nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

Talca, a diez de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, a folio 1, comparece nombre reservado, quien se individualiza, manifestado que, dentro de plazo, interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, representada por su alcalde, don JUAN RAÚL ROJAS VERGARA, por la emisión del acto administrativo Decreto Alcaldicio N°8385, de fecha 31 de diciembre de 2024, por medio del cual se rechazan los descargos efectuados por su parte al Decreto Alcaldicio N.º 8020, de fecha 18 de diciembre de 2024, invalidando, en consecuencia, el Decreto Alcaldicio número 7550, de fecha 29 de noviembre de 2024, que establecía su renovación de contrata, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, al estimar que el mismo es contrario a derecho, conforme al artículo 53 de ley N°19.880; actos administrativos todos emanados de la recurrida; precisando que ese decreto le fue notificado el día 08 de enero del presente año.

Aduce que la actuación de la recurrida, habría infringido las garantías constitucionales descritas en los números 1° y 2° de la Constitución Política de la República.

En cuanto al sustrato fáctico de su reproche, indica que venía desempeñándose laboralmente, de forma ininterrumpida, desde el día 21 de diciembre del año 2021 hasta la fecha. Primero en calidad de honorarios, hasta el 31 de mayo de 2022, posteriormente en calidad de contrata (Decreto contrata del 04-06-2022 al 30-06-2022; Decreto contrata del 01-07-2022 al 31-07-2022; Decreto contrata del 01-08-2022 a l 31-12-2022; Decreto contrata 01-01-2023 al 31-12-2023; Decreto contrata del 01-01-2024 al 30-04-2024; Decreto suplencia del 01-05-2024 al 30-09-2024; y Decreto contrata del 01-10-2024 al 31-12-2024). En síntesis, acumularía 3 años consecutivos, de los cuales 2 años y 6 meses han sido en calidad de contrata.

Adiciona que con fecha 05 de julio de 2022, se decreta su destinación como encargado de fomento productivo de la recurrida, función que desde la fecha señalada desempeña hasta el día de hoy, de forma sobresaliente, con máximas calificaciones. Aclara que, este cargo, existe desde mucho antes de su destinación, es una función propia y de la naturaleza de la gestión municipal, que tiene como objetivo entregar a los agricultores de la comuna herramientas para su desarrollo. Por lo que manifiesta su incredulidad en cuanto a que no se cuente con una partida presupuestaria, argumento esgrimido para invalidar el Decreto Alcaldicio Nº7550, el cual renueva su contrata por el año 2025, según ya se dijo.

Expone que, con fecha 29 de noviembre de 2024, la recurrida emite el Decreto Alcaldicio Nº7550, el cual dispone en lo medular, que se renovará su contrata a contar del 01 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, por ser su trabajo indispensable para el correcto funcionamiento del servicio. Advirtiendo que ese decreto, además, indica que dicho nombramiento, es independiente de los otros procesos de planificación del municipio, consagrándose esta como una excepción a la transitoriedad de las contratas.

Relata que, en el mismo decreto, se sostiene que con fecha 13 de noviembre de 2024, la administradora municipal envió memorándum AD-835 a la dirección de personas, no habiéndose obtenido a la fecha (del decreto, 29 de noviembre de 2024) una respuesta favorable a la mencionada instrucción, por lo que se hizo necesario, para la recurrida, disponer la renovación de la contrata de su persona, considerando lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 18.833, que reproduce.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio Nº7550, emanado de la recurrida -en este caso, la alcaldesa vigente a la fecha de su emisión, esto es doña nombre reservado-, cumple con todos y cada uno de los elementos de legalidad, para que el mismo produzca sus efectos propios; de hecho, su emisión cumple con el objetivo de darle continuidad al servicio, otorgándole personal idóneo para desarrollar una mejor gestión a las unidades municipales para el año 2025, señalando además que lo hace en el límite del plazo establecido en el ya citado artículo 2° de la ley 18.8835. No obstante lo anterior, la nueva autoridad administrativa de la Municipalidad de San Clemente, esto es su señor alcalde don Juan Rojas Vergara, con fecha 18 de diciembre de 2024, emite el Decreto Alcaldicio Nº8020, el cual resuelve iniciar un procedimiento para invalidar la prórroga de 53 contratas para el año 2025, dentro de las cuales se encontraba la suya, que se concretiza, como ha indicado, mediante el Decreto Alcaldicio Nº7550, de fecha 29 de noviembre de 2024.

Aclara que el argumento para la invalidación sería que, a la fecha de su emisión, no contaba con una refrendación presupuestaria por parte del director de Finanzas de la recurrida. No obstante lo anterior, es el propio administrador municipal quien, mediante memorándum ADM-867, de fecha 29 de noviembre de 2024 quien: “ordena de manera inmediata realizar notificaciones de los 24 actos administrativos que disponen la prórroga de las contrataciones de los funcionarios municipales que en ellos se individualizan, toda vez que se trata de decretos alcaldicios completamente tramitados”. Haciendo además presente que: “estos actos administrativos no decretan nombramientos, sino que por el contrario solo se está dando estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 2 inciso tercero de la ley Nº13.883”.

Con motivo de la decisión anterior, con fecha 27 de diciembre de 2024, presenta escrito de solicitud de reposición [sic] ante la recurrida, solicitando se respete su prórroga de contrata hasta el 31 de diciembre de 2025, debido a su desempeño en la Municipalidad, los años de servicios y al hecho que su función es propia de la misma, teniendo una partida presupuestaria al efecto. Sin embargo, por medio del acto impugnado, se desestima esa solicitud.

Advierte, como primera conclusión, que el Decreto Alcaldicio que prorroga su contrata por todo el año 2025, es un acto administrativo completamente tramitado y válido, del cual fue válidamente notificado [sic], por lo que el mismo produce plenos efectos jurídicos. Pero, aun en el caso que se determinara que efectivamente el Decreto Alcaldicio Nº7550, adolece de algún vicio y decretase su invalidación, eso no significa que el recurrido no deba emitir un acto administrativo concreto, que fundamente su no renovación de la contrata. Acto administrativo inexistente, ya que solo se han limitado a “invalidar” el Decreto Alcaldicio Nº7550.

Después de denunciar la ilegalidad y arbitrariedad del acto, se aboca a detallar las actuaciones posteriores a tal decisión, consistentes en: con fecha 26 de diciembre de 2024, paralelamente a la tramitación del procedimiento de invalidación, la recurrida emite el Decreto Alcaldicio Nº8204, nombrándole funcionario a contrata, con una carga horaria de 44 horas semanales, en cargo profesional, asimilada a grado 11, desde el 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025; el día 20 de enero de 2025, la recurrida nuevamente emite otro acto administrativo, esto es el Decreto Alcaldicio Nº589, destinándolo -esta vez- como funcionario de apoyo profesional en la Dirección de Desarrollo Sustentable, desde el día 20 de enero hasta que sean necesarios sus servicios. No obstante lo señalado, durante el mes de enero de 2025, siguió prestando servicios en las mismas dependencias que lo venía haciendo, pese a los nuevos nombramientos y designaciones relatadas. Por último, el día 24 de enero de 2025, la directora de personas de la recurrida, le comunica verbalmente y sin acto administrativo alguno, que no le renovaran la contrata para el resto del año y que no volviera a trabajar.

Al referirse a los fundamentos de derecho de su acción, desarrolla las garantías que estima infringidas, la forma en que se verificó tal transgresión y, en la especie, como se consuma la arbitrariedad e ilegalidad invocadas. Culminando con las declaraciones que requiere de esta Corte, con la finalidad de dar efectiva protección a los derechos conculcados.

SEGUNDO: Que, a folio 8, comparece la abogada EVA CONSTANZA UTEAU HORMAZÁBAL, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, informando la acción protectora deducida, comenzando, en primer lugar, por reconocer aquellos hechos que serían efectivos, consistentes en: que el recurrente se desempeñó para la recurrida, en calidad de funcionario a honorarios, desde el día 21 de diciembre del año 2021 hasta el 31 de mayo de 2022; que, luego, se desempeñó, en calidad de contrata, desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024; que desde el 5 de julio de 2022, se desempeñó como encargado de fomento productivo del Municipio.

Precisa que con fecha 27 de noviembre de 2024, la administración saliente del Municipio dictó el Decreto Alcaldicio Nº7550, que dispuso la renovación de la contrata del mismo recurrente como profesional asimilado al grado 11 del escalafón a contar del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, mediante memorándum Código DCI 579, de fecha 11 de diciembre de 2024, la Directora de Control, en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº29, letra c), de la Ley Nº18.695, representa los Decretos Alcaldicios 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572 y 7573, todos del año 2024, que prorrogan contratas a contar del 01/01/2025 y hasta el 31/12/2025, por cuanto estimaba que carecerían de legalidad.

Por lo mismo, indica que no se trata de un acto atentatorio o discriminatorio que alega el recurrente, pues la representación por ilegalidad fue contra todas las renovaciones efectuadas sin refrendación presupuestaria y se estimaron ilegales por aún más razones que serán expuestas, y no solo contra don nombre reservado.

Reconoce que, si bien es efectivo que, a través de memorándum ADM-835, de fecha 13 de noviembre de 2024, la administradora municipal, solicita a la Dirección de Personas: “realizar el trámite administrativo correspondiente a la renovación de los funcionarios en calidad de contrata a partir del 01 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Junto con ello, informar la continuidad a cada uno de los funcionarios y sus respectivas direcciones sobre la renovación de los contratos a los funcionarios a más tardar el 30 de noviembre de 2024. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 10 de la Ley N°18.834”, el recurrente no menciona, en su recurso, que mediante memorándum RRHH-702, de fecha 19 de noviembre de 2024, la directora de personas solicita al director de finanzas: “Refrendación presupuestaria para efectuar nombramiento en calidad contractual contrata, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, a funcionarios que se indican en planilla que se adjunta”. En respuesta, a través de memorándum DAF-891, de fecha 25 de noviembre de 2024, informa que los costos de cada una de las personas indicadas, excede el presupuesto presentado al Concejo Municipal para la cuenta 2102 “personal a contrata” superando el porcentaje permitido bajo esta calidad contractual, según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley N°18.883, negándose a cursar la solicitud. Por tanto, en virtud de lo anterior no se entrega refrendación presupuestaria.

Agrega que, luego, a través de memorándum ALC-174, de fecha 26 de noviembre de 2024, la alcaldesa solicita a la Dirección de Personas, realizar la renovación de los funcionarios a contrata a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 e informar la continuidad de cada uno de los funcionarios a más tardar el 30 de noviembre de 2024, “a fin de dar cumplimiento a la ley 18.834, artículo 10”. Posterior a ello, la Directora de Personas, a través de memorándum RRHH-720, de fecha 26 de noviembre del año pasado indica que no fue otorgada la refrendación presupuestaria y sin esa visación no se puede dar curso a los decretos, señalando: “esta Dirección no puede realizar los nombramientos hasta que se solucione la situación presupuestaria; considerando que ya estamos a fin de mes y a modo de sugerencia, creo que una alternativa podía ser renovar hasta junio y posterior a ello la nueva administración resuelve la continuidad de las personas”

Denuncia que con fecha 27 de noviembre de 2024, y de forma contraria a derecho, habiendo sido representado por las distintas unidades municipales que interfieren en el proceso de contratación, que no existía presupuesto aprobado y por consecuencia, no podían otorgar refrendación presupuestaria, por cuanto se excedía el límite establecido en el artículo 2°, inciso cuarto, de la ley N°18.883- modificado por la ley N°20.922- que prevé que: “los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal”, se dicta decreto alcaldicio N°7550, que dispuso la prórroga de la contrata del recurrente a contar del 1 de enero de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025, junto con otros 52 decretos en el mismo sentido.

Continúa exponiendo que, por memorándum RRHH-727, de fecha 29 de noviembre de 2024, la directora de personas, informa al administrador municipal lo que pasa a reproducir: “(…) devuelve 24 decretos de renovaciones de contratos ingresadas a esta Dirección con fecha 28 de noviembre de 2024. Los decretos no cuentan con refrendación presupuestaria correspondiente, trámite que no puede soslayarse cuando se trata de gastos en personal, que deben estar reflejados uno a uno en la ejecución del presupuesto y con mayor razón cuando a estas alturas del año, aún no se da por válido el presupuesto autorizado para el próximo año. Por tanto, quien suscribe, no puede asumir la responsabilidad de notificar, sin tener la autorización presupuestaria de la DAF, más aún, considerando que la ejecución de tales documentos no es de responsabilidad de esta Unidad”.

Aclara que respecto a las 53 prórrogas de contratas, por todo el período 2025, el informe de la nombre reservado señala que todos adolecen de una serie de ilegalidades a saber: “El acto administrativo omite documentación relevante a la hora de respaldar la motivación del acto, tal como el acto administrativo primitivo que se prorroga en este acto, no contiene el razonamiento suficiente y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta y de la sola lectura no se puede conocer suficientemente cuál fue la motivación de la decisión de aprobar la prórroga, conforme lo establece el artículo 11° de la ley N°19.880, en concordancia con lo previsto en el inciso primero del artículo 16, y el inciso cuarto del artículo 41 del mismo precepto legal. Se dispone la prórroga de la contrata, sin que la renovación sea en idénticas condiciones en cuanto a duración que se le asimiló primitivamente, eliminado además en todos los casos que la contenía la formula “mientras sean necesarios sus servicios” y omitiendo detallar en todos los decretos la carga horaria 44 hrs./22 hrs.”

Cita dictámenes de la Contraloría General de la República, en donde se ha manifestado que, quienes se desempeñan a contrata, tienen derecho a permanecer en sus empleos mientras no concurra alguna de las causales de expiración de funciones, a menos que dicha designación haya sido dispuesta bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios" u otra similar; caso en el cual la autoridad administrativa tiene la facultad para ponerle término en el momento que estime conveniente; esto es, en cualquier época anterior al 31 de diciembre del año respectivo. Agrega, la referida jurisprudencia, que siempre que de los términos del documento que contiene la prórroga de la contrata, aparezca claramente que esa medida ha sido adoptada en las mismas condiciones fijadas en la contratación primitiva, y esta contemple la fórmula antes indicada, debe entenderse que tal estipulación rige también respecto de su prórroga, incluso cuando se hubiere omitido tal expresión. En cambio, si la contrata primitiva no contempla la aludida frase, y ella es incorporada posteriormente en su prórroga o, por el contrario, aquella la establece y su renovación la elimina, ha de colegirse que se trata de nuevas contrataciones, por cuanto sus condiciones son diferentes. Luego y en el evento que la contratación original contenga la aludida frase y sea prorrogada, esto es, renovada en idénticas condiciones en cuanto a su duración, grado y planta a la que se asimiló primitivamente, esta deberá entenderse incluida, no obstante, se hubiere omitido agregarla expresamente. Entendiendo que, en la especie, la duración de la prórroga tiene un plazo que va desde el 01 de enero al 31 el diciembre del año 2025, no siendo, en algunos casos, concordante con el decreto primitivo de su nombramiento, no cabe más que interpretar que se trata de nuevas contrataciones.

En mérito de lo anterior y las circunstancias previstas en sus designaciones inmediatamente precedentes, que no han sido idénticas a aquellas en las cuales fueron ordenadas sus prórrogas para el año 2025, estas no tienen la calidad de prórrogas. Concluye, por lo mismo, que se trata de 53 nuevas contrataciones aprobadas para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. En ese sentido, según lo manifestado nuevamente por la Contraloría General, para que procedan las designaciones a contrata, se precisa la existencia de un presupuesto que permita contar con los recursos pertinentes y efectuar las imputaciones de gastos que ellas originen al ítem respectivo. A su vez, para realizar tales nombramientos, además de los antecedentes que acreditan el cumplimiento de los requisitos del empleo, debe certificarse por la unidad de administración y finanzas que no sobrepasa el límite de gasto a que se refiere el artículo 2, inciso 4° de la ley 18883, hecho que no fue certificado en la especie. Así, en atención de lo anteriormente expuesto, la directora de nombre reservado solicita a la máxima autoridad edilicia iniciar el procedimiento invalidatorio de los 53 decretos alcaldicios ya individualizados, por estimar que no fueron dictados conforme a Derecho.

Arguye que frente a esta situación, se solicitó a la Unidad Jurídica del Municipio un pronunciamiento, el que junto con coincidir con el análisis de la Unidad de Control interno, agregó que al tratarse de actos que habían sido representados por razones presupuestarias y a falta de insistencia escrita de la autoridad se trataba de actos que carecían de validez y eficacia jurídica por lo que sugirió invalidarlos conforme al procedimiento establecido en la ley 19.880 y en el intertanto prorrogar las contratas sólo hasta el 31 de enero de 2025, dado que existía presupuesto para ello, mientras se revisaba y resolvía el proceso invalidatorio.

Seguidamente, adiciona, en base a estos antecedentes se inició un proceso invalidatorio con estricto apego a la Ley N° 19.880 que concluyó con el Decreto que impugna el recurrente. Por lo que en el entender de quien informa no hay ilegalidad, ni arbitrariedad alguna, debiendo rechazarse el recurso, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la acción de emergencia contenida en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, está destinada a dar la debida protección frente a conductas, ya sea en su fase activa o pasiva, que pudieran atentar y/o hacer peligrar algunas de las garantías y/o derechos esenciales que se indican, de modo taxativo, en la disposición recién citada.

A su vez, la aludida conducta, debe ser -necesariamente- ilegal y/o arbitraria; entendiéndose por ilegal, todo aquello que no encuentre sustento en la normativa aplicable a la situación concreta y arbitrario, lo que responda de forma exclusiva al mero capricho, apartándose de la existencia de razones y/o motivaciones que permitan constatar lo realizado.

Por último, debe -también- tratarse de un derecho indubitado, esto es, que no exista duda sobre su existencia, ya que justamente su vulneración o, en su caso, riesgo de vulneración, es lo que amerita la intervención urgente del órgano jurisdiccional, el que debe contrastar ese derecho con la conducta reprochada y obrar en consecuencia.

CUARTO: Que, fijado los requisitos que deben concurrir para la procedencia de esta acción de emergencia, resulta del todo pertinente considerando que, analizado tanto lo planteado por quien recurre, así como lo informado por la corporación edilicia y los antecedentes aportados por cada uno de ellos, es posible dar por establecido lo siguiente:

1°)

Que, con fecha 13 de noviembre de 2024, la Administradora Municipal envió memorándum AD-835 a la Dirección de Personas, para la renovación de 53 contratas, entre las que se encontraba la del -ahora- recurrente.

2°)

Que, mediante memorándum RRHH-702, de fecha 19 de noviembre de 2024, la Directora de Personas solicita al Director de Finanzas la refrendación presupuestaria para efectuar el nombramiento en calidad contractual a contrata, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, a los funcionarios que se indican en planilla que se adjuntaba, dentro de los cuales se hallaba el actor.

3°)

Que, a través de memorándum DAF-891, de fecha 25 de noviembre de 2024, el Director de Finanzas informa que los costos de cada una de las personas indicadas, excede el presupuesto presentado al Concejo Municipal para la cuenta 2102 “personal a contrata”, superando el porcentaje permitido bajo esta calidad contractual, según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley N°18.883, negándose a cursar la solicitud.

4°)

Que, el recurrente reconoce expresamente en su presentación “(…) no haber[se] obtenido una respuesta favorable a la mencionada instrucción (…)”. No obstante lo anterior, con fecha 29 de noviembre del año 2024, se dicta el Decreto Alcaldicio número 7550, por la anterior administración municipal, procediendo a la renovación de las 53 contratas.

5°)

Que, con fecha 11 de diciembre del año 2024, la Directora de nombre reservado, nombre reservado, dicta el “Memorándum constancia” por el cual “Representa Decretos Alcaldicios que indica, de fecha 27 y 29/11/2024, respectivamente, que prorrogan contratas a contar del 01/01/2025 y hasta el 31/12/2025 - en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 29 letra c) de la ley 18.695.” Dentro de los decretos representados se encontraba el número 7550 por el que -como ya se dijo- se prorrogaba la contrata del recurrente.

6°)

Que, con fecha 18 de diciembre del año 2024, se dicta el Decreto Alcaldicio número 8020, que da inicio al proceso invalidatorio de -a su vez- todos los decretos que habían renovado las contratas de los funcionarios que se identifican en ese mismo acto administrativo, entre los cuales se encontraba el del recurrente.

7°)

Que, con fecha 31 de diciembre del año 2024, se dicta Decreto Alcaldicio 8385 que, junto con “rechazar” los descargos del -ahora- recurrente, invalida la actuación alcaldicia que renovaba su vinculación con la Municipalidad.

QUINTO: Que, de los antecedentes fijados en el raciocinio que precede, brota como relevante, el reconocimiento que se hace en el propio recurso, conforme lo adelantamos, en cuanto que, a pesar no obtenerse una respuesta favorable de parte de la Dirección consultada, esto es, la de Personas quien, a su vez, había requerido el pronunciamiento del encargado de finanzas, se procede a la renovación de las 53 contratas.

En este sentido, en el recurso no se entrega ninguna explicación y/o argumentación que permita justificar el proceder de la anterior Edil, respecto a no considerar lo que se había requerido previo a la renovación. Por el contrario, el actor -situándose en la posibilidad de invalidación- pretende soslayar esa circunstancia, aduciendo a aspectos formales que lo direcciona a la omisión del acto que no renovaría su contrata. Circunstancia que, en cualquier caso, carece de relevancia en atención a lo estatuido en el artículo 2 de la ley 18.883, por cuanto, el término del vínculo a contrata, se produce por el solo ministerio de ley, llegada la fecha de su vencimiento y es su continuación la que exige un acto expreso.

SEXTO: Que, lo anterior, permite también considerar lo que se señala en el decreto que apertura el procedimiento de ineficacia; en particular, lo que habría manifestado la Directora de Personal, en el memorándum RRHH-720 de 26 de noviembre del año 2024, es decir, 3 días antes de la renovación, en donde se advirtió la falta de refrendación presupuestaria y que, sin ello, no era posible dar curso a los decretos. Lo que se ratifica en el memorándum RRHH-729 del 29 de noviembre del mismo año, de esa misma dirección.

En esas condiciones, la representación que se hace con fecha 11 de diciembre del año en curso (esto es, dentro de plazo), por la encargada de nombre reservado, aparece como pertinente frente a la problemática que ocasiona la carencia de recursos para hacer frente a las renovaciones que se habían hecho, sin contar, como ya ha quedado establecido, con una respuesta favorable del departamento consultado.

SÉPTIMO: Que, acorde con lo que se viene exponiendo, en el ya referido decreto que da inicio al procedimiento de anulación, se hace una descripción detallada de todos los antecedentes que justificarían esa decisión, lo que, en el parecer de esta Corte, surgen como razonables frente a la anomalía detectada. Por lo mismo, el acto impugnado mediante este arbitrio de emergencia y que, como ya se dijo, lo encapsula en el rechazo de sus descargos y la abolición de su nombramiento, no resulta ilegal sino que, por el contrario, se enmarca dentro de las facultades que se señalan en el artículo 53 de la ley 19.880, sobre todo cuando la actuación invalidada pudiera tener severas consecuencias en el ámbito patrimonial, al exceder el margen de la vinculación a contrata establecida en la legislación. Tampoco puede calificarse de arbitrario, no solo por lo recién señalado, sino que también, porque la ineficacia se extendió a todas aquellas contratas que no se ajustaba a la normativa de la especialidad, sin que sea posible constatar algún sesgo de animosidad particular respecto de quien recurre.

Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, representada por su alcalde, don JUAN RAÚL ROJAS VERGARA.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Leonardo Mazzei Parodi.

Rol N°158-2025/Protección.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma la ministra doña Marisol Ponce Toloza, por encontrarse en visita de Tribunales, asimismo, no firma el Abogado Integrante don Leonardo Mazzei Parodi, por encontrarse ausente.