nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ

Talca, nueve de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección que dio lugar a la formación de estos autos, es del tenor siguiente:

FABIOLA GABY VASQUEZ CORDERO, abogada, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, a S.S Ilustrísima respetuosamente digo:

Que dentro de plazo señalado en el N°1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, vengo en interponer recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO, representada por su alcalde don Javier Muñoz Riquelme, contador, ambos domiciliados en domicilio reservado, por amenazar y vulnerar derechos constitucionales establecidos en los numerales 1°, 3 inciso 5, 5 y número 24 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, Pacto de Derechos Civiles, Convención de Derechos del niño y cautelados y contempladas por la acción de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

La presente acción constitucional de protección se deduce en favor y representación de:

nombre reservado, CEDULA DE IDENTIDAD N°RUT reservado, nombre reservado DE IDENTIDAD N° RUT reservado, MILIUSTOUSSAINT, CEDULA DE IDENTIDAD N°RUT reservado,nombre reservado, CEDULA DE IDENTIDAD N° RUT reservado, EROLESIMEU, CEDULA DE IDENTIDAD N° RUT reservado, y de todos y todas los pobladores del CAMPAMENTO “PUERTO PRINCIPE”, ubicado en domicilio reservado y en domicilio reservado, ambos de la comuna de Curicó LOS HECHOS Antecedentes del Campamento Rio Guaiquillo, autodenominado “Puerto Príncipe”

- Con el fin de ilustrar a Vuestra Señoría Ilustrísima, sobre el contexto de la realidad de los habitantes de Campamento Rio Guaiquillo-Obispo Chávez autodenominado(Puerto Príncipe), ubicado en domicilio reservado y en domicilio reservado, ambos de la comuna de Curicó -El campamento “Puerto Príncipe”, comienza a surgir aproximadamente el año 2019. Al año 2020, figura en fotos las primeras casas instaladas, alrededor de 13. El terreno es de propiedad municipal, como señala la resolución del Juzgado “en domicilio reservado del lote B del sector Dragones resultante de la subdivisión del predio denominado El Bosque de la comuna de Curicó inscrito a fojas 2168 número 1147 del Registro de Propiedad del conservador de bienes raíces de Curicó del año 2020 y del terreno ubicado en domicilio reservado que corresponde al lote C1 del sector de Dragones resultante de la subdivisión del predio denominado el bosque de la comuna de Curicó, el cual se encuentra inscrito a nombre de la Ilustre Municipalidad de la ciudad de Curicó a fojas 2169 vuelta número 1148 Registro de Propiedad conservador de Curicó del año 2020” - El terreno está destinado a área verde como señala el plan regulador. Señalando que está es una ZONA DE RIESGO DE INUNDACIONES, CAUSES SUPERFICIALES, pero esto no es toda la superficie del terreno. De esto pudimos dar cuenta el año pasado puntualmente en el mes de julio y agosto del año 2023, donde tuvimos una catástrofe natural en la región del Maule, como no habíamos visto en más de 30 años, de manera especial en la comuna de Curicó y los sectores rurales y costeros. Tal como se pudo ver en noticieros y diarios el campamento no se vio afectado, con ningún tipo de inundación ni tampoco se vio afectada ninguna casa, por lo cual solicitaríamos que se analice nuevamente el plan regulador y ver si efectivamente esta es una zona de riesgo. - En el Campamento viven como residentes domicilio reservado personas de las siguientes nacionalidades: 361 haitianos de los cuales 67 son niños haitianos nacidos en Chile y con Rut chileno; 62 bolivianos, 12 chilenos y 2 de otras nacionalidades. Frente al desalojo, nos preocupa el resguardo de estas personas y en particular de los niños: 9 bebés menores de 1 – 2 años 21 niños de 3 – 5 años 33 niños de 6-5 años 20 adolescentes de 10 -17 años Respecto de los adultos, se encuentran personas con enfermedades relevantes Juan, chileno de 68 años que cuenta América, nacionalidad chilena de 68 años, quien sufrió una trombosis y tienen desplazamiento reducido. Lourdy, nacionalidad haitiana, de 28 años, quien tiene una pierna amputada. Rose, nacionalidad haitiana de 35 años, con problemas psiquiátricos y es tratada en el programa del CESFAM, de Los Aromos que está cerca del campamento, al trasladarnos a otro sector implicaría comenzar nuevamente su inscripción y tratamiento en otro sector lo cual afectaría gravemente su salud. Alicia, nacionalidad chilena de 35 años, esquizofrenia. N.N, nacionalidad haitiana, de 36 años, VIH 4 mujeres en las últimas semanas de gestación. Erole, de 39 años quien sufrió amputación de dos dedos. Como se puede dar cuenta, todos y cada una de las personas del campamento se verían muy afectadas, de no existir un plan de desalojo quedando en la incertidumbre, respecto ¿cómo se asigna un nuevo colegio, de los niños? ¿Qué sucede con las personas que tienen un tratamiento médico? ¿nos asignarán un lugar de manera provisoria? - En la querella se habla de los dos lotes de terreno inscritos en Bienes Raíces del 2020: el campamento comenzó a existir con las primeras casas (12) a comienzo del año 2019, y con permiso de la Municipalidad. Con todo, se realizó un comodato, en gestiones anteriores con un Pastor Evangélico, para que levantara una Iglesia. Probablemente si hubo un cambio de dueño, la Municipalidad registró un terreno, que ya tenía conocimiento de la existencia de un campamento. En el año 2022, la Municipalidad, entró con sus máquinas y delimitó el terreno, y solicito a los dirigentes que no salieran de la demarcación, y ellos/as han cumplido. - Respecto del resto del campamento, que se conocen con el nombre SANTOS MATIRNEZ. FABRICA DE LADRILLO. PROSPERIDAD, no se dice nada, actuando de manera discriminatoria, solo respecto del campamento Puerto Príncipe ya que los pobladores de esa parte del campamento son de nacionalidad chilena. - El año 2023 la Municipalidad pide al delegado Presidencial Provincial y al Cuerpo de Carabineros realizar el desalojo del Campamento lo que no se concretó porque el terreno es Municipal y corresponde a la Municipalidad y no se cumplieron con los trámites judiciales y tampoco los protocolos intencionales con los que el Gobierno Chileno está comprometido.

SITUACION ACTUAL Y GESTIONES REALIZADAS POR LOS POBLADORES ANTE INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA OBTENER SOLUCIONES HABITACIONALES. - Producto de la terminación de las mesas de dialogo con las Instituciones Municipales Gubernamentales y de las fuerzas Armadas y con la finalidad de salir de la situación de irregularidad, el 7 de diciembre del año 2023 los representantes del campamento, acompañados por la hermana nombre reservado responsable de la Pastoral de la Movilidad Humana en Curicó y por el padre Christian Borghesi, el campamento, comienza un trabajo en conjunto. Siendo este el primer paso de este camino de regularización se realiza la redacción de la solicitud de Registro Nacional de Campamentos, trabajo que se realiza el 16 de enero del año 2024, entre los dirigentes del Campamento, el Serviu y la Municipalidad, con pleno conocimiento del alcalde Javier Muñoz. El envío de la solicitud al gobierno central tiene una respuesta favorable, con la Resolución 335 del 20 de febrero del año 2024, que dicta la incorporación al Registro Nacional a partir del 1 de marzo del año 2024 figurando INSCRITO a nivel nacional como uno de los 4 campamentos de la ciudad de Curicó y el más grande de la región Maule, detallándose en la Resolución los pasos del Programa de asentamiento Precarios. - La inconsecuencia es que a los días después, el alcalde da orden a sus abogados presentar una querella que se refiere a un hecho del 16 de enero, pidiendo el desalojo del campamento (desconociendo totalmente el trabajo y procedimientos gubernamentales que se preocupan del derecho a la vivienda). - De la querella señalada en el párrafo anterior, nos enteramos por la entrega de los carteles y de folletos entregados el día 17 mayo por funcionarios municipales. - Consideramos gravemente discriminatoria tanto la querella tanto el aviso del cual TOMAMOS CONOCIMIENTO, CON FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2024, EN EL CUAL SEÑALA “QU POR ORDEN DEL JUZGADO DE CURICO, SE LLEVARÁ A CABO EL DESALOJO DE LAS PROPIEDADES UBICADAS EN domicilio reservado, DE LA COMUNA DE CURICO CONOCIDA COMO CAMPAMENTO PUERTO PRINCIPE. SE LES INSTA A DESOCUPAR LAS INTALACIONES DE MANERA PACIFICA Y ORDENADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A CONTAR DEL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2024, PASDO DICHO PLAZO SE PROCEDERA AL DESAHALOJO OCN FUERZA PUBLICA, AGRADECEMOS SU COOPERACION Y CUMPIMIENTO CON LA LEY”, no siendo esto bajo ningún concepto legal la forma de notificación establecida. Tampoco nada dice respecto los demás rucos y tomas mayoritariamente pertenecientes a personas de nacionalidad chilena, instalados en el terreno municipal a orillas del rio Guaiquillo, todos en “zona de inundación” conocidas como campamento “Potrero, coliseo, la cancha” los cuales si fueron afectado s con las inundaciones y sobre estos no se ha presentado querella ni desalojo”. - Tanto la querella, como las declaraciones públicas en los medios de comunicación de parte del alcalde y demás funcionarios municipales, presenta al Campamento como un lugar violento, al que no se puede ingresar, es foco de delincuencia y de consumo de drogas y que afecta gravemente a los vecinos lo cual no es real ni efectivo ya que el campamento no se encuentra cercada, pudiendo ingresar por distintas entradas y salidas. Como residentes y directiva del campamento hemos invitado en innumerables ocasiones a los funcionarios municipales a visitar el campamento, pero las respuestas siempre han sido negativas, manteniendo la versión que el campamento es un lugar violento. La querella expresa lo mismo que escuchamos una y otra vez, con todo nunca hemos visto desde el 2023, presencia y escucha de parte de la Municipalidad. La realidad es todo lo contrario, ya que el campamento no tiene cierre perimetral y portones que regulen el acceso, pudiéndose acceder por varios lados, por donde transitan regularmente e ingresan al sector del campamento los furgones escolares, el camión del gas, repartidores y vendedores y la gente de la población. Últimamente han ingresado libremente por el campamento quienes están censando. También estuvo la senadora Ximena Rincón, profesores y alumnos de la Universidad Católica del Maule, la Cruz Roja, miembros de fundaciones, Iglesias católicas y evangélicas y cuantos más han querido realizar actividades en el campamento. Es más, las ultimas autoridades en ingresar al acampamento, el día 17 de mayo fueron los funcionarios municipales repartiendo a todas las casas unos folletos, en idioma castellano y creole, informando que se debe desalojar la propiedad, tal como se señala en el punto anterior. - La pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca ha realizado un trabajo que apunta a una necesidad fundamental, la integración. Para eso, después de escuchar nuestras necesidades, comenzaron a ayudarnos a regularizar su situación migratoria, ayudados por otras oficinas y fundaciones Por desconocimiento del español, hay tramitadores que nos han engañado muchas veces, subiendo cualquier documento es nuestros trámites migratorios y cobrándoles. - El año 2023 realizamos operativos con el Instituto Católico Chileno de Migración Incami, para ayudarnos en el proceso migratorio, y este año la Universidad Católica del Maule, realizará clases de español especialmente para mujeres. Tenemos proyectado algún taller de contabilidad para orientarnos respecto a los emprendimientos con los que buscan salir adelante con sus negocios.

S.S ILUSTRISIMA, Ante el posible desalojo y de concretarse la medida, expone a las familias a deambular sin destino y nos preocupa lo siguiente: El resguardo de los niños: hay 30 niños de 0 a 2 años, 50 niños de 3 a 9 años y 20 adolescentes, por un total de 100 menores de edad. La directora de DIDECO, habló de que se pueden implementar albergues ¿cómo piensan resguardar los derechos de los niños? ¿El derecho al estudio y frecuentación de sus jardines y colegios? ¿Se puede continuar estudiando después de un acto así? El resguardo de los enfermos: (Juan, chileno de 68 años, no vidente. América, chilena de 68 años, trombosis y desplazamiento reducido. Lourdy, haitiano de 28 años, una pierna amputada. Rose, haitiana de aprox. 35 años, problemas siquiátricos, en el programa del Cesfam. N.N., haitiana de 36 años, VIH. Alicia, chilena de 35 años, esquizofrenia. Otras 8 personas con diabetes, hipertensión, problemas pulmonares declarados). El resguardo de las mujeres embarazadas (hay 4 en las últimas semanas de embarazo). El resguardo del derecho a una vivienda digna: casi todas las familias viven en casas con varias piezas, camas individuales, cocina y refrigerador, uno o más baños, pozos (aprox. 50) para el agua (no están “colgados del agua de forma irregular”, como se declara en la querella), y están colgados de la luz por no tener forma de regularizar su situación con la empresa CGE por la entendible negativa de la Municipalidad. Tienen fosas sépticas y pozos negros. Tienen patios y huertas propias. Con el Serviu se había planteado la posibilidad de tener que trasladarse a futuro a otros terrenos edificables, para resguardar las condiciones de vida de las familias en el marco de la legalidad. ¿Cómo se piensa resguardar la dignidad, el bienestar, el derecho a una vivienda digna de estas familias, con medidas que no sean vivir en situación de calle? El resguardo de los bienes propios de estos ciudadanos: ropa y alimentos, medicamentos, libros de estudio y herramientas de trabajo, camas, cocinas y refrigeradores, utensilios y aparatos eléctricos para cocinar, mesas y sillas, lavadoras y closets, vehículos y los demás bienes de su propiedad. (entendemos que la ley permite derrumbar las casas, no destruir las propiedades personales que se encuentren en terrenos ocupados) No teniendo ellos a familiares dónde refugiarse, ni otros lugares donde resguardar sus pertenencias y vivir con ellas, ¿cómo se procede con el resguardo de todas sus pertenencias?

EL DERECHO El recurso de protección tiene como objetivo fundamental del recurso de resguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas ante situaciones que los vulneren o pongan en riesgo. Este recurso busca que los tribunales de justicia actúen de manera rápida y eficaz para detener cualquier acción o amenaza que atente contra estos derechos.

Al interponer un recurso de protección, se busca obtener una medida cautelar o una resolución judicial que garantice la protección inmediata de los derechos afectados. Esto puede incluir, por ejemplo, ordenar la suspensión de un desalojo ilegal, detener actos de discriminación, asegurar el acceso a servicios básicos como la vivienda, el agua o la salud, entre otros. En resumen, el objetivo principal del recurso de protección es defender y garantizar los derechos fundamentales de laspersonas frente a cualquier tipo de vulneración por parte de individuos, organizaciones o instituciones públicas o privadas.

En su génesis, responde a una etapa de procesode constitucionalización del derecho que consiste en que,al disponer los individuos o grupos de la acción de protección, para exigir el respeto previamente o ex post, del ejercicio legítimode los derechos fundamentales, se convierte a los particulares y sujetos amparados por la Constitución, haciendo que se y respeten como propia y nocomo más como ajena, Señalado lo anterior S.S Ilustrísima, traemos a usted el conocimiento de la presente controversia, a fin de que las garantías constitucionales que se encuentran amenazadas sean efectivamente resguardadas, y percibamos como propia nuestra Carta fundamental y no como una herramienta a la que solo pueden recurrir ciudadanos de distinta categoría.

REQUISITO PARA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo1 del auto acordado 94-2015 de la Excelentísima CorteSuprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el plazo fatal para su interposición es de treinta días corridos desde la ejecución del acto, la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de estos, desdeque se haya tenido noticias o conocimiento de estos. Como bien hemos señalado al iniciar nuestra presentación, han transcurrido menos de 30 días desde los supuestos de hecho que motivan el recurso.

En el caso concreto tomamos conocimiento de los hechos através de una entrevista en VNL RADIO, www.vlnradio.cl/noticias/nacional/region-del-maule/20024/05/17/municipio-curicano-comenzo-etapa-informativa-ante-inminente -desalojo-de-dragones-sur/ Esta acción dada a conocer en una entrevistase materializa e día viernes 17 de mayo instalando letreros a las afueras del campamento y entregando casa por casa uno folletos, por los cuales tomamos conocimiento de como campamento que en un breve tiempo vamos a ser desalojados, al cumplirse el plazo de 30 días desde la entrega de este informativo. La notificación de la querella que señalan en la entrevista no ha sido notificada por un receptor judicial.

REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.

El acto que motiva el presente recurso es la información que establece el desalojo siendo este ILEGAL Y ARBITRARIO.

Derechos fundamentales amenazados.

El acto de decretar el desalojo total de toda persona que actualmente tenga la ocupación de la propiedad municipal amenaza diversas garantías constitucionales establecidas en artículo 19 de nuestra constitución Política.

Específicamente consignados en el artículo 19 N°1, El derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, El artículo 19, número 1, de la Constitución Política de la República de Chile establece que "La Constitución asegura a todas las personas, además de los derechos y garantías que enumera, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona." Este artículo establece un principio fundamental de protección de la vida y la integridad de las personas, que son derechos inherentes a la dignidad humanay por lo mismo son básicos. Su conocimiento tiene desarrollodoctrinario y jurisprudencial.

Derecho a la vida: Este derecho constituye uno de los principios fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico y es reconocido como un derecho humano esencial. La Constitución de Chile establece este derecho como parte del artículo 19, número 1, lo que significa que es garantizado a todas las personas sin distinción, sean chilenos o extranjeros.

Integridad física y psíquica: Además del derecho a la vida, el artículo 19, número 1, también protege la integridad física y psíquica de las personas. Esto implica protegerlas contra cualquier acto que pueda poner en peligro su salud física o mental. Se refiere tanto a la protección contra la violencia física como a la protección contra el maltrato psicológico. En este sentido debemos señalar, la incertidumbre y preocupación de cada uno de los pobladores, no solo por el bienestar de los adultos, sino de aquellos niños que no tienen la comprensión de esta situación. Carácter absoluto del derecho: El artículo 19, número 1, establece estos derechos como fundamentales e inalienables, lo que significa que no pueden ser limitados o restringidos en circunstancias normales. Sin embargo, existen ciertas situaciones, como la legítima defensa o la aplicación de la ley en casos excepcionales, donde puede haber restricciones proporcionales y justificadas a estos derechos.

Protección del Estado: La Constitución establece que es deber del Estado proteger y garantizar estos derechos. Esto implica que el Estado debe adoptar medidas efectivas para prevenir la violación de estos derechos y para investigar y sancionar cualquier acto que los vulnere.

Derecho a un recurso efectivo: En caso de que se vulnere el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la Constitución garantiza el derecho de las personas a recurrir a los tribunales de justicia para obtener una reparación adecuada. Esto incluye el acceso a la justicia y la posibilidad de obtener medidas de protección y compensación.

En resumen, el artículo 19, número 1, de la Constitución Política de la República de Chile consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas como principios fundamentales e inalienables, Al respecto el profesor nombre reservado, señala que “La afectación de uno de los elementos que compone a la personal, conlleva una alteración del otro, que puede ser en mejoría o desmedro”.

En la situación en cometo, el uso de Fuerza Pública, tal como lo señala el reportaje, desprovista de la validez de las normas, se traduce en vías de hecho y en este sentido quienes sean objeto de la medida adoptada sin una notificación de la resolución del desalojo comentado a través de los medios de prensa, serán directamente amenazados tanto en su integridad física comopsíquica, por el solo efecto de un eventual desalojo, sin una previa notificación, carece de todo presupuesto de legalidad.

Así, los recurrentes están frente a una amenaza real, verosímil e inminente de su derecho a la visa, e integridad psíquica, toda vez que el auxilio de la fuerza pública implica, como es de público conocimiento. El artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República de Chile establece lo siguiente: "La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la inviolabilidad del hogar ..." Derecho a la inviolabilidad del hogar: Este derecho protege el espacio privado del individuo, es decir, su domicilio, residencia o cualquier lugar que constituya su hogar. Esto implica que ninguna autoridad pública o privada puede ingresar o realizar registros en el hogar de una persona sin su consentimiento, excepto en los casos expresamente autorizados por la ley y con las garantías procesales correspondientes.

Derecho a la privacidad de las comunicaciones: Este derecho garantiza que las comunicaciones privadas, como las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos, los mensajes de texto y cualquier otra forma de comunicación personal, sean protegidas contra la interceptación, grabación, registro o intervención por parte de terceros, incluidas las autoridades estatales, sin una autorización judicial previa.

Requisitos para la intervención: El inciso establece que cualquier intervención en las comunicaciones privadas debe realizarse mediante una resolución fundada dictada por el juez competente y con las formalidades legales correspondientes. Esto significa que se requiere una orden judicial debidamente fundamentada que justifique la necesidad y proporcionalidad de la intervención, y que se cumplan todos los requisitos legales y procesales establecidos para proteger los derechos de las personas involucradas.

Principio de legalidad y reserva de ley: La protección de la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas refleja el principio de legalidad y la reserva de ley en materia de restricción de derechos fundamentales. Esto significa que cualquier limitación o restricción a estos derechos debe estar expresamente establecida por la ley y ser compatible con los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en una sociedad democrática.

Al respecto el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE define INVIOLABILIDAD, como la cualidad de inviolable, para luego definir inviolable señalando que “no se debe o no se puede violar, refirió a lugares sagrados o también a leyes, derechos, promesas etc.”.Asimismo, la RAE también define hogar, entendiendo esta acepción como sinónimo de “casa o domicilio”, pero también en otra consideración, la entiende como Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas”.

Nos remitiremos a la historia de la Ley, el espíritu del legislador al momento de consagrar esta garantía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.

En cuanto a la acepción HOGAR, dentro de estos destacamos el del Profesor Silva Bascuñán, quien sostuvo “el Hogar es una proyección de la persona respecto de su actividad, de manera entonces que recae en el lugar que esa persona en su intimidad se proyecta” clarificando de esta manera su contenido.

El profesor nombre reservado, por su parte señala: “la Inviolabilidad, se refiere a la cualidad que tienen los bienes protegidos en el sentido que pueden ser observados, revisados, registrados, visitados, transmitidos, difundidos, ni traspasados para ningún efecto, sin el consentimiento previo del afectado. Tal inviolabilidad significa que el hogar y las comunicaciones privadas tampoco pueden ser vulneradas o quebrantadas en lo que es santuario de su intimidad, reserva o confidencialidad.

Mientras que nombre reservado, entiende que el hogar, morada o domicilio constituye una prolongación espacial de la personalidad de sus ocupantes. Asimismo, este autor señala que los elementos esenciales que determina la noción constitucional de hogar son.

La existencia de un espacio físico, aislado del exterior que se encuentre cerrado o parcialmente abierto.

El destino de tal espacio físico al desarrollo de la vida privada y manifestaciones de la personalidad.

De lo anteriormente señalado S.S. Ilustrísima, que la garantía constitucional de inviolabilidad del hogar constituye no solo un derecho personalísimo, sino que esta garantía es un atributo inalienable de toda persona, ligado íntimamente a su dignidad, por lo cual únicamente puede ser restringido en atención a la ley.

De esta manera, pretendemos ilustrar que las construcciones efectuadas por cada una de las familias que habitan hoy en el campamento Puerto Príncipe constituyen no solo un refugio provisional en tiempo de invierno, sino también constituyen su hogar, un lugar seguro donde cada individuo ha logrado desarrollar diversos aspectos de su vida y personalidad y donde llevan sus relaciones dinámicas de familia. Esto últimos importante que debemos recalcar que nuestra Carta Fundamental, señala que LA FAMILIA ES EL NUCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD, y luego señala que ES DEBER DEL ESTADO DAR PROTECCION A LA POBLACION Y A LA FAMILIA. Por ende, es deber también de sus instituciones, propender no solo el desarrollo de cada uno de los individuos al interior de la sociedad, sino que propender también al desarrollo de las familias y brindarles la máxima protección.

Siendo la Constitución, la que destaca que la familia ocupa un lugar central y fundamental en la sociedad. Establece que la debe fortalecer y proteger. Dentro de esta protección a las familias no sepuede dejar de recalcar que se vulneran los derechos de los niños.

CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑO.

Al respecto cabe señalar lo siguiente:

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece una serie de derechos que son esenciales para el desarrollo y bienestar de los niños, incluyendo el derecho auna vivienda adecuada. Aunque la CDN no menciona explícitamente el derecho a la vivienda, este se deriva de varios artículos que promueven el derecho a un nivel de vida adecuado.

Artículos Relacionados con el Derecho a la Vivienda 1. Artículo 27: Nivel de vida adecuado -Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

-Los padres o responsables del niño tienen la responsabilidad primordial de asegurar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño.

-Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y dentro de sus posibilidades, adoptarán las medidas adecuadas para ayudar a los padres y otras personas responsables del niño a implementar este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente en relación con la nutrición, el vestuario y la vivienda.

2. Artículo 24: Salud y servicios médicos -Este artículo destaca la importancia del derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y al acceso a servicios médicos. Un entorno de vida adecuado es crucial para la salud y el bienestar de los niños.

Implementación en Chile Chile, al ser un Estado Parte de la CDN, se ha comprometido a garantizar un nivel de vida adecuado para todos los niños, lo que incluye el derecho a una vivienda adecuada. Esto implica que el gobierno chileno debe tomar medidas para asegurar que los niños y sus familias tengan acceso a viviendas seguras y adecuadas.

El derecho a una vivienda adecuada es fundamental para el desarrollo y bienestar de los niños y está implícito en varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Chile, comprometido con estos principios, ha implementado diversas políticas y programas para mejorar las condiciones de vida de los niños y sus familias, aunque aún enfrenta desafíos significativos que requieren atención continua y esfuerzos adicionales.

En este sentido, debemos señalar que en caso de hacer efectivo el desalojo, se estaría vulnerando la familia, principalmente a los niños, dejándolos sin un techo, acceso a salud ya que se atienden en el CESFAM, cercano a este campamento y en el mismo contexto, dejaríamos a todos niños sin acceso a la educación durante el año 2024, mientras son reubicados y trasladados de un lugar a otro, produciendo un desequilibrio emocional y psicológico ya que este es un cambio complejo para una persona adulta, es mucho más complicado para un niño que no comprende este tipo de situaciones MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Respecto de la normativa internacional que Ampara el derecho a la vivienda, o en su caso, que el desalojo es la última ratio y previa planificación en conjunto de esta, podemos señalar la siguiente, que es importante debido a que es incorporada mediante el artículo5° inciso 2° que establece como límite de la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados en la constitución como en los tratados internacionales.

DECLARACION UNIVE RSAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1948.

ARTICULO25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial a la alimentación, vestido, vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

Artículo 17: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias o esos ataques.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS PACTO DE SAN nombre reservado RICA.

Artículo11. Protección a la Honra y la dignidad.

- Nadie puede ser objeto de injerencias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. - Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Por respeto a dignidad inherente a la persona humana, principio que inspira a nuestra legislación como al derecho internacional en la materia, la participación de los afectados debe ser considerada por la autoridad para elaborar el plan de desalojo, lo que no ha ocurrido. Poe lo que podemos señalar que existen razones constitutivas de infraccione a los estándares fijados por el derecho internacional los derechos humanos en materia de desalojos forzados, a fin de resguardar el derecho a la libertad personal y seguridad individual, esto es: 1.-Falta de un plan de desalojo racional y coordinado con las autoridades competentes como, por ejemplo, coordinar la actuación de Defensoría de la Niñez como veedores y garantes de los derechos de los niños, niñas adolescentes, pese a la existencia de esta domicilio reservado.-Falta de conocimiento de la proporcionalidad de los medios a utilizar en el desalojo inspirado en la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública, de manera de evitar violencia innecesaria o atropello a los derechos de las personas y sus bienes. De forma de precaver la privación arbitraria de bienes a consecuencia de formas de destrucción deliberada, negligencia o cualquier forma de castigo colectivo. 3.-Ausencia de un alojamiento alternativo o reasentamiento eficaz, dado el contexto actual que comienza el invierno y los niños ya comenzaron el año escolar, no hay una reubicación escolar y comenzaría una deserción escolar y un atraso en su instrucción académica, que dicho sea de paso se encuentra amparada por nuestra constitución política en su artículo 19en su numeral 10 “… la educación básica y media son obligatorias”. Las familias eminentemente desalojadas quedaran a su suerte debido a la inexistencia de una coordinación y efectiva solución a la situación en la que se encuentran. 4.-Ausencia de un plan de contingencia médica y de salud que tenga en cuenta las particularidades de niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y en condición de salud deteriorada y capacidades disminuidas. 5.-Falta de oportunidad para que las personas hicieran inventario de los bienes que pudieran verse dañados, debido al plazo que les dan para desocupar sus construcciones y viviendas, previo al desalojo. DERECHOA LAPROPIEDAD SOBRE BIENES MUEBLES (ARTICULO 19 N°24 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA). Este de actuar arbitrario, tendrá consecuencias materiales debido a que se han traslado al campamento una serie de implementos, con la finalidad de establecer condiciones de habitabilidad. El desalojo, entendido como la acción de expulsar a una persona o grupo de personas de un inmueble, es una práctica que afecta a miles de personas alrededor del mundo y tiene implicaciones significativas en términos de derechos humanos y justicia social. En Chile, los desalojos están estrechamente ligados al derecho a la propiedad, tal como se establece en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Este ensayo analiza los desalojos desde la perspectiva del derecho a la propiedad, sus implicaciones sociales y legales, y los desafíos que plantea su regulación y ejecución. El Derecho a la Propiedad y los Desalojos El derecho a la propiedad, según el artículo 19 N° 24 de la Constitución chilena, otorga a los individuos la facultad de poseer, usar y disponer de bienes de manera exclusiva. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ejercerse en consonancia con su función social. Los desalojos, como una manifestación del derecho a la propiedad, implican la capacidad del propietario de recuperar el control de su inmueble cuando este es ocupado sin su consentimiento Implicaciones Sociales de los Desalojo Los desalojos, especialmente aquellos realizados sin un debido proceso o sin ofrecer alternativas de vivienda, pueden tener graves consecuencias sociales. Entre las principales implicaciones se encuentran: 1. Desplazamiento y Desarraigo: Las personas desalojadas a menudo pierden no solo su vivienda, sino también su sentido de pertenencia y comunidad. Esto puede llevar a un desplazamiento forzoso y desarraigo, afectando su bienestar emocional y social. 2. Aumento de la Pobreza: Los desalojos pueden agravar la situación económica de las familias afectadas, forzándolas a vivir en condiciones de precariedad o en viviendas inadecuadas, perpetuando el ciclo de pobreza. 3. Vulnerabilidad y Exclusión Social: Las personas desalojadas a menudo enfrentan una mayor vulnerabilidad, especialmente si no se les proporciona asistencia adecuada. Esto puede llevar a una mayor exclusión social y a la marginalización de grupos ya desfavorecidos. Ejecución de desalojos: 1. Garantía de un Debido Proceso: Es esencial que los desalojos se realicen respetando los principios del debido proceso, garantizando que las personas afectadas tengan la oportunidad de ser escuchadas y de defender sus derechos, que para el caso concreto solo se ha informado a través de entrega de folletos informativos y no por medio de un receptor judicial tal como lo señala la ley. 2. Provisión de Soluciones Habitacionales: Para mitigar el impacto social de los desalojos, es crucial que se proporcionen soluciones habitacionales adecuadas a las personas desalojadas. Esto incluye programas de vivienda pública y asistencia para encontrar nuevas residencias. 3. Equilibrio entre Derechos de Propietarios y Ocupantes: Las políticas deben buscar un equilibrio justo entre los derechos de los propietarios y los derechos de los ocupantes, especialmente en contextos de ocupación ilegal por necesidad. 4. Prevención de Desalojos Forzosos: Es fundamental adoptar medidas preventivas que eviten los desalojos forzosos, promoviendo el acceso a la vivienda y la regularización de asentamientos informales. Los desalojos, como una manifestación del derecho a la propiedad, plantean importantes desafíos sociales y legales. Si bien es fundamental proteger los derechos de los propietarios, también es crucial considerar las implicaciones sociales de los desalojos y garantizar que se realicen de manera justa y respetuosa de los derechos humanos. Para ello, es necesario adoptar políticas integrales que equilibren los derechos de todas las partes involucradas y promuevan soluciones habitacionales adecuadas y justas. Solo así se podrá asegurar que el ejercicio del derecho a la propiedad contribuya al bienestar y la justicia social en la sociedad chilena.

DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA.

El pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1966, reconoce en el párrafo 1 de suartículo11 el derecho de toda persona a un nivel adecuado para si y su familia incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. El comité de Derechos Sociales y Culturales (en adelante comité) en Observación General N°4, ha indicado que el derecho a vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido restrictivo que lo equipare, por ejemplo,“al cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado proo encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad”, sino que debe considerarse “como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. El Comité ha señalado también que la dignidad inherente a la persona humana exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que “el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos coma sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”. Ahora bien, hoy en relación al concepto de vivienda adecuada, hoy el comité ha adherido a lo señalado por la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de vivienda hasta el año 2000, en el sentido de que dicho término significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuadas y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos todo ello a un costo razonable”.

Más concretamente, el Comité ha establecido los elementos que permiten configurar el derecho a la vivienda adecuada, los cuales son:

1.-Seguridad jurídica de la tenencia, indicándose dentro de las variedades de dicha tenencia los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.

2.-Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructuras;

3.-Gastos soportables de tal manera que no impidan el logro y satisfacción de otras necesidades básicas;

4.-Habitabilidad, en el sentido de ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad;

5.-Asequibilidad, indicándose que “debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda”; 6.-Lugar, señalándose que la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita las opciones de empleo, los servicios de atención de salud centro de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales.

7.-Adecuación cultural, lo que significa que la manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de identidad cultural y la diversidad de la vivienda.

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales, Articulo 11:

1.-Los Estados Parteen el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, hola incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho reconociendo a este efecto la importancia esencial de la Cooperación Internacional fundada en el libre consentimiento.

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, ARTICULO 25.

1.-Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, hoy y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Observación General N°4. El derecho a una vivienda adecuada.

Aun cuando la adecuación viene determinada en parte de los factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole. El comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que debes ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre estos aspectos figuran los siguientes:

Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler(público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia, asentamientos informales, incluidas la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio en, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Parte deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece un estándar crucial para la dignidad humana, abogando por un nivel de vida adecuado y la protección en situaciones de vulnerabilidad. Aunque su implementación enfrenta desafíos significativos, es fundamental para la construcción de sociedades justas y equitativas. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben trabajar juntos para superar estos obstáculos y asegurar que los derechos consagrados en este artículo se conviertan en una realidad para todas las personas. En última instancia, la plena realización del artículo 25 es esencial para lograr un mundo donde la dignidad humana sea respetada y protegida para todos.

POR TANTO: En virtud de los argumentos de hecho y derechos expuestos y lo dispuesto en los artículos1, 3 y 24, articulo 20 de la Constitución Política y en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 24 de junio de 1992.

SOLICITO A S.S ILUSTRISIMA. Tenga por deducida la acción de protección en contra de la Municipalidad de Curicó, la acoja y en definitiva declare los derechos denunciados constituyen actos ilegales y arbitrarios, en los términos establecidos en el artículo20 de la Constitución y, en definitiva, ordene a la recurrida.

- Que se declare ilegal el folleto informativo de 17 de mayo de 2024, entregado por funcionarios municipales. - Todas las medidas que VSSILUSTRISIMA considere conducentes al restablecimiento del imperio del derecho. PRIMER OTROSI: Considerando la inminencia para la fecha del desalojo, la seguridad de los afectados, así como los efectos irreparables de esta medida y que dicha ejecución acarreara que un gran número de personas y familias en cuyo favor se deduce la acción constitucional expuesta es que solicito a VUESTRA SEÑORIA ILISTRISIMA, disponer orden de NO INNOVAR, mientras penda el conocimiento de esta acción, ordenando la suspensión de la ejecución del de lo señalado en los folletos informativos entregados con fecha 17 de mayo de 2024 y de los desalojos, comunicados a las familias del campamento Puerto Príncipe. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría Ilustrísima, requerir que lo recurridos informen al tenor de lo expuesto en el plazo que Vuestra Señoría Ilustrísima, estime conveniente, además de solicitar información a la Delegación Presidencial, Municipalidad de Curicó, en cuanto al reconocimiento del campamento y al Servicio de Vivienda y Urbanismo, atendida la naturaleza y la cuestión plateada en la presente acción Constitucional de Protección. TERCER OTROSI: Solicitamos a Vuestra Señoría Ilustrísima, tener por acompañado los siguientes documentos: - Copia de dominio vigente emitida por el conservador de Bienes Raíces de Talca, de fecha02 de marzo del año 2020, que da cuenta QUE LA MUNICIPALIDAD AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD, TENIA CONOCIMIENTO DEL CAMPAMENTOY NO SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR SIN EL CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE ESTE. - Folleto entregado por la municipalidad a los pobladores, casa por casa, realizando el ingreso sin problemas y entregando un FOLLETO INFORMATIVO, SOLICITANDO EL DESALOJO VOLUNTARIO EN EL PLAZO DE 30 DIAS. - Fotos de abril del año 2022, en la cual la Municipalidad de Curicó, INGRESA AL TERRENO, delimitando EL LUGAR QUE LOS POBLADORES PODIAN OCUPAR EL CAMPAMENTO. – Fotos de fecha 11 de abril del año 2022, que acreditan el ingreso de maquinaria enviado por la municipalidad y realizando la delimitación del terreno. - Informe social, emitido por el Trabajador Social nombre reservado, que da cuenta la situación del Campamento Puerto Príncipe, de fecha 29 de mayo del 2024. – Resolución Exenta 355 de 29 de febrero del año2024, que da cuenta que el campamento se encuentra en la incorporación y verificación de campamentos en la lista con el número985/730106 CUARTO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría Ilustrísima, tener presente que, en mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio dela profesión, asumo personalmente el patrocinio en esta acción de protección, compareciendo en favor de los recurrentes en mérito de lo expuesto en el artículo 2 del Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema de 27 de junio de 1992, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Segundo: Que el informe evacuado por la recurrida, es del tenor siguiente:

FELIPE ANDRES CANTEROS ALIAGA, abogado por la parte recurrida, cedula nacional de identidad número RUT reservado, por su mandante I. Municipalidad de Curicó, representada legalmente por don nombre reservado, Contador Público Auditor, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en autos sobre Recurso de Protección, caratulado “nombre reservado/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ”, Rol Corte 1577-202 a US., respetuosamente digo:

Que, estando dentro de plazo establecido por V.S.I, vengo en informar recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, EROLE SIMEU, y de todos y todas los pobladores del Campamento AMPAMENTO PUERTO “PRINCIPE”, todos ya individualizados, solicitando su RECHAZO EN TODAS SUS PARTES, CON EXPRESA CONDENA EN COSTAS, por ser completamente improcedente en virtud de los argumentos de hecho y derecho que a continuación paso a exponer:

1. Hechos que fundan el recurso de protección.

Que, los recurrentes solicitan a S.S.I. que “Se declare ilegal el folleto informativo de 17 de mayo de 2024, entregado por funcionarios municipales”, y además, solicitan que S.S.I. adopte “Todas las medidas que VSS ILUSTRISIMA considere conducentes al restablecimiento del imperio del derecho”.

Antes de entrar al fondo del asunto, es menester hacer algunas precisiones a S.S.I. sobre los hechos que motivan el presente recurso de protección:

1. La I. Municipalidad de Curicó es dueña de los siguientes inmuebles:

a. domicilio reservado, que corresponde al lote B del sector Dragones, resultante de la subdivisión del predio denominado El Bosque, de la Comuna de Curicó, región del Maule, el cual se encuentra inscrito a fojas 2068, Nº 1.147 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2020, según consta en la inscripción de dominio que se acompaña en un otrosí de esta presentación. b. domicilio reservado, que corresponde al lote C1 del sector Dragones, resultante de la subdivisión del predio denominado El Bosque, de la Comuna de Curicó, región del Maule, el cual se encuentra inscrito a fojas 2.069 Vuelta, Nº 1.148 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2020, según consta en la inscripción de dominio que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

2. Que, con fecha 01 de febrero de 2024, mi mandante, Ilustre Municipalidad de Curicó, presenta una querella por el delito de usurpación violenta en contra de todos aquellos que resulten responsables, por los hechos ocurridos el día 16 de enero de 2024, que básicamente consisten, según consta en querella presentada en causa rit ordinaria-651-2024 del Juzgado de garantía de Curicó, la que se acompaña en un otrosí de esta presentación, señala que “circunstancias que Inspectores Municipales de la Ilustre Municipalidad de Curicó, ante la alarma de incendio de unos vecinos del sector, concurren a la propiedad de mi mandante ubicada en domicilio reservado de la Comuna de Curicó, y al intentar ingresar a ella, fueron repelidos violentamente por ocupantes del lugar, de los cuales desconocemos sus identidades, quienes sin autorización del dueño, y sin título alguno que los habilite para utilizar las dependencias, se tomaron el lugar”.

3. A raíz de la toma del inmueble de propiedad de mi mandante, esta parte solicita al Juzgado de Garantía de Curicó, la medida cautelar prevista en el artículo 157 ter del Código Procesal Penal, que establece que “Medida cautelar real especial. Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o la víctima, en cualquier etapa del procedimiento, haya sido formalizada o no la investigación, podrán solicitar al juez que decrete el desalojo del o los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública, acreditando la respectiva inscripción del inmueble y antecedentes de la ocupación…”. Lo anterior se fundamenta en que el municipio curicano ha sido privado de ingresar a su propiedad, siendo repelido violentamente por los ocupantes ilegales. Cabe señalar, que el artículo 157 ter del Código Procesal Penal, es claro en señalar que dicha medida puede ejecutarse haya sido o no formalizada la investigación, o sea en cualquier etapa del procedimiento, además esta parte ha acompañado antecedentes fundantes de la propiedad sobre el bien por lo que se ha cumplido a cabalidad con la norma citada.

4. A raíz de lo anterior, el Juzgado de Garantía de Curicó fija audiencia para debatir la medida cautelar solicitada por esta parte, para el día 07 de febrero de 2024. En dicha audiencia el Juez Eduardo Fritz Castro, Juez Titular del Juzgado de Garantía de Curicó, da lugar a lo solicitado por mi mandante, esto es, dar lugar al desalojo de los ocupantes ilegales con auxilio de la fuerza pública en el más breve plazo posible, entre ellos los recurrentes de autos. Además, señaló que esta medida de desalojo debe ser cumplida mediante receptor judicial, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuese necesario. Para acreditar lo anterior, acompaño en un otrosí de esta presentación el Ebook de la causa rit ordinaria-651-2024 del Juzgado de Garantía de Curicó.

5. Producto de lo anterior, el municipio curicano, para evitar que el desalojo decretado causare problemas a los ocupantes ilegales, se decidió que era prudente avisarle a los ocupantes ilegales de los inmuebles que, en un plazo de 30 días desde el aviso, como municipio procederíamos a desalojar la propiedad municipal. Asi, los ocupantes ilegales tenían 30 días para que de forma pacífica, pudieran sacar sus cosas, incluso, el día de la entrega del folleto y la instalación de un cartel, se conversó con algunos ocupantes ilegales que la municipalidad podría facilitar camiones municipales para el traslado de sus cosas.

6. El día 17 de mayo de 2024, debido a que existía riesgo de ser repelidos a la fuerza, se coordina un operativo en conjunto con Carabineros de Chile, y se procedió a la instalación del cartel, a la entrega de folletos a los ocupantes ilegales y a explicarle que tienen que hacer abandono del lugar, en un plazo máximo de 30 días ya que si no lo hacen, se tendrá que ocupar la fuerza pública que el Juzgado de Garantía de Curicó autorizo mediante resolución judicial. Para lo anterior, acompaño en un otrosí de esta presentación, set fotográfico para acreditar la entrega de los folletos de forma pacífica y la instalación del cartel. Dicho procedimiento se realizó de forma pacífica y los ocupantes ilegales, entendieron que están ocupando un terreno que es municipal de forma ilegal, y que harían abandono de forma pacífica del lugar.

2. El recurso de autos adolece de vicios formales.

Al efecto, cabe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República reconoce como legitimado para interponer el recurso “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”; a su vez, el N°2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, dispone que “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre…”. De ello se colige que la acción de protección no constituye una acción popular, por lo que debe demostrarse por quien lo deduce un interés jurídico en su resultado.

Así se ha sostenido por la Excma. Corte Suprema en reiteradas sentencias, que el recurso de protección no es una acción popular, como las dictadas en los autos Rol N°9464-2009, caratulados “Fundación Cardoen con Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y otros”; Rol N°4777-2011, caratulados “Municipalidad de Linares con Comisión Regional del Medio Ambiente de la VII Región del Maule”; Rol N°8213-2011, caratulados “nombre reservado con Comisión Regional del Medio Ambiente de la Primera Región” y Rol N°2463-2012, entre “Corporación Fiscalía del Medio Ambiente con Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén”.

Enseguida, lo que solicita la abogada recurrente, es que se declare ilegal la entrega del folleto que informaba que se procederá al desalojo de los ocupantes ilegales, pero en el recurso presentado, solo hace una enumeración genérica de como el desalojo podría afectar algunas garantías constitucionales, PERO NO HACE REFERENCIA A LO QUE SOLICITA ESPECÍFICAMENTE, ES DECIR, COMO EL FOLLETO AFECTARÍA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

En consecuencia, es dable concluir que los recurrentes carecen de legitimidad activa para representar a las personas que presuntamente se verían afectadas en sus derechos constitucionales, puesto que no han sido individualizadas ni se ha detallado la forma en que cada caso se habría producido la afectación que se reclama, por lo que el recurso resulta del todo improcedente en este aspecto.

3. Confusión por parte del recurrente entre desalojo administrativo y un desalojo judicial. Ley General de Urbanismo y Construcciones V/S una resolución judicial.

Ahora bien, aclarado lo anterior, debo señalar que la recurrente, confunde conceptos básicos del derecho por un lado el desalojo y demolición administrativo con el desalojo ordenado mediante resolución judicial, ya que señala que el folleto, que voluntariamente el Municipio Curicano entregó, debería haber cumplido con las formalidades que establece la ley, y para ello, señala una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco. Pero en dicha causa, lo que se recurre es un decreto alcaldicio, que ordena la demolición de las viviendas tomadas, en virtud de las facultades que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción (en adelante LGUC), es decir, una demolición administrativa contemplada en el artículo 123 de la LGUC. Pero, en la especie, el origen del desalojo es una resolución del Juzgado de Garantía de Curicó en causa rit ordinaria-651-2024 de fecha 07 de febrero de 2024.

Como S.S.I. puede apreciar, el hecho que se recurre en el fondo, es una resolución judicial emanada por un tribunal legalmente constituido, y la jurisprudencia de la Corte Suprema, es unánime en señalar que “la acción constitucional de protección NO PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCIONES JUIDICIALES, Y QUE, ESTANDO UNA CONTROVERSIA SOMETIDA AL IMPERIO DEL DERECHO, NO PROCEDE OTORGAR AMPARO CONSTITUCIONAL1”. (Lo ennegrecido y subrayado es nuestro).

1 Corte suprema, causa rol N°62.128-2023 de fecha 05/01/2024, considerando cuarto.

Ahora bien, en el evento improbable que la falta de notificación sea causal de nulidad del desalojo, es importante señalar que el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, establece la notificación tacita, señalando que “Aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera gestión que suponga conocimiento de dicha resolución, sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación”. A raíz de lo anterior, se tendría que dar por notificado a los ocupantes ilegales de la resolución de fecha 07 de febrero de 2024 dictada por el Juzgado de Garantía de Curicó, en orden a proceder al desalojo de los inmuebles de mi mandante.

4. La Municipalidad de Curicó no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitraria o ilegal, que pueda privar, perturbar o amenazar los derechos fundamentales resguardados por el recurso de protección de garantías constitucionales. Aclarados los hechos materia del presente recurso de protección, y de acuerdo a lo señalado por los recurrentes, estos solicitan que sea declarado ilegal la entrega del folleto que los insta a abandonar pacíficamente el inmueble, de propiedad de mi mandante, que se tomaron a la fuerza. A raíz de esto, resulta fundamental establecer cuál sería el actual ilegal o arbitrario que realizó la Ilustre Municipalidad de Curicó con la entrega del folleto antes señalado.

Dicho lo anterior, surge la pregunta sobre ¿es ilegal o arbitraria la entrega de un folleto que da un plazo de 30 días para que los ocupantes ilegales desalojen de forma pacífica el terreno de mi mandante, ya que si no desalojan pacíficamente, se tendrá que proceder al desalojo mediante fuerza pública como lo ordenó un Tribunal legalmente constituido, y así evitar un mal mayor a las personas que se tomaron un terreno de mi mandante?

Para responder la pregunta, hay que aclarar que la conducta que describe el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, es una acción u omisión arbitraria o ilegal. La primera conducta, la arbitrariedad, debe entenderse como “carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aun inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o sea una actuación carente de fundamentación”2, es decir, carente de justificación o racionalidad. Por otro lado la segunda conducta, el actuar “ilegal”, es cuando transgrede alguna norma legal. Estos conceptos fueron ratificados por la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N°62.128-2023, en el considerando tercero.

2 nombre reservado, El Recurso de protección, Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia. p. 189 Entonces para responder la pregunta antes planteada, ¿el actuar de la municipalidad fue arbitrario o ilegal? La respuesta es NO, ya que, perfectamente pudo haber cumplido lo dictaminado por el Juzgado de Garantía de Curicó por resolución de fecha 07 de febrero de 2024, y proceder al desalojo mediante fuerza pública por un receptor judicial, sin siquiera haberles dado a los ocupantes, la posibilidad de sacar sus cosas. Pero, lo razonable para evitar un mal mayor, es tener un plan para realizar lo encomendado por el Juzgado de Garantías de Curicó, y parte de este era dar aviso con 30 días de anticipación de que se procederá al desalojo mediante la entrega de un folleto para que las personas que ahí habitan, y así los habitantes ilegales puedan sacar sus cosas, y puedan buscar un lugar donde vivir, entre otras cosas. Incluso, parte del plan que tiene la municipalidad, fue ir a entregar el folleto con un traductor que hable creole (idioma nativo de los Ciudadanos haitianos).

Por todo lo anteriormente señalado, esta parte niega categóricamente, que haya vulnerado los artículos 19 N°1, 3 inciso 5, 5 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, el Auto Acordado sobre tramitación y fallos del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, la Constitución Política de la República de Chile, Ley General de Urbanismo y Construcciones y demás normas legales pertinentes, SOLICITO A S.S.I., tener por evacuado en tiempo y forma el Informe de la I. Municipalidad de Curicó, en relación al recurso de protección de autos y, en su mérito, proceder a rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas. EN EL PRIMER OTROSI: Que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y en representación de mi mandante I. Municipalidad de Curicó, asumo personalmente el patrocinio y poder en la presente causa, con todas las facultades que me fueran otorgadas en el mandato judicial, otorgado ante el Notario Público de Curicó, don nombre reservado, con fecha 22 de octubre de 2021, las cuales doy por expresamente reproducidas, revocando todos los patrocinios y poderes conferidos con anterioridad. POR TANTO, SOLICITO A S.S.I., tener presente el patrocinio y poder. EN EL SEGUNDO OTROSI: Que, vengo en acompañar los siguientes documentos: 1. Ebook de la causa rit ordinaria-651-2024 del Juzgado de Garantía de Curicó. 2. Set fotográfico que contiene 14 fotografías. 3. Copia de Mandato Judicial, otorgado ante el Notario Público de Curicó, don nombre reservado, con fecha 22 de octubre de 2021, Repertorio 2.552-2021. 4. Decreto N° 02552, de fecha 29 de junio de 2021, de la I. Municipalidad de Curicó. 5. Copia de dominio de vigente de inmueble ubicado domicilio reservado, que corresponde al lote B del sector Dragones, resultante de la subdivisión del predio denominado El Bosque, de la Comuna de Curicó, región del Maule, el cual se encuentra inscrito a fojas 2068, Nº 1.147 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2020. 6. Copia de dominio de vigente de inmueble ubicado domicilio reservado, que corresponde al lote C1 del sector Dragones, resultante de la subdivisión del predio denominado El Bosque, de la Comuna de Curicó, región del Maule, el cual se encuentra inscrito a fojas 2.069 Vuelta, Nº 1.148 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2020. 7. Plano del sector de la toma. 8. Acta de audiencia de medidas cautelares en causa rit O-651-2024, de fecha 07 de febrero de 2024, dirigida por el Juez de Garantía de Curicó, don Eduardo Fritz Castro. 9. Resolución de fecha 12 de febrero de 2024 del Juzgado de Garantía de Curicó, en causa rit O-651-2024. POR TANTO, SOLICITO A S.S.I., tener por acompañados los documentos. EN EL TERCER OTROSI: Que, vengo en señalar como forma de notificación el correo electrónico correo reservado POR TANTO, SOLICITO A S.S.I., tener presente la forma de notificación designada.

Tercero: Que el recurso der protección procede cuando hay un acto –o una omisión- ilegal o arbitrario, que en grado de amenaza, perturbación o privación, afecta alguno de los derechos mencionado por el artículo 20 de la Carta Fundamental, en tanto tenga el carácter de indubitado y requiera de urgente y pronta solución.

No es una acción popular susceptible de deducirse a favor de personas o grupos genéricos, sino, respecto de personas naturales o jurídicas individualizadas, de modo que en este caso debe atenderse únicamente al caso de las personas determinadas en el libelo pretensor.

Cuarto: Que lo que se ataca en la especie dice relación con el desalojo de quienes ocupan el campamento Puerto Príncipe de Curicó y se atribuye a la municipalidad de esa comuna el acto ilegal o arbitrario que lo dispone así.

Sin embargo, los antecedentes allegados al recurso, entre ellos el e-book de la causa penal referida más arriba, dan cuenta que aquello emana de una orden judicial dispuesta como medida cautelar en un proceso por usurpación, cuestión que escapa de la decisión municipal y del ámbito de este arbitrio constitucional.

Quinto: Que, en tal virtud, no cabe imputar el acto reclamado, a la corporación edilicia, lo que impide acceder a la pretensión de los recurrentes, resultando innecesario analizar los derechos invocados por parte de estos.

Sexto: Que no está de más señalar que la situación socio económica y familiar y los demás factores asociados a ella, descritos en el recurso, son, por cierto, cuestiones muy importantes que inciden en la vida de quienes se hallan en ese campamento, pero la solución de aquellos que no están satisfechos se inserta en el campo de las políticas públicas que deben ser abordadas por los entes respectivos, estatales y/o municipales, siendo imposible resolverlos en esta sede judicial.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el presente recurso de protección, sin costas.

Redacción del ministro Hernán González García.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 1577-2024/Protección.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicios.