Protección contra Caja de Compensación de asignación familiar Los Héroes

Recurso de Protección Rol I.C. 1562-2024.

“nombre reservado contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes”.

Talca, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, “… se desconoce profesión u oficio…”, (sic), domiciliado en domicilio reservado, Región del Maule, dedujo Recurso de Protección de garantías Constitucionales en contra de la Caja de Compensación de asignación familiar Los Héroes, persona jurídica sin fines de lucro, representada por don nombre reservado ignora profesión u oficio, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando: a) Que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Los Héroes, debe desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre su remuneración mensual. b) La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, que motiva el presente recurso. c) Condenar en costas a la recurrida.

Indicó que la recurrida cometió un acto ilegal y arbitrario al descontarle de sus remuneraciones las cuotas de un crédito, sin que se le haya informado previamente, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N°18.833. Consideró que se vulneró el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

En relación a los hechos, señaló que solicitó un crédito de consumo a la Ccaja de Compensación de Asignación Familiar “Los Andes” (sic), el cual correspondería a la suma de $2.142.440.-, pactado en 30 cuotas de $71.415, de las que sólo pudo hacer pago de las primeras 7 cuotas.

La Caja recurrida, sin hacer uso de instancias previas, es decir, no ha iniciado acciones de cobro extrajudicial ni judicial, procedió a efectuar descuentos directos reflejados en su liquidación de sueldo, por $60.686.- El descuento realizado por la Caja es un acto arbitrario e ilegal que provocó una privación y perturbación en el derecho de propiedad de esa parte recurrente sobre la remuneración que le corresponde percibir, jamás fue informada previamente por algún medio respecto de dicha decisión unilateral.

Reclamó una vulneración del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que reprodujo literalmente. Precisa que la Ley N°18.833 en su artículo 22 establece el mecanismo de deducción de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenida y remesada a la Caja acreedora.

En su concepto, resultó evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario que vulneró las garantías constitucionales, pues se han realizaron descuentos por planilla del sueldo sin que se le haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N°18.833, siendo una forma de auto tutela que conculcó su derecho de propiedad e igualdad ante la ley. Cita jurisprudencia en favor de sus dichos.

Segundo: Que la abogada Rosario Infante Medina, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, evacuó el informe de estilo y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Señaló que la recurrente reconoce haber contratado un crédito con esa Caja de Compensación, por la suma de $2.142.440.-, pactado en 30 cuotas de $71.415.- Este crédito se corresponde a la operación N°101169622 de 3 de junio de 2.015, venciendo la primera cuota el 31 de julio de 2.015. Este crédito fue pactado en 30 cuotas iguales y sucesivas de $71.415.- cada una, salvo la última que sería de $74.405.- Reconoció que sólo pudo hacer el pago de las primeras 7 cuotas. No obstante, de los registros que maneja la Caja, únicamente se pagó hasta la cuota número 6 en el mes de diciembre de 2.016, cayendo en mora a partir de la cuota número 7 del mencionado crédito.

La recurrida explicó que en atención a sus facultades legales, reinició los descuentos de las cuotas de las liquidaciones de sueldo de la recurrente, en el mes de abril de 2024, mediante instrucción otorgada a su entidad empleadora, cuota que fue pagada el 15 de mayo de 2.024, como consta en cartola acompañada en un otrosí, siendo posteriormente descontada la cuota de su remuneración de mayo de 2.024.

Señaló que ha dado cumplimiento estricto a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Crédito Social, en el punto 1.17.3. “Reinicio de Descuentos”, al enviar el correspondiente aviso a la señora nombre reservado, informándole que tiene una deuda de crédito social impaga y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones. Acompañó copia de la carta enviada a la señora nombre reservado.

Sindicó que una vez transcurrido el plazo de 15 días otorgado para que ejerciera alguna de las alternativas ofrecidas, no concurrió ante ella, por lo que procedió a informar a su empleador del descuento de las cuotas referidas.

Por último, hace presente que a la fecha no existe juicio vigente respecto del referido crédito y tampoco se ha declarado la prescripción ni de la acción cambiaria emanada del pagaré, ni de la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo.

La recurrida se explayó innecesariamente sobre las Cajas de Compensación y la naturaleza jurídica de las prestaciones que otorgan y alegó que para que sea procedente y prospere como acción cautelar, el recurso de protección requiere del cumplimiento estricto y copulativo de las exigencias establecidas en el artículo 20 de la Constitución y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, a saber: (i) La existencia de un acto o una omisión que sea calificable de arbitraria o ilegal; (ii) Que dicho acto u omisión prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de uno de los derechos o garantías que expresamente tutela en artículo 20 de la Constitución. (iii) Que la acción cautelar de garantías constitucionales se interponga dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Afirmó que cuando la señora nombre reservado solicita su crédito, se comprometió a pagarlo en 30 cuotas mensuales, las que han sido descontadas de su remuneración tal fuera acordado al momento de la contratación del crédito. Por lo tanto, se preguntó cuál es el derecho de propiedad vulnerado, si el de la señora nombre reservado o el del Fondo Social, que si bien administran las Cajas de Compensación pertenece a todos los trabajadores/as afiliados a una Caja de Compensación. Un deber ineludible de las Cajas de Compensación es obtener el pago de los créditos para no perjudicar al Fondo Social que beneficia a otros trabajadores, igual que benefició al recurrente. No puede considerarse que las acciones de cobro que ejerció CCAF Los Héroes constituyeron un acto u omisión arbitraria o ilegal.

En cuanto al derecho de propiedad que la recurrente estimó vulnerado, hizo presente que respecto del crédito no existe juicio de cobranza vigente en su contra. Conforme lo permite el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y la Ley 17.322, solicitó reiniciar los descuentos de las cuotas de los créditos sociales, mediante el envío de nómina a su empleador. En consecuencia, no existe aquí un actuar “caprichoso” o “injustificado” de parte de la Caja de Compensación al cobrar la deuda, pasado un tiempo después de haber recibido el último pago, pues se reinició el cobro extrajudicial, tal cual lo permite el señalado artículo 156.

En el mismo sentido, llama la atención que la recurrente desconociera su propia autorización para los referidos descuentos de su remuneración, cuando al suscribir el contrato de mutuo, autorizó expresamente a la Caja de Compensación a hacerse del pago de las cuotas mediante dichos descuentos. Invocó jurisprudencia en favor de su teoría.

En consecuencia, los argumentos alegados por la señora nombre reservado no poseen las condiciones y requisitos mínimos establecidos por la Constitución para que el recurso de protección pueda ser acogido, por cuanto no existió un acto ilegal o arbitrario por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, porque no se ha ejercido ninguna acción distinta respecto de la que se habría realizado contra otro afiliado en sus mismas condiciones. y las acciones se ajustan plenamente a la normativa vigente en la materia. Tampoco existe un acto u omisión que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de uno de los derechos o garantías que expresamente tutela el artículo 20 de la Constitución.

La Caja de Compensación Los Héroes sólo ocupó los medios de cobro que establece la ley (Ley 17.322, artículo 2), criterio ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social, la Contraloría General de La República y la Dirección del Trabajo, según dictámenes que indicó en su contestación.

Por último, la demandada de protección reiteró que no se ha declarado la prescripción de la acción ordinaria derivada del mutuo, ni la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré. Por ende, y tal como lo ha reconocido nuestra entidad fiscalizadora, la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante también “SUSESO”), mientras no se declare la prescripción de ambas acciones puede perseguir legalmente el recupero de sus acreencias. La señalada Superintendencia indicó en el Dictamen 144477-2022, de 25 de octubre de 2.022 “…que las Cajas de Compensación disponen de dos acciones distintas e independientes para cobrar lo adeudado por un crédito social, esto es, la acción cambiaria derivada del pagaré, cuya prescripción de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la ley N° 18.092 es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento y la acción ordinaria del contrato de mutuo que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2515 del Código Civil, prescribe en el plazo de cinco años….”

Tercero: Que como reiteradamente ha sostenido esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que esa misma disposición enuncia, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, a fin de que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin que sea exigible la tramitación de otros tipos de recursos, sean administrativos o judiciales, por tratarse de una acción auto ejecutable.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, frente a un derecho indubitado del recurrente.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Cuarto: Que la petición del recurrente es la de que se ordene la cesación en el acto arbitrario e ilegal en que incurrió la Caja de Compensación, que a su juicio, consistió en la orden de retener parte de sus remuneraciones por su empleador y el pago a ésta, en su calidad de acreedora de aquel; hecho y vínculo jurídico que las partes no discutieron en cuanto a su existencia y exigibilidad actual.

Quinto: Que el procedimiento empleado por la recurrida y que motivó la reclamación de la deudora, tiene fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, que permite a ésa emplear el mecanismo de ordenar la retención por el empleador actual de la recurrente, de parte de sus remuneraciones para el pago de las cuotas en que se dividió el crédito que debe pagar ésta en favor de la Caja recurrida, sumada la autorización y mandato expreso que entregó el recurrente para emplear el procedimiento del artículo 22 de la Ley 18.833, impiden que la actuación de ésta tenga el carácter de ilegal, sino que por el contrario, tiene como fundamento la facultad otorgada por la Ley precitada, como asimismo el uso del mandato entregado por la recurrente, lleva a conclusión contraria sostenida por la demandante de protección y calificar que la actuación de la Caja se encuadra dentro del marco legal y en uso de las convenciones celebradas por las partes en el vínculo jurídico que las une respecto del pago en cuotas del crédito otorgado a la recurrente, careciendo asimismo, de la arbitrariedad o mera voluntad de la Caja de Compensación.

Lo anterior, no permite imputarle al actuar de la Caja recurrida, una actuación ilegal y arbitraria que pudiera afectar las garantías alegadas por el recurrente, sobre igualdad ante la ley y derecho de propiedad, sino que el empleo de procedimientos especiales establecidos en su favor por la ley y mandatada expresamente por el recurrente, para el goce de los derechos que como acreedor puede hacer valer la recurrida.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24; y, 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por el descuento que su actual empleador hace de sus remuneraciones.

Acordada con el voto en contra de la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional, fundada en las motivaciones siguientes:

1.- Que, atendida la materia discutida mediante el presente arbitrio, cabe tener en consideración que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deber ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, …”.

Tal disposición legal, tiene por objeto facilitar el pago de acreencias que puede tener la Caja de Compensación correspondiente, respecto de sus asociados, pero en ningún caso importa excluirlo de la regulación que existe sobre los derechos del acreedor y del deudor, entre ellas, las normas de prescripción correspondientes, establecidas en el artículo 2514 y siguientes del Código Civil, como modo de extinguir las obligaciones.

2.- Que, en armonía con lo razonado precedentemente y teniendo especialmente en consideración que la Caja de Compensación Los Héroes no efectuó el cobro por la vía ejecutiva, como correspondía que se hiciese atendido el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la deuda contraída por la actora, que debía pagarse en 30 cuotas a contar del 3 de junio de 2015, con vencimiento la última de ellas el 31 de diciembre de 2017, lo que habría permitido a la recurrente presentar las excepciones o defensas pertinentes; lo que, al parecer de esta disidente, permite concluir que la vía utilizada para hacerse de ese pago, esto es, mediante descuento de las cuotas desde la remuneración de la actora a contar del mes de mayo de 2024, conforme a lo prevenido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, importa forzar de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro atendido el tiempo transcurrido desde la mora, por lo que se torna en un acto ilegal.

De esta forma, dichos descuentos, también resultan ser arbitrarios, por cuanto no obedecen a un razonamiento concordante con un imperativo legal, lo que se estima suficiente para estimar que tales decisiones fueron adoptadas por un mero capricho de la mencionada recurrida.

3.- Que, en consecuencia, los descuentos efectuados de la remuneración mensual de doña nombre reservado, en las condiciones antes señalas, implican una vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que tal proceder ha significado una merma de su patrimonio, al ser privada de parte del dinero que conforma su remuneración mensual.

Redacción del ministro Carrillo González y, del voto en contra, su autora.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 1562-2024/PROTECCIÓN.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante don Hugo Escobar Alruiz, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.

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