nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Talca, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.- VISTO, OÍDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, deduce recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, representada legalmente por don nombre reservado, por considerar que ésta última ha cometido un acto ilegal y arbitrario, consistente en la negativa a pagarle el incremento de desempeño institucional individual y colectivo por cumplimiento de metas de gestión, en atención a que las licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año no se encuentran comprendidas dentro de las excepciones que establece la ley para poder hace pago de los bonos y la recurrente presentó 12 licencias médicas de este tipo, acumulando 197 días de ausentismo, por lo que trabajó menos de 6 meses. Señala que efectivamente trabajó menos de seis meses, por cuanto hizo uso de su pre natal, post natal y post natal parental, y luego debió presentar licencia por enfermedad de hija menor de un año, ya que ésta, al día de nacer, debió quedar hospitalizada, diagnosticándole fibrosis quística y tras dos meses y medio de hospitalización, tres cirugías y el término de su licencia postnatal, le fue imposible reintegrarse al trabajo de manera normal debido a los cuidados que requiere aquella, los cuales incluyeron el manejo de ileostomías, kinesiterapia motora y respiratoria dos veces al día, y la administración de medicamentos a través de una sonda más la leche materna cada 3 horas. Que esta decisión resulta arbitraria y contraria al espíritu de la ley, en cuanto a la protección de la maternidad, pues el tipo de licencia médica otorgada para proteger la vida de su hija lactante. Además, la negativa contradice los nuevos lineamientos del Poder Judicial, al crear la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no discriminación el año 2017. Hace mención de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, Rol 2.830-2015. Luego señala que se infringe el derecho a la igualdad ante la ley, ya que se le discrimina al negársele el pago del bono en cuestión, considerando que la exclusión de las licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de un año de las excepciones contempladas para el cálculo de los bonos de desempeño es arbitraria y carece de toda lógica, racionalidad y justicia. Que también hay infracción al derecho de propiedad, pues su unidad laboral y ella cumplieron con todos y cada uno de los indicadores de cumplimiento de gestión, y por tanto le corresponde el pago del bono, ya que no se trata de un privilegio, sino una parte integrante de su remuneración total, la cual ha ganado legítimamente. Finalmente señala que la Contraloría General de la República ha indicado que el único efecto de una licencia médica es ausentarse o reducir la jornada de trabajo, luego, la calidad de funcionaria y los derechos y deberes que de ella derivan, no se enervan ni suspenden por el goce de ese beneficio, salvo el de cumplir con la obligación de desempeño (Dictámenes N° 16872/93 y N° 39856/99). Pide se acoja el recurso y se declare que el acto denunciado ha sido arbitrario, y se ordene a la Corporación recurrida proceder con el pago retroactivo del incremento de desempeño institucional individual y colectivo, los que fueron omitidos en las liquidaciones de remuneraciones de marzo y junio del 2024 y ordenar el pago de aquellos en los meses de septiembre y diciembre de 2024 cuando corresponda, sin perjuicio de las otras medidas que la Ilustrísima Corte estime pertinentes.

SEGUNDO: Que informa la recurrida y solicita el rechazo del recurso. Reproduce la normativa pertinente, esto es, el artículo 4° de la Ley N°19.531 y el Acta 134-2015 de la Excma. Corte Suprema, y señala éstas fueron las consideradas y aplicadas para rechazar la solicitud de doña nombre reservado, por no cumplir el requisito legal del mínimo de tiempo durante los cuales debe haber prestado servicios para hacerse acreedora del incremento por desempeño relativo al año 2023. En consecuencia, es claro que han actuado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y lo regulado por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Política de la República, luego, lo obrado en este caso, no ha sido ilegal ni arbitrario, toda vez que ha ajustado su actuar estrictamente a lo dispuesto por La ley 19.531 y el Auto Acordado N° 134-2015 del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema. La apreciación de la recurrente se debe meramente a una expectativa con respecto a poder obtener el incremento por desempeño colectivo e institucional relativo al año 2023, aún en contra de texto legal expreso. Que se desprende el recurso, que lo que doña nombre reservado reclama como ilegal o arbitrario no es la aplicación que la Corporación Administrativa ha hecho respecto de la Ley, sino que el supuesto carácter de inconstitucional que tendría la norma aludida. La alegación de la actora se basa simplemente en su estimación de discriminación que traería consigo de la norma aplicada, y no en el actuar de mi representada, quien se ajustó a la ley. En relación con las garantías supuestamente vulneradas; no existe discriminación de ninguna especie al hacer aplicación irrestricta de la Ley y de los preceptos que regulan los requisitos para el pago del incremento de desempeño colectivo e institucional para el Poder Judicial, por cuanto es la propia norma la que señala que no tendrá derecho a bono quien no haya desempeñado funciones, por lo menos, en un plazo de 6 meses durante el año anterior. Y respeto del derecho de propiedad amagado, señalan que de forma alguna se ha afectado la remuneración de la recurrente ni su derecho de propiedad sobre ella, por cuanto para que los bonos que solicita le sean pagados, hayan entrado a su patrimonio, era necesario cumplir previamente con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley 19.531 y en el artículo 64° del Acta 134-2015 de la Corte Suprema, lo que en la especie no ocurrió. Lo que reclama doña nombre reservado es una pretensión o mera expectativa de que se le paguen los bonos por incremento, y no un derecho sobre el cual tenga propiedad para poder hacerlo exigible. En consecuencia, ninguno de los derechos fundamentales que la recurrente ha señalado como vulnerado, ha sido afectado por mi representada, lo que necesariamente significa el rechazo del presente recurso de protección. Finalmente, indican que la actora no tiene un derecho indubitado respecto de obtener el pago de los bonos de desempeño institucional y colectivo correspondientes al año 2023, por cuanto ello dependía del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, de los cuales no cumplió el haber desempeñado funciones a lo menos por un lapso de seis meses efectivos en el año anterior.

TERCERO: Que la cuestión debatida consiste en determinar si la negativa del pago del incremento de desempeño institucional individual y colectivo por cumplimiento de metas de gestión, por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha sido un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 n°2 y n°24 de la Constitución Política de la República respecto de la recurrente. - CUARTO: Que el arbitrio constitucional en análisis, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, cabe tener presente, que la normativa que regula la materia debatida, esto es, la procedencia o improcedencia de pago del bono por cumplimiento de metas de gestión, se encuentra en la Ley N° 19.531 que “Reajusta e incrementa las remuneraciones del poder judicial modifica el decreto ley Nº 3.058, de 1979 crea el departamento de recursos humanos en la corporación administrativa del poder judicial, y modifica el código orgánico de tribunales” y en el Acta N° 134-2015 del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema que “Establece normas para la aplicación de la ley n° 19.531 modificada por la ley n° 20.224 y los decretos supremos que la reglamentan texto refundido”.

Al efecto, estas normativas disponen:

Artículo 4° inciso quinto de la Ley 19.531 “No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo.”

Artículo 66° del Acta 134-2015 “No tendrán derecho al pago de bonos aun si su institución o unidad cumplen con las metas institucionales o colectivas correspondientes, los siguientes casos: a.- Los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente. b.- Los funcionarios que durante el año anterior al pago del incremento no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante, a lo menos, seis meses, con la sola excepción de los periodos correspondientes a licencias médicas por accidente el trabajo a que se refiere la ley 16.744, incluidos los previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo. Para efectos de determinar el tiempo efectivamente trabajado, se restarán todas las ausencias que registre el funcionario, con excepción de las licencias pre y post natal, permiso parental, patología del embarazo, accidente o enfermedad profesional debidamente reconocida por la ACHS, permisos con goce de remuneraciones y feriado legal. Las comisiones de servicio se entenderán como tiempo efectivamente trabajado, con excepción de aquellas autorizadas para asistir a Programas de Formación de la Academia Judicial para ingresar el Escalafón Primario del Poder Judicial. Las licencias médicas parciales se computarán como medio día no trabajado, considerando las excepciones indicadas en el párrafo anterior.”

SEXTO: Que, conforme a lo anterior, atendido lo prescrito en la Ley N° 19.531, modificada por la Ley N° 20.244, los requisitos para hacer efectivo el pago serán los siguientes: a) Percibir renta efectiva durante el trimestre respectivo sobre el cual debe calcularse el valor acumulado de las asignaciones que constituyen la base de cálculo. b) Registrar calificación sobresaliente, muy buena, regular o satisfactoria en el periodo correspondiente al pago, dado que no tienen derecho a percibir los incrementos los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente. c) Haber trabajado, a lo menos, seis meses efectivos durante el año inmediatamente anterior.

Por su parte, el Auto Acordado, contiene una norma análoga a la anteriormente citada, en cuanto señala requisitos para el pago, en su artículo 64, a saber, para recibir el pago de incrementos por desempeño se debe registrar calificación sobresaliente, muy buena, satisfactoria o regular en el periodo correspondiente al pago, dado que no tienen derecho a percibir los incrementos los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente. Para efectos de determinar el tiempo efectivamente trabajado, se restan todas las ausencias que registre el funcionario, con excepción de las licencias pre y post natal, permiso postnatal parental, patología del embarazo, accidente o enfermedad profesional debidamente reconocidos por la ACHS, permisos con goce de remuneraciones y feriado legal.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la actora, no ha cumplido con el requisito legal del mínimo de tiempo durante los cuales debe haber prestado servicios para hacerse acreedora del incremento por desempeño relativo al año 2023, circunstancia que autoriza a la recurrida, a negarlo, por lo que no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario de su parte, respecto del cual sea necesario el restablecimiento del imperio del derecho al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, por otra parte, y volviendo al considerando cuarto, hemos de reiterar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Luego, de los fundamentos del recurso en revisión, se desprende que su contenido excede la potestad cautelar entregada a esta jurisdicción, puesto que la solicitud que la actora realiza, abarca aspectos que demuestran que su objeto transciende más a impugnar y dejar sin efecto una norma legal y actualmente vigente que ejercer una acción de protección en aras de la tutela de las garantías constitucionalmente protegidas.

NOVENO: Que por lo anteriormente razonado, la cuestión debatida reseñada en el considerando tercero, queda zanjada, y por tanto, el presente recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado.- Acordada con la prevención del ministro Gerardo Bernales Rojas, quien concurre al rechazo, teniendo presente, además, lo dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la Ley 19.880.

Regístrese y archívese.

Redactado por la ministra (s) Carla Valladares Perroni.- Rol N ° 1678-2024. Protección.