nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA

Recurso de Protección Rol I. C. 1720-2021.

“nombre reservado contra Municipalidad de Molina”.

Talca, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto y Considerando:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y recurre de protección en contra la Municipalidad de Molina, representada por su Alcaldesa doña Priscilla Elena Castillo Gerli, contador auditor, domiciliados en domicilio reservado y provincia de Curicó, dado que el ente edilicio no ha dado cumplimiento a Dictamen Nº E102990/2021, de 6 de mayo de 2021, que desestima el recurso extraordinario de revisión en contra oficio N° E35852 de 2020, reiterándole a la entidad edilicia que los pronunciamientos de esta Contraloría General constituyen jurisprudencia administrativa, la cual es obligatoria para los órganos de la Administración del Estado y por consiguiente, debe prorrogar su contratación en los mismos términos de la última contratación, vale decir, de 2.019, reincorporándola a sus funciones y pagando las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se ha visto separada de sus labores por una causa que no le es imputable, lo cual ha sido reiterado en dictámenes anteriores de Contraloría N° E77822 de 16 de febrero de 2.021, N° E35852 de 14 de diciembre de 2.020 y N° E5229 de 27 de noviembre de 2.020. No obstante, la recurrida ha persistido en la situación de incumplimiento, pasando por alto lo dispuesto por Contraloría, que consideró que ella cumplía con el criterio de antigüedad exigido en el dictamen N° 6.400 de 2.018 sobre confianza legítima y que el acto administrativo que dispuso la no renovación de su contrato no se encontraba fundado, toda vez que los argumentos entregados son de carácter genérico. Es así, como en un principio se dispuso hasta el 30 de septiembre de 2.020 para que la recurrida diera cumplimiento a lo dispuesto en Dictamen N° E35852, luego se concedió un plazo que no excediera del 14 de diciembre de 2.020, después 24 de febrero de 2.021 y por último en Dictamen N° E102990/2021 junto con señalar que se desestima recurso de revisión interpuesto por la recurrida y reitera una vez más que los pronunciamientos de Contralaría General constituyen jurisprudencia administrativa y tienen el carácter de obligatorio por lo que, de dicho análisis, se desprende que se debe cumplir lo resuelto en su oportunidad, en cuanto a su reincorporación y pago de remuneraciones.

Expresa que la situación jurídica producida por el hecho u omisión arbitraria o ilegal de la autoridad pública amenaza y afecta en forma manifiesta e incontestable derechos o garantías asegurados constitucionalmente, en este caso particular, aquellos consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Con respecto al primer derecho afectado, existe un acto discriminación para esa parte recurrente, con respecto a cualquier otro funcionario municipal a los que se le ampara y paga sus remuneraciones de manera regular y permanente, pues con ellos se acata y cumple las disposiciones establecidas en la ley y en particular los Dictámenes de la Contraloría General de la República.

A su vez, la Constitución Política de la República en su artículo 98 encomienda a la Contraloría General de la República el control de legalidad de los actos de la Administración, y en la especie de las Municipalidades y en su caso, se desempeñaba como docente de educación física en el Establecimiento Educacional Liceo B-17 Polivalente de Molina, el cual es de carácter municipal, por consiguiente, le es aplicable el Estatuto Docente teniendo la calidad de funcionaria pública. Por su parte, la Ley N° 18.883 sobre Estatuto de los Funcionarios Municipales, en su artículo 156, regula el derecho de los funcionarios municipales a reclamar ante la Contraloría, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos regulados en ese mismo cuerpo normativo, por ende, dicho derecho se extiende en la especie a los funcionarios regidos por el Estatuto Docente.

La función de control de legalidad, en armonía con los artículos 6 y 7 de la Constitución, se encuentra consagrada normativamente tanto en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, como en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 52 establece que, en el ejercicio de sus funciones de control de legalidad, la Contraloría podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control. El artículo 52 ya citado, establece que los dictámenes de la Contraloría tienen fuerza obligatoria para los organismos de la Administración Estatal afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 10.336, y en el caso de los entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695. En este mismo sentido, el artículo 16 de la señalada ley, dispone que “…en general, todos los servicios públicos creados por ley, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República…”. El artículo 19, por su parte, indica que “…los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por estos funcionarios…”.

Por las disposiciones anteriormente citadas, concluye que la Municipalidad de Molina, debió reincorporarla a su puesto de trabajo y pagar las remuneraciones correspondientes devengadas desde la incorrecta desvinculación, pues en ese sentido también lo ha entendido la Excelentísima Corte Suprema, en fallo dictado en la a causa Rol 54-2019, en la que revoca una sentencia apelada, acogiendo el recurso de protección, cuyas circunstancias son bastante similares a las de la recurrente.

Por otro lado, indicó que también ha existido una grave afectación respecto del derecho de propiedad, pues Contraloría ha dispuesto que su desvinculación fue incorrecta y que sus remuneraciones deben ser pagadas. Sin embargo, son meses en los cuales no ha percibido suma de dinero alguna, lo cual no sólo le ha generado un perjuicio patrimonial, pues también ha afectado su integridad psicológica, derecho reconocido en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto, que al no estar percibiendo aquel dinero, la ha dejado en una situación de vulnerabilidad y desamparo, situación que me le ha afectado aún más, debido al contexto nacional e internacional, derivada de la pandemia del COVID-19, en que ha aumentado de la tasa de desempleo.

A mayor abundamiento y en relación con el punto anterior, expresa que si bien es cierto, se rige por el estatuto docente, de manera supletoria se aplican las normas del Código del Trabajo, pues también tiene la calidad de trabajadora, pero del sector público y como tal, un derecho básico y a su vez, obligación del empleador, consiste en el pago de la remuneración y es más, el artículo 10 N°4 del Código del Trabajo, reconoce como imperativo mínimo, el establecer monto, forma y período de pago de la remuneración acordada, lo cual a su vez, se relaciona con lo dispuesto en el artículo 41 del mismo cuerpo legal. Es así, como el actuar de la Municipalidad, no sólo constituye un trato indigno, desigual y atentatorio, sino que también ha generado consecuencias monetarias, pues se trata de remuneraciones devengadas que hasta el presente no han sido pagadas y las cuales, eran destinadas a cubrir sus necesidades básicas y de su grupo familiar y /o proyectos personales.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, ordenando de inmediato la reincorporación a mis funciones en los mismos términos que su última contratación y el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que se ha visto impedida de ejercer su cargo, tal como lo expresó Contraloría General de la República, aquello con expresa condenación en costas.

Segundo: Que en el folio 7, evacuó el informe requerido el abogado don Leonardo Exequiel Fuentes Quinteros, en representación de la Municipalidad recurrida, oponiéndose al recurso de protección deducido en por carecer el mismo de fundamentos de hecho y de derecho, así como ser el mismo extemporáneo, solicitando el rechazo del mismo con costas.

En primer término, indica que la recurrente basa su acción en el supuesto que la Municipalidad de Molina, no ha dado cumplimiento al Dictamen Nº E102990/2.021, de 6 de mayo de 2021, que desestima el recurso extraordinario de revisión en contra Oficio N° E35852, de 2.020.

Lo cierto es que el mencionado al dictamen Nº E102990/2021, de 6 de mayo de 2.021, no impone ninguna obligación a esa parte, únicamente desestima un recurso extraordinario de revisión opuesto por esta parte respecto del oficio N° E35852 de 2.020.

Al respecto el mencionado dictamen de 6 de mayo de 2.021 expresamente señala: “…Al respecto, en cuanto a la causal deducida para solicitar el presente recurso extraordinario de revisión, es útil recordar que de conformidad con la letra b) del anotado artículo 60, este procede contra actos administrativos cuando en su dictación se incurra en manifiesto error de hecho y que este haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento. Luego, revisada la presentación de que se trata, es menester advertir que, por una parte, no aporta antecedentes que tengan la virtud de alterar las conclusiones del oficio recurrido y, por otra, cuestiona la interpretación que se contiene en este, por lo que procedencia del recurso extraordinario de revisión (aplica dictamen N° E69885, de 2021). En efecto, los antecedentes que invoca la Municipalidad como nuevos, fueron debidamente analizados y ponderados en la emisión del oficio que se impugna, sin aportar elementos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al momento de su dictación o que no haya sido posible acompañar en esa oportunidad (aplica dictamen N° E64228, de 2020). Por otra parte, cabe hacer presente a ese municipio que la circunstancia de que este no comparta la interpretación que, en conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional compete a este Organismo de Control efectuar, no puede entenderse como un “manifiesto error de hecho” en los términos del artículo 60 letra b) de la Ley N° 19.880, que habilite la interposición del recurso extraordinario de revisión (aplica dictamen N° 2.762, de 2020). Sin perjuicio de lo anterior, se reitera a esa entidad edilicia que los pronunciamientos de esta Contraloría General constituyen su jurisprudencia administrativa, la cual es obligatoria para los órganos de la Administración del Estado, dentro de la cual se encuentran incluidas, por cierto, las municipalidades. En consecuencia, se desestima la presentación de la especie…”. Claramente, de la sola lectura del mencionado Dictamen, cuya copia fue debidamente acompañada por la recurrente en su escrito de protección, se puede apreciar que el mismo no impone obligación alguna a este municipio, ni apercibe a realizar una determinada conducta como erróneamente lo interpreta la actora.

Lo que intenta la actora por medio del presente recurso es hacer cumplir por medio de recurso de protección el oficio N° E35852, de 2020, de 14 de septiembre de 2.020, lo no se podrá aceptar, toda vez que el plazo para hacer cumplir dicho oficio excede con creces el plazo de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso.

En aquel sentido el Acta número 94-2015 que fija el texto refundido del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, en su artículo primero expresamente señala: “…El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos...”. No se configuran las causales que establece el ordenamiento jurídico para la recurrente, que intenta por el presente recurso obligar a su representada a cumplir el oficio N° E35852, de 2020, dictado por la Contraloría General de la República el 14 de septiembre de 2.020, motivo por el cual se debe entender que se ha interpuesto la presente acción de forma totalmente extemporánea y debe así ser declarado por esta Ilustrísima Corte.

En el sentido anterior, la jurisprudencia ha sido clara que el cómputo del plazo para el recurso de protección como el de autos no se suspende por la interposición de acciones administrativas, citando jurisprudencia al efecto. Por lo además el art. 57 de la Ley N° 19.880 es claro al señalar “…La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado…”, por lo que indudablemente que cualquier recurso administrativo en contra del oficio N° E35852, dictado por la Contraloría General de la República de 14 de septiembre de 2.20, no suspendía el plazo para interposición de la presente acción cautelar. Por lo que en definitiva, no cabe más que rechazar la presente acción por haber sido interpuesta evidentemente fuera de todo plazo.

Sumado a lo anterior, atendida la naturaleza cautelar de la acción, y, existiendo un derecho pretendido por la recurrente que no reviste el carácter de indubitado, lo que hace menester su conocimiento en vía y sede diversa a la actual, no resulta idónea aquella intentada a través de la presente acción constitucional para resolver la cuestión planteada, lo que de admitirse implicaría asignar una naturaleza constitutiva o declarativa a esta acción, lo que es del todo inconducente, por lo que indudablemente la presente acción debe ser rechazada en todas sus partes con expresa condena en costas.

Tercero: Que en el Folio 21, la recurrida solicitó tener presente que el 30 de enero de 2.020, la Municipalidad de Molina dictó el Decreto Alcaldicio N° 6.603, por medio del cual se estableció la no renovación de la contrata de doña nombre reservado, para la anualidad 2.020, quien se desempeñaba en el Liceo Bicentenario de Molina. Por su parte, la Contraloría Regional del Maule por Resolución N° E35852 de 14 de septiembre de 2.020, dispuso la prórroga de la contratación de aquella para la anualidad correspondiente al año 2020, en las mismas condiciones que aquella se mantuvo vigente durante 2.019, disponiendo, además, que el Municipio de Molina debía pagarle las remuneraciones correspondientes al período en que se vio impedida de ejercer su cargo por decisión injustificada de la autoridad. Agrega que habiéndose instruido por el ente contralor que el municipio informara sobre el asunto, relativo a la no renovación de la contratación de la recurrente, el ente comunal informó mediante ordinario N° 343 de 22 de abril de 2.020, indicando que el 30 de enero de 2.020, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 6.603, sobre el sustento que proveyó el informe contenido en oficio N° 10 de 22 de enero de 2.020, emitido por el Director del Establecimiento Educacional donde la recurrente se desempeñaba, el cual proponía al sostenedor la no renovación del personal a contrata. El citado informe da cuenta de que dicho establecimiento educacional no contaba con los recursos suficientes para proceder a la contratación para el año 2.020. Lo anterior también se fundamentaba en el hecho que, a contar del 25 de abril de 2.019, entró en vigor la Ley N° 21.152, que modificó la Ley N°19.648 por la cual se otorga la titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, por lo que a contar de dicha fecha a 117 profesores de la comuna de Molina se les otorgó la titularidad en sus respectivos cargos. De dicha manera fue que se procedió a dar preferencia, naturalmente, a los docentes que eran titulares en sus respectivos cargos. Además de acuerdo con lo instruido por la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 85.700 de 2016 y Dictamen N° 6.400 de 2018, establece que se debe informar con 30 días de anticipación a todo el personal a contrata de la terminación de sus vínculos laborales, es que el 31 de enero de 2.020, se procedió a enviar carta certificada a mediante la cual se comunicaba a la no renovación de su contrata. Asimismo, mediante oficio N° 3924, la Contraloría Regional del Maule solicitó remitir los antecedentes de respaldo del informe evacuado por la Municipalidad de Molina, los cuales fueron remitidos mediante Ord. N° 543 de 15 de julio de 2.020. Añade que el 17 de septiembre de 2.020 esa Municipalidad recibió mediante correo electrónico el oficio N° E35852/2020 de 14 de septiembre de 2.020, mediante el cual se ordena que la Municipalidad de Molina prorrogue la contratación de la docente que indica el informe documentadamente el referido asunto, en un plazo que no excediera del 30 de septiembre. Entre los argumentos que se esgrimen por Contraloría Regional del Maule en el referido oficio N° E35852/2020, se señala: “…revisado el PADEM vigente para la presente anualidad, es dable advertir que si bien resulta ser efectivo que entre las páginas 42 y 45, de dicho documento, se efectúa un análisis de la cantidad de horas mínimas que se requieren para dar cumplimiento al programa educativo de cada establecimiento, indicándose que en el caso del Liceo Bicentenario, ese número asciende a 412 horas, preciso es consignar que en las observaciones a dicho análisis, solo se considera que existe una sobredotación docente en el Liceo Polivalente, la que se produce principalmente en la asignatura de Filosofía, sugiriendo la reducción de horas de una docente en específico…”.

También en el oficio antes citado, se señala que “…al comparar la dotación del Liceo Bicentenario del año 2.019, con aquella que estuvo vigente para el año 2018, no se produjo ninguna variación horaria, manteniéndose en ambas anualidades un excedente de horas contratadas, respecto a las 412 que se requerían como mínimo para cumplir con el plan educativo, lo que cobra relevancia si se considera que el municipio afirma que la desvinculación se fundamenta en la sobredotación establecida en el PADEM, cuestión que no resulta posible afirmar, dadas las observaciones que la propia entidad ha consignado en el documento referido…”. Argumenta que conforme a lo señalado precedentemente cabe consignar el artículo 5 de la Ley 19.410/95, la cual señala que “…El plan anual deberá ser aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de cada año y será puesto en conocimiento del Departamento Provincial de Educación respectivo, estará a disposición de la comunidad y será distribuido a todos los establecimientos educacionales de la Municipalidad o Corporación…”.

Hace presente, que a la fecha de aprobación del PADEM 2.020, se desconocía el estado financiero del Liceo Bicentenario de Molina, razón por la cual no se efectuó la observación correspondiente en el PADEM. El director del Establecimiento remitió oficio N° 10 de 22 de enero de 2.020, mediante el cual informa que no cuenta con recursos suficientes para proceder a efectuar las contrataciones para el año 2.020, ello debido a la entrada en vigor de la Ley 21.152, que modifica la Ley 19.648 por la cual se otorga la titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años. De esta manera para ceñirse a lo que establece el mandato legal y, teniendo en cuenta que dicho establecimiento contaba con 3 profesores de la asignatura de Educación Física, es que se le otorgó preferencia a los docentes que eran titulares en sus cargos. Profesores que pasaron a la titularidad con 44 horas contractuales siendo la mayoría de ellas pagadas con cargo a la subvención escolar preferencial (SEP), fondo por el cual se le pagaban 31 horas SEP a doña nombre reservado.

Además, de acuerdo al análisis de la cuenta [cuenta reservada], que equivale a los recursos SEP del establecimiento Liceo Bicentenario María del Tránsito, se puede ver reflejado que el 22 de enero de 2.020, dicha cuenta se encontraba con un déficit que equivalía a $ 3.636.350. En dicho sentido es que el Director, tomando como base el informe financiero del establecimiento de los recursos SEP, es que estimó una necesidad se dispusiera por el servicio la no renovación de la docente nombre reservado, dando prioridad a los docentes titulares del establecimiento. Expresa que si se revisa el estado financiero del Liceo Bicentenario en la cuenta señalada anteriormente, durante el mes de marzo del año 2020, es posible observar que ésta aún mantenía un déficit de $-RUT reservado, al 12 de marzo y de $- RUT reservado el 26 de marzo (año 2.020), debiendo tenerse en consideración que las contrataciones de los docentes comienzan el primer día del mes de marzo y hasta el 28 de febrero del año siguiente, dicho estado financiero no hace más que confirmar la pertinencia y mérito de la decisión adoptaba por el Director de solicitar al Municipio la no renovación de la contratación de la recurrente, por la falta de recursos necesarios.

Concluye que de acuerdo a lo anteriormente razonado, en cuanto a la sobredotación establecida en el PADEM 2.020, el estado financiero de los recursos SEP del Liceo Bicentenario de Molina con los cuales se pagaban las horas servidas por la docente, la titularidad obtenida por los docentes de Educación Física del Establecimiento y el informe del director titular del establecimiento de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 7° bis letra a) de la Ley 19.070, es que no existe mérito de hecho ni sustento jurídico alguno para que Contraloría Regional del Maule ordene al municipio de Molina efectuar la contratación de la docente y recurrente de autos y disponer al mismo tiempo que el municipio le pague a dicha servidora las remuneraciones que dejó de percibir por el tiempo que en que no prestó servicios al municipio, más aún si se constata el cumplimiento por parte del ente edilicio de todos los supuestos que se encuentran contenidos en los dictámenes N° 85.700 de 2.016 y 6.400 de 2.018.

Anuncia que el Municipio iniciará acciones de nulidad de derecho público en contra de la Resolución N° E35852 de 14 de septiembre de 2.020, de la Contraloría Regional del Maule, que mediante acción de protección la recurrente pretende se cumpla por parte de la recurrida, sin embargo dicha resolución contraviene la Constitución Política de la República de Chile por lo cual el Municipio de Molina se ha visto en la necesidad forzosa de interponer acción judicial referida para que sean los tribunales quienes restablezcan el imperio del derecho. Cabe hacer presente que la pretensión que contiene dicha acción contempla la solicitud de dejar sin efecto, en tanto se resuelva el fondo del asunto, los efectos perniciosos de la Resolución N° E35852 de 14 de septiembre de 2.020, de la Contraloría Regional del Maule.

Finaliza indicando que, en definitiva, la Resolución N° E35852 de septiembre de 2.020 emitida por la Contraloría Regional del Maule debe ser declarada nula, ya que fue pronunciada con vicios que según se desprende de lo establecido en los Artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República de Chile, traen aparejada como sanción Nulidad de dichos actos. Asimismo, la resolución objeto del presente Recurso, en definitiva, señala que “…verificándose que los motivos expresados por el órgano comunal en el decreto alcaldicio N° 6.603, de 2.020, no se bastan a sí mismos para efectos de justificar la decisión de poner término a los servicios de la señora nombre reservado, procede que la Municipalidad prorrogue la contratación de la requirente para la presente anualidad, en las mismas condiciones que aquella se mantuvo vigente durante el año 2.019, pagándole en consecuencia, las remuneraciones correspondientes al período en que ella se vio impedida de ejercer su cargo por decisión injustificada de la autoridad, cuestión que deberá acreditarse documentadamente en un plazo que no exceda el día 30 de septiembre de la presente anualidad. Queda de manifiesto que a juicio del ente fiscalizador la decisión del Municipio de Molina de no renovar la contrata de doña nombre reservado contenida en Decreto Alcaldicio N° 6.603/2020 de 30 de enero de 2.020 no se bastaría así misma para justificar la decisión contenida en él…”. Sin embargo, dicha interpretación es absolutamente errónea, ya que de la sola lectura de dicho acto administrativo emitido por el Municipio queda de manifiesto que el mismo cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y los propios dictámenes emitidos por Contraloría General de la Republica que sean atingentes a la materia del caso en cuestión. Reitera que el Decreto Alcaldicio N° 6.603/2020 de la Municipalidad de Molina cumple en primer lugar con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 19.880 que dispone expresamente “Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos…”. Es del solo tenor literal del acto administrativo de la Municipalidad que se puede desprender el motivo y justificación de la decisión de no renovar la contrata de doña nombre reservado, de manera que dicho acto estaría dando pleno cumplimiento a dicho mandamiento legal, específicamente a lo establecido en el inciso segundo de dicho precepto antes citado. Así mismo, el acto mediante el cual el Municipio comunica su decisión y argumenta de forma detallada y minuciosa el motivo de su decisión en torno a la renovación de doña nombre reservado cumple además con lo establecido en el Dictamen N° 6.400 de Contraloría General de la República de 2.018, el cual establece los principales criterios y requisitos que se aplican en la materia relativa a la confianza legítima. De esta forma el acto administrativo de la Municipalidad cumple los requisitos respecto a la motivación y fundamento del acto, ya que el ente edilicio cumplió la obligación que impone dicho dictamen de explicitar adecuadamente los motivos del cambio en su actuación, mediante la dictación de un acto administrativo fundado y que pueda valerse por sí mismo para justificar la decisión contenida en él, lo cual ocurre con el Decreto Alcaldicio N° 6.603/2020 de la Municipalidad de Molina que, en definitiva, cumple con los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa vigente y por los propios dictámenes emitidos por Contraloría General de la República, la que contradiciendo sus propios criterios, lo entiende con posterioridad como insuficiente para justificar la decisión adoptada en el mismo.

Dice que el derecho en la presente causa de protección versa sobre un derecho discutible y no uno indubitado, por lo cual malamente se puede pretender por la requirente se ordene al municipio de Molina cumplir con la orden emanada del ente contralor por cuanto, dicha resolución adolece de vicios de nulidad.

Cuarto: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar que tiene por objeto adoptar prontas medidas ante actos u omisiones que, siendo arbitrarios o ilegales, priven, perturben o amenacen alguno de los derechos que se indican en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De tal forma, la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de un hecho u omisión por parte de un tercero; b) que esas acciones sean ilegales o arbitrarias; c) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

Quinto: Que no existe cuestionamiento ni controversia entre las partes, que la Contraloría General de la República emitió el Dictamen Nº E102990/2021 de 6 de mayo de 2021, que desestimó el recurso extraordinario de revisión en contra del Oficio N° E35852, de 14 de septiembre de 2.020.

El primer Dictamen N° E102990/2021 desestimó el recurso extraordinario presentado por la recurrida, y con el que pretendía dejar sin efecto la segunda decisión del órgano fiscalizar, que en lo pertinente, ordenó que “…que la Municipalidad prorrogue la contratación de la requirente para la presente anualidad, en las mismas condiciones que aquella se mantuvo vigente durante el año 2.019, pagándole en consecuencia, las remuneraciones correspondientes al período en que ella se vio impedida de ejercer su cargo por decisión injustificada de la autoridad…”.

Sexto: Que aquellas decisiones del órgano contralor tienen fuerza obligatoria por disposición del inciso final del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y en tal evento, ante el rechazo de la reconsideración administrativa ante la institución fiscalizadora, por medio del Dictamen N° E102990/2021 de 6 de mayo de 2.021, sólo queda dar debido y entero cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio N° E35852 de 14 de septiembre de 2.020, materia de competencia de la Contraloría, conforme lo disponen los artículos 51 y 52 de la Ley 18.695.

Como bien lo señala el órgano contralor, la disensión o disconformidad con los dictámenes emitidos por éste, no son motivo para excusarse válidamente con la obligación administrativa impuesta a la recurrida y en que instruye sobre la reintegración de la demandante de protección, a sus labores, así como el pago de sus remuneraciones.

La Municipalidad recurrida podrá entablar las acciones que estime pertinentes en relación a la materia, pero en tanto no exista resolución, sea administrativa o judicial, queda obligada a dar cumplimiento a lo dictaminado por el órgano contralor.

Séptimo: Que las decisiones de la Contraloría sobre las materias de su conocimiento, constituyen derechos indubitados, esto es, se trata de facultades de la recurrente que puede exigir el respeto y efectivo cumplimiento de ellas, sin que la Municipalidad pueda excusar válidamente la tardanza injustificada jurídicamente de aquellas, y que ante el rechazo de Recurso extraordinario por medio del Dictamen N° E102990/2021 de 6 de mayo de 2.021, que a su ratifica lo ordenado en el Oficio N° E35852 de 14 de septiembre de 2.020, sobre reintegro, pago de remuneraciones y recontratación de la recurrente, sin perjuicio de las acciones que pretenda entablar ante la Justicia ordinaria.

Esas hechos constituyen afectación al derecho de propiedad que establece el artículo 24 de la Constitución Política de la República, ya que la recurrente se ha visto privada de su trabajo y de las respectivas remuneraciones que tiene derecho a percibir por sus labores, las que deben ser prestadas a favor de la recurrida, conforme a su contrato de trabajo.

La segunda garantía fundamental que alegó la recurrente como infringida-igualdad ante la ley-, debe ser desestimada en atención a que no se existen antecedentes sobre un trato diferente dado a otros funcionarios en las mismas condiciones.

Octavo: Que en relación a la excepción sobre extemporaneidad del Recurso que formuló la recurrida, debe ser desoída, en atención a que el Recurso fue presentado el 6 de junio del presente año, en tanto el Dictamen N° E102990/2021 fue dictado el 6 de mayo de 2.021, esto es, con anticipación al cumplimiento del plazo de 30 días que fija el Auto Acordado sobre la materia. Asimismo, la recurrida se ha mantenido en mora del cumplimiento ordenado por la institución fiscalizadora, lo que es obligatorio a su respecto, por lo que los efectos de aquella omisión son permanentes en el tiempo.

Ante ello, esa alegación debe ser desestimada.

Noveno: Por las razones precedentes, el Recuro debe ser acogido.

Y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 24; y, 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Molina, ordenándose la reincorporación de inmediato a sus funciones a la recurrente, en los mismos términos que su última contratación y el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que se ha visto impedida de ejercer su cargo.

Redacción del ministro titular don Carlos Carrillo González.

En su oportunidad, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección.

Regístrese y archívese.

Rol 1720-2021/ Protección.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma la Ministra doña Olga Morales Medina, por encontrarse haciendo uso de Feriado Legal, asimismo, no firma el Ministro don Carlos Carrillo González, por encontrarse con permiso en conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.