA INFRACCION A LA OBLIGACION DEL CARÁCTER SECRETO QUE DEBE TENER EL SUMARIO ADMINISTRATIVO. GRAVE INFRACCION AL DEBIDO PROCESO.

Que de un simple análisis de las piezas del expediente sumarial Su Señoría Ilustrísima puede configurarse una abierta infracción al carácter secreto del sumario administrativo incoado en contra de doña nombre reservado; en efecto la formulación de cargos por parte del fiscal don Jonathan Valdivia Bravo fue perfeccionada con fecha 10 de Mayo del año 2024; sin embargo, consta en correo electrónico de fecha 11 de marzo del año 2024 la solicitud de doña nombre reservado dirigida al fiscal en el siguiente tenor :

“… Estimado Jonathan Junto con saludar cordialmente por medio de la presente solicito a Ud. Como Fiscal Instructor pueda enviarme el expediente completo de mi sumario por favor.

Quedo atenta a sus comentarios, gracias.

Saludos Cordiales”

Ante la consulta de la suscrita el fiscal responde lo siguiente con fecha 13 de Marzo del año 2024:

“… Estimada, junto con saludar y esperando se encuentre bien, por medio de la presente indico que con fecha 08 de marzo el expediente fue entregado a la alcaldesa. Es por lo anterior que no cuento en estos momentos con la documentación. Indico que una vez sea devuelto le informare para que pueda realizar el requerimiento formal”

Cabe mencionar su Señoría Ilustrísima que nunca mi representada a lo largo de todo el sumario administrativo mi representada pudo tener acceso al expediente administrativo tal como quedara fehacientemente acreditado lo que imposibilito una defensa normal a lo largo del procedimiento sancionatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley N° 18.834 que establece el secreto del sumario, disponiendo que este será secreto hasta la formulación de cargos. oportunidad que dejara de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiera su defensa.

En el presente caso no solo se ha vulnerado importantes normas que protegen la honra e imagen de doña nombre reservado, sino además, no existe ninguna garantía que el procedimiento sancionador haya tenido garantías mínimas de imparcialidad y objetividad en atención a que quien tuvo acceso a la indagación fue nada menos que la propia alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Hualañé doña Carolina Alejandra Muñoz Núñez y justamente en una etapa en la cual está vedado todo tipo de intervención de terceros, no existe ninguna certeza de que el fiscal haya tenido algún tipo de presión a lo largo de la investigación, situación absolutamente irregular y que afecta sin lugar a dudas el principio del debido proceso .

Esta situación nunca ha sido explicada por el Fiscal Instructor ni tampoco por el decreto de destitución y menos por el decreto que rechaza el recurso de reposición pese a ser claramente advertido y alegado en dicho recurso.

IV.- NEGATIVA INJUSTIFICADA A LA ENTREGA DE LAS PIEZAS SUMARIALES A LA INCULPADA A LO LARGO DE TODA LA INVESTIGACION. GRAVE VULNERACION AL DERECHO A DEFENSA E IGUALDAD ANTE LA LEY.

Cabe mencionar Su Señoría Ilustrísima ha obrado con evidente mala fe vulnerando abiertamente el principio del derecho a la defensa en juicio toda vez que en reiteradas oportunidades mi representada ha solicitado copia de la investigación a fin de poder defenderse a lo largo del procedimiento sancionador y hasta la fecha la administración ni el fiscal investigador ni la Alcaldesa de Hualañé han accedido a aquello, solo a título meramente enunciativo con fecha 05 de Julio del año 2024 doña nombre reservado efectuó dicho requerimiento sin respuesta de ningún tipo.

Asimismo, conta mediante correo electrónico de fecha 12 de Julio del año 2024 reitero la solicitud de copia del sumario administrativo el cual tampoco fue entregado hasta la fecha, dichas negativas injustificadas atentan gravemente en contra del debido proceso.

V.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. IGUALDAD ANTE LA LEY Y EL DEBIDO PROCESO.

Que cabe considerar Su Señoría Ilustrísima que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de ACTOS U OMISIONES ILEGALES O ARBITRARIOS que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legitimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen en nuestra carta fundamental, específicamente las del articulo 19 N° 2 igualdad ante la ley, y la del articulo 19 N° 3 esta última dispone expresamente que “ Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.. .” Pues bien, resulta claro que lo que se pretende mediante el presente recurso es impugnar el decreto alcaldicio de termino 01859 de fecha 23 de Julio del año 2024 que rechazo el recurso de reposición interpuesto por mi representada con fecha 05 de Julio del año 2024, decreto que fue notificado con fecha 30 de Julio del año 2024 por el Secretario Municipal don nombre reservado dado que no considero en lo más absoluto los nuevos antecedentes presentados por mi representada ni se hace cargo de ninguna de los vicos que presenta el sumario administrativo y que fueran expuestos en dicho recurso.

Que dicho decreto rechazo categóricamente las alegaciones que se han efectuado en forma similar en el presente recurso de protección de plano sin expresar motivación alguna confirmando las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en la sustanciación del sumario administrativo. Así las cosas, en cuanto el debido proceso en sede administrativa debe al menos existir los siguientes aspectos o contenidos esenciales: a) Derecho a ser oído en trámite de audiencia; b) Derecho a ser parte, posibilitando en esta calidad la posibilidad de defensa letrada; c) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. También conocido como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en que se ajuste a un determinado tiempo, puesto que ello conlleva que la dictación de las medidas y resoluciones lo sean sin dilación; d) Otro derecho es el derecho al recurso efectivo. Estos contenidos mínimos han sido claramente vulnerados por la Ilustre Municipalidad de Hualañé pues en todo momento el Fiscal Investigador negó el acceso a copia del sumario a mi representada y su abogado para preparar su defensa hasta esta fecha inclusive; sin perjuicio además a que se vulneró abiertamente la norma legal que impone el carácter secreto del sumario, lo anterior claramente altera el contenido de la garantía al debido proceso en sede administrativa pues no existe ningún indicio que permita asegurar la debida imparcialidad en su tramitación.

Que a mayor abundamiento, también ha existido una grave infracción al principio de igualdad ante la ley toda vez que se ha imputado responsabilidad administrativa a doña nombre reservado por incumplimientos eventuales en el ámbito de funciones determinadas en un contrato a honorarios como lo fue el suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Hualañé y mi representada con fecha 04 de febrero del año 2021 para un periodo contemplado entre 01 de enero del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021, dicha situación contraria ampliamente la norma que regula la materia en la Ley 18.883 y 18.884 conocidos como los Estatutos Administrativos tanto para Funcionarios Municipales y demás funcionarios públicos que consagra este tipo de responsabilidad solo a los funcionarios públicos ya sea a contrata o planta, aplicándose por ende al contrato de prestación de servicios las normas del derecho común .

Que el análisis de las normas legales que regulan el sumario administrativo se encuentran contenidas en la Ley 18.883 específicamente en sus artículos 127 al 143, de manera que habrá que estarse a dichas normas y principios administrativos para poder observar cómo abiertamente se ha vulnerado el debido proceso en el acto administrativo ya descrito, pues jamás se comprobó fehacientemente la existencia de una infracción administrativa en cumplimiento de funciones a contrata o de planta de doña nombre reservado u otras en la calidad de nombre reservado sujeta al cuerpo estatutario recién descrito, sino el reproche contenido en el sumario se efectúa por acusaciones de determinadas personas ajenas a la Municipalidad de Hualañé que denotan la intensión manifiesta de injuriar a una persona que se encuentra prestando un servicio en calidad de prestadora de servicios a honorarios en la Municipalidad de Hualañé sujeta al derecho común y que además no han sido comprobadas en sede de tribunales ordinarios de justicia , único órgano competente para conocer de dichas imputaciones ; en ningún caso dichas imputaciones, son infracciones administrativas originadas por una nombre reservado como lo quiere entender tanto el Fiscal Investigador como la propia Municipalidad de Hualañé representada por doña Carolina Alejandra Muñoz Núñez . Debemos entonces preguntarnos qué se entiende por infracción administrativa, para lo anterior citamos a la Profesora Rosa Fernanda Gómez quien en su obra infracciones administrativas (Ediciones DER. Reimpresa octubre 2022) sostiene: “ … El concepto de infracción administrativa se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad , reserva legal y tipicidad . La ley es la encargada de establecer las conductas ilícitas que serán susceptibles de una sanción administrativa, con un grado de prescripción normativa suficiente que permita al particular conocer con la debida antelación las circunstancias concretas que la configurarán ..” Así las cosas y dentro de esta idea se configura el denominado concepto “Régimen disciplinario de sujeción especial voluntario”, que se materializa cuando, en palabras de la autora, “ el órgano público de que se trate reprime las actuaciones u omisiones de los funcionarios o servidores públicos que se encuentran sometidos dentro de una estructura organizacional y que se encuentran sometidos a una relación de sujeción especial ( estatuto )” , en el presente caso doña nombre reservado no se encontraba a la fecha en que ocurrieron los hechos sujeta a este estatuto especial , sino al derecho común , lo que es reconocido expresamente en la vista fiscal . Que el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala: “ … la destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos : a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos , sin causa justificada; b) infringirlas disposiciones de las letras i), j) y k) del articulo 82 ; c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del articulo 82; d) Condena por crimen o simple delito , y e) Presentar denuncias falsas de infracciones administrativas disciplinarias , faltas administrativas o delitos , a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados ; f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo ….”

Que debe tenerse además presente Su Señoría Ilustrísima lo dispuesto en el artículo 137 inciso 2° del referido Estatuto para Funcionarios Municipales, cuando refiriéndose al dictamen del sumario señala que este “…deberá contener la individualización del o los inculpados ; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, la participación y grado de culpabilidad que les hubiera correspondido a los sumariados, la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes .” Todos estos elementos se encuentran faltantes en la formulación de los cargos , la vista fiscal y el decreto alcaldicio de destitución, en efecto , el decreto alcaldicio de destitución en ningún caso argumento de cómo se habrían configurado las conductas de doña nombre reservado y donde encuentran amparo en la legislación administrativa para aplicar una destitución , quienes fueron las víctimas , en qué fecha habrían ocurrido los hechos y en qué lugar; así pues, fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que los actos denunciados podrían haberse cometido fuera de la Municipalidad de Hualañé en el marco de un acuerdo privado, asimismo, tampoco a lo largo de la prueba existes antecedentes escritos o transferencias de dineros de los denunciantes a la suscrita , asimismo, todos estos actos administrativos y en especial la vista fiscal reconoce expresamente que las funciones habrían sido eventualmente cometidas en el marco de un contrato de prestación de servicios lo que infringe abiertamente los principios del derecho administrativo antes expuestos, en especial el principio de legalidad y tipicidad . A mayor abundamiento la propia formulación de cargo efectuada por el Fiscal adolece de los mismo defectos y absoluta indeterminación de la conducta, infringiendo abiertamente el principio de legalidad y tipicidad de la infracción administrativa al imputar expresamente lo siguiente:

“… Haber incurrido en vulneración grave al principio de probidad administrativa y a la obligación funcionaria , consagrada en términos análogos en la letra g de los artículos 61 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prescribiendo que los funcionarios de la administración deberán “ observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado” . Además de lo señalado, se constata que se incurrió en un enriquecimiento sin causa por parte de la funcionaria, en la cual la actora aprovechándose del cargo que fue investida, solicito injustificadamente dineros a los presuntos afectados, ocasionando un detrimento en el patrimonio de estos, enriqueciéndose indebidamente”

Cabe preguntarse nuevamente ¿cuáles habrían sido las fechas de ocurrencia de los hechos? ¿En que lugar? ¿cual habría sido la conducta típica de la infracción administrativa y donde habría encontrado amparo en la normativa legal? ¿Cuáles habrían sido los “presuntos afectados” ? etc. Ninguna de estas preguntas han sido resueltas a lo largo de la tramitación sumarial; muy por el contrario, se configuro un incumplimiento al deber del secreto del sumario tanto por el fiscal investigador y la Alcaldesa de Hualañé doña Carolina Alejandra Muñoz Núñez que afecto la debida objetividad e imparcialidad de la investigación lo que se traduce en definitiva el una abierta infracción el debido proceso. En síntesis y respecto de la garantía del debido proceso, en los actos administrativos ya descritos como también el decreto alcaldicio número 01859 de fecha 23 de julio del año 2024 notificado a mi representada con fecha 30 de Julio del año 2024 por los que se desarrolló el sumario administrativo de la investigación sobre la conducta funcionaria no se respecto el principio rector de “ el concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad de la conducta” .

De igual manera, tampoco se observó que “ la ley es la encargada de establecer las conductas ilícitas que serán susceptibles de una sanción administrativa, con un grado de prescripción normativa suficiente que permita al particular conocer con la debida antelación las circunstancias concretas que la configuran”. en el presente caso existe una abierta ilegalidad en el actuar de la recurrida toda vez que no existe ninguna conducta tipifica de mi representada que permitan configurar la máxima sanción de la destitución.”

Acompaña en el primer Otrosí de su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia decreto alcaldicio número 01859 de fecha 23 de julio del año 2024 notificado con fecha 30 de Julio del año 2024 que rechaza recurso de reposición interpuesto en contra de la medida de DESTITUCION.

2.- Copia de Formulación de cargos de fecha 10 de mayo del año 2024 efectuada por el Fiscal don Jonathan Valdivia Bravo.

3.- Copia vista fiscal de fecha 17 de junio del año 2024 expedida por el Sr. Fiscal don Jonathan Valdivia Bravo.

4.- Mandato judicial suscrito ante doña nombre reservado Suplente de la Titular doña nombre reservado de fecha 01 de marzo del año 2024.

5.- Copia correos electrónicos de fecha 11 de marzo del año 2024 dirigida por doña nombre reservado al fiscal instructor y respuesta de fecha 13 de marzo del año 2024 del Fiscal Instructor don Jonathan Valdivia Bravo.

6.- Copia Decreto alcaldicio N° 1750 de fecha 05 de julio del año 2024.

Segundo: comparece el abogado RICHARD ARROYO CACERES, por la parte recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE, representada legalmente por su alcaldesa doña CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ, Solicita se declara extemporáneo el recurso de protección; Luego informa el recurso, solicita el rechazo de la acción interpuesta con expresa condena en costas. Sosteniendo al respecto textualmente: “INFORME DE LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCION 1. ANTECEDENTES DE HECHO.

1. El presente recurso de protección fue interpuesto con fecha 30 de agosto de 2024, en contra de Decreto Alcaldicio Nº1859/2024 de fecha 23 de julio de 2024, notificado con fecha 30 de julio de 2024 que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra de la medida de DESTITUCION impuesta a la funcionaria doña nombre reservado, por Decreto Alcaldicio Nº 1750/2024 de fecha 05 de julio del año 2024.

2. Con fecha 25 de agosto del 2022, mediante Decreto Alcaldicio N°2110, se inicia procedimiento disciplinario en contra de la funcionaria, instruyendo mi representada iniciar un SUMARIO ADMNISTRATIVO, para determinar la presunta responsabilidad administrativa de la funcionaria doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, por los hechos descritos en los vistos del acto administrativo, referente a diversas denuncias realizadas por los vecinos de la comuna. Dicha instrucción establece que el fiscal en el sumario administrativo deberá además investigar cualquier otra falta a sus deberes funcionarios en que habría incurrido la inculpada.

3. Con fecha 26 de julio de 2023, en etapa investigativa de procedimiento sumario, se cita a doña nombre reservado, a declarar en las dependencias de la Fiscalía constituida para estos efectos, dejándose constancia en la deposición que la declarante tuvo a la vista el Decreto Alcaldicio Nº 2110 de 25 de agosto del 2022 que instruye Sumario Administrativo y indica en los vistos las diversas denuncias realizadas en su contra.

4. Con fecha 23 de febrero de 2024, se formularon cargos a la funcionaria, siendo notificada personalmente de esta presentación, el mismo día a las 13:50 hrs.

5. Con fecha 04 de marzo de 2024, la recurrente evacuo sus descargos, de forma extemporánea de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley Nº18.883, siendo este un plazo administrativo de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los días sábados, los domingos y festivos.

1. Mediante resolución Fiscal Nº6 de fecha 04 de marzo de 2024, el fiscal sumariante a cargo del procedimiento administrativo remite expediente sumarial a mi representada, entregando físicamente expediente.

2. Mediante Decreto Alcaldicio Nº1005/2024 de fecha 12 de abril de 2024, se aprueba la reapertura del Sumario Administrativo instruido mediante Decreto Alcaldicio Nº 2110 de 25 de agosto del 2022, con el fin de realizar nuevas diligencias investigativas para establecer la responsabilidad administrativa de la funcionaria.

3. Con fecha 10 de mayo de 2024, se formulan nuevamente cargos en contra de doña nombre reservado, siendo notificada personalmente en la misma fecha a las 12:05 hrs.

4. Con fecha 17 de mayo de 2024, se recibe el evacua descargos de la funcionaria, solicitando en su presentación un término probatorio para acompañar prueba documental.

5. Mediante resolución Fiscal Nº10 de fecha 23 de mayo de 2024, se otorga a doña nombre reservado, un término probatorio de 5 días hábiles desde la fecha de la notificación de la resolución, para rendir la prueba que estime conveniente respecto a las denuncias realizadas en su contra y de la formulación de cargos. La presente resolución se notifica personalmente con fecha 23 de mayo de 2023 a las 15:41 hrs.

6. Mediante presentación de fecha 31 de mayo de 2024, realizada por funcionaria, se presenta prueba documental y se solicita que se tome declaración a los testigos indicados, señalando que se confirme hora y lugar con anticipación a los testigos.

7. Mediante resolución Fiscal Nº11 de fecha 05 de junio de 2024, se resuelve acceder a la solicitud de la funcionaria y se cita a los testigos, en un día y hora establecida, dejando constancia que la notificación a los testigos deberá ser realizada por la funcionaria. La precedente resolución se notifica personalmente con fecha 06 de junio de 2024, a las 15:38 hrs.

8. Con fecha 18 de junio de 2024, mediante resolución Fiscal Nº15 se remite nuevamente expediente a mi representada, con el fin de dictar el acto terminal que apruebe el sumario administrativo y establezca la responsabilidad administrativa.

9. Mediante Decreto Alcaldicio N°1750/2024 de fecha 05 de julio del año 2024, se aprueba sumario administrativo y se aplica la medida disciplinaria de DESTITUCION a doña nombre reservado. Se notifica personalmente con fecha 09 de julio de 2024 por parte de Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Hualañé.

1. Con fecha 15 de julio de 2024, se presenta recurso de reposición por parte de doña nombre reservado, que impugna Decreto Alcaldicio N°1750/2024 de fecha 05 de julio del año 2024 2. Mediante Decreto N°1.859/2024 de fecha 23 de julio del 2024, se resuelve y RECHAZA EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de Decreto N° 1.750/2024 que aplica la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN a doña nombre reservado y que fuere notificada a la recurrente con fecha 30 de julio del año en curso.

1. ANTECEDENTES LABORALES DE LA RECURRENTE.

1 Mediante Decreto N° 097 de fecha 11 de enero del 2018, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar 01 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018.

2 Mediante Decreto N° 091 de fecha 10 de enero del 2019, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar de 01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019.

3 Mediante Decreto N° 088 de fecha 10 de enero del 2020, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar de 01 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.

4 Mediante Decreto N°054 de fecha 12 de enero del 2021, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar de 01 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021.

5 Mediante Decreto N°058 de fecha 11 de enero del 2022, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar del 01 de enero del 2022 hasta 31 de diciembre de 2022.

6 Mediante Decreto N°213 de fecha 04 de febrero del 2022, fue contratada mediante la modalidad de Prestación de Servicios la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, para prestar Apoyo Administrativo de Seguridad Pública, desde el 01 de enero del año 2022 hasta el 31de diciembre del año 2022, en jornada de mañana de 22 horas semanales de lunes a viernes.

7 Mediante Decreto N° 055 de fecha 10 de enero del 2023, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar de 01 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023.

8 Mediante Decreto N°0156 de fecha 19 de enero del 2024, fue contratada en calidad jurídica CONTRATA la parte recurrente de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar de 01 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024.

3.- ACTO U OMISIÓN ARBITRARIA O ILEGAL DE PARTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SUPUESTAMENTE INFRINGIDAS.

La recurrente indica en su presentación que se interpone acción de protección en contra dictación del Decreto N° 1.859/2024 de fecha 23 de julio del 2024, que resuelve y rechaza RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de Decreto N° 1.750/2024 el cual aplica medida disciplinaria de DESTITUCIÓN a la parte recurrente doña nombre reservado que fue notificado con fecha 30 de julio del presente año 2024.

4.- LO ESTABLECIDO POR LA RECURRENTE EN SU ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y NO ES EFECTIVO:

1.- HA HABIDO GRAVE VULNERACION AL DEBIDO PROCESO POR ABSOLUTA INDETERMINACION DE LOS CARGOS y CONTRADICCION EN LAS FECHAS INVESTIGADAS EN SUMARIO ADMINISTRATIVO INCOADO. Que conforme a lo que expresa la recurrente, existirían contradicción en las fechas establecidas en Vista Fiscal de fecha 17 de junio de 2024, donde en los vistos de la resolución fiscal se establecería que los hechos ocurrieron el año 2022 y posterior a eso en las conclusiones se establecería que se desarrollaron durante el 2021. En este sentido, dentro de la estructura de un acto administrativo “los vistos” son aquellos antecedentes que como su nombre lo indica, se tuvieron a la vista a la hora de resolver el asunto, siendo considerado el fondo del Decreto Alcaldicio que instruye el procedimiento disciplinario para resolver y no la digitalización de estos en otro documento. Así las cosas, queda de manifiesto en la misma vista fiscal, que en el punto de los “HECHOS” se indica que durante el año 2022 se recibieron los reclamos en contra de la funcionaria, posterior a eso, se vuelve a señalar que el 2022 es el año en que se recibieron los reclamos y que los hechos ocurrieron durante el 2021. Por otro lado, en la Formulación de Cargos de fecha 10 de mayo de 2024, se establece que las denuncias fueron presentadas en marzo de 2022, lo cual resulta coherente con lo señalado en ambos documentos notificados a la inculpada. En consecuencia, no se advierte la indeterminación de fechas que alega la recurrente. A mayor abundamiento, cuando la funcionaria desvinculada interpuso recurso de reposición en contra del Decreto Alcaldicio N°1750/2024 de fecha 5 de julio de 2024, señalando la misma contradicción, el Decreto Alcaldicio N°1859/2024 de fecha 23 de julio de 2023, en su Considerando N°4, ratifica lo informado por el Fiscal en su parte conclusiva, estableciendo que los hechos habrían ocurrido en el año 2021. Dicho considerando expresa: "4. Que, seguidamente se refiere a la Vista Fiscal, señalando una supuesta falta de coherencia respecto del año en que habrían ocurrido los hechos denunciados, indicando que tanto el Decreto N°2110 de 25 de agosto de 2022 como las conductas cuestionadas corresponden al año 2022, mientras que el Fiscal centró su investigación en los antecedentes del año 2021. En este sentido, revisado el aludido Decreto que instruye el sumario administrativo, en los 'vistos' se hace referencia a todas las denuncias presentadas en contra de la sancionada, las cuales, expresamente, indican que los hechos habrían ocurrido en el año 2021." A su vez la recurrente incurre en un error al afirmar que el Fiscal investigó hechos ocurridos en un periodo no contemplado en el Decreto Alcaldicio N° 2110, de fecha 25 de agosto de 2022, ya que en los vistos N°s 3 y 5 de dicho acto administrativo se establece expresamente, por parte de los denunciantes, que los hechos ocurrieron en el año 2021. En cuanto a la supuesta indeterminación en la formulación de cargos, es pertinente señalar que en la primera parte del documento se indica claramente: “Con ocasión de las denuncias realizadas por doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la funcionaria Srta. nombre reservado, por presuntos cobros de dinero para regularizar viviendas, realizadas en el mes de marzo del año 2022…”. No puede la recurrida desconocer que la formulación de cargos se realizó con base en dichas denuncias, las cuales le fueron puestas en su conocimiento previamente, en su declaración con fecha 26 de julio de 2023, dejándose constancia y firmando en señal de aceptación.

2.- VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO POR INEXISTENCIA DE PRESUPUESTOS PARA IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA FOMULACION DE CARGOS Y EN LA PROPIA VISTA FISCAL EN EL SUMARIO ADMINISTRATIVO:

La recurrente sostiene que el fiscal a cargo formuló cargos y fundamentó responsabilidad en la vista fiscal por una presunta responsabilidad administrativa relacionada con el cumplimiento de un contrato de honorarios, lo que, según ella, contravendría el debido proceso. Sin embargo, dicha afirmación realizada por fiscal, no es más que una declaración de un hecho cierto dentro de la investigación, cuestión que se comprobó mediante contrato de trabajo que se tuvo a la vista, cuestión que no hace más que acreditar que lo indicado en la formulación de cargos: “… en la cual la actora aprovechándose del cargo que fue investida, solicito injustificadamente dineros a los presuntos afectos, ocasionando un detrimento en el patrimonio de estos, enriqueciéndose indebidamente”. Además, la parte recurrente se limita solo a señalar que realizaba labores de prestadora de servicios a honorarios, omitiendo reiteradamente que durante los años comprendidos entre el 2018 a 2024 se encontraba contratada en calidad jurídica de CONTRATA, existiendo de esta forma la responsabilidad administrativa por hechos ocurridos en dependencias municipales.

3.-ABIERTA INFRACCION A LA OBLIGACION DEL CARÁCTER SECRETO QUE DEBE TENER EL SUMARIO ADMINISTRATIVO. GRAVE INFRACCION AL DEBIDO PROCESO: En este contexto, la parte recurrida alega una supuesta infracción al carácter secreto del sumario administrativo, argumentando que la formulación de cargos por parte del fiscal se perfeccionó el 10 de mayo de 2024. No obstante, obra en el expediente un correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2024, enviado por doña nombre reservado al fiscal, en el cual este le responde que no puede remitirle el expediente solicitado, puesto que ya había sido remitido a la Alcaldesa. Al respecto, con fecha 4 de marzo de 2024 se dictó la Resolución Fiscal N°6, mediante la cual se remitió el expediente original a mi representada, señalando que el sumario administrativo se encontraba concluido, con un total de 66 fojas. La entrega material de dicho expediente se efectuó el 8 de marzo de 2024, conforme lo indicó el Fiscal Sumariante, no contando de esta forma con lo solicitado por la funcionaria.

En virtud del artículo 138 de la Ley N°18.883, el fiscal tiene la obligación de remitir los antecedentes del sumario al alcalde, a fin de que este resuelva sobre la eventual responsabilidad administrativa. De esta manera, el alcalde puede dictar un decreto aplicando una medida disciplinaria o bien ordenar la realización de nuevas diligencias, lo cual ocurrió en este caso, donde el procedimiento fue reaperturado mediante el Decreto Alcaldicio N° 1005/2024 de fecha 12 de abril de 2024. Por tanto, la acusación de que mi representada tuvo acceso a la etapa de indagatoria es completamente falsa. Mi representada solo tuvo conocimiento del expediente en dos oportunidades: primero, cuando ordenó la reapertura del sumario, y luego, cuando dictó el decreto alcaldicio que aplicó la sanción disciplinaria.

4.-NEGATIVA INJUSTIFICADA A LA ENTREGA DE LAS PIEZAS SUMARIALES A LA INCULPADA A LO LARGO DE TODA LA INVESTIGACION. GRAVE VULNERACION AL DERECHO A DEFENSA E IGUALDAD ANTE LA LEY. La parte recurrida señala que, en reiteradas ocasiones, solicitó copia de la investigación con el fin de ejercer su defensa a lo largo del procedimiento sancionador, sin que ni el Fiscal ni la Alcaldesa accedieran a dicha petición. Al respecto, es preciso aclarar que las solicitudes a las que alude la recurrente fueron presentadas a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad. Los requerimientos realizados por esta vía tienen un plazo de 10 días para ser respondidos, tras lo cual el interesado debe acudir a la Oficina de Partes para retirar lo solicitado. En este contexto, ni doña nombre reservado ni ninguna persona en su representación se acercó a las dependencias municipales para retirar la documentación requerida. Por lo tanto, la responsabilidad de retirar la copia del expediente recaía exclusivamente en la recurrente, dado que el documento estuvo disponible para su retiro en los plazos establecidos.

5.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. IGUALDAD ANTE LA LEY Y EL DEBIDO PROCESO: Se expone por parte de la recurrente que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de ACTOS U OMISIONES ILEGALES O ARBITRARIOS que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen en nuestra carta fundamental, específicamente las del articulo 19 N° 2 igualdad ante la ley, y la del articulo 19 N° 3 esta última dispone expresamente que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos ..” Asimismo, señala que el debido proceso en sede administrativa debe incluir ciertos contenidos esenciales, los cuales fueron respetados por mi representada. La funcionaria desvinculada fue debidamente escuchada, y consta en el expediente la declaración firmada por ella en señal de aceptación. Las resoluciones fiscales correspondientes fueron válidamente notificadas, haciendo uso del derecho a un recurso efectivo, entre otras actuaciones que demuestran el respeto a la garantía de debido proceso en este procedimiento. La recurrente alega, además, que dichos contenidos mínimos fueron vulnerados por la Ilustre Municipalidad, argumentando que en todo momento se le negó a doña nombre reservado y a su abogado el acceso a una copia del expediente para presentar su defensa. Es necesario precisar, sin embargo, que la denunciada no otorgó patrocinio y poder a ningún abogado en ninguna etapa del procedimiento administrativo, actuando personalmente durante todo el proceso.

Cabe agregar el abogado que actúa en representación de la desvinculada funcionaria y alega la negativa, solo represento en sede penal a la recurrente, mientras mantenía un contrato vigente con el Departamento de Educación Municipal (DAEM).

Por otra parte, la recurrente sostiene que se vulneró la garantía de igualdad ante la ley al tratarse de una prestadora de servicios contratada a honorarios. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que la recurrente era nombre reservado que mantenía contratación vigente en calidad jurídica de contrata. En consecuencia, fue sometida a un procedimiento reglado conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual se aplica de manera uniforme a todos los funcionarios que incurren en conductas reprochables.

5.- LO PRETENDIDO POR LA RECURRENTE MEDIANTE LA PRESENTE ACCIÓN, DEBE SER RECHAZADO POR SER EXTEMPORÁNEO E IMPROCEDENTE SEGÚN PASO A EXPONER:

1. NEGACION GENÉRICA.- Antes de exponer, en particular, a las razones que llevan al necesario rechazo de la presente acción de protección, de manera general y como se realizado en los considerandos anteriores, se niegan los hechos en la forma en que han sido planteados por la recurrente; los que, por consiguiente, no son efectivos y no son causal de protección, por cuanto lo que pretende la parte recurrente es revisar mediante la presente acción constitucional, un sumario administrativo válidamente tramitado y reglado en la ley N° 18.883 y más aún su extemporaneidad. Siendo, por lo mismo, improcedentes las argumentaciones de índole jurídica sustentados en tales circunstancias fácticas.

2. EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCION DE PROTECCION.- Que, vengo en solicitar en primer término a Usía Ilustrísima, que declare inadmisible la presente acción de protección, pues como bien se desprende de la presentación efectuada por el recurrente en la página 14, este menciona que la resolución de la cual se desprende el supuesto acto arbitrario e ilegal, es decir, de la dictación del Decreto N° 1.859/2024 le fue notificado con fecha 30 de julio de 2024, transcurriendo 31 días hasta la interposición del presente recurso de protección, el día 30 de agosto de 2024, de esta manera no cumple con el requisito establecido en el artículo 1 del Auto Acordado 94-2015, que establece “1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

3. IMPROCEDENCIA DE ACCIONAR DE PROTECCIÓN, ANTE UN SUMARIO ADMINISTRATIVO VALIDA Y LEGALMENTE TRAMITADO .- Se debe considerar por Vuestra Señoría Ilustrísima que, con el fin de analizar la presente acción de protección, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de 1980, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. Ahora bien la parte recurrente ha invocado la protección de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 2 y 3 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso, por cuanto expresa que fue objeto de la medida disciplinaria de destitución de su cargo por parte de la Municipalidad de Hualañé, lo que estima ilegal y arbitrario, debido a que en el sumario administrativo tramitado no se logró acreditar la gravedad de los hechos investigados, ni se logró establecer una falta grave al principio de probidad administrativa, existiendo falencias en su tramitación que debieron ser enmendadas antes de destituirla, por lo que solicita, en definitiva que, se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución y en subsidio retrotraer la investigación a la etapa de investigación cumpliendo los requisitos de resguardo a la obligación de secreto del sumario administrativo; así también, conteniendo los eventuales cargos los hechos precisos y determinados, así como las normas que se trasgreden y de qué forma se encuentran tipificadas en la infracción administrativa a objeto de que mi representada pueda tercer derecho. Debiendo considerar Usía Ilustrísima que el Decreto N° 02110 de fecha 25 de agosto del 2022, ordena instruir un SUMARIO ADMNISTRATIVO, para determinar la presunta responsabilidad administrativa de la funcionaria doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en los hechos descritos en los vistos del presente decreto. Y el fiscal en el sumario administrativo deberá además investigar cualquier otra falta a sus deberes funcionarios en que habría incurrido la inculpada. Debiendo considerar para ello Su Señoría Ilustrísima que un procedimiento administrativo de carácter disciplinario, regulado especialmente en el Estatuto Administrativo. Su objetivo consiste en esclarecer hechos que la autoridad ordena indagar, determinar responsabilidades y, en caso que corresponda, aplicar sanciones, Este procedimiento es la vía principal por la cual los organismos del Estado ejercen acción disciplinaria. Ahora bien, dicho sumario administrativo ha sido tramitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 y siguientes de la Ley N° 18.883, cumpliendo con la; A).- ETAPA DE INSTRUCCIÓN que es; La fase o etapa de indagatoria, que incluye la aceptación del cargo, el cambio de fiscal por falta de imparcialidad o por otro motivo; el nombramiento de actuario, las diligencias indagatorias, el cierre de la etapa indagatoria y, eventualmente, el informe dando cuenta de la inhabilidad por falta de jerarquía o el informe proponiendo el sobreseimiento; la fase de discusión y prueba de la defensa; La vista Fiscal y la remisión del expediente a la jefatura de la instrucción. B).- LA ETAPA FINALIZACIÓN que es; La fase de decisión sobre el informe que propone el Sobreseimiento; la fase de decisión de Vista de Fiscal, la fase de impugnación; La fase de elaboración de acto administrativo terminal. C).- LA FASE DE NOTIFICACIÓN que es; La notificación del acto terminal no sujeto a toma de razón, la fase de toma de razón. Por lo que dicho sumario se ajustó a le legalidad vigente, en cuya tramitación la recurrente pudo formular todas sus alegaciones y rendir la prueba que estimaba pertinente, motivos por los que solicitó el rechazo del recurso.

Seguidamente se debe tener presente por Usía Ilustrísima que resulta improcedente la Invocación por parte de la recurrente de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, por cuanto ella no se encuentra contemplada como aquellas susceptibles de ser amparadas por el recurso de protección conforme lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

Que, como se ha expuesto en el presente informe, la parte recurrente busca dejar sin efecto el Decreto N° 1.859/2024 de fecha 23 de julio del 2024, el cual resuelve y RECHAZA EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de Decreto N° 1.750/2024 que aplica la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN a doña nombre reservado, como asimismo pretende dejar sin efecto el sumario administrativo seguido en su contra. Se debe considerar por Vuestra Señoría Ilustrísima que la parte recurrente presto declaración de indagatoria la fue válidamente notificada al igual que dé; La formulación de cargos; que formulo descargos; que se abrió un término probatorio de cinco días; se realizó la respectiva Vista Fiscal; como la dictación del Decreto N° 1.750/2024 que aplica la medida disciplinaria de destitución; la recurrente interpuso Recurso de Reposición el cual fue resuelto con la dictación del Decreto N° 1.859/2024 de fecha 23 de julio del 2024, el cual resuelve y RECHAZA EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de Decreto N° 1.750/2024 que aplica la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN a doña nombre reservado.

Por otra parte se debe tener presente por Usía Ilustrísima que, tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, motivo por el que resulta erróneo a través de esta acción extraordinaria de carácter constitucional revisar la investigación y la decisión a la que se arribó por el Fiscal que instruyó dicho sumario en su vista o dictamen, como asimismo revisar la medida disciplinaria impuesta conforme al mérito de dicho sumario.

Que lo razonado precedentemente no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (Sentencia Excelentísima Corte Suprema Rol N° 11.803-2011).

Que, a mayor abundamiento, debe considerarse que al alcalde corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria, ordenando instruir el respectivo sumario administrativo, como ocurre, en la especie, por lo que no cabe reproche constitucional alguno, dado que resulta ser la autoridad facultada para adoptar la medida en comento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 123 del Estatuto Administrativo. De igual forma se debe considerar que el artículo 127 de la Ley N° 18.883, se regula el sumario administrativo y se fija su procedimiento. Por consiguiente, de lo expuesto y analizado en el presente considerando, resulta nítido que la ley entrega al Alcalde la facultad y potestad de aplicar sanciones que afectan derechos funcionarios a quienes tiene calidad de servidores municipales, ello previo proceso disciplinario legamente tramitado que permita al afectado ejercer su defensa y siempre que se acredite, conforme al estándar fijado por la ley, la existencia de una infracción a las obligaciones y deberes funcionarios. En idénticos términos, la referida autoridad puede disponer el término de la relación laboral con alguno de los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal cuando incurre en falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función. Que de las normas antes transcritas se concluye que la responsabilidad funcionaria es siempre resultado de un procedimiento administrativo que lleva la forma de un sumario o una investigación sumaria, según la competencia de que se trate y la entidad de la falta. Ambos procedimientos disciplinarios, han de satisfacer ciertos estándares mínimos, que aseguren el derecho a la defensa y que permitan al inculpado conocer la imputación de que es objeto, rendir prueba de descargo, defenderse e impugnar la decisión, estándares que es posible configurarlos a partir de lo que dispone el artículo 18 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, al establecer que: “El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle”. “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”. Que, sin perjuicio de lo dicho, en cuanto a que la presente no es la vía idónea para impugnar decisiones administrativas adoptadas por la autoridad respectiva en el marco de sus legítimas atribuciones, lo cierto es que tampoco existe un acto u omisión arbitraria o ilegal, desde que la autoridad que instruyó el sumario, lo hizo dentro del marco legal respectivo, con las formalidades del caso, prueba de lo cual es que el propio recurrente dedujo recurso de reposición en contra de la resolución por la cual se adoptó la medida de destitución. Por otro lado, tampoco se ha demostrado por el recurrente que, con motivo de la instrucción del sumario y dictación de la resolución final, se haya vulnerado alguna norma legal. Igualmente, puede afirmarse que tampoco puede haber arbitrariedad en la decisión cuestionada, cuando la medida de destitución fue impuesta en una resolución administrativa, que tuvo una larga tramitación, y en la que la sumariada y hoy recurrente tuvo la oportunidad de defenderse, al punto que tuvo la ocasión de deducir recurso de reposición.

Que, en consecuencia, no se advierte arbitrariedad como tampoco ilegalidad en la dictación del decreto que impugna la recurrente, considerando además que, los vicios que ella denuncia, son situaciones que dicen relación con la tramitación del sumario que dio origen a la sanción, señalando la recurrente que no se habían logrado acreditar los hechos que se le imputaron en los cargos correspondientes, situación que, tal como se expresó anteriormente, no es susceptible de revisar mediante esta vía, motivos por los cuales el presente recurso no podrá prosperar y en consecuencia se debe rechazar en todas sus partes la acción de protección. ”

En el primer otrosí la recurrida en su informe acompaña los siguientes documentos:

1. Copia del Decreto Alcaldicio N° 02110 de fecha 25 de agosto del 2022.

2. Copia declaración de fecha 26 de julio de 2023 de doña nombre reservado.

3. Copia formulación de Cargos de fecha 23 de febrero de 2024.

4. Copia notificación de Cargos de fecha 23 de febrero de 2024.

5. Copia resolución Fiscal Nº6 de fecha 04 de marzo de 2024 6. Copia Decreto Alcaldicio Nº1005/2024 de fecha 12 de abril de 2024.

7. Copia de formulación de Cargos de fecha 10 de mayo de 2024.

8. Copia Notificación de Cargos de fecha 10 de mayo de 2024.

9. Copia resolución Fiscal Nº10 de fecha 23 de mayo de 2024.

10. Copia notificación resolución Fiscal Nº10 de fecha 23 de mayo de 2024.

11. Copia presentación de fecha 31 mayo de 2024 doña nombre reservado.

12. Copia resolución Fiscal Nº11 de fecha 05 de junio de 2024 13. Copia notificación resolución Fiscal Nº11 de fecha 05 de junio de 2024 14. Copia resolución Fiscal Nº15 de fecha 18 de junio de 2024.

15. Copia Decreto Alcaldicio N°1750/2024 de fecha 05 de julio del año 2024 16. Copia notificación Decreto Alcaldicio N°1750/2024 de fecha 05 de julio del año 2024.

17. Copia Recurso de reposición de fecha 15 de julio de 2024.

18. Copia Decreto N°1.859/2024 de fecha 23 de julio del 2024 19. Copia del Decreto Alcaldicio N° 097 de fecha 11 de enero del 2018 20. Copia del Decreto Alcaldicio N° 091 de fecha 10 de enero del 2019.

21. Copia del Decreto Alcaldicio N° 088 de fecha 10 de enero del 2020.

22. Copia del Decreto Alcaldicio N° 054 de fecha 12 de enero del 2021.

23. Copia del Decreto Alcaldicio N° 058 de fecha 11 de enero del 2022.

24. Copia del Decreto Alcaldicio N° 055 de fecha 10 de enero del 2023.

25. Copia del Decreto Alcaldicio N° 0156 de fecha 19 de enero del 2024.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que; él que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección es, un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho. Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción. De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean vulnerados.

Quinto: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida, en orden a lo extemporáneo, esta corte ya emitió pronunciamiento en la resolución de fecha 3 de septiembre de 2024 en cuanto a que conforme los antecedentes y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge a tramitación el recurso interpuesto. Y en lo que respecta a las alegaciones de la recurrida en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por no encontrarse la garantía del artículo 19 N°3 de la tal derecho completamente garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, lo que en principio habilita al actor para requerir la protección que se solicita.

Sexto: Que, conforme a los antecedentes expuestos en el recurso y documentos acompañados, informe evacuado y documentos acompañados por la recurrida I. Municipalidad de Hualañé y de los antecedentes del procedimiento administrativo solicitado y traídos a la vista, como medida para mejor resolver. Antecedentes todos de los cuales se evidencia. que lo perseguido por la recurrente, es que a través de esta acción de protección, se deje sin efecto un acto administrativo, como lo es, el decreto alcaldicio número 01859 de fecha 23 de julio del año 2024, que le fue notificado con fecha 30 de julio de 2024, que rechazo recurso de reposición que interpuesto en contra de la medida de DESTITUCION impuesta a la funcionaria doña nombre reservado por decreto alcaldicio número 1750 de fecha 05 de julio del año 2024, en el contexto de un procedimiento administrativo disciplinario instruido a su respecto, por denuncias realizadas por doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la funcionaria Srta. nombre reservado, por presuntos cobros de dinero para regularizar viviendas, realizadas en el mes de marzo del año 2022, respecto de hechos acontecidos en el año 2021, las que fundan el decreto Alcaldicio N° 2110 de fecha 25 de agosto del 2022, que dispuso la instrucción de sumario administrativo con el objeto de determinar las responsabilidades administrativas, derivadas de dichas denuncias, instruyéndose en el mismo, al fiscal que en el sumario administrativo deberá además investigar cualquier otra falta a sus deberes funcionarios en que habría incurrido la inculpada, (en los vistos N°s 3 y 5 de dicho acto administrativo que dio origen a la investigación, se establece expresamente, por parte de los denunciantes, que los hechos ocurrieron en el año 2021.

De los mismos antecedentes acompañados y traídos a la vista para mejor resolver, se advierte que la recurrente doña nombre reservado cédula de identidad N° RUT reservado, ha mantenido una relación laboral con contrato anual, con la Municipalidad Recurrida desde el año 2018 al 2024, iniciada Mediante Decreto N° 097 de fecha 11 de enero del 2018, por la cual fue contratada en calidad CONTRATA, doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, asimilado al Grado 18° de planta administrativa, 22 horas jornada media tarde, a contar 01 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018, relación laboral que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el año 2024 conforme, Decreto N° 0156 de fecha 19 de enero del 2024, a través del cual se mantiene su contratada en Grado 18° de planta administrativa, con 22 horas jornada media tarde, a contar de 01 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024, labor que debía desarrollar en las dependencias de la municipalidad, asignadas para el desempeño de las funciones que le fueron establecidas e incorporadas en su contrato por la Municipalidad de Hualañé y entre las cuales se encontraba entre otras funciones de oficinas, la atención y asesoramiento de público en materia de acceso a viviendas, subsidios, y las demás que dispusiera su jefatura...

Séptimo: Que esta Corte estima que excede el ámbito de su competencia, las pretensiones de la recurrente, respecto de la decisión adoptada por la Autoridad Municipal competente, en el ámbito de sus atribuciones, en contexto de un procedimiento administrativo, que conforme los antecedentes aportados, se advierte que la resolución que ha dictado y que motiva el recurso, se encuentra debidamente fundada, en los antecedentes que se reunieron en el sumario administrativo, que traído a la vista no se advierten vulneraciones a la normativa legal que rige dicho procedimiento sumario administrativo, que ha sido tramitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 y siguientes de la Ley N° 18.883, sin que de los antecedentes traídos a la vista, se advierta vulneración al debido proceso.

En efecto, la competencia de esta Corte consiste en controlar, que el acto impugnado, que la contiene, esto es el Decreto alcaldicio número 01859 de fecha 23 de julio del año 2024, que rechazo recurso de reposición que interpuesto en contra de la medida de DESTITUCION impuesta a la funcionaria doña nombre reservado por decreto alcaldicio número 1750 de fecha 05 de julio del año 2024, se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad.

Octavo: Que, así las cosas, la acción la funda la recurrente en un análisis descontextualizado de procedimiento administrativo, que no se condice con los antecedentes que constan en el expediente traído a la vista como medida para mejor resolver, existiendo entre lo expuesto por la recurrente, una evidente discrepancia entre lo resuelto por la recurrida, dentro de sus facultades y en el ámbito de su competencia y en el contexto del procedimiento administrativo, instruido para investigar las denuncias realizadas en su contra y otras faltas que hubiera incurrido en sus funciones, como funcionaria a contrata grado 18 de la planta administrativa de la Municipalidad de Hualañé, con jornada y funciones debidamente establecidas en el contrato respecto de sus labores que desarrollaba en las dependencias de la municipalidad y bajo el mando de jefatura.

En ese contexto, no es posible descalificar el procedimiento, ni calificar de ilegal y arbitraria la decisión adoptada, ya que por una parte, como se ha dicho, fueron dictadas en el contexto de un procedimiento administrativo disciplinario, del cual tomo conocimiento, a través de notificación personal de la investigación, declarando en ella, la recurrente fue oída en sus descargos, fue debidamente notificada de los cargos formulados, que generaron las denuncias en su contra, contestó extemporáneamente dichos cargo y se abrió a su solicitud un término probatorio, hizo uso de su derecho a la defensa, interpuso recursos, agotando las instancias que le otorga la ley en dicho procedimiento, y por otra parte, además, de la mera lectura del acto administrativo cuestionado, esto es el Decreto Alcaldicio N° 01859 de fecha 23 de julio del año 2024, se desprende que cuenta con la fundamentación suficiente, pues indica explícitamente cual es la razón que tiene presente para justificar la decisión que se adoptó y se cuestiona por el recurso que se rechaza, y en que antecedentes de apoya, para arribar a la misma, de manera tal que no puede ser calificada en esta sede cautelar, de ilegal o arbitraria, pues ha sido emitida dentro de un procedimiento administrativo, llevado conforme las normas que rigen dicho procedimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 y siguientes de la Ley N°18.883, por el órgano competente, procedimiento investigativo, que de su examen se advierte que, se respetaron las normas del debido proceso, y además, la resolución cuestionada, contiene los fundamentos en que se sustenta, siendo imposible advertir la existencia de un derecho indubitado que ostente la recurrente, razón por la cual el presente recurso debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ, en representación, de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Hualañé.

Regístrese y archívese, en su oportunidad Rol I. Corte N°1825-2024 Protección.

Redacción de la ministra (s) Isabel Salas Castro.

Se deja constancia que no firman la ministra (S) doña Isabel Salas Castro y la abogado integrante doña Carolina Araya López, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, la primera por haber concluido su suplencia y, la segunda, por no encontrarse.