Protección contra su persona por supuestos actos de acoso laboral

Talca, siete de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, profesora de educación general básica, C.I NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra doña nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, profesora, por sí y en representación, en su calidad de rectora, de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES, R.U.T. NºRUT reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por estimar que incurrió en un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 inciso quinto, N°4 y N°16 de la Carta Fundamental. En base a lo anterior, solicitó que se acoja el recurso y que se declare lo siguiente:

“a) Se deja sin efecto la resolución de 07 de mayo de 2024, que comunica el resultado de la investigación instruida por la “Comisión Investigadora” designada por la Rectora y la “Amonestación” escrita con copia a la Inspección del Trabajo, que se me aplica como sanción por supuestas vulneraciones al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del Colegio, así mismo que se deje sin efecto el procedimiento ilegal y arbitrario que le sirve de fundamento.

b) Se ordene a las Recurridas, se abstengan de iniciar nuevos procedimientos en mi contra basados en los mismos hechos.

c) Se ordene a las recurridas a comunicar a toda la comunidad del Colegio la sentencia que acoja el presente recurso de protección, a fin de aliviar en parte el daño que se me ha causado y mi imagen ante dicha comunidad.

d) Se adopten todas las demás medidas que S.S. Iltma. estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

e) Se condene a las costas del recurso a las Recurridas, si hubiese oposición.” (SIC).

Por resolución de 25 de julio de 2024, se acogió a tramitación el recurso y se pidió informe a los recurridos, quienes lo evacuaron solicitando su rechazo, por los fundamentos de hecho y de derecho que indican, con costas.

Con fecha 12 de agosto de 2024 se dispuso traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 11 de diciembre pasado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como antecedentes de hecho, se expuso por la actora que el 28 de marzo de 2024 se interpuso ante el Coordinador de Convivencia Escolar del Colegio, una denuncia en contra de su persona por supuestos actos de acoso laboral, denunciados por la profesora nombre reservado, docente guía del 2do Básico B del Colegio, curso paralelo al que dirige, a saber, el 2do Básico A del Colegio. Añade que la denuncia se basa en un problema entre alumnos de los respectivos cursos de las docentes y el manejo de dicha situación por las profesoras, a lo que la denunciante atribuye el carácter de constitutivo de acoso laboral, quien indica que también por “otras instancias de vulneración a su labor docente” que no detalla ni siquiera someramente, entre otras acusaciones indeterminadas que pretenden dar sustento a las acusaciones de acoso laboral.

Frente a dicha denuncia, con esa misma fecha, la Rectora ordenó la instrucción de un procedimiento por acoso laboral conforme a los artículos 139 y siguientes del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio, por “hechos que habrían vulnerado la integridad psíquica de la denunciante en el desarrollo de sus funciones”, nombrando a una “Comisión Investigadora” conformada por los docentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Hace presente que la profesora nombre reservado enfrentaba en esos momentos al menos 2 procesos de investigación al interior del Colegio por denuncias de apoderados respecto del trato dado a sus alumnos, originados durante el transcurso del mes de marzo de 2024, y en ellos se acreditó el mal proceder de la profesora nombre reservado. A ello se suma una denuncia por malos tratos por parte de la asistente de la docente, doña nombre reservado.

Refiere que el procedimiento ordenado instruir por la Rectora adolece de vicios de origen, toda vez que la propia reglamentación en la que se funda, es decir, el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Educacional Colegio Concepción, establece en su artículo 139 N°1 que los hechos de acoso laboral para poder ser denunciados como tales, deberían haber sucedido en forma sostenida durante 6 meses como mínimo, situación que en el presente caso no se configuraba toda vez que los hechos denunciados habían ocurrido apenas unas semanas antes, ya que la docente denunciante llevaba menos de un mes en funciones. Esta sola circunstancia debió ser suficiente para desechar la denuncia in limine, sin embargo, la Comisión ni siquiera consideró dicha circunstancia y continuó adelante con la investigación de actos de acoso laboral, para la que fue nombrada y lo que delimitaba su competencia.

Esgrime que en el proceso llevado a cabo por la Comisión Investigadora se le ha privado del derecho a defensa, porque no tuvo la oportunidad de presentar descargos, sino que solamente se le citó a prestar una declaración que fue guiada a modo de interrogatorio por los miembros de la Comisión. Agrega que la referida Comisión Investigadora excedió con creces el ámbito de su competencia, al iniciar una investigación por acoso laboral cuando era evidente que los hechos denunciados no cumplían con el requisito formal mínimo de duración en el tiempo exigido por los propios reglamentos de la Corporación Educacional y al extender su investigación a aspectos no contenidos en la formulación de cargos, llegando al extremo de fijar 13 puntos de prueba, 8 de los cuales recaían sobre hechos no comprendidos en la denuncia ni en la formulación de cargos e incluso que habrían ocurrido con fecha posterior. Todo lo cual estima atentatoria de las nociones más elementales del debido proceso.

Pese a todas las falencias procedimentales y vulneraciones al derecho a defensa señaladas precedentemente, ante la total falta de evidencia de la parte denunciante, la resolución final de la Comisión Investigadora la absuelve de los cargos relativos a las acusaciones de acoso laboral. Sin embargo, fuera de toda noción mínima de debido proceso, resuelve que es culpable de otras infracciones al Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, que no estaban contempladas en la formulación de cargos ni en la denuncia, declarándola culpable de tales infracciones y proponiendo sanciones al efecto. Así, la Comisión resolvió:

“No se percibe una secuencia de situaciones que conlleven un acoso laboral por parte de la profesora nombre reservado hacia la profesora M° nombre reservado, en el caso de los correos mandados a apoderados, estos son considerados como parte de las labores de un profesor guía, declarado en el reglamento de orden, higiene y seguridad del establecimiento. Además, atenuando a que todas las situaciones declaradas con estudiantes han sido parte de otras investigaciones en la cual, la profesora M° Ignacia, ha sido denunciada por un mal actuar de su parte como docente.

No obstante, si se evidencia un mal actuar por parte de la profesora nombre reservado, donde, este mismo reglamento en la parte de “obligaciones” y en los puntos b) y j) hace referencia a:

b) una conducta y modales correctos y honorables; una actitud deferente y de respeto para con sus compañeros de trabajo...

j) Mantener un comportamiento leal, honesto y probo para con la empresa en sus actuaciones relacionadas con su trabajo y por último Se agrega, que surge otro incumplimiento, en la situación con la auxiliar, donde el punto x) de las obligaciones declara que x) Promover o participar en desordenes, riñas, al interior o cercanías de la empresa.

Por el incumplimiento de los puntos declarados y presentes en el Reglamento de O, H y S, se recomienda una carta de amonestación escrita por incumplimiento de los puntos descritos.

Además, se sugiere una mediación por parte de Convivencia Escolar y/o algún representante del equipo de gestión junto con un trabajo reparatorio/formativo con la docente con el fin de reforzar algunos puntos que están declarados en el Reglamento de O, H y S en las “funciones del docente” parte “Área Actitudinal y Valórica” punto 5. 6. Y 11. Estos son:

5. Saber trabajar en equipo y sentirse comprometido con los valores y principios que sustenta el colegio.

6. Tener una actitud abierta y solidaria que demuestre verdadero compañerismo con sus colegas para que contribuya a que el ambiente de trabajo sea agradable y pleno.

11. Propiciar el desarrollo de la fraternidad a través del ejemplo y del quehacer diario”. (SIC).

Lo anterior fue confirmado, sancionado y aumentado por la Rectora en los actos recurridos de fecha 07 de mayo de 2024, imponiéndole la sanción de amonestación por escrito con copia a la Inspección del Trabajo, en circunstancias que la Comisión Investigadora había propuesto solamente la amonestación por escrito, que es la sanción mínima establecida en los reglamentos internos del Colegio, buscando, injustificadamente, dañar de forma irreparable su historial laboral. Es decir, sin una denuncia ni formulación de cargos previa, mucho menos una oportunidad de defensa, la Comisión Investigadora la acusa y condena de mantener conductas y modales incorrectos y no honorables, actitudes no deferentes y/o de faltar el respeto a sus compañeros de trabajo; de mantener un comportamiento desleal, deshonesto y fuera de la probidad para con la empresa en sus actuaciones relacionadas con su trabajo; y de promover o participar en desordenes, riñas, al interior o cercanías de la empresa.

Esto se materializó en dos actos, que son los que se impugnan, a saber: Resolución de la Rectora de la Corporación Educacional Colegio Concepción Linares, de fecha 07 de mayo de 2024, que cierra el proceso de investigación en su contra. Amonestación por escrito de la Rectora de la Corporación Educacional Colegio Concepción Linares a su persona, de fecha 07 de mayo de 2024, con copia a la Inspección del Trabajo, que constituye la culminación del proceso ilegal y arbitrario denunciado.

Reitera que el reglamento nombre reservado, higiene y seguridad del Colegio establece en su artículo 139 N°1, como un requisito esencial de denunciabilidad y procesabilidad, que los actos de acoso laboral objeto de la denuncia deben haberse producido en forma sostenida por a lo menos 6 meses, lo que no se habría cumplido en este caso, dado que la denunciante señala en su denuncia que los hechos denunciados habían ocurrido en el último mes; tales hechos no cumplían con este requisito era evidente para la Rectora y la Comisión Investigadora, toda vez que la denunciante llevaba en el cargo menos de un mes, ya que venía de vuelta de una larga licencia, y no había tenido contacto laboral previo con la denunciada. Pese a lo anterior, la Rectora y la Comisión deciden iniciar el procedimiento, aún en contra del texto expreso de la reglamentación interna en la que se pretende fundar, permitiendo así un procedimiento que a todas luces no se ajustaba a derecho, lo que constituye el actuar ilegal y arbitrario denunciado.

De otro lado, aduce que el desarrollo del procedimiento también está contaminado de ilegalidades y arbitrariedades, toda vez que se buscó activamente por los comisionados extender su investigación a puntos no sometidos a la competencia de la Comisión Investigadora, llegando a interrogar en forma activa a los testigos para buscar nuevos hechos que pudieran justificar sanciones en su contra. Asimismo, se fue ampliando la investigación incluso a hechos supuestamente acaecidos con posterioridad a la formulación de cargos, lo que contraría las nociones más elementales del decido proceso, al hacer imposible una defensa adecuada ante acusaciones que se van formulando y modificando conforme avanzaba el procedimiento.

Alega que no existió en el proceso incoado por la Comisión Investigadora la oportunidad de presentar descargos, sino que simplemente se le citó a prestar una declaración ante la Comisión, la cual fue dirigida por los inquisidores a modo de interrogatorio, privando así a su defendida del más elemental derecho a defensa. Adicionalmente, al considerarla responsable de las infracciones reglamentarias por las cuales posteriormente se le sanciona, los actos recurridos no explican de manera alguna los fundamentos por los cuales se llega a estas conclusiones, puesto que se explican los hechos en los que se fundarían estas infracciones, pero no se indica cuáles serían las conductas faltas de honorabilidad ni de qué forma habría incurrido en tales conductas, cuáles serían las conductas deshonestas, o faltas de probidad en que habría incurrido ni de qué forma lo habría hecho.

Considera que estas imputaciones resultan especialmente graves en cuanto incluso podríamos estar hablando de hechos que revisten caracteres de delito, atribuyéndole responsabilidad y sancionándola, por lo que hace expresa reserva de las acciones civiles y penales que pudiera corresponder. Lo anterior deja en evidencia la total parcialidad y arbitrariedad de la Comisión y de la Rectora, al sancionar posteriormente esta investigación y aplicar las medidas disciplinarias propuestas.

Reitera que se quería sancionar a toda costa, aun pasando por sobre las nociones más elementales del debido proceso, como son el derecho a defensa (conocer previamente los cargos imputados y tener la posibilidad de defenderse y presentar pruebas) y el principio de coherencia que debe existir entre los hechos denunciados, la formulación de cargos y la resolución que condena o aplica sanciones. Nada de esto se ha respetado en el presente caso, lo que constituye la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas.

Sin perjuicio de lo ilegal y arbitrario del procedimiento, y de la resolución que impone sanciones, no existe explicación alguna que fundamente la elección de la sanción, no hay ninguna explicación de por qué se aplica la impuesta y no otra dentro del catálogo dispuesto por la reglamentación interna en que se funda el procedimiento impugnado, lo que a su vez provoca la nueva arbitrariedad en cuanto a la determinación de la sanción aplicada. Agrega que no se explica la gravedad de las supuestas infracciones por las cuales se le sanciona, que justifiquen de alguna manera la imposición de dicha sanción en específico. No existe, por lo tanto, siquiera un criterio plasmado en los actos recurridos que dé alguna luz respecto de una noción de proporcionalidad entre la falta y la sanción impuesta, tornando nuevamente en arbitrarios los actos recurridos.

Aduce que los actos recurridos no sólo han vulnerado el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, reconocido en el inciso quinto del N°3 del artículo 19 de la Constitución, sino que también el derecho a un trato igualitario, en los términos establecidos en el N°2 de dicha disposición constitucional, lo que ha traído aparejada una vulneración flagrante a su derecho a la honra, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, así como su libertad de trabajo, entendida en su dimensión de estabilidad en el empleo, consagrada en el N°16 del citado artículo; y que finalmente repercute en el su derecho a la vida e integridad física y psíquica, consagrados en el N°1 del referido artículo 19.

Esgrime que se ha vulnerado de garantía consagrada en el N°3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al instruir un procedimiento, a través de la Comisión Investigadora, que se ha arrogado potestades que no les son propias, ampliado arbitrariamente el alcance del procedimiento a aspectos no contemplados dentro del ámbito de su competencia, para así acusar y responsabilizarla por hechos no contemplados en la denuncia ni en la formulación de cargos, luego sancionar y aprobar dicho procedimiento y aplicar sanciones sin fundamentación alguna, las recurridas se han constituido en una verdadera comisión especial. Cita al efecto la sentencia dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional en causa Rol N°184-94, como también la dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en causa Rol N°34-2013.

Estima que las recurridas han actuado con una evidente falta de imparcialidad, ya que buscaron sancionarla a toda costa, sin derecho a presentar descargos, llegando al extremo que al no poder hacerlo por los hechos que se le imputaban, lo terminan haciendo sin ningún miramiento por otros hechos no contenidos en la denuncia ni en la formulación de cargos, en un acto propio de tribunales de otro orden y otra época, lo que vulnera toda garantía de imparcialidad, convirtiendo así a las recurridas en una comisión especial, y lesiona por tanto la garantía a no ser juzgado por comisiones especiales, así como las garantías a la igualdad ante la ley y al justo y racional procedimiento.

También sostiene que sea vulnerado la garantía de igualdad ante la ley puesto que los actos impugnados mediante el presente recurso de protección, que coronan un proceso disciplinario ilegal y arbitrario en su contra, son a su vez ilegales y arbitrarios ya que, si bien la Comisión está habilitada para conocer e investigar los reclamos por acoso laboral que se deduzcan en contra de algún miembro de la Corporación Educacional Colegio Concepción Linares, no lo está iniciar y resolver de oficio, ni menos para acusar y resolver sin un debido proceso ni defensa alguna supuestas transgresiones no contempladas en la denuncia que inicia el procedimiento, ni mucho menos para proponer sanciones sin fundamentar siquiera de qué forma se habría infringido las normas que aluden transgredidas. Así se desprende de una interpretación armónica de los preceptos del artículo 139 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad.

En la presente acción de protección, se reclama en contra de la decisión de la Rectora del Colegio, que cerró una investigación en su contra, iniciada por supuestos actos de acoso laboral, en que pese a ser absuelta de tales cargos, se le aplicó sanciones en razón de otros supuestos incumplimientos del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad no contemplados en la denuncia que da inicio al procedimiento ni en la formulación de cargos, imputándole supuestas conductas deshonestas y faltas a la probidad que no se explican ni siquiera someramente, arrogándose así competencias fuera del ámbito reglamentario, y sin otorgar a su representada posibilidad alguna de defensa ni explicación de cómo se habrían producido tales incumplimientos, estableciendo de esta forma su actuación ilegal y arbitraria. Lo anterior atenta contra el principio en comento, toda vez que establece diferencias de trato arbitrarias, y vulnera contra las normas más elementales del debido proceso, lo que de por sí es un atentado contra el trato igualitario de todas las personas que asegura la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°2, sobre todo considerando que la profesora denunciante ha sido objeto de a lo menos dos procedimientos disciplinarios de similares características en menos de un mes, y no ha sido víctima de este tipo de trato y vulneraciones.

Además, esta flagrante infracción de las normas relativas a un justo y racional procedimiento y de trato diferenciado no tienen ninguna razón que las justifique y que pudiera fundamentar la diferencia entre aquellas situaciones en las que sí se aplican las normas en forma adecuada por las recurridas y aquellas que no. Así las cosas, al aplicar estas normas y atribuirse funciones no establecidas en los reglamentos internos del Colegio se vulnera, consecuentemente, la igualdad ante la ley.

Señala que la garantía del debido proceso resulta aplicable en la situación planteada en estos autos, toda vez que los entes internos de la Corporación Educacional Colegio Concepción, incluida la Rectora, como Corporación de derecho privado que es, ha sido contemplada por el Constituyente respecto de los órganos que ejercen jurisdicción en virtud del principio de autonomía de la voluntad, concepto que comprende a los órganos de entes privados, en la medida en que efectivamente actúen ejerciendo funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de sus atribuciones y en el contexto que les corresponda de acuerdo a la propia normativa interna de la organización. En este entendido, la calidad de Corporación Educacional no la priva de la obligación constitucional de respetar las normas del debido proceso.

Está fuera de discusión que el derecho a conocer los cargos forma parte del debido proceso, lo que se vulnera flagrantemente en el presente caso al aplicar sanciones por supuestas transgresiones no consideradas en la formulación de cargos, y al no indicarse en la resolución sancionatoria de qué forma se habría incurrido en la infracción que se pretende castigar (actuaciones deshonestas, malos modales, faltas a la probidad), lo que vulnera absolutamente el derecho a defensa y con ello el debido proceso y también la garantía de igualdad ante la ley.

De otro lado, esgrime que los actos recurridos han vulnerado su honra, protegida por el Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República y en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agrega que desde la perspectiva del ámbito laboral en que se han dictado los actos recurridos, en términos generales, pueden distinguirse diversas situaciones en las que eventualmente pueden presentarse casos de afectación de la honra.

En este caso puntual, este derecho fue vulnerado desde la perspectiva del “prestigio profesional del trabajador”, es decir, la vulneración en la opinión o imagen que tenían los demás miembros de la comunidad del Colegio (profesores, alumnos, apoderados, funcionarios, directivos, etc.) respecto de su persona, la que se vio radicalmente afectada por la sanción impuesta producto de los actos ilegales y arbitrarios aquí denunciados, menospreciando el trabajo que he realizado en mis 2 años de trabajo intachable en el Colegio y ha desvirtuado un rasgo como la honra, la credibilidad, dignidad y la lealtad que siempre ha mantenido y mantendrá hacia sus colegas, alumnos, apoderados, directivos y demás funcionarios. Lo anterior se produce toda vez que la opinión que los semejantes tengan de cómo se trabaja tiene una influencia decisiva en lo que la sociedad vaya a estimar, el bienestar propio o familiar, y de ello van a depender en ocasiones el estancamiento profesional o consecuencias económicas determinantes.

En efecto, la ilegal y arbitraria imputación y sanción de supuestas conductas reñidas con la ética, que niega tajantemente, tales como comportamientos deshonestos, faltas a la probidad, malos tratos, etc., de las que se ha acusado y determinado responsabilidad a su representada en los actos recurridos, sin siquiera definir a través de qué actos ni de qué forma se habrían infringido tales obligaciones, y sin siquiera tener la oportunidad de controvertir tales acusaciones o de defenderse, exponiéndola al escarnio público de la comunidad escolar completa le ha generado un daño irreparable en su honra profesional, máxime si la amonestación con la que se la sancionó lo ha sido con copia a la Inspección del Trabajo.

En cuanto a la vulneración de la libertad de trabajo, señala que la doctrina constitucional ha indicado que es aquella que habilita a toda persona a buscar, obtener, practicar, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, vale decir, no prohibidos por ley, por lo que a nadie le será impuesto un trabajo o un trabajador. La Constitución reconoce el valor del trabajo y la dignidad el trabajador, interpretándose que el Estado no puede desentenderse de su deber de protección al trabajo y que el legislador no podría dictar normas que atenten contra la igualdad y la dignidad del hombre en materia laboral, lo que significa entender que los redactores constitucionales no establecieron, con dicha libertad, la autonomía privada absoluta en materia laboral, de forma tal que los empleadores pudieran contratar libremente y establecer a su arbitrio las modalidades del contrato de trabajo. Dicha autonomía opera sobre los mínimos establecidos en la ley para proteger a la parte débil de la relación laboral, por lo que mal podría sustentarse una interpretación de esta garantía como una mera libertad económica, desvinculada de la tutela del trabajador subordinado. Ello es reconocido por el profesor Cea cuando indica que en la libertad de trabajo se prohíbe imponer labores determinadas, dado que se exige el consentimiento previo del afectado.

Según nuestro Tribunal Constitucional, la libertad de trabajo tiene dos aspectos esenciales: (1) garantizar la libertad de elegir una ocupación remunerada lícita y (2) garantizar la libre contratación laboral, esto es, que las partes de la relación laboral pacten libre y soberanamente las condiciones de trabajo, conforme las modalidades que la ley laboral señala, para lo cual debe mediar – como regla general – el consentimiento de ambas partes, como lo indica el inciso final del artículo 5 del Código del Trabajo. Se vulnera, por tanto, este segundo aspecto de la libertad de trabajo, si el empleador o el trabajador imponen a su contraparte una condición que no esté previamente acordada entre ambos o que les faculte a realizar la ley, o bien si la vigencia del contrato de trabajo se sujeta a que uno u otro acate cambios en la relación laboral como, por ejemplo, el diferente pago de remuneraciones que no han sido previamente convenidos.

Sostuvo que es la estabilidad en el empleo, parte fundamental de la libertad de trabajo, lo que se vulnera y amenaza con los actos recurridos, toda vez que la sanción ilegal y arbitraria que se le han impuesto, basada en un procedimiento ilegal y arbitrario, atribuyéndole injustamente conductas reñidas con la ética y la legalidad (malos tratos, falta de lealtad, actos deshonestos y faltas a la probidad), a través de una amonestación escrita con copia a la Inspección del Trabajo, además de exponer injustamente a su representada, pone en grave riesgo sus posibilidades de empleo futuras, vulnerando así esta garantía constitucional.

Por último, en cuanto a la vulneración de la garantía a la integridad física y psíquica, indica que forma parte de aquellos derechos humanos fundamentales y absolutos que tiene su origen en la debida protección a la vida y sano desarrollo de ésta en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como psíquico, en los cuales he sido conculcada, lesionada y afectada. Agrega que el derecho a la integridad psíquica ha sido entendido como la plenitud espiritual de una persona, la que se relaciona con la prohibición de la aplicación de todo apremio ilegítimo de un tercero, es decir, todo hecho no autorizado por la ley, y que provoque en la persona dolor físico o moral, y que le es aplicado para obtener una confesión o con cualquier otro fin. En dicho sentido, los hechos y conductas falsamente imputados y sancionados por su empleador en los actos recurridos, bajo la falsa apariencia de una sanción disciplinaria producto de un proceso de investigación y sanción de acoso laboral y que es en realidad producto de atropellos flagrantes a sus garantías constitucionales tendientes a configurar una conducta reprochable a su persona, asociados, han tenido como resultado un notable deterioro de su salud psíquica, al haber sido diagnosticada con un Síndrome de Burnout, conforme a certificado médico acompañado en el otrosí del recurso.

SEGUNDO: Que, en representación de los recurridos, informó la abogada doña Carolina Solís Villavicencio, señalando que no han incurrido en acto arbitrario o ilegal.

Al efecto, expuso que la recurrente y la Corporación Educacional Colegio Concepción de Linares suscribieron con fecha 02 de mayo de 2022, un contrato de trabajo, mediante el cual la primera se obliga a realizar labores bajo dependencia y subordinación, como profesora general básica y la empleadora a pagar por esos servicios una remuneración determinada. Agrega que la administración del colegio es ejercida por la recurrida, doña nombre reservado, quién se desempeña en el cargo de rectora al interior del establecimiento quién, en el ejercicio de su cargo, materializó la notificación de la amonestación, que justificadamente le fue aplicada a la trabajadora.

Refiere que el trabajador debe cumplir las obligaciones impuestas en su contrato de trabajo y aquellas, establecidas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y que en caso de incumplimiento el empleador está facultado para aplicar una sanción disciplinaria de las establecidas en dicho instrumento. Agrega que la Corporación Colegio Concepción de Linares, tiene en virtud del contrato de trabajo celebrado con la recurrente, la facultad de sancionarla, si ésta ha incumplido sus obligaciones laborales, que le es otorgada con el objeto de que el empleador mantenga el orden de los trabajadores al interior de la organización y corrija las conductas contrarias a la disciplina en el ámbito del trabajo.

Hace presente que el poder disciplinario del empleador se puede definir como la facultad que ostenta el empresario, en este caso, la Corporación para imponer sanciones a los trabajadores como consecuencia de la realización por parte de éstos, de conductas que impliquen un incumplimiento de la relación y la disciplina laboral. “Esto porque, si no existiera la posibilidad que el empleador pudiera sancionar conductas de los trabajadores que infringen las instrucciones que imparte, el poder de dirección sería una mera ilusión, al no poder el empresario castigar su transgresión o tener la posibilidad de ello.1 1 Revista Chilena de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Vol.4, N° 8, 2013, pp. 167-175. En este caso en particular, la recurrida aplicó la sanción disciplinaria en virtud de este poder, y ello se hizo, respetando los derechos fundamentales de la trabajadora, y ajustándose a la normativa laboral vigente. Agrega que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo, frente a una sanción disciplinaria como lo es la amonestación impugnada, el trabajador debió comparecer ante la Dirección del Trabajo y/o los Tribunales Laborales, ya que son estos organismos los encargados de resolver controversias entre trabajadores y empleadores. En consecuencia, el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar una sanción de carácter laboral. Más aún, considerando que la amonestación es la sanción menos gravosa que el empleador puede aplicar.

Expresa que la rectora recurrida designó a la Comisión investigadora, la que estuvo integrada por: nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Esta Comisión, investigó y determinó que los hechos denunciados en contra de doña nombre reservado, no eran constitutivos de acoso laboral. No obstante, los hechos denunciados y que quedaron acreditados en el proceso, constituían una transgresión a las obligaciones impuestas a la trabajadora en el Reglamento, generando esta infracción un mal clima laboral, motivo por el que debía aplicarse la sanción respectiva. Añadiendo que en el informe del resultado del proceso se señaló:

“En vista de que el proceso ha gozado de amplia transparencia, en cuanto que, ambas partes han podido revisar los antecedentes, que les han sido compartidos por la Comisión Investigadora, así como cada uno de los hechos constitutivos, pruebas y desestimaciones, se determina que:

No se percibe una secuencia de situaciones que conlleven un acoso laboral por parte de la profesora nombre reservado hacia la profesora nombre reservado, en el caso de los correos mandados a apoderados, estos son considerados como parte de las labores de un profesor guía, declarado en el reglamento de orden, higiene y seguridad del establecimiento. Además, atenuando a que todas las situaciones declaradas con estudiantes han sido parte de otras investigaciones en la cual, la profesora nombre reservado, ha sido denunciada por un mal actuar de su parte como docente.

En relación a la declaración de los testigos, de los cuales 4 no han visto situaciones de acoso o amedrantamiento contra la Profesora nombre reservado, se presume que no hay acoso laboral, pero sí existirían situaciones que generan un mal clima laboral entre ambas profesoras del nivel, el cual debe modificarse de inmediato.

No obstante, si se evidencia un mal actuar por parte de la profesora nombre reservado, donde este mismo reglamento en la parte de “obligaciones” y en los puntos b) y j) hace referencia a:

b) una conducta y modales correctos y honorables; una actitud deferente y de respeto para con sus compañeros de trabajo… j) Mantener un comportamiento leal, honesto y probo para con la empresa en sus actuaciones relacionadas con su trabajo.

Determinación:

1. Por el incumplimiento de los puntos declarados y presentes en el Reglamento de O, H y S, se determina aplicar amonestación escrita por incumplimiento de los puntos descritos.

2. Además, se sugiere una mediación por parte de Convivencia Escolar y/o algún representante del equipo de gestión junto con un trabajo reparatorio/formativo con la docente con el fin de reforzar algunos puntos que están declarados en el Reglamento de O, H y S en las “funciones del docente” parte “área actitudinal y Valórica” punto 5. 6. y 11. Estos son:

5.Saber trabajar en equipo y sentirse comprometido con los valores y principios que sustenta el colegio.

6.Tener un actitud abierta y solidaria que demuestre verdadero compañerismo con sus colegas para que contribuya a que el ambiente de trabajo sea agradable y pleno 11. Propiciar al desarrollo de la fraternidad a través del ejemplo y del quehacer diario”. (SIC).

Asevera que no es efectivo lo señalado por la recurrente puesto que la investigación se llevó a cabo conforme a la ley y a la normativa establecida en el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, respetando las normas del debido proceso.

Haciéndose cargo de las alegaciones de la actora, señala que, para el caso de denuncias de acoso laboral, el empleador no está facultado para efectuar examen de admisibilidad. La denuncia una vez realizada, debe ser investigada por la recurrida y en el transcurso de la investigación se determinará si existió o no reiteración de actos constitutivos de acoso laboral. Por tanto, ni la administración ni la comisión investigadora podían rechazar la denuncia de plano. Además, la comisión investigadora se limitó a investigar los hechos denunciados por doña nombre reservado. No obstante, en el transcurso de la investigación aparecieron actos realizados por la requirente que, si bien no eran constitutivos de acoso laboral, constituían un incumplimiento a las obligaciones que impone el reglamento, y que no podían quedar sin sanción.

En esta investigación se respetaron las normas del debido proceso, ya que ambas partes fueron oídas durante la investigación. Se incorporó la declaración de testigos de denunciante y denunciada, con la finalidad de esclarecer los hechos, y se determinó, que no existían hechos de acoso laboral ejercidos por la recurrente en contra de la profesora nombre reservado. Por otra parte, debe tenerse presente que las investigaciones laborales deben realizarse conforme al procedimiento indicado en el reglamento, teniendo presente las normas y principios que rigen cualquier proceso. No se está ante un sumario administrativo, por tanto, es errado lo alegado por la contraria en cuanto a que debió darse un período de descargos. No obstante, se respetó el principio de bilateralidad de la audiencia.

En cuanto a las conclusiones de la comisión investigadora, señala que ésta entregó un informe final, en el cual se señala que la requirente no es responsable de actos de acoso laboral, no obstante, sí se evidenciaría un mal actuar por parte de la profesora al no respetar lo dispuesto en las letras b) y j) del artículo 65 del Reglamento.

Asevera que las recurridas aplicaron el procedimiento establecido en el reglamento interno del establecimiento, y que es conocido por la recurrente. En efecto, se nombró, como -siempre en estos casos e investigaciones internas- una comisión integrada por tres profesionales del Colegio, quienes no fueron recusados o inhabilitados por la requirente, pudiendo hacerlo.

Reitera que la recurrente incumplió obligaciones impuestas en el reglamento nombre reservado, higiene y seguridad, ya que la Comisión investigadora concluyó que la requirente había infringido las obligaciones impuestas en las letras b) y j) del artículo 65 del Reglamento Interno. Por cuanto la recurrente tomó contacto con padres y apoderados, omitiendo conductos regulares y de buena convivencia, exponiendo a sus pares frente a apoderados, generando conflictos innecesarios entre éstos y los docentes, restando así, la posibilidad de resolver los problemas suscitados entre pares al interior del colegio, sin involucrar directamente a padres y apoderados. Además, tuvo una conducta inadecuada con una auxiliar del establecimiento, a quién habría amedrentado durante el mismo período.

Aduce que la sanción laboral impuesta está ajustada a derecho, ya que el incumplimiento a las obligaciones que impone el Reglamento Interno y que no constituyen actos de acoso laboral, pueden ser sancionado según lo establecido en el artículo 95 del Reglamento, con alguna de las siguientes sanciones que allí se establecen. En este caso en concreto, se sancionó a la recurrente con amonestación escrita, cuya copia fue remitida a la Dirección del Trabajo, ya que se estimó que la falta no era leve. En ese sentido, hace presente que doña nombre reservado, ya había sido amonestada verbalmente, por otros hechos, de la misma naturaleza.

Indica que remitir copia a la Dirección del Trabajo de una carta de amonestación, es una facultad del empleador conforme a lo estipulado en reglamento interno, y dice relación con la calificación por parte del empleador de “leve” o “no leve” de la infracción, conforme al mérito del proceso investigativo. En este caso en particular, de acuerdo a la prueba incorporada en la investigación, se consideró que debía aplicarse la sanción de amonestación, con copia a la Dirección del Trabajo, ya que la profesora tomó contacto con apoderados del colegio, obviando el conducto regular y, con ello, obstaculizando cualquier solución colaborativa interna y entre pares, hecho que evidentemente, afecta el clima laboral, y tiene como consecuencia, el cuestionamiento constante de los apoderados hacia la labor de los docentes del establecimiento.

De otro lado, esgrime que no es efectivo que las recurridas han vulnerado derechos fundamentales de doña nombre reservado, sino que simplemente se ha actuado dentro de los límites que permite la facultad disciplinaria de la Corporación Colegio Concepción de Linares, en su calidad de empleador.

Al efecto, señala que no se ha afectado el derecho de la recurrente a no ser juzgada por comisiones especiales, ya que se ha actuado conforme a las normas laborales, en que se permite realizar investigaciones internas dentro de la empresa, con la finalidad esclarecer denuncias de acoso laboral y/o infracciones a las obligaciones emanadas de la relación laboral.

Tampoco se ha afectado la garantía de igualdad ante la ley, puesto que las recurridas actuaron en conformidad al proceso establecido en el artículo 139 del Reglamento, el que se aplica y se ha aplicado en todas las denuncias suscitadas al interior del establecimiento, de manera que no se ha tenido un trato discriminatorio. Añade que el contenido del derecho a la no discriminación es, en rigor, una prohibición, que implica para el empresario, o en este caso para la Corporación Colegio Linares, la inhabilidad «para ejecutar actos odiosos, inaceptables, que en el fondo carecen de razonabilidad». El contenido de la no discriminación se traduce en el derecho de los trabajadores a no ser objeto de un trato diferenciado en función de un criterio prohibido o sospechoso.

Argumenta que la recurrida ha actuado en atención a su deber protector, establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo; artículo 153 inciso segundo del Código del Trabajo, que lo obliga a mantener un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores; y artículo 154 N°10 del mismo cuerpo legal.

Tampoco estima transgredida la garantía del derecho a la honra de la recurrente, que protege el buen nombre de la persona o su familia, como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida de las personas que por su naturaleza afectan su reputación. En una perspectiva positiva, el derecho a la honra implica la posibilidad real de preservar la integridad y verdad sobre la persona y de no ser humillado o vejado por terceros. La honra de una persona se afecta cuando se le atribuye una conducta basada en hechos falsos, situación que no ocurre en autos, pues la trabajadora efectivamente incumplió las obligaciones que imponía el reglamento, y los hechos que constituyen el incumplimiento, fueron investigados internamente, obteniéndose prueba irrefutable al respecto.

Respecto a la investigación de los hechos y el resultado obtenido, expresa que la Corporación Colegio Concepción de Linares mantuvo absoluta reserva. La sanción que se impuso fue la menos gravosa establecida en el reglamento, y en ningún caso se ha ventilado su aplicación, a menos que ello, haya sido divulgado por la propia recurrente. Por tanto, considerando que el núcleo esencial de la honra es el derecho de toda persona a ser respetable ante sí mismo y ante los demás, lo que se construye con la verdad e integridad personal y el cumplimiento de sus obligaciones familiares, sociales y laborales, como asimismo en el respeto al orden jurídico vigente, y que el atentado al derecho a la honra implica un desprestigio, humillación pública, actos que atentan contra la consideración que terceros tienen respecto de la persona del trabajador, afirma que esta situación no ha ocurrido en la especie, pues el empleador ha hablado personalmente con la trabajadora, no a través de terceros y jamás la ha denostado ni pública, ni privadamente.

En cuanto al envío de la carta a la Dirección del Trabajo, precisa que corresponde a una facultad del empleador, en atención a los hechos acaecidos, y en nada altera lo dicho, respecto al derecho a la honra.

Aduce que, en la especie, no se ha afectado el derecho a la libertad en el trabajo, que implica que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa remuneración, según lo estipulado en el artículo 19 N°16 de nuestra Carta Fundamental. No obstante, la libertad de trabajo no implica la libertad de hacer lo que a cada trabajador mejor le parece; ese comportamiento debe ceñirse a las normas legales y al Reglamento.

Niega que se haya vulnerado la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, por parte de las recurridas, reiterando que la sanción aplicada a doña nombre reservado es la menos gravosa.

Así las cosas, y ante la eventualidad de que la recurrente tenga problemas de salud, la causa de ello, no es responsabilidad de las recurridas.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Además, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no reúne tales características, la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos ordinarios declarativos que el legislador ha establecido al efecto.

CUARTO: Que, de lo expuesto en el recurso y antecedentes incorporados por los intervinientes, se advierte que lo que se pretende por esta vía es impugnar un procedimiento sancionatorio en el ámbito laboral, existiendo controversia entre las partes en este aspecto.

En consecuencia, no se trata de un derecho indubitado que un tercero vulneró por vías de hecho, sino que de un conflicto jurídico que corresponde ser resuelto mediante las acciones que la ley prevé, en el proceso correspondiente ya sea en el ámbito administrativo o laboral, excediendo lo planteado y pedido en el recurso, el ámbito de aplicación de esta acción cautelar, por lo que procede desestimar el recurso de protección impetrado en autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra doña nombre reservado, por sí y en representación de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N°1566-2024/ Protección.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma el Abogado Integrante don Diego Palomo Vélez, por encontrarse ausente.