nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN

Talca, siete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, chileno, casado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, escalafón profesional, contrata, grado 9°, de la E.M.R., domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBÚN, persona jurídica de Derecho Público, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don PEDRO PABLO MUÑOZ OSES, agricultor, cédula nacional de identidad: N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Provincia de Linares, Región del Maule, y en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE, persona jurídica de Derecho Público, representada por su Contralor Regional don CARLOS BASÁEZ VALDEBENITO, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, con el fin que, admitiéndose a tramitación, en definitiva, sea acogido, con costas, procediéndose a declarar ilegal y arbitraria la medida disciplinaria de destitución que le fue aplicada mediante Decreto Alcaldicio N° 319, de 22 de febrero de 2023, ratificada por el Decreto Exento N° 872, de fecha 31 de marzo de 2023, que rechazó el recurso de reposición, ambos de autoría del recurrido el alcalde titular de la comuna de Colbún; y, asimismo, en contra del Dictamen N° E370.774/2023, de fecha 20 de julio de 2023, firmado por don nombre reservado, en su calidad de Contralor Regional (s), representando, como jefe superior del servicio a la fecha, a la recurrida la Contraloría Regional del Maule, entidad que por las razones que se indicarán, resolvió que la decisión final era competencia de la municipalidad de Colbún, por ser un aspecto que debe ser apreciado por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, sin encontrar, inexplicablemente, vicios de ilegalidad y arbitrariedad, todas las cuales, representan resoluciones y actos administrativos ilegales y arbitrarios, que deben ser dejados sin efecto, resolviendo en definitiva que cualquier sanción que pudiese – eventualmente – ser aplicada a raíz del sumario administrativo ordenado instruir por el Decreto Alcaldicio N° 1.901, de 2021 de la municipalidad de Colbún, debe ajustarse al real y objetivo mérito del proceso disciplinario indicado, y, en caso alguno una medida de destitución, sin perjuicio de solicitar que se ordene adoptar toda otra medida que estime conducente para – como ya he señalado - restablecer el Derecho quebrantado y conculcado en calidad de privación, según expondré, todo ello por las razones de hecho y de derecho que señala:

Señala que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispone que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes; y el plazo para hacerlo es de 30 días. Por su parte, el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, señala que: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”.

Indica que oportunamente reclamó ante la Contraloría Regional del Maule, en contra de los actos administrativos y resoluciones ya señaladas, por lo que es aplicable el inciso 2° de la norma precedentemente citada, esto es, que la presente acción jurisdiccional es admisible toda vez que el plazo para ejercerla estaba interrumpido y ha vuelto a correr al emitir la Contraloría Regional del Maule su resolución. De esa forma, y considerando que el acto terminal emanado de la Contraloría Regional del Maule, esto es, el dictamen N° E370774, de fecha 20 de julio de 2023, le fue notificado - tomando conocimiento del mismo - el día 21 de julio de 2023, permite concluir que me encuentro dentro del plazo de 30 días que ha dispuesto el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la tramitación del Recurso de Protección, como plazo dentro del cual debe presentarse este recurso.

Relata que mediante Decreto Alcaldicio N° 1.901, del 01 de septiembre de 2021, la municipalidad de Colbún ordenó instruir un sumario administrativo en su contra, el que fue afinado, luego de imputarle dos cargos y desechar todas las alegaciones, defensas y pruebas presentadas, con la dictación del Decreto Alcaldicio N° 319, de fecha 22 de febrero de 2023, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución como funcionario de la Municipalidad de Colbún, del cargo a CONTRTATA, grado 9° de la E.M.R., escalafón profesional, decisión que fue ratificada por el Decreto Exento N° 872, de fecha 31 de marzo de 2023, al rechazar el recurso de Reposición que oportunamente interpuso. Las resoluciones antes señaladas, dispusieron, que se aprobaba una “nueva” vista fiscal del sumario administrativo ya referido cuyo contenido fue transcrito en forma literal, en el Decreto Alcaldicio N° 319, de 2023, de la Municipalidad de Colbún, ambos actos administrativos firmados por el Alcalde titular de la municipalidad de Colbún don Pedro Pablo Muñoz Oses y, que, en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente:

“2. APLÍQUESE LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 120 letra d) y 123 de la ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales a don nombre reservado, RUT RUT reservado, asimilado a grado 9° E.M.R. Planta profesionales de la Ilustre Municipalidad de Colbún, por haber vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa, al haber incurrido en los siguientes hechos:

a ) Haber contratado a Doña nombre reservado, como apoyo administrativo en el Programa Consulta Veterinaria 2021, en el mes de Junio 2021, atribuyéndose facultades exclusivas de la autoridad comunal, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 18.883, lo cual es la prohibición de ejercer facultades distintas a las que está investido, vulnerando de esta manera el principio de probidad administrativo de acuerdo lo dispuesto en el artículo 58 letra g) de la ley 18.883;

b) No haber dado cabal cumplimiento al procedimiento de entrega de fardos durante el año 2020, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 58 letra C), esto es el realizar sus funciones con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia y la obligación del artículo 61 de la letra b) del mismo cuerpo legal, esto es de velar de manera permanente por el cumplimiento de los planes de la aplicación de las normas dentro del ámbito legal. Vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa, al causar un perjuicio a la municipalidad esto es elartículo58 letra g) de la ley 18.883.-”.

Interpuso un Reclamo de Ilegalidad ante la Contraloría Regional del Maule, haciendo uso del derecho que consagra el artículo 156 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, alegando una flagrante injustica, ilegalidad y desproporcionalidad en cuanto a los hechos que fundamentan la destitución, considerando las pruebas rendidas y las acusaciones que definitivamente fueron la causa de tan gravosa medida.

Hace presente que, en el recurso de reposición y en el reclamo de ilegalidad se expusieron todos los argumentos, debidamente respaldados con pruebas allegadas al proceso sumarial, sin que las autoridades recurridas atendieran tales alegaciones y, con decisiones arbitrarias y abiertamente ilegales, mantuvieron la sanción que representa la muerte administrativa para el infrascrito, lo que le obligó a recurrir de protección. Las razones, alegaciones y los antecedentes que hizo valer, sin ser escuchado fueron los siguientes:

1.- El Sumario Administrativo instruido en su contra fue a propósito de una supuesta participación que le habría cabido como responsable de DOS hechos, uno en relación a la inexistente, inverosímil y fantasiosa contratación de la Sra. nombre reservado como funcionaria municipal, lo que el recurrente habría hecho; y el otro en cuanto su participación en el cumplimiento de la entrega de fardos durante el año 2020, hechos que JAMÁS resultaron probados, toda vez que, en sus descargos o contestación de cargos explicó cada punto de tales situaciones administrativas y NUNCA fue acreditado, de manera alguna, que hubiese contratado y/o se hubiese pagado algún honorario o remuneración a la Sra. nombre reservado y, por el contrario rendí prueba documental y testimonial que acreditaba lo contrario; y, en cuanto al tema “fardos” nunca se probó o verificó, objetivamente hablando, que tuviera responsabilidad en la entrega errónea de fardos o de algún número insignificante de ellos, a lo que se agrega que nunca fue imputado por el valor de 76 unidades de fardos, que luego – esta última acusación – se agregará artificiosamente al decreto expulsivo, en circunstancias que ni siquiera fue objeto de un cargo en el sumario.

Explica que la sanción de destitución que se le aplicó aparece como un acto vengativo, irracional y de altísima injusticia, lo que pudo haber ser corregido por el Sr. alcalde de Colbún don Pedro Pablo Muñoz Oses, si hubiera acogido la reposición, lo que no hizo, toda vez que la rechazo, agravando su situación funcionaria y lesionando aún más sus derechos.

Agrega que ha sido sancionado severamente, en circunstancias que no tengo responsabilidad alguna en la génesis de las inexistentes infracciones o irregularidades administrativas derivada de los hechos objeto de un sumario, que fueron – sin duda – artificialmente creadas sólo con el fin de perjudicarle y alejarle del servicio al ser un funcionario que “venía” de la anterior administración que gobernó la comuna de Colbún.

2.- Era obligación legal del Fiscal Instructor del Sumario Administrativo y luego del Alcalde al resolver dicho sumario, el ponderar todos los antecedentes incorporados al expediente, a tomar en cuenta la gravedad de la falta cometida y, muy especialmente, el calificar y ponderar las atenuantes y agravantes que arrojaba el mérito de los antecedentes según lo mandata el artículo 120º, de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, lo que no se hizo, incurriendo claramente en un vicio de ilegalidad insalvable.

Estima que tanto fue así, que la Contraloría Regional del Maule, conociendo de un primer reclamo de ilegalidad, debió ordenar la reapertura del sumario toda vez que se le había impedido, sin fundamento alguno, rendir prueba, legal y oportunamente ofrecida, y luego de realizadas y llevadas a cabo tales diligencias, no cambió ni significó nada, ya que los nuevos antecedentes fueron total y absolutamente ignorados, sin siquiera ser objeto de ponderación, análisis o examen.

3.- Alega que se transgredió el artículo 10 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado que consagra el Principio de Contradictoriedad, por el cual un interesado puede alegar defectos de tramitación, debiendo, todo órgano instructor adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad en el procedimiento, y el debido proceso, en relación con el inciso 2° del artículo 136, de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que obliga a recibir la prueba que se le hubiera ofrecido, todo los cual vela porque ningún funcionario pueda ser sancionado por hechos que no hubieran sido materia de cargos que no estén debidamente acreditados. Pues, si bien – luego de acogerse su primer reclamo - formalmente se hicieron los trámites para permitir probar su inocencia, pero, lamentablemente, sólo fueron actos artificiales, ya que correspondía que el mérito de aquella prueba fuera debidamente analizada y examinada y valorada, pero nada de eso aconteció.

Indica que en el Decreto Alcaldicio N° 319, de 2023, en el apartado “VIII”, se “intenta” examinar en forma totalmente parcial y prejuiciosa lo expresado por los testigos aportados por su parte, diciendo: Que los testigos están contestes en identificarme como responsable y jefe de la unidad OMDEL, a cargo del Proyecto de distribución de forraje. Luego, según el “análisis” del fiscal instructor, dice que de las declaraciones ofrecidas por los testigos (sin identificar a ninguno), se puede dejar establecido la inexistencia de un contrato de trabajo o a honorarios u otro de la Sra. nombre reservado, “cuestión de suma gravedad” en el contexto de cualquier relación laboral o contractual, más en el marco del ejercicio de la función pública y la responsabilidad que ha de tenerse en la ejecución de recursos públicos. También, en el punto “4” de ese apartado, al referirse a la declaración del ex alcalde don Hernán Sepúlveda Villalobos (que es la única declaración examinada en relación a una persona especifica), dice que a él se le señala como último responsable de la situación investigada en el proceso sumarial, lo que no está acorde con las otras declaraciones que me sindican a mi como responsable, así que le resta mérito, como también que él diga que recibió y firmó la contratación de la Sra. nombre reservado, lo que también impugna aduciendo inconsistencias con otras declaraciones y emitiendo un juicio de valor de su propia autoría como fiscal.

Destaca que el Sr. Hernán Sepúlveda Villalobos fue el alcalde de la Municipalidad de Colbún hasta el 28 de junio de 2021. Eso fue todo lo que hizo el fiscal y luego – al hacer suya la Vista Fiscal – el alcalde también incurrió en esa omisión.

Considera que, sobre la nueva prueba aportada y, en definitiva, a pesar de las nuevas diligencias, el Dictamen Fiscal no se hizo cargo en forma debida del mérito del proceso, irregularidad, vicio y grave defecto legal que se hizo extensivo al decreto expulsivo, sin que mereciera reproche de parte del Órgano Regional de Contraloría.

4.- En relación a lo anterior, de la nueva prueba, aparecen elementos y datos altamente beneficiosos para su defensa, tales como:

a.- La declaración de fecha 27 de septiembre de 2022, del Sr. Hernán Sepúlveda Villalobos, ex alcalde de Colbún y titular en dicho cargo a la época en que sucedieron los hechos por lo que se me juzgó. Él dice expresamente que respecto de la contratación de doña nombre reservado, fue quien la autorizó, y al responder las preguntas números 3, 4, 6, 7 y 9, da razón de sus dichos y explica – según él cree – que pudo pasar con la documentación aprobada y firmada por él. El Fiscal Instructor al emitir su Vista Fiscal que se reproduce en el decreto de destitución, se limitó a restarle valor, en forma poco profesional y con ausencia total de imparcialidad.

b.- La declaración de doña nombre reservado, de fecha 28 de septiembre de 2022, que al responder las preguntas números 5, 9 y 10, deja en claro que los trámites para su contratación a honorarios se realizaron como era costumbre y una práctica al interior del municipio de Colbún, sin que de sus dichos se desprenda responsabilidad alguna sobre mi persona.

c.- Declaración de fecha 27 de septiembre de 2022, de don nombre reservado, al responder la pregunta 4 es tajante en señalar que en el proceso de entrega de fardos no hubo nunca irregularidad alguna.

d.- Declaración de fecha 27 de septiembre de 2022, de doña nombre reservado, secretaria de alcaldía, al dar clara respuesta a las preguntas 5, 6, 10 y 13, es imperativa en explicar que la contratación de la Sra. nombre reservado estaba aprobada, firmada y cursada por alcaldía, con lo cual me exonera total y absolutamente de ser yo el que la habría contratado. El fiscal nada dice en su Vista o Dictamen final al respecto. Esa prueba, fundada y agregada al proceso, como diligencia que llevó a cabo el propio fiscal instructor, desvirtuaba el cargo N° 1, pero la injusticia y el sesgo vengativo y lectura parcial o nada de objetiva, impidió que se resolviera de acuerdo al mérito de los antecedentes.

Relata que se le lesionaron a nivel de privación mi derecho a ser juzgado con imparcialidad, bajo las normas y el principio de un Debido Proceso, con aplicación y sujeción a un justo y racional procedimiento, reconocido y garantizado en la Carta Fundamental por el artículo 19, número 3°, ya que la Constitución Política de la República dispone que, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, debiendo el legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

5.- Estima que se le sancionó por un hecho que nunca fue objeto de cargo. Otra ilegalidad manifiesta emana del punto “XIV” de la “Vista Fiscal”, que, al estar integrada al Decreto de Destitución, significa que también dicha resolución incurre en el mismo vicio, cual es que se le sanciona por hechos que no fueron objeto de cargos. En efecto, el punto XIV, dice: “Que finalmente, debe dejarse constancia que también le afectaría la responsabilidad civil por concepto de, por una suma que asciende, a lo menos a $520.905 (quinientos veinte mil novecientos cinco pesos) según antecedentes que obran en el expediente. En atención que como se mencionó se compraron 8.000 fardos y solo existe el comprobante de entrega de 7.924 unidades de fardos entregadas, existiendo una diferencia de 76 unidades”.

Tal imputación que solo aparece en la “Vista Fiscal y en el Decreto Alcaldicio N° 319, de 2023, que le aplica la máxima sanción administrativa que existe en las normas estatutarias, nunca fue objeto de un cargo, como tampoco le fue notificado siquiera como reproche, impidiendo en forma flagrante y manifiesta su defensa. La Contraloría Regional, arbitrariamente minimiza tal hecho, al decir que: “…Asimismo, sobre la alegación relativa a la supuesta imposición de la sanción por un hecho que no habría sido materia de imputación, cabe señalar que en el considerando XIV de la vista el fiscal se limitó a dejar constancia de la eventual responsabilidad civil que afectaría al inculpado por la diferencia en la cantidad de fardos adquiridos por el municipio y entregados a los beneficiarios, sin que se advierta que la medida aplicada se funde en tal circunstancia”, lo que es un error ya que, entre otras referencias se me imputa infracción a la probidad administrativa por tal hecho, siendo que nunca se me permitió siquiera rebatir o cuestionar.

6.- Refiere que hay falta de prueba y mérito para imputarle un hecho de los que fue objeto un cargo. No existió prueba alguna que se encuentre agregada al proceso que permita verificar objetiva e imparcialmente que el recurrente haya sido quien, por sí y ante si – y exclusiva y excluyentemente - hubiese dolosa o malintencionadamente decidido “contratar” a la Sra. nombre reservado, permitiéndole laborar durante el mes de junio de 2021, sin contar con el correspondiente contrato. Por el contrario, señala que acreditó con prueba legalmente aportada y que consta en el expediente del sumario, con testimonial recibida por el propio Fiscal Instructor, que la Sra. nombre reservado fue contratada por el entonces alcalde de Colbún, el Sr. nombre reservado, según él lo reconoce, como lo hace su secretaria directa y la misma Sra. nombre reservado. La Sra. nombre reservado no cobró ni percibió, reclamó o demandó suma alguna del municipio, el que no ha pagado ni ha desembolsado nada, lo que lejos de provocar un problema al municipio lo favoreció, ya que el municipio ha podido aprovechar y beneficiarse del trabajo de un tercero sin retribuirlo, durante parte del mes de junio de 2021, lo que resulta ser derechamente un enriquecimiento sin causa por parte de la municipalidad y un perjuicio para la Sra. nombre reservado, quien – insiste – no presentó reclamo alguno ni ejerció acciones. Nunca contrató ni intentó contratar a la persona tantas veces nombrada.

7.- Alega ausencia de motivación del decreto sancionatorio. El que las resoluciones impugnadas, esto es, el Decreto Alcaldicio N° 319, de 2023, y el Decreto Exento N° 872, también de este año, ambos de la Municipalidad de Colbún y firmados por el Alcalde Pedro Pablo Muñoz Oses, estén redactados en forma extensa, no significa que tengan un verdadero contenido y menos que sean fundados. En efecto, en parte alguna de las resoluciones que constan en el Sumario Administrativo que le afecta, existe un análisis del como habría infraccionado el principio de probidad administrativa, ya que no es suficiente y menos justo o racional que “solo se diga” que infringió la probidad administrativa. Por lo demás, aun en caso de que alguien que analizase tales documentos estimase que existe algún germen de infracción al principio de la probidad, el legislador ha establecido que aquello debe ser “GRAVE” ya que solo una infracción de esa naturaleza podría dar lugar a una destitución, si no es así, ni siquiera la afectación de la probidad administrativa permite destituir a un funcionario con varios años de servicio e irreprochable conducta, como es mi caso.

Acota que su “conducta” no se enmarcó en la definición del inciso 2° del artículo 52, de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, lo que le permite presumir fundadamente, que el sumario administrativo que fue dirigido en su contra y la sanción que se le está aplicando no es otra cosa que un medio ilegítimamente utilizado para eludir su derecho a permanecer vinculado a la municipalidad de Colbún en razón que me favorece la confianza legítima tal como la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República, en los dictámenes N°s 85700, de 2016, y 6400 de 2018, reconsiderados por el dictamen Nº E156769, de fecha 17 de noviembre de 2021, lo establecen y aplican. Ante su derecho de invocar la confianza legítima y el deber del servicio, esto es la municipalidad de Colbún y sus autoridades recién asumidas el 28 de junio de 2021, de respetar su derecho a permanecer contratado para los próximos años, salvo, precisamente una sanción de un sumario o malas calificaciones se ha preparado, creado y construido un procedimiento disciplinario, para justificar la verdadera intención y voluntad de la actual administración municipal de Colbún.

8- Invoca ausencia absoluta de un debido proceso y/o desviación de poder. Ese vicio de legalidad en que ha incurrido el Alcalde de la municipalidad de Colbún se manifiesta por la falta absoluta de valoración de elementos objetivos, de público conocimiento y sentido común, debidamente alegados e invocados como defensa, inclusive, como eximentes de toda responsabilidad.

La autoridad sancionadora no se hizo cargo de mi alegación y defensa, relacionado con el denominado “Factor Pandemia COVID – 19”, hecho constituyente de caso fortuito y/o fuerza mayor acaecido a partir de marzo de 2020, precisamente en la época en que se le atribuye haber cometido los “errores” que se invocan para destituirle. El sumario administrativo se basa en hechos relacionados con el Programa de Entrega de Forraje (Fardos) a los agricultores de Colbún, debiendo haberse tenido en cuenta que en el año 2020, el País y, obviamente, la comuna de Colbún, se vio expuesta a los efectos sociales y sanitarios de una pandemia mundial, por lo que muchas y quizás todas las operaciones que realizó la municipalidad de Colbún estuvieron alteradas y afectadas por las consecuencias de esa situación de catástrofe nacional, posibilitando más de algún error o situación excepcional.

Agrega que el artículo 45 del Código Civil, establece que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Cabe recordar que los hechos acaecieron, unos en el año 2020, y el otro (solo son dos hechos en que se funda la destitución) en junio del año 2021, aun en plena Pandemia de COVID-19, con todas las altamente extraordinarias circunstancias que se sucedieron y complicaron todo el quehacer de la administración y también, por cierto, de la OMDEL. Por ser un hecho público y notorio, de carácter universal, alegó en su favor tal excepcional circunstancia la que nunca fue analizada y menos considerada, lo que es clara evidencia de un actuar arbitrario e ilegal, propio de una mala administración de justicia administrativa y una desviación de poder.

9.- Expone como efectivamente se produjeron los hechos objeto del sumario. Teniendo presente que no se trata de una alegación de un vicio de ilegalidad, estima que, siendo la única oportunidad en la que la Ley le permite dirigirse a un Ilustrísimo Tribunal de Justicia, como es la Corte de Apelaciones de Talca, pide aceptar el detallar como ocurrieron los hechos, y relata:

A.- Respecto de la contratación de la primera asesora para la Consulta Veterinaria Comunal (2019 nombre reservado) contó con los recursos de un Programa Social de CONAF denominado “Programa de Empleos de Emergencia”, orientado a la contratación de personal que trabaja al aire libre, aseando y hermoseando espacios públicos, previa consulta y aprobación por parte de la Corporación Nacional Forestal. Indica que la Sra. nombre reservado ingresa al trabajo en la Veterinaria municipal en marzo del 2021, en reemplazo de doña nombre reservado, quien renunció al trabajo por proyectos personales, en diciembre del 2020. El contrato de la Sra. nombre reservado, que fue desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo del 2021, a honorarios por media jornada, con una remuneración bruta mensual de $300.000, a la espera precisamente de la apertura nuevamente del “Programa Empleos de emergencia” de CONAF para el año 2021. Dado que el Programa de CONAF, no se ejecutó en Colbún el 2021, una vez finalizado el contrato, se inician las gestiones para la tramitación de uno nuevo, esa vez por 1 mes, con el objetivo de evitar someter a la nueva administración a un contrato de trabajo del que pudieran no estar de acuerdo y dando la posibilidad a la funcionaria de negociar mejoras en su contrato directamente con las autoridades recién electas. A mediados de Junio y previa conversación con el Alcalde de la época se envía a alcaldía un memorándum y la solicitud del contrato de la Sra. nombre reservado, junto a la solicitud de contrato como coordinadora del PRODESAL de doña nombre reservado, (con fecha 10 o 15 de junio). Ambas solicitudes de contrato deben quedar consignadas en el libro de correspondencia entregada de la Oficina OMDEL. La solicitud de contrato de doña nombre reservado pasa sin problemas por alcaldía y es derivada a RRHH, pero el de doña nombre reservado es modificado en Alcaldía aumentando el tiempo de contrato a 3 o 6 meses, lo que le es informado de manera verbal por la jefa de Gabinete, señorita nombre reservado. Por lo cual nombre reservado es llamada directamente a alcaldía a firmar su solicitud de contrato. Al mismo tiempo, al consultarle por el seguimiento del proceso, la Sra. nombre reservado, le informa que ya ha sido despachado desde alcaldía la orden de contrato, en dirección al departamento de Recursos Humanos, para la elaboración del contrato, lo que debe quedar consignado en el libro de correspondencia despachada por parte de Alcaldía, perdiéndose la trazabilidad del documento. Todo lo expresado pudo ser acreditado en el sumario, pero nada se consideró en la decisión final.

B.- Respecto del proceso de entrega de Fardos, precisa que ese se enmarcó en un Programa Municipal denominado: “Programa de Alimentación Invernal”, que cuenta con un presupuesto aproximado de 45 millones de pesos. Dicho programa consiste en la entrega de manera gratuita de un número determinado de fardos (desde 3 hasta 11 unidades) a cada agricultor ganadero de la comuna que lo solicite, dependiendo de la cantidad de cabezas de ganado que posea, y siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos por el Reglamento Interno que tiene vigente la municipalidad de Colbún, el cual en su punto principal requiere ser ganadero de la comuna de Colbún, lo cual, al momento de solicitar los fardos, puede acreditarse de 2 modos:

- Con un documento oficial, emitido y actualizado cada año por el Servicio Agrícola y Ganadero denominado “Registro de Existencia Animal”, en el cual se individualiza el número de animales, la especie y el predio en el cual se encuentran. Cada predio cuenta con un número de identificación llamado Rol Único Pecuario (RUP). Un mismo RUP o predio, puede contener animales de varios propietarios; y - Con una Declaración Jurada Simple, que individualiza al agricultor y su domicilio, que se firma en el momento de solicitar los fardos, en donde establece, además la cantidad de animales y el RUP del predio en el cual se encuentran.

Señala que un número importante de beneficiarios cuenta con 1 o 2 cabezas de ganado y los mantienen en sitios eriazos no agrícolas, orillas de canales y espacios pequeños, razón por la cual no poseen documentos oficiales de Tenencia de Animales, por lo que todos ellos firman la Declaración Jurada Simple, para acceder al beneficio. Con uno u otro documento se elabora el Recibo de Entrega de Fardos, en donde se individualiza al agricultor, el sector y la cantidad de fardos que le corresponden de acuerdo al número de animales que posee, de acuerdo a la siguiente tabla. El proceso de entrega y distribución de fardos se realiza durante los meses de Junio, Julio y Agosto, y requiere el apoyo de todos los funcionarios del departamento, desde la logística hasta labores administrativas. Durante el año 2020, se superaron todos los números previos, llegando con el beneficio a 33 sectores de la comuna, con más de 1000 beneficiados y más de 8.000 fardos entregados. ¿Qué paso en el año 2020? Partiendo, fue un período bajo los efectos de una Pandemia (COVID-19). El 3 de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud reporta el primer caso de Covid-19 en Chile, se establecen medidas sanitarias y restrictivas en todo el territorio nacional. En un año normal, se citaba a todos los agricultores de un sector, para el día de la entrega, en la sede comunitaria, la capilla, e incluso la casa de algún vecino. En ese lugar se realizaba todo el proceso administrativo, revisión de documentación, fotocopias de cedula de identidad vigente de cada beneficiario, declaraciones juradas y firma del recibo de los fardos. Una vez que todo el proceso administrativo terminaba, el cual en promedio demora desde 2 a 5 horas, se espera al Alcalde, para que dé el respectivo discurso a los agricultores y se inicia el proceso de entrega llamando de a uno a uno a los ganaderos. Todo ese proceso implica reunir desde 15 a 70 personas, muchas de ellas adultos mayores, en un espacio cerrado, durante un largo periodo de tiempo exponiéndolas a un eventual contagio de Covid-19, con inciertos pronósticos y muy lejos aún de contar con una vacuna, que en cierta medida pudiera entregarnos una protección adicional. De los más de 1000, agricultores beneficiados, se le imputa y sanciona destituyéndole por lo siguiente: Una mínima “irregularidad” totalmente explicada y justificada por el factor del caso fortuito y la fuerza mayor, reconocida por la Contraloría General de la República en muchísimos dictámenes, tales como el N° 3.610, de fecha 17 de marzo de 2020 y los N°s E37918, de 23 de septiembre 2020; E54204, de 24 de noviembre; E64225, de 30 de diciembre, todos del año 2020; el N°615, de 18 de marzo de 2021; y el N°E116593, de 23 de junio de 2021, entre tantos otros. En el sumario, se dice, que, en el caso de 10 agricultores beneficiados, la firma del recibo de los fardos no coincide con la de la Cedula de Identidad.

- Un (1) agricultor del registro no presenta la fotocopia de si Cedula de Identidad.

- Cuatro (4) agricultores no firmaron su recibo de entrega.

- Un (1) agricultor registra domicilio en una comuna vecina.

- Diez (10) agricultores no tienen el recibo de entrega de fardos.

Es decir, comenta, un total de 24 agricultores con “problemas”, los que en realidad si se aplica racionalidad, lógica y buena fe, no son tales “problemas”, de un total de 1000 beneficiarios, correspondiendo a un 2.4% (dos coma cuatro por ciento) de “irregularidades” o casos “observables”. Sin embargo, todos ellos tienen gran parte de la documentación necesaria para la entrega de los fardos, pero las condiciones en que se trabajó y la vorágine del trabajo no les dio el tiempo para ser tan delicados y meticulosos y salvar todo error o defecto, sin embargo, nunca existió y menos se probó en el sumario que hubiera habido el afán de afectar el patrimonio municipal y menos beneficiarse él o mi equipo de trabajo por el desarrollo de este hermoso y preciado Programa.

Considera que no hay proporcionalidad entre las faltas y la sanción. Las causas o fundamentos de la sanción de destitución que le afecta, es la supuesta contratación de una persona, que creyó que podía trabajar en el mes de junio de 2021, que es el mes en que hubo cambio de Alcalde y, luego, un defecto en el registro respecto de 70 fardos, de un total de 10.000 (diez mil). Por tales hechos se le destituye, siendo un funcionario con más de cinco años de servicio, con dedicación impecable y excelentes calificaciones. No existe otra razón ni legal ni administrativa: Se pidió y alegó que de aplicarse una sanción ella debía establecerse respetando el denominado Principio de Proporcionalidad entre la conducta y la sanción, teniendo presente que tal principio significa adecuar la sanción que le fue impuesta a un funcionario, de acuerdo al mérito que arrojan los antecedentes incorporados a la investigación.

El principio de proporcionalidad, según lo ha establecido la doctrina y Jurisprudencia: “Es concebido como: a) un límite material de la actuación administrativa; b) que persigue la existencia de un equilibrio o adecuación entre los medios y los fines que se persiguen mediante la decisión administrativa, y c) cuya finalidad en definitiva es que la Administración, no adopte una decisión desproporcionada, inadecuada, excesivamente gravosa y por tanto arbitraria” (“Discrecionalidad Administrativa”, Abeledo Perrot, Legal Publishing Chile, año 2011, páginas 124 y siguientes). La Excelentísima Corte Suprema ha sostenido que la proporcionalidad “apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer” (SCS Rol N°s 5.830-2009 y 18.823-2019). La autoridad administrativa debe ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad administrativa, de manera tal que, de ser así, ella se encontrar en el imperativo de aplicar una sanción proporcional a la falta cometida y a sus circunstancias concomitantes. El Principio de Proporcionalidad se construye a partir de la gravedad de la infracción prevista por el legislador y la sanción correlativa de modo que quede entregada la determinación de ésta a la autoridad judicial o administrativa, valorando la conveniencia, oportunidad y eficacia de seguir una u otra opción.

Cita párrafos de sentencia de fecha 24 Octubre 2019 (Rol N 9244-2019), del máximo Tribunal; el Dictamen N° 1.713, de 2007, de la Contraloría General de la República.

Concluye que es necesario, para observar los máximos valores de Justicia y Equidad que la conducta objetiva que se le atribuye debió ser examinada con objetividad y racionalidad y si merecía alguna sanción, ésta no podía ser la destitución, precisamente porque resulta totalmente desproporcionada a la luz de lo investigado y mérito de aquello.

Respecto de la intervención de la Contraloría Regional del Maule, indica que la emisión del dictamen N° 370.774, de fecha 20 de julio de 2023, de la Contraloría Regional del Maule, a propósito de su reclamo por las resoluciones dictadas por la municipalidad de Colbún que dispusieron su destitución del cargo, no se ajustó a derecho ya que, sin examinar el real mérito de mi presentación en relación a lo que constaba en el expediente del sumario administrativo, se limitó a concluir que: “En atención a lo expuesto, dado que las alegaciones planteadas no permiten desvirtuar la responsabilidad administrativa que se le atribuyó en los sucesos indagados, esta Entidad de Control rechaza el reclamo deducido por el recurrente en contra de la medida disciplinaria de separación que se le aplicó”.

Hace presente que el órgano contralor se limitó a verificar que la alcaldía de Colbún había invocado la falta de probidad y, sin mediar análisis o examen de los antecedentes para determinar si aquello era o podía ser efectivo, razonó diciendo: “Al respecto, se debe precisar que en la situación en comento, la superioridad calificó las faltas atribuidas como una infracción grave al principio de probidad administrativa, ponderación que concierne al ejercicio de sus prerrogativas, de modo que la aplicación de dicha sanción es consecuencia de la gravedad del incumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los artículos 58, letras c) y g), 61, letra b), y 82, letra a), de la ley N° 18.883, lo que permite concluir que se encuentra ajustada a derecho, decisión que es armónica con lo sostenido en los dictámenes N°s. 86.483, de 2016 y 11.535, de 2020, de este Organismo de Control, entre otros” (página 3 final y 4 inicial).

Estima que la norma estatutaria permite la destitución cuando se acreditan – sin duda – faltas graves a la probidad Administrativa, lo que significa que no basta que se invoque la supuesta concurrencia de una infracción que puede encasillarse en el campo de la probidad administrativa, sino que, además, debe haber prueba irrefutable y que, analizadas objetiva y racionalmente se concluya, fundadamente, que son de carácter grave, reiterando que los dos cargos que se le formularon fue la inexistente contratación de una persona y luego que de 10.000 fardos entregados a vecinos agricultores y ganaderos de la comuna de Colbún, se constatará la falta de registro de 70 fardos. A su respecto, el fiscal instructor del sumario dio por establecido que no aparecen en el registro respectivo ese número de fardos, pero jamás indagó o comprobó que tal hecho fuera de su exclusiva responsabilidad y menos que el recurrente se hubiese apropiado o permitido que terceros lo hicieran.

Señala que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, en los numerales que señala, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. El Recurso de Protección está dirigido a cautelar de modo inmediato el goce y respeto efectivo de las garantías constitucionales que lo hacen procedente, tales como:

1.- La igualdad ante la Ley (Art. 19, Nº2º). Con el actuar de los recurridos se transgrede este derecho que toda vez que la norma constitucional dispone que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, lo que ahora se manifiesta de las actuaciones de los recurridos los que uno es autor de actos administrativos abiertamente ilegales y arbitrarios al imponer una sanción de destitución alejada de toda racionalidad y el segundo al no hacer uso adecuado de sus prerrogativas al fiscalizar esos actos y ampararse en cuestiones de forma para permitir una injusticia e ilegalidad manifiesta. En esto, se refiere a la expedición de los Decretos N° 319 y 872, ambos de 2023, de la municipalidad de Colbún firmados por el alcalde Pedro Pablo Muñoz Oses y al dictamen N° E370.774/2023, de 2023, suscrito por el Contralor Regional del Maule subrogante, que motivan este recurso. Esa infracción a la garantía constitucional aludida, según lo han fallado los Tribunales, se explicita porque de mi conducta como perjudicado al afectarme la sanción de destitución, fluye que tal sanción queda desprovista de toda proporcionalidad, por cuanto, tratándose de la destitución, es decir, el máximo castigo que puede imponerse a un funcionario, no es posible aplicarla en tanto no se verifiquen los supuestos legales previstos para su procedencia, específicamente una conducta de carácter grave e infractora al principio de probidad; por lo que de no existir tales presupuestos, los recurridos vulneran mi derecho a la igualdad ante la ley, puesto que no consideró ciertos aspectos relevantes al momento de graduar la sanción, lo cual conduce a que el acto administrativo que la aplica no cumpla con la debida obligación de fundamentación. Consecuencia de ello es que el castigo aparece excesivo e infractor del principio de proporcionalidad que debe regir en materia administrativa, tratando al recurrente de un modo desigual respecto de otros funcionarios que, afectados por un acto administrativo, tienen la posibilidad de obtener una ponderación de la autoridad, en relación a todas las particularidades que rodean su situación funcionaria.

2.- La integridad física y psíquica de toda persona (artículo 19 N°1). Al ser destinatario de un castigo tan extremo, como lo es la pérdida de mi trabajo, no hay duda que se afecta su derecho al acceso a un medio para la subsistencia, lo que se vuelve mucho más gravoso cuando tal situación emana de actos injustos, desprovistos de elementos básicos de justicia y equidad, causando una seria afectación a la salud psíquica ya que siente ser víctima de una injusticia y de la acción cruel y sin límite del exceso de poder de una autoridad que, coyunturalmente, llegó a la jefatura del servicio en el que laboraba.

3.- El artículo 20° de la Constitución precisamente permite que se recurra de protección cuando se afecta la garantía del artículo 19, N° 3°, inciso 5°, en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. El actuar del alcalde de Colbún, afecta en la forma y en el fondo el Debido Proceso lo que no fue debidamente advertido y corregido por la Contraloría Regional del Maule. Con el obrar de los recurridos se afecta en grado de privación la garantía constitucional que me asiste de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrada en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Cuando se utiliza abusivamente una facultad para “juzgar” sólo puede calificarse como una negación de justicia y, así, el juzgador se constituye una manifestación de una comisión especial, transformada en Tribunal, que no permitió una defensa efectiva, racional y objetiva, alejándose flagrantemente de un Debido Proceso.

En el caso expuesto, no se ha aplicado justicia, ni se han observado y respetado las normas y principios de un Debido Proceso, y tanto la investigación como las conclusiones no responden a un justo y racional procedimiento, sino que, por el contrario, han sido una manifestación de “voluntarismo” dirigido a desprenderse de un funcionario que, de otra forma debería estar trabajando en la función por la que fue contratado hace más de 5 años, como es su caso.

4.- La Constitución asegura a todas las personas, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (Art. 19, Nº24º); ya sea frente a su violación o riesgo de privación o conculcación de cualquiera de los atributos que la legislación le reconoce, como consecuencia de acciones abusivas, arbitrarias, injustificadas y agresivas, que importan una alteración ilegítima de las situaciones objeto de protección constitucional. El actuar de los recurridos tal como se ha venido diciendo, incurre en este tipo de hipótesis legal, ya que se afecta mi estabilidad en el cargo, que constituye un derecho incorporal protegido por la norma citada. Se ha reconocido que un funcionario no es dueño del cargo, pero que si tiene derecho a la función que realiza y a la estabilidad en el empleo mientras no concurre una causal legal para ser removido. No ha sido calificado en Lista 4 o en Lista 3, que permitirán su remoción, como tampoco, según ha expuesto, ha sido objeto de un sumario ilegalmente tramitado, ya que aquel que ha motivado mi destitución adolece de falta de objetividad, y racionalidad en la decisión que se ha adoptado, careciendo de legitimidad, legalidad y transformándose en una fuente de arbitrariedad que transgrede, en carácter de privación el derecho constitucional invocado.

Agrega que, por otra parte, una acción o proceder ilegal, que también lo constituye el obrar de los recurridos, es aquel que no está ajustado a derecho, constituyendo dicha disconformidad una infracción al ordenamiento jurídico que le priva de validez legal, particularmente tratándose de funcionarios públicos que deben actuar conforme a la legislación vigente, bajo el Principio de Legalidad y respetando estrictamente las normas y Principios que informan la Probidad Administrativa. En definitiva, si alguna persona ha infringido el principio de probidad ha sido el alcalde de Colbún, ya que con su obrar en contra de su persona, sin tener razones legales para ello, ha preferido el interés personal por sobre el del servicio, esto es la municipalidad de Colbún, sin respeto y observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo.

Pide, se acoja el recurso, con costas, procediéndose a declarar ilegal y arbitraria la medida disciplinaria de destitución que le fue aplicada mediante Decreto Alcaldicio N° 319, de 22 de febrero de 2023, ratificada por el Decreto Exento N° 872, de fecha 31 de marzo de 2023, que rechazó el recurso de reposición, ambos de autoría del recurrido el alcalde de la comuna de Colbún; como, asimismo, sea declarada arbitrario lo resuelto por el Dictamen N° E370.774/2023, de fecha 20 de julio de 2023, firmado por don nombre reservado, en su calidad de Contralor Regional (s), representando, como jefe superior del servicio a la fecha, a la recurrida la Contraloría Regional del Maule, todas las cuales, son resoluciones y actos administrativos ilegales y arbitrarios, que deben ser dejados sin efecto, resolviendo en definitiva que, en su lugar, cualquier sanción que pudiese – eventualmente – ser aplicada a raíz del sumario administrativo ordenado instruir por el Decreto Alcaldicio N° 1.901, de 2021 de la municipalidad de Colbún, debe ajustarse al real y objetivo mérito del proceso disciplinario indicado, que, en caso alguno permite imponer una medida de destitución del servicio, debiendo reabrirse el proceso administrativo para que se dicte una nueva resolución final, salvo la de destitución, ordenando el pago de la remuneraciones del período intermedio, sin perjuicio de solicitar que se ordene adoptar toda otra medida que estime conducente para – como ya ha señalado - restablecer el Derecho quebrantado y conculcado en calidad de privación, según expondré, todo ello por las razones de hecho y de derecho que se han expuesto en el cuerpo de lo principal de este escrito.

SEGUNDO: Que, a folio 9, don Patricio Martínez, Abogado, en representación judicial del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Colbún, informa, señalando que la acción de protección constitucional intentada, como se advierte, se deduce, también, en contra de la Contraloría Regional del Maule, en la persona de su máxima autoridad. Antecedente que debe destacarse especialmente, por cuanto – como se observará en el desarrollo del presente Informe – la I. Municipalidad de Colbún, en relación con los hechos y procedimientos a que se refiere la acción deducida, ha observado y debido observar en todo lo concerniente a la solución del conflicto con el recurrente, a las leyes y normas regulatorias de derecho público aplicables al caso, en estricta conformidad, además, a los Dictámenes correspondientes de la Contraloría General de la República.

Explica que con fecha 20 de julio del presente año, la Contraloría Regional del Maule, mediante Oficio Folio E 370774/2023- cuya copia fidedigna se acompaña – denegó hacer lugar al Reclamo de Ilegalidad interpuesto ante dicho órgano contralor por el recurrente de autos; y, fundando dicha resolución, expone , en los tres títulos o párrafos de la misma, (singularizados bajo los epígrafes I, II y III), un completo análisis (a) de los hechos principales en que se ha hecho consistir el conflicto objeto del recurso de protección ; (b) de los Fundamentos Jurídicos que han debido considerarse ; y, (c) del análisis de tales hechos frente al derecho que les es aplicable, sus fundamentos y conclusiones. La I. Municipalidad de Colbún y su Alcalde, a los efectos del presente Informe, hacen suyos todos y cada uno de los argumentos expuestos por la Contraloría Regional del Maule en su citado Oficio Folio E 370774/2023, de 7 de julio del presente año, especialmente en los párrafos de los títulos II y III de dicha resolución. Particular significación presentan los párrafos signados con los títulos II y III, que precisan y establecen claramente las razones de derecho público por las cuales la autoridad municipal no ha cometido en o con motivo de sus actuaciones, tanto de procedimiento como conclusivas (al dictar el Decreto Alcaldicio que resolvió la destitución del cargo del señor nombre reservado, ninguna ilegalidad ni arbitrariedad que pudieran ser objeto de un reproche constitucional como el intentado en el recurso que se informa.

Indica que, muy por el contrario, de la correcta aplicación de las normas de derecho público a las que ha debido ceñirse estrictamente el Alcalde recurrido, no emana ni pueden emanar lesiones de ilegalidad o arbitrariedad de garantías constitucionales como las invocadas a través de la acción de protección; puesto que el Alcalde, en cuanto responsable de la administración municipal activa, al decretar la medida de separación del recurrente, no ha hecho nada diferente a dar aplicación – más allá de su voluntad o potestad de resolución – a disposiciones imperativas de ley, como se verá a continuación. En cuanto a lo procedimental, en este caso se han observaron todas las normas del debido proceso, mediante la práctica efectiva de un completo sumario, ceñido estrictamente a la normativa que ordena esta clase de procesos - cuya copia fidedigna se acompaña - y que se explica y justifica en cuanto instrumento público por su propia existencia y contenido, constituyendo plena prueba. En cuanto a la decisión de separación o destitución del cargo del señor nombre reservado, como bien lo establece la resolución de la Contraloría Regional del Maule en su Oficio Folio E 370774/2023, antes citado, corresponde tener presente: “Al respecto se debe precisar que en la situación en comento , la superioridad calificó las faltas atribuidas como una infracción grave al principio de probidad administrativo , ponderación que concierne al ejercicio de sus prerrogativas, de modo que la aplicación de dicha sanción es consecuencia de la gravedad del incumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los artículos 58, letras c) y g), 61 letra b) y 82 letra a) de la ley N° 18.883, lo que permite concluir que se encuentra ajustada a derecho, decisión que es armónica con lo sostenido en los dictámenes N° 86.483, de 2016 y N° 11.535, de 2020, de este Órgano de Control, entre otros” (párrafo 6 del título Título III, página 3 del Oficio de Resolución citado). “A su vez, en lo relativo a la desproporción del castigo impuesto, así como de la falta de ponderación de las circunstancias excepcionales que invoca el recurrente, provocada por el COVID 19, es necesario hacer presente que el inciso segundo del artículo 123 de la Ley N° 18.883, prevé que la destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativo” (Párrafo 7 del Título III, página 4 del Oficio de Resolución citado). “Así entendido, al estar asignada por la ley la destitución respecto de quienes incurran en una vulneración grave al mencionado principio según fue determinado en la especie – la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria (el Alcalde) se encuentra en el imperativo de disponer la anunciada sanción expulsiva, sin que pueda aplicar otra medida, ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad del inculpado, criterio que se encuentra en armonía con lo sostenido por los Dictámenes N°s 24.591, de 2015 y 16.567, de 2017, de este origen entre otros” (Párrafo 8 del Título III, página 4 del Oficio de Resolución citado. Subrayados y remarcados nuestros).

Considera que, de los párrafos citados precedentemente, en forma literal, se infiere que, encontrándose establecidos, a través de un debido proceso sumarial administrativo, los hechos de responsabilidad del recurrente que han constituido vulneración grave al principio de probidad administrativa, no puede ni ha podido legalmente el Alcalde de la I. Municipalidad de Colbún – cualquiera fuese la persona que ejerciera dicho cargo y sus facultades, y cualquiera fuese el responsable de la vulneración – aplicar otra sanción distinta que aquella de destitución o separación del recurrente establecida como sanción única para el caso por la ley. Porque la norma legal así lo dispone imperativamente, no estableciéndose en ella otras alternativas diferentes, ni facultando a quien debe decidir para analizar circunstancias minorantes de responsabilidad que conllevaran a una solución distinta. El principio rector del derecho público se contiene en el conocido adagio jurídico que dice que, dentro de esa esfera normativa los obligados a cumplir sus disposiciones sólo pueden hacer aquello que la ley les manda a hacer. De modo diferente a lo que sucede en la esfera del derecho privado, en la cual las personas pueden hacer cuanto deseen o aspiren, salvo aquello que la ley les prohíbe expresamente.

Agrega que la acción de protección constitucional tiene por objeto y finalidad conceder a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales protegidos especialmente por la misma Constitución. Recuerda que las corporaciones municipales y sus autoridades de administración efectiva, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria de derecho público que las rige, se encuentran especialmente ceñidas en su actuar al severo y permanente control del órgano de Control central y regional que, con especialísima autonomía y facultades jurisdiccionales establece la Ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República. Las corporaciones municipales del país y sus autoridades se encuentran imperativamente obligadas a cumplir las normas legales propias aplicables, y de cuyo efectivo control periódico se encomienda a la Contraloría General y sus organismos regionales respectivos.

Estima que, como se desprende de la revisión del procedimiento sumarial incoado, en forma precedente al decreto que dispuso la destitución del recurrente, la Contraloría Regional del Maule, en ejercicio de sus propias potestades, ha conocido de los hechos en que se hace consistir el presente recurso de protección en diversas oportunidades, aún anteriores a la dictación misma del Decreto de cuya impugnación de ilegalidad o vulneración de derechos constitucionales se trata, velando conjuntamente con el Municipio por el estricto respeto a las garantías constitucionales del recurrente. Y, es precisamente de este conocimiento común del caso y su desarrollo, entre la I. Municipalidad de Colbún y la Contraloría Regional del Maule, cada uno de ellos dentro de su propia esfera de competencia específica, de donde emana la especial circunstancia de que el presente recurso haya sido encaminado, por el recurrente, en contra de ambos institutos. En síntesis, el Alcalde de la I. Municipalidad de Colbún no ha hecho más, en este caso, que dar cumplimiento a una norma imperativa de ley, sin que dicha norma establezca opciones o alternativas diferentes, acto que como tal no supone ni puede suponer infracción de ley o ilegalidad, ni tampoco arbitrariedad.

Pide, rechazar en todas sus partes el recurso deducido que se informa, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que a folio 13, informa don nombre reservado, Contralor Regional, quien alega:

1.- Falta de legitimación pasiva en relación al acto que supuestamente produce agravio al recurrente. Si bien el actor recurre, en lo que respecta a esa Contraloría Regional, en contra del oficio E370774, de 2023, que rechazó el reclamo deducido por el recurrente en contra de la medida disciplinaria de separación que se le aplicó por la Municipalidad de Colbún, lo cierto es que lo verdaderamente impugnado es el decreto alcaldicio N° 872, de 2023, a través del cual ese municipio le aplicó la medida de destitución, luego del rechazo del recurso de reposición que el interesado dedujera en contra del decreto alcaldicio N° 319, de igual anualidad. En efecto, los actos que presuntamente habrían causado agravio al señor nombre reservado fueron emitidos por la Municipalidad de Colbún, siendo el precitado oficio N° E370774, de 2023, de ese origen, emitido a solicitud del actor con ocasión de su reclamo de ilegalidad. Confirma lo anterior el petitorio del recurso en lo relativo a lo actuado por la Municipalidad de Colbún, al solicitar “declarar ilegal y arbitraria la medida disciplinaria de destitución que me fue aplicada mediante decreto alcaldicio N° 319, de 22 de febrero de 2023, ratificada por el decreto exento N° 872, de fecha 31 de marzo de 2023, que rechazó el recurso de reposición, ambos de autoría del recurrido el alcalde de la comuna de Colbún”, sin que se pueda inferir, pese a las alegaciones efectuadas en su recurso, que las actuaciones de esa Sede Regional sean ilegales o arbitrarias.

Explica que en el apartado III de su libelo, el actor hace referencia a algunos párrafos del oficio de este origen, pero no indica en qué sentido sería ilegal o arbitrario, sino que, nuevamente, se limita a cuestionar el actuar del fiscal instructor y, en definitiva, de la autoridad municipal. De esta manera, lo que pretende el actor mediante la presente acción cautelar es que esa Iltma. Corte de Apelaciones revise un procedimiento disciplinario afinado y, a su vez, que deje sin efecto el acto administrativo de la Municipalidad de Colbún que dispuso la medida disciplinaria en comento, toda vez que esa actuación es la que eventualmente causaría un agravio al interesado. Reafirma lo anterior el hecho de que, en su recurso, el actor efectúa nuevamente alegaciones que ya fueron ponderadas en el proceso disciplinario, así como en el oficio emitido por esta Entidad de Control, advirtiéndose inequívocamente su aspiración de utilizar el presente arbitrio como una instancia recursiva respecto del sumario administrativo en que resultó sancionado y en que ya agotó todas las instancias que dicho procedimiento reglado contempla. De ese modo, la presente acción de protección en ningún caso debió dirigirse en contra de ese Órgano de Control, por lo que corresponde que se desestime el recurso de autos, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de esta Contraloría Regional del Maule.

2.- En relación con lo preceptuado en el artículo 54 de la ley N° 19.980 en relación con el acto impugnado respecto de esta Sede Regional de Control, hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880, interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Luego, el inciso segundo de ese artículo dispone que, planteada una reclamación ante la Administración se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Añade que el término volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del mismo. En la especie, el actor presentó ante la Contraloría Regional del Maule el reclamo contemplado en el artículo 156 de la ley N° 18.883, respecto de los citados decretos alcaldicios N°s. 319 y 872, ambos de 2023, del municipio de Colbún, que, al término del aludido proceso disciplinario, le aplicaron la medida disciplinaria de destitución, lo que determinó la interrupción del plazo para interponer la presente acción cautelar en contra de dicho acto. En consecuencia, agotada la vía administrativa con la notificación del oficio N° E370774, de 2023, de esa Sede Regional, -efectuada el 20 de julio de esa anualidad- que resolviera la reclamación intentada acerca de los antedichos decretos alcaldicios, de conformidad con lo dispuesto en el indicado inciso segundo del artículo 54 de la ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de ese Organismo de Control, sino únicamente en contra de la Municipalidad de Colbún, quien fue el que emitió el acto que, eventualmente, sería susceptible de causar el agravio que reclama el recurrente. De ese modo, en el supuesto de ser procedente la impugnación de la referida sanción disciplinaria por la vía del recurso de protección, lo que, como se señala en el acápite III de este informe, es improcedente, en ningún caso debió dirigirse este último en contra de este Órgano Fiscalizador, toda vez que el agravio alegado en autos no tiene su origen en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de esta Entidad Fiscalizadora, sino que en la decisión del anotado municipio que fue el que sustanció y resolvió el sumario administrativo cuestionado, procedimiento que, cabe destacar, se realizó por determinación del municipio y no por instrucción de esa Entidad de Control.

3.- En relación a las peticiones de fondo formuladas en el recurso, señala que de la lectura del recurso interpuesto, se advierte que lo pretendido por el actor es que se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta en el sumario instruido por la Municipalidad de Colbún, al requerir -en su petitorio, parte del cual se transcribió en el presente informe y que se complementa en ese apartado- que “cualquier sanción que pudiese -eventualmente- ser aplicada a raíz del sumario administrativo ordenado instruir por el Decreto Alcaldicio N° 1.901, de 2021 de la Municipalidad de Colbún, debe ajustarse al real y objetivo mérito del proceso disciplinario indicado, que, en caso alguno permite imponer una medida de destitución al servicio, debiendo reabrirse el proceso administrativo para que se dicte una nueva resolución final, salvo la de destitución ordenando el pago de las remuneraciones del período intermedio…”.

Estima que es claro del petitorio transcrito, que la pretensión del recurrente, no puede ser satisfecha por actuación alguna de esa Entidad de Control, por cuanto, por una parte, la facultad para disponer la reapertura de un sumario afinado radica en la jefatura sancionadora, la que debe resolver si existe o no mérito suficiente para acceder a la reapertura, y por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado, el recurrente pretende condicionar cualquier eventual reapertura del sumario a la obtención de un resultado más favorable a sus intereses, al señalar que ella concluya con una resolución final que no le aplique la medida de destitución. Asimismo, la petición referida a que se ordene “el pago de las remuneraciones del período intermedio”, resulta también ajena a cualquier eventual medida reparatoria que pudiera adoptarse por parte de esa Entidad de Control, sin perjuicio, que esta Contraloría recibió del Municipio antecedentes de los que fue posible advertir, que el pago de las remuneraciones al señor nombre reservado fue dispuesto desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 13 de marzo de 2023, mediante el decreto alcaldicio N° 1.644, de 2023, el que de los antecedentes aportados, aparece se habría concretado en julio del presente año.

Acota que es improcedente el recurso de protección en contra de un sumario administrativo, por cuanto, por su intermedio, más que procurarse la defensa de derechos constitucionales determinados e indubitados, se busca discutir y controvertir el mérito de las actuaciones y decisiones adoptadas en el procedimiento disciplinario instruido por la Municipalidad de Colbún, pretendiendo que se resuelva acerca de la responsabilidad administrativa del actor en los hechos que fueron objeto del reproche formulado en dicho procedimiento, lo cual, por cierto, resulta ajeno al ámbito que pretende cautelar la acción de la materia. En efecto, al deducir la presente acción, el recurrente busca cuestionar, en primer término, la medida disciplinaria de destitución aplicada por dicho ente comunal, aspirando a que se revise nuevamente el mérito de lo resuelto en el sumario administrativo, lo que excede con creces la naturaleza cautelar del recurso de protección y, enseguida, es evidente que pretende que se analice el criterio jurídico contenido en el citado oficio N° E370774, de 2023, de este origen, en cuya virtud esa Sede Regional de Control desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el señor nombre reservado. En ese contexto, destaca que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como intenta el recurrente, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos, los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones, las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores, la formulación de cargos y su debido emplazamiento, la amplia admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso, la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos puedan hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos administrativos -ante el pertinente organismo de la Administración activa- que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se apliquen. Al respecto, la Excma. Corte Suprema, en la sentencia rol N° 14.091-2019, de fecha 6 de septiembre de 2019, dictada en una causa interpuesta por una funcionaria del Servicio de Salud Valdivia en contra de dicha repartición, impugnando la medida disciplinaria de destitución que le fuera impuesta en un sumario administrativo, por falta grave a la probidad, en relación con hechos constitutivos de negligencias e irregularidades en el manejo de una unidad, en la que se desempeñaba como jefatura de la misma, expresó en su considerando 8° “Que la recurrente cuestiona la manera como se valoraron los antecedentes del sumario administrativo, lo que constituye una ponderación en cuanto al fondo. Sobre el punto, se debe recordar que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, derecho que la actora ejerció, llegando incluso a la Contraloría General de la República, la que en definitiva visó la juridicidad de la Resolución impugnada en estos autos, poniendo término a la controversia en sede administrativa”, agregando, en lo pertinente, el considerando 9° “Que como se advierte, el cuestionamiento de la recurrente se relaciona con aspectos de mérito y ponderación que son privativos de la autoridad que conoce el sumario...”.

Relata que considerar el criterio consignado en el considerando 8° de la sentencia dictada en autos rol N° 73.999-2020 de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, confirmado por la Excma. Corte Suprema en los autos rol N° 5.395-2021 que expresó: “La legalidad de un procedimiento administrativo no puede ser revisada, a juicio de esta Corte, mediante un recurso de protección, pues éste tiene finalidades diversas y no se encuentra en la cadena recursiva que contemplan las normas administrativas, en especial el Estatuto Administrativo general y el particular de los funcionarios municipales”. Resulta ilustrador agregar lo razonado en el considerando 9° de la mencionada sentencia, en tanto señala “Que, finalmente, hay que recalcar que se está frente al uso indiscriminado y erróneo del recurso de protección, el que ha sido utilizado como si fuera un medio de impugnación ordinario que permitiera recurrir de toda clase de actuaciones y resoluciones de autoridades administrativas, que éstas han ejecutado o dictado en el marco de sus legítimas atribuciones, ya que ellas les han sido entregadas por la Constitución y las leyes”. Así, es evidente que el asunto recurrido no es una materia que corresponda ser dilucidada por ese medio, ya que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que cautela aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y por ende en situación de ser amparados, lo que no acontece en la especie.

Expresa que, aceptar una tesis contraria implicaría que todo procedimiento disciplinario en que se sancione a un funcionario terminaría siendo conocido por los Tribunales Superiores de Justicia mediante la presente vía cautelar, transformando el recurso de protección en un subterfugio para llegar a estos y tener una instancia nueva de revisión en materia de sumarios administrativos.

Alega ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en la resolución del reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 156 de la ley N° 18.883, pues no se advierte de qué manera el aludido oficio E370774, de 2023, que desestimó el reclamo de ilegalidad del actor, sería ilegal, toda vez que fue emitido en virtud del artículo 156 de la ley N° 18.883, que consagra respecto de los funcionarios municipales, el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere ese Estatuto, facultad que le fue delegada por el Contralor General a las Contralorías Regionales, mediante su resolución N° 1.002, de 2011. De esa forma, el aludido pronunciamiento fue emitido de acuerdo con la habilitación de la mencionada norma y con motivo del reclamo interpuesto por el propio actor en relación con la medida que le impuso la Municipalidad de Colbún, efectuando un análisis razonado de los argumentos expuestos en su reclamación, de los antecedentes sumariales, como de las actuaciones practicadas por dicho órgano comunal, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. Tampoco puede considerarse arbitrario dicho oficio, ya que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue emitido, como se dijo, luego de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, y de la debida ponderación de estos, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de este Órgano de Control. A mayor abundamiento, según lo establecido en las letras c) y d) del artículo 63 de la ley N° 18.695, al alcalde le corresponde velar por la observancia del principio de probidad administrativa y disponer las sanciones al personal de su dependencia, lo que permite colegir que el legislador ha radicado en aquel, en su calidad de máxima autoridad de la entidad edilicia y titular de la potestad disciplinaria, las más amplias facultades para ponderar las circunstancias que ameriten determinar las medidas pertinentes conforme al mérito del sumario. En consecuencia, esa Contraloría Regional del Maule, mediante la emisión del oficio N° E370774, de 2023, en ejercicio de sus facultades y ante la reclamación presentada por el señor nombre reservado acerca de la medida expulsiva aplicada por el municipio de Colbún, realizó un adecuado estudio del proceso sumarial a la luz de la normativa y de la jurisprudencia administrativa aplicable, determinando que no se advirtieron irregularidades o infracciones a la normativa vigente al disponer la sanción cuestionada mediante el decreto N° 872, de 2023, de la Municipalidad Colbún, por lo que se desestimó la reclamación. Así, el hecho de que el criterio contenido en el mencionado pronunciamiento haya sido adverso al señor nombre reservado no transforma en arbitrarias las actuaciones recurridas.

Señala, sobre las alegaciones formuladas en el recurso y no obstante que las consideraciones precedentes son suficientes para que se rechace sin más trámite la acción intentada en estos autos, para el evento que se considere del caso analizar el fondo del problema planteado, se ha estimado conveniente formular las siguientes precisiones, haciendo presente que todas las alegaciones formuladas en la presente acción fueron planteadas por el actor en su reclamo de ilegalidad formulado al tenor del artículo 156 de la ley N° 18.883 y desestimadas en el oficio N° E370774, de 2023, de esa Contraloría Regional.

1.- En cuanto a la ponderación de la prueba rendida, se advirtió que con ocasión de lo instruido por esta Entidad de Control, mediante el decreto alcaldicio N° 1.849, de 2022, esa municipalidad dispuso la reapertura del proceso sumarial, procediéndose a abrir un término probatorio en el que se rindió la prueba testimonial ofrecida por el afectado a fojas 154 y siguientes del expediente. Indica, que los cargos formulados al recurrente -que se exponen en el presente informe- consistieron, sucintamente, en por una parte, atribuirse una prerrogativa que legalmente sólo puede ser ejercida por el alcalde, de conformidad con el artículo 63 letra II) de la ley N° 18.695 al contratar a una prestadora de servicios a honorarios, y por otra, en una serie de irregularidades en relación con la ejecución del programa de entrega de fardos correspondiente al año 2020, situaciones estas últimas, que le fueron imputadas, por cuanto, aquello era concerniente a las funciones que le correspondía como Jefe de la Unidad Técnica de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local.

Reseña, en lo que atañe al primer cargo, atribuirse una competencia propia del alcalde para contratar, no sólo constituye una infracción grave a la probidad sino que vulnera los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, de modo que dicha conducta por su gravedad reviste el mérito suficiente para la procedencia de la sanción que se le aplicó en el sumario administrativo, teniendo presente que su ocurrencia resultó plenamente acreditada en el respectivo expediente sumarial. En lo que atañe al segundo cargo, en cuanto a las irregularidades en la ejecución del programa de entrega de fardos 2020, la vista fiscal da cuenta, entre otros aspectos, que se revisaron los 8 archivadores correspondientes al referido programa, de cuyo análisis se constató la ocurrencia de las irregularidades que motivan el reproche. Así, en lo que atañe a la responsabilidad administrativa del recurrente, se apreció que la vista fiscal contiene la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, siendo ponderada la prueba rendida en el considerando VIII de aquel dictamen, resolviendo la autoridad dotada de la potestad disciplinaria aplicar al inculpado la medida de destitución, por estimar que se encuentra acreditada su responsabilidad administrativa, al haber vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa en relación con los hechos imputados. Al respecto, se debe relevar que el mérito que puedan tener los diversos elementos probatorios que consten en la investigación, es un aspecto que debe ser apreciado por quien substancia el proceso disciplinario y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, de manera que no resulta procedente que esta Contraloría sustituya a la Administración activa en la ponderación de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre la responsabilidad disciplinaria del funcionario, como se colige que solicita el recurrente.

2.- En cuanto a la supuesta desproporción de la sanción impuesta y a la falta de ponderación de las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, indica que cuando la ley asigna una sanción específica para una determinada vulneración, como acontece en el caso de infracciones de las disposiciones de las letras l) del artículo 82 de la ley N° 18.883, el artículo 123, letra c), del mismo cuerpo normativo, en que expresamente se señala que procede la medida de destitución, y por ende la autoridad edilicia se encuentra en el imperativo de disponerla. En todo caso, la apreciación de los elementos de convicción y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad son aspectos que corresponde establecer a la autoridad sancionadora. En efecto, la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida queda entregada a la autoridad municipal, habiendo verificado esta Entidad de Control que, en la situación en comento, la superioridad calificó las faltas atribuidas como una infracción grave al principio de probidad administrativa, ponderación que concierne al ejercicio de sus prerrogativas. Sin perjuicio de ello, en el caso analizado, la sanción impuesta se correspondía con la gravedad de los hechos imputados y acreditados durante la investigación, y así lo ponderó la superioridad al disponer la sanción expulsiva. Por lo tanto, esa Contraloría Regional no advirtió irregularidades en tal sentido.

3.- En cuanto a la imposición de la sanción por un hecho que no habría sido materia de imputación, aclara que la sanción de destitución impuesta al recurrente, se fundó exclusivamente en la responsabilidad administrativa, que resultó acreditada a su respecto en relación con los cargos que se le formularon en el proceso sumarial instruido. En ese contexto, y en atención a que las alegaciones planteadas por el actor no permitieron desvirtuar la responsabilidad administrativa que se le atribuyó en los sucesos indagados, esta Entidad de Control rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el recurrente en contra de la medida disciplinaria de separación que se le aplicó.

Por lo que carece de asidero lo expresado por el recurrente en relación con que la sanción se habría aplicado considerando un hecho que no fue materia de cargos, por cuanto como ya se ha expresado en el presente informe, los cargos acreditados se condicen con la sanción aplicada, teniendo presente que el primer cargo formulado por si solo constituye una vulneración a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y el segundo cargo, que también resultó acreditado, denota una serie de irregularidades en el proceso de entrega de fardos año 2020, lo que también infringe la probidad y que como se ha señalado, sancionar con una medida expulsiva, conductas como aquellas en que incurrió el recurrente, a propósito del segundo cargo, resulta armónico con el criterio sostenido por la Excma. Corte Suprema, en situaciones similares, a saber, fallo rol N° 14.091, de 6 de septiembre de 2019.

4.- Respecto de los Derechos constitucionales supuestamente vulnerados 4.1.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, relata que la alegación del recurrente, de que el castigo disciplinario le causaría “una seria afectación a la salud psíquica ya que siento ser víctima de una injusticia y de la acción cruel y sin límite del exceso de poder de una autoridad…”, precisa que la garantía invocada protege el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, sin que se acredite de manera alguna la afectación la integridad física del recurrente y la forma en que el que el pronunciamiento emitido por esa entidad ha podido producir tal afectación ello teniendo, además, presente, que no fue esa entidad de Control quien aplicó la medida de destitución al recurrente. El solo hecho de que el señor nombre reservado, no comparta las conclusiones jurídicas arribadas con ocasión de su propio requerimiento, no convierte el oficio de este origen en un acto capaz de malograr su salud, por lo que debe resolverse que el recurso intentado no puede prosperar. Ello, sumado a que el actor no ha acompañado antecedentes que den cuenta de la supuesta afectación de su salud.

4.2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Señala que, si bien el actor considera como garantía supuestamente infringida aquella contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, no señala en qué casos similares esa entidad de Control habría actuado en modo diverso al de la especie, no proporciona elementos de juicio, ni ha acreditado con medio de prueba alguno, de qué forma la actuación de esta Institución Contralora habría conculcado el derecho invocado, por lo que no resulta posible sostener que existió un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado el derecho a la igualdad ante la ley frente a situaciones idénticas, el que, como queda demostrado, ha sido estrictamente respetado por ese organismo fiscalizador. En ese contexto, destaca que el referido derecho ha sido absoluta y estrictamente respetado por ese organismo de control, toda vez que su intervención se circunscribe a resolver el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 156 de la ley N° 18.883, como lo hace habitualmente cuando dichos reclamos son deducidos, a requerimiento expreso del recurrente. Luego, a esa entidad fiscalizadora solo le corresponde objetar jurídicamente la decisión de un sumario, si del examen de los antecedentes se aprecia alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien si se observa una resolución de carácter arbitrario, lo que no se advirtió en la especie, según se ha explicado en ese informe. Por lo demás, si se hubiese resuelto la situación planteada por el peticionario de manera distinta, ello sí habría constituido una vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley que se invoca, pues se habría aceptado que el señor nombre reservado no se encuentra sujeto a las normas y jurisprudencia anteriormente señaladas. Así entonces, no resulta posible sostener que el aludido servidor haya recibido un tratamiento discriminatorio que quebrantara su derecho a la igualdad ante la ley al haber emitido el oficio E370774 de 2023, siendo del caso añadir que ese organismo de control, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa y la jurisprudencia existente en la materia, sin establecer diferencias arbitrarias ni antojadizas.

4.3.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, acota que el recurrente se refiere confusamente a ese derecho, careciendo de rigurosidad jurídica en cuanto a que, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección sólo ampara el derecho y garantía establecido en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, en lo relativo a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Sobre ese aspecto, señala que esa entidad de control se circunscribió a resolver el reclamo de ilegalidad formulado por el recurrente, al tenor del artículo 156 de la ley N° 18.883, por lo que en ningún caso su actuación podría ser en calidad de comisión especial, sino que lo fue a expresa solicitud del recurrente y al amparo de norma legal expresa que confiere la facultad. En efecto, artificiosamente el recurrente intenta invocar como conculcada esta garantía, al señalar que “el juzgador se constituye una manifestación de una comisión especial, transformada en Tribunal, que no permitió una defensa efectiva, racional y objetiva, alejándose flagrantemente de un Debido Proceso”, correspondiendo manifestar que esa entidad de control no interviene en calidad de juez al ejercer sus atribuciones constitucionales y legales. Además, extiende la interpretación de dicha protección constitucional señalando que “no se ha aplicado justicia, ni se han observado y respetado las normas y principios de un Debido Proceso, y tanto la investigación como las conclusiones no responden a un justo y racional procedimiento”.

Considera, sin perjuicio de que corresponde desestimar la acción interpuesta por ser improcedente respecto de la extensión que pretende darle el recurrente a esta garantía fundamental, es útil añadir, por una parte, que en ningún caso podría considerarse que ese ente de control actuó como una comisión especial, pues se limitó a pronunciarse acerca del reclamo funcionario deducido por el propio señor nombre reservado ante ese organismo de control, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156 de la ley N° 18.883 y, por otra parte, que en la etapa indagatoria y acusatoria del procedimiento disciplinario examinado, el inculpado ejerció todos los derechos que la ley le franquea, lo que puede comprobarse de la lectura de sus descargos, recursos, presentaciones y prueba aportada ante la Municipalidad de Colbún, todas atendidas, ponderadas y resueltas fundadamente.

4.4.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, precisa que el actor señala que “se afecta mi estabilidad en el cargo, que constituye un derecho incorporal protegido por la norma citada”. La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha declarado que ni siquiera el nombramiento de un funcionario público como titular de un empleo -siendo necesario precisar que el actor se desempeñaba a contrata en el municipio- confiere el derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse en la concepción patrimonial que involucra el dominio. Así, dicha titularidad otorga el derecho a ejercer la función en tanto no exista una causal legal de expiración de ella. Luego, acorde con los artículos 46 de la ley N° 18.575 y 123 de la ley N° 18.883, todo servidor que ha ingresado a un cargo público tiene derecho a permanecer en él en la medida que no concurra una causa legal de expiración de funciones, como aconteció en la especie, en que se configuró precisamente una de ellas, consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. También los Tribunales Superiores de Justicia han puntualizado que, en lo relativo a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza, tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración. En efecto, la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter, que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional. Así, sostener un criterio contrario importaría establecer que cualquier aplicación de una sanción disciplinaria expulsiva implicaría una vulneración al bien jurídico analizado, lo que, por cierto, haría inoperante la potestad disciplinaria de los órganos del Estado.

Concluye que, atendidos los antecedentes y consideraciones expuestos, y teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas y las atribuciones que asisten a este Organismo Contralor, corresponde que se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

CUARTO: Que en autos se ha invocado la vulneración de igualdad ante la Ley (Art. 19, Nº2º); la integridad física y psíquica de toda persona (artículo 19 N°1), al ser destinatario de un castigo tan extremo, como lo es la pérdida de mi trabajo; se afecta la garantía del artículo 19, N° 3°, inciso 5°, en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, por cuanto el actuar del alcalde de Colbún, afecta en la forma y en el fondo el Debido Proceso lo que no fue debidamente advertido y corregido por la Contraloría Regional del Maule; y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (Art. 19, Nº24º), puesto que se afecta su estabilidad en el cargo, que constituye un derecho incorporal protegido por la norma citada.

Los actos que afectan tales derechos son la medida disciplinaria de destitución que le fue aplicada mediante Decreto Alcaldicio N° 319, de 22 de febrero de 2023, ratificada por el Decreto Exento N° 872, de fecha 31 de marzo de 2023, que rechazó el recurso de reposición, ambos de autoría del recurrido el alcalde titular de la comuna de Colbún; y el Dictamen N° E370.774/2023, de fecha 20 de julio de 2023, firmado por don nombre reservado, en su calidad de Contralor Regional (s), que resolvió que la decisión final era competencia de la municipalidad de Colbún, por ser un aspecto que debe ser apreciado por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, sin encontrar, vicios de ilegalidad y arbitrariedad.

QUINTO: Que oídos los alegatos en estrados y revisada la documental allegada a la presente acción constitucional, puede concluirse lo siguiente:

1°) Que en cuanto a la falta de legitimación pasiva, se debe considerar que el recurrente lo hace directamente respecto de dicha institución, así lo expresa en la página 1 de su escrito, luego relata la intervención de la recurrida Contraloría General de la República en las páginas 14 y 15, y así aparece en el petitorio en la página 18.

Tampoco puede justificar la falta de legitimación pasiva alegada lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley 19.980, toda vez que estamos en presencia de una acción constitucional de cautela de derechos fundamentales y por lo tanto, se debe entrar al fondo de la vulneración alegada y no puede privarse de esta herramienta de protección de derechos fundamentales, pretendiendo aplicar normas administrativas que no vienen al caso de esta acción constitucional.

A mayor abundamiento, las peticiones del recurso son congruentes con las acciones que el recurrente le imputa a dicha recurrida, por lo que no hay falta de legitimación pasiva en razón del petitorio del recurso.

Por todas estas consideraciones dicha alegación debe ser desestimada.

2°) Que, respecto de la improcedencia del recurso de protección contra sumarios administrativos, ello no resulta acertado pues, justamente, en dichos procedimientos es el Estado quien, por una vía disciplinaria, realiza investigaciones que pueden afectar derechos, de manera que el control del Estado sancionador debe ser efectivo, y en caso alguno las acciones constitucionales que tutelan derechos de las personas pueden ser marginados a priori, ello es distinto de constituir a la Cortes de Apelaciones en tribunales de instancia, toda vez que no es procedente analizar el mérito de lo ponderado, sino que simplemente velar por el respeto de los derechos fundamentales de los recurrentes, particularmente en estos casos, los derechos y garantías del debido proceso y la igualdad ante la ley.

3°) Que respecto del fondo, aparece del recurso en sí, como de los alegatos, que lo perseguido por la recurrente es cuestionar una decisión administrativa que impone una sanción; sin embargo, no se advierte de tales argumentos una ilegalidad ni arbitrariedad que vulnere los derechos que reclama afectados la recurrente.

En efecto, la presente acción, razona sobre el mérito de las ponderaciones del sentenciador administrativo, pero no indica cuales son las ilegalidades cometidas. Más aun, existe un examen de legalidad y juridicidad por parte de la Contraloría General de la República, quien tampoco advierte ninguna anomalía que rectificar o un vicio que invalide lo actuado. Todo lo relatado en el recurso se reduce a cuestiones de hecho, de si estuvo bien o no, si hubo errores de buena fe o no, pero nada de ello da cuenta de la existencia de un derecho indubitado: No se indica en relación a quien o quienes no se respetó la igualdad ante la ley; tampoco aparece que lo actuado vulnere la integridad física o psíquica del recurrente, ya que la pérdida de un trabajo es un acontecimiento siempre posible para quien lo tiene; tampoco hay una comisión especial, hay un sumario administrativo cuyo actuar fue revisado por el órgano pertinente, Contraloría General de la República, y en cuya decisión tampoco aparece ni se constata una ilegalidad ni arbitrariedad; del mismo modo tampoco hay antecedentes que den cuenta de la vulneración del derecho de propiedad, particularmente sobre su empleo, pues, como ya se reseñó, siempre cabe la posibilidad de que el empleo se pierda.

4°) Que tampoco se puede dejar de señalar que la acción de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, que busca a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, indubitados, a través de los mecanismos de resguardo que se soliciten y se consideren idóneos para tal efecto, cuando un acto arbitrario o ilegal ha impedido, perturbado o amenazado su libre ejercicio, resultando determinante para acoger la acción, la constancia del carácter preexistente e indiscutido del derecho supuestamente afectado o vulnerado, situación que no se verifica en la especie porque los derechos cuya protección se solicita por esta vía, no tienen el carácter de indubitado.

La falta del carácter de indubitado de los derechos supuestamente afectados, implica que la discusión de los mismos debe permitir a las partes la posibilidad de rendir prueba suficiente para acreditar los hechos que sustenten su derecho, lo que en el caso concreto de los recursos constitucionales, no es posible atendida su naturaleza cautelar y no declarativa de derechos.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y lo señalado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de folio 1, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible para recurrir.

Redactado por el Ministro don Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Ingreso Corte N°1662-2023 Protección.

Se deja constancia que no firman el Ministro (S) don Jaime Cruces Neira y el Abogado Integrante don Rodrigo de la Vega Parara, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, el primero por haber concluido su suplencia y, el segundo, por encontrarse ausente.