nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Talca, siete de septiembre de dos mil veintiuno.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero; Que nombre reservado dependiente, de nacionalidad venezolano y domiciliado en domicilio reservado, ha deducido recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria sus derechos garantizados en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, consistente en no pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo legal establecido.

Al efecto y en lo pertinente, señala que el 01 de marzo del año 2018 ingresó a Chile por el Complejo Fronterizo Chacalluta, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas, otorgándole la Gobernación Provincial de Talca Visa Temporaria en calidad de Titular mediante Resolución Exenta Nº 8391 de fecha 10 septiembre del año 2018, documento que tenía vigencia desde el 01 de octubre del año 2018 hasta el 04 de octubre del año 2019, con prorroga mediante Resolución Exenta N° 6853, de fecha 17 de diciembre de 2019. Cumplido lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, esto es, antes del término de 90 días continuos y antes del vencimiento de su Visa Temporaria, esto es, el 04 de octubre del año 2020 envió su solicitud de Permanencia Definitiva, por lo que a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl realizó dicho trámite, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite.

Agrega que sin embargo, su solicitud de Permanencia Definitiva no ha sido resuelta a la fecha, aun cuando ya han transcurrido más de ocho meses, desde el inicio de la tramitación, todo lo cual se desprende de las capturas de pantalla que inserta y que dan cuenta del estado en el que se encuentran sus solicitudes. Además, actualmente cuando ingresa a la página web para verificar el estatus de su solicitud de permanencia definitiva el estado es el mismo: “etapa: admisibilidad estado: pendiente”.

Por otra parte, esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Departamento de Extranjería y Migración le ha traído graves consecuencias, debido a las limitaciones en cuanto a poder tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, desde las más básicas, hasta las más complejas del quehacer diario en este país, por ejemplo; no puede acceder a trámites bancarios, suscribir un contrato de tv por cable, adquirir un plan de telefonía celular, suscribir contratos de arriendo, otorgar cualquier otro documento en notarias, acceder a un nuevo empleo, solicitar informes comerciales y en general todas las que pudiera realizar cualquier ciudadano con un carnet de identidad vigente.

Agrega que a mayor abundamiento y a modo de ejemplo, el real perjuicio que le irroga permanecer en este país en su condición actual, esto es, sin Cédula de identidad vigente, da cuenta de algunos trámites que no puede efectuar. El no contar con permanencia definitiva le ha impedido acceder al sistema financiero chileno e incluso a la compra de inmuebles o bienes sujetos a financiamiento para mejorar la calidad de vida de su hija y la suya propia, ni poder optar a los beneficios que otorga el Estado, como lo es el subsidio habitacional para la compra de una vivienda y que los extranjeros sin cédula de identidad vigente ni residencia definitiva podrían obtenerlo.

Reitera que de la relación de los hechos acaecidos se advierte que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la administración pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado, especialmente el de celeridad, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, ya que no ha recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite, pese a haber pasado más de ocho meses desde que ingresé su solicitud, sin que ésta haya sido resuelta. De este modo, resulta evidente la omisión arbitraria y el incumplimiento por parte del ente recurrido de la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

Seguidamente transcribe los artículos 31, 41, 42 y 43 del Decreto Ley N° 1.094 y artículo 80 de su Reglamento, para enfatizar que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias las siguientes circunstancias para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva:

a. El otorgamiento del permiso de Permanencia Definitiva a los extranjeros que tengan la calidad de residente se hará con sujeción a los plazos de residencia en el país que señalan las normas pertinentes.

b. El residente temporario que complete un año de residencia en tal calidad podrá solicitar su Permanencia Definitiva.

c. El referido plazo debe ser ininterrumpido, es decir, que no haya tenido períodos de ausencia que superen los ciento ochenta días dentro de ese año.

Sostiene que es un hecho que cumplió con todas estas circunstancias, por cuanto solicitó y obtuvo su respectiva visa temporaria en calidad de titular, por lo que estaba habilitado luego de su vencimiento para solicitar Permanencia Definitiva en el país, siendo que tiene más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titulares de una visación Temporaria Titular.

Agrega que con respecto a la presentación de las solicitudes de permanencia definitiva, el Departamento de Extranjería exige diversos documentos los cuales a su vez se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597, que transcribe literalmente. Tal como se desprende del artículo anterior, la autoridad migratoria igualmente está facultada para solicitar a los extranjeros requisitos adicionales a los ya mencionados, y en ese sentido ha incorporado nueva documentación al trámite los que se encuentran disponibles en https://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-definítiva/.”

Hace presente las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, relativos a celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental. En el presente caso, su solicitud fue presentada el 04 de octubre del año 2020, por lo cual no se cumplió en forma alguna el plazo de 48 horas que establece la Ley 19.880 que rige las Bases de Los Procedimientos Administrativos, estando legalmente obligado a pronunciarse sobre la admisibilidad de las solicitudes que se le formulen. Esta disposición está en conformidad con los principios de inexcusabilidad y celeridad que informan al procedimiento administrativo, sobre todo si este pronunciamiento está solo referido a la verificación de sus requisitos de admisibilidad.

Sostiene que este pronunciamiento de admisibilidad consistiría entonces meramente en informarle si los documentos requeridos para la tramitación de su solicitud de Permanencia Definitiva fueron debidamente acompañados o no.

Expone que si una solicitud no reúna todos los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, en este caso la normativa migratoria, se requerirá al interesado la subsanación de la solicitud e incluso, habiendo sido iniciada por el interesado, el órgano podría haber recabado las subsanaciones que se hicieran de manera voluntaria. Es así como esta Ley señala lo siguiente en su artículo 24 inciso 2: … “Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente”.

A falta de una definición en materia administrativa sobre resoluciones de mero trámite, se debe aplicar lo previsto en el art. 70, inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, norma que las identifica como aquellas que “tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida entre partes”.

Por otra parte, el artículo 4 de la misma Ley 19.880 establece que “los procedimientos administrativos están regidos por el principio de celeridad, el cual debe ser impulsado de oficio en todos los trámites del procedimiento en conformidad con el artículo 7”.

En ese sentido, el referido artículo 7 establece con respecto al Principio de celeridad lo siguiente: “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión...”

Por su parte, el artículo 14 establece el principio de inexcusabilidad, conforme al cual “la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.

Asimismo, el artículo 17 a) de la misma Ley establece como derecho de toda persona, el poder “conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”.

Finalmente, el artículo 27 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Aduce que en el presente caso, conforme ha sido suficientemente narrado en la exposición de los hechos de esta Acción Constitucional y después de haber transcurrido más de 8 meses desde la presentación de su solicitud de permanencia definitiva, no he recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite, lo cual es claramente contrario a las normas ya señaladas, y, en especial, al principio de celeridad que debe regir los procedimientos administrativos, ya que no ha cumplido con el deber de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación hasta la fecha en la que se emita la decisión final. Por lo cual, es igualmente arbitrario, dado que no se ha resuelto en un plazo razonable.

En este sentido, considero que la situación descrita importa una vulneración a lo menos a los siguientes derechos y garantías que concede la Constitución Política de Chile: En de Igualdad ante la Ley del artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, que debe ser interpretado teniendo presente lo dispuesto en el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental, al indicar que las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Lo mismo ocurre en el Código Civil chileno, el cual en su artículo 57 define que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros, respecto a los derechos civiles establecidos en dicho texto jurídico.

Visto lo anterior, se debe entender que no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley no debiendo darse tratos preferentes, o como en este caso, excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esta garantía Constitucional sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa ya que de inclinarse la misma hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y por ende, no hay justicia.

Agrega que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios.

En el presente caso, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándole un trato desigual con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva vulnerando su derecho consagrado en el Artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política.

Recalca que la dilación excesiva por más de ocho meses, por parte del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver su solicitud de permanencia definitiva, deviene en ilegal ya que infringe lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) y 27, todos de la Ley N°19.880 y arbitraria dado que no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, según lo prevé el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se está haciendo una diferenciación con relación a su solicitud, dado que la media de las personas tendría derecho a que su solicitud se resolviera en los plazos señalados por la ley, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Estima que la conducta por la cual se recurre a través de esta Acción de Protección, se compone de una serie omisiones, que, conforme ha quedado establecido, perduran hasta la fecha, sin que ello se encuentre subsanado, por cuanto aún no se ha dictado un acto administrativo que resuelva su solitud de permanencia definitiva, por parte del ente recurrido, lo que se constituye en una omisión que me mantiene en una situación precaria de manera indefinida. La base del presente Recurso es la dilación excesiva por parte del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver su solicitud de permanencia definitiva, y de acuerdo con la Ley N°19.880, de Procedimientos Administrativos, en los artículos 14 y 27, se establece la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, en un plazo máximo de seis meses, lo cual no ha ocurrido en la especie, y, lejos de finalmente resolverlas transcurrido un plazo razonable, se ha negado, dejándolo totalmente en indefensión para ejercer los recursos ordinarios correspondientes. Reitera que la recurrida se sigue negando a dictar una decisión final en el caso, dándole un trato desigual con respecto a los demás solicitantes de permanencia definitiva, y violando de esta manera las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, ha incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que denuncia y que se ha extendido en el tiempo, toda vez que la vulneración de las garantías constitucionales cuya protección se solicita a través de la presente acción constitucional, se produce de manera continuada mientras subsista la omisión arbitraria o ilegítima, durante el tiempo en que el Departamento de Extranjería y Migración omite resolver de manera definitiva su solicitud.

Estima que la falta de pronunciamiento oportuno sobre el otorgamiento de Permanencia Definitiva, constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca la garantía constitucional de Igualdad ante Ley, esto es, a su derecho de no ser tratada en forma desigual, y, por tanto, a no ser discriminada arbitrariamente, desde que se producen diferencias a través de un comportamiento distinto respecto de otros casos y de sus tiempos de resolución por parte de la recurrida. Reseña jurisprudencia sobre la materia.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, ordene emitir las respectivas resoluciones finales a su solicitud de permanencia definitiva como en derecho corresponda, en el más breve plazo.

Segundo: Que la abogada Carolina Fernandoy Catalán, por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al tenor de la acción de protección entablada en autos, pide su rechazo en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar, perturbar o amenazar ninguno de los derechos fundamentales del recurrente y que se encuentran especialmente tutelados por la presente acción constitucional.

Al efecto, señala que el 04 de octubre de 2020, y mediante los canales digitales dispuestos al efecto por esa autoridad migratoria, el recurrente ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva. Se emitió comprobante de permanencia definitiva en trámite N° 204, con vigencia entre el 4 de octubre de 2020 y el 4 de abril de 2021.

Agrega que por Comunicación Electrónica N° 16389439, de fecha 30 de junio de 2021, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le informó al extranjero que su solicitud de permanencia definitiva avanza a etapa de análisis resolutorio, y se emitió orden de giro N° 1006829484 para que pague los derechos relativos a la solicitud de permanencia definitiva, lo que importa un prerrequisito para resolver lo pedido.

Señala que el extranjero no ha hecho pago de los derechos correspondientes a su solicitud de permiso de permanencia definitiva, encontrándose vigente el término para que cumpla con dicha exigencia, por lo que no es posible para esa autoridad migratoria pronunciarse sobre su solicitud sino hasta recibir el pago o encontrarse vencida la orden de giro. De no pagarse los derechos de la solicitud o de vencerse la orden de giro sin pagarse los derechos, llevan a la autoridad migratoria a la obligación de rechazar lo solicitado, en conformidad al artículo 81 y artículo 133, inciso segundo, del Reglamento de Extranjería, que regula específicamente el otorgamiento del permiso de permanencia definitiva.

Afirma que de acceder a lo solicitado por la contraria, sin verificarse el pago de los derechos que la ley y el reglamento de Extranjería ordenan, generaría en la recurrente una situación de privilegio respecto de los demás solicitantes de permiso de permanencia definitiva. Si en la actualidad no se ha emitido pronunciamiento respecto de lo solicitado por el extranjero, ha sido única y exclusivamente por encontrarse pendiente el pago de dichos derechos, y por encontrarse vigente el plazo para que la extranjera haga pago de los mismos, por lo que no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar tramitación regular y progresiva al expediente de solicitud de permanencia definitiva del extranjero, poniendo a su disposición todos los documentos que acreditan su situación migratoria regular en el territorio nacional.

Destaca que si bien es prerrequisito para resolver una solicitud de permiso de permanencia definitiva el pago de los derechos que la ley y el reglamento establecen, no debe entenderse que el pago de dichos derechos sea una especie de garantía para el otorgamiento del permiso impetrado. Muy por el contrario, el no pago de dichos derechos dentro del plazo establecido si implica una causal de rechazo de la solicitud de permanencia definitiva. Reseña jurisprudencia sobre el particular.

Aduce que en la actualidad, el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad del recurrente, debiendo proveer al pago de los derechos que la ley establece en el plazo conferido y que expira el 29 de agosto de 2021. No puede, en este caso, argumentarse que por principios de celeridad y actuación de oficio la autoridad pueda dar curso al procedimiento, puesto que de hacerlo, de resolverse la solicitud en este estado del procedimiento llevaría al rechazo de la misma. Dicho rechazo sería claramente injustificado, por encontrarse vigente la posibilidad de que el extranjero pague los derechos respectivos.

Reitera que habiéndose sometido la solicitud a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería, y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley N° 19.880, se estima por esa autoridad migratoria que no ha existido vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos y forma señalada por el recurrente, motivo por el cual pide el rechazo de la acción en todas sus partes, atendido que la autoridad administrativa ha ceñido su actuar a las normas legales y reglamentarias vigentes, siempre dentro de la esfera de sus competencias, por lo que solicite tener por evacuado informe requerido.

Tercero: Que la misma abogada Carolina Pilar Fernandoy Catalán, por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ampliando su informe precedente, consigna que mediante Resolución Exenta N° 107.488 de 27 de agosto de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero recurrente, otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año, por no acreditar sustento económico suficiente ya que no cuenta con estabilidad económica durante el período de visación comprendido entre el 04/10/2019 al 04/10/2020, dado que, según consta en la información plasmada en los certificados de cotizaciones remitidos; dan cuenta que para este período solo registra dos cotizaciones previsionales, por tanto carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social. El extranjero recurrente no ha estampado la visa temporaria otorgada en la Resolución administrativa precitada.

Añade que el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

A la presentación de la solicitud de permanencia definitiva los extranjeros deben acompañar diversos documentos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, estos se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597: “A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse: certificado de antecedentes para fines especiales; dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; Pasaporte; Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”.

Hace presente que la autoridad está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597; “El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”

Añade que en este sentido, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su sitio web www.extranjeria.gob.cl señala como debe ser presentada cada solicitud de permiso de residencia, los documentos necesarios y las instrucciones para cada tipo de trámite, destacando que en el caso de la solicitud de permanencia definitiva el solicitante debe acompañar de manera obligatoria certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizado o apostillado y vigente; Certificado de antecedentes emitido por el Registro Civil, vigente; Copia de visa estampada en pasaporte o título de residencia; Copia de cédula de identidad; Fotografía del solicitante; Certificado de registro de última visa en PDI; Imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte y todas las visaciones que tuvo e Imagen escaneada de título de residencia y visas estampadas, en caso de no contar con pasaporte.

En el caso de tener contrato de trabajo: copia del contrato actual, y de los anteriores suscritos, firmados ante Notario, certificado de vigencia de contrato, firmado ante Notario, Certificado histórico de cotizaciones AFP y certificado histórico de cotizaciones de salud; En el caso de trabajar a honorario: certificado de inicio de actividades, boletas de honorarios (6 últimas), informe anual de boletas; En el caso de los inactivos: Declaración jurada de expensas e ingresos económicos del sostenedor.

Expresa que en este mismo sentido, es que se encuentra publicada en la página web de este Departamento de Extranjería y Migración, la documentación exigida por la autoridad con el fin de acreditar el sustento económico de los peticionarios, mediante una guía visual aclaratoria, en donde se señalan los documentos obligatorios y de carácter opcional, estableciendo como obligatorios, por ejemplo el certificado histórico de cotizaciones de AFP y el certificado histórico de cotizaciones de salud.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Quinto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción. De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean vulnerados.

Sexto: Que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales allegados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es factible tener por acreditado que efectivamente el recurrente nombre reservado, de nacionalidad venezolana, el 04 de octubre de 2020, mediante vía digital, ingresó solicitud de permiso de permanencia definitiva, emitiéndose comprobante de permanencia definitiva en trámite N°204, con vigencia entre el 4 de octubre de 2020 y el 4 de abril de 2021.

Por comunicación electrónica N° 16389439 de 30 de junio de 2021, se le informó al recurrente que su solicitud de permanencia definitiva avanzaba a etapa de análisis resolutorio, y se emitió orden de giro N° 1006829484, para el pago del impuesto correspondiente a dicha solicitud.

Mediante Resolución Exenta N° 107.488 de 27 de agosto de 2021 el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero recurrente y, en subsidio, se le otorgó una visa temporaria por un año.

Séptimo: Que de lo antes expuesto se advierte que la entidad pública recurrida resolvió la solicitud formulada por el recurrente, denegando la permanencia definitiva impetrada, pero, en su lugar, se le otorgó una visa temporaria por un año, de manera que en esta situación, la acción de protección ha perdido oportunidad, en atención a que las pretensiones del recurrente para restablecer el imperio del derecho han sido subsanadas mediante la dictación de la Resolución Administrativa N° 107.488 de 27 de agosto del presente año.

Octavo: Que de lo precedentemente reseñado se advierte que el requerimiento que la recurrente invoca como omitido por la entidad recurrida, a la fecha se encuentra resuelto favorablemente, si bien no en los términos que lo solicitada, pero suficiente para ser autorizado a residir legal y oficialmente en la República de Chile, que en el caso concreto es de un año, a través de visa temporal.

Noveno: Que sin perjuicio de lo antes señalado, la demora en la decisión en cuestión, debe entenderse en el contexto de la grave situación de crisis sanitaria que ha vivido nuestro país, como el resto del mundo, a partir de marzo de 2020, como, asimismo, es un hecho público y notorio la significativa inmigración de ciudadanos extranjeros a nuestro territorio nacional en los últimos años y, al hecho no menor, que la decisión final adoptada por la autoridad recurrida, estaba supeditada al pago de los derechos que el Reglamento de Extranjería exige en la tramitación de tales solicitudes.

Tampoco se divisa que en dicha tardanza se hubiere vulnerado el principio de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en atención a que el recurrente no precisa en que casos concretos, similares a la situación del recurrente, la entidad recurrida actuó de una manera diversa y, así poder apreciar de tratos privilegiados en comparación con la situación personal del recurrente.

Noveno: Que finalmente, escapa a los fines del presente recurso de protección, las argumentaciones dada en estrado por el abogado del recurrente, en orden a cuestionar la Resolución de 27 de agosto del año en curso, en cuanto se le negó la residencia definitiva a su representado, habida consideración que el sustrato de la presente acción constitucional era únicamente la omisión en la decisión de la solicitud de permanencia definitiva en el país impetrada por el recurrente a la recurrida, en cambio el cuestionamiento a lo resuelto el 27 de agosto de 2021 es derechamente atacar a un acto de la administración, lo que supone reprochar su actividad y no su inactividad, circunstancia que queda claramente demostrada con el petitorio de la presente acción de protección.

Décimo: Que atento a todo lo antes razonado no se colige que la parte recurrida hubiere incurrido en un acto ilegal y/o arbitrario en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso planteado en los términos indicados será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el ciudadano venezolano nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

No se condena en costas al recurrente por estimar que tuvo motivos plausibles para actuar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol Nº 1.643-2021.- Protección.

Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.