nombre reservado con COMPIN REGIÓN MAULE

Talca, veintidós de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección a favor de nombre reservado, del mismo domicilio y dice que hace más de un año su padre está con una enfermedad que le ha provocado la pérdida de la capacidad para trabajar, por lo que está en lista de espera en el Hospital Regional para una infiltración facetaria, que como le indicó el médico tratante no es para sanar completamente, sino para tener una mejor calidad de vida. También lo aqueja una artrosis a sus caderas lo que le ha provocado inestabilidad al estar de pie y pérdida de fuerza.

Por eso se ha encontrado con licencia médica todo este período. Pero desde febrero de este año que no se le ha pagado, lo que le ha generado una crisis económica grave, deudas considerables y una depresión ya que es el único sustento de su hogar, además debe comprar remedios para aliviar un poco los grandes dolores que debe tolerar.

Con urgencia necesita el pago de sus licencias médicas rechazadas, por eso recurre en contra de COMPIN Región del Maule, ya que no se le han pagado las siguientes licencias: 98602788, 99681171, 100647817 cada una por 30 días.

Añade que recurrieron al Hospital Regional a solicitar informe del traumatólogo quien determinó realizar una infiltración facetaria, ajuste de analgesia y mantener terapias en Cesfam San Rafael. El traumatólogo dr. nombre reservado entrega ese informe fuere del plazo otorgado por la Unidad Some. Recurre por segunda instancia con poder de su padre para una segunda apelación a la Suseso el 20 de mayo y el día 28 se recibe correo notificando nuevamente el rechazo por entrega del documento fuera de plazo.

Hace presente Resolución Exenta R-01-UME-72535-2024 y Resolución Exenta R-01-UNAAD-83591-2024 permaneciendo su contrato vigente, manteniéndose más de un año con licencia médica.

Ruega que se ordene el pago de las licencias referidas, de las que acompaña copia.

nombre reservado: Que el informe de COMPIN es el siguiente:

“DR. nombre reservado, en calidad de presidente COMPIN, Región del Maule, en autos sobre acción N.º Protección – 1552-2024, a VS., Ilustrísima con respeto digo:

Que, vengo en evacuar en conformidad al inciso 4º, artículo 46, del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y que me fuera solicitado en resolución de Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 06 de junio del año 2024, interpuesto por Don nombre reservado, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, en contra de COMPIN REGION DEL MAULE, y habiendo solicitado la I. Corte, informe respecto de pronunciamiento, conforme a hecho y derecho que le asiste a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3/84, con las modificaciones introducidas por los DS N°306/88 y N°168/05, todos del Ministerio de Salud; DFL N°1 de 2005 que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N°2.763/79 y las leyes N°18.469 y N°18.933 y Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por D.S. N°136/04 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, procedió a pronunciarse conforme ajustado a normas legales, y no habiendo incurrido esta Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región del Maule, en actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere garantías constitucionales de acuerdo a las consideraciones que a continuación expongo:

I.- ANTECEDENTES Que, don nombre reservado, con fecha 04 de junio del presente año, acciona de protección en contra de COMPIN Región del Maule, y según consta en el libelo, pretende la aprobación de 3 licencias médicas que datan del 2024.

Que, el recurrente de 61 años de edad, acumula a la fecha 1.171 días de licencias médicas. Está afiliado a FONASA, con licencias emitidas por médico general.

Que, según consta en el Sistema Informático de FONASA (SIF), don nombre reservado registra periodos con licencias médicas desde el 11 de diciembre del año 2020 al 12 de abril de año 2022, licencias emitidas por médico general de la red pública y autorizadas en su totalidad.

Posteriormente desde el 13 de abril del 2022 al 1 de febrero del 2024, el recurrente tiene licencias emitidas por médico general de la red pública y nuevamente autorizadas en su totalidad. Desde el 02 de febrero al 31 de mayo del año 2024, el recurrente registra licencias médicas emitidas por médico general de la red pública, pero rechazadas por reposo prolongado para patología.

En Cartola medica de SIF, está señalado que el recurrente está a la espera operación quirúrgica, sin embargo, no ha anexado interconsulta a especialidad ni porcentaje de priorización, por tanto, se evidencia que el extenso periodo de reposo no tiene un fin terapéutico de reintegración laboral como lo indica el Decreto Supremo N.º 3.

Que, las licencias médicas singularizadas y reclamadas por el recurrente son las siguientes:

LICENCIA MEDICA FECHAS PRONUNCIAMIENTO DE COMPIN LM N.º 98602788-2 Licencia por 30 días, desde el 02 de febrero al 02 de marzo del año 2024.

R-102: Sin causa médica que justifique; reposo prolongado para patología.

LM N.º 99681171-9 Licencia por 30 días, desde el 03 de marzo al 01 de abril del año 2024. R-102: Sin causa médica que justifique; reposo prolongado para patología.

LM N.º 100647817-0 Licencia por 30 días, desde el 02 de abril al 01 de mayo del año 2023.

R-102: Sin causa médica que justifique; reposo prolongado para patología.

II.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN En relación al fondo de lo reclamado por el recurrente, cabe hacer presente que, las licencias médicas presentadas por don nombre reservado, no están cumpliendo un rol terapéutico y presenta un extenso periodo con licencias médicas sin reintegración laboral. El Decreto Supremo N.º 3/1984, indica en el primer artículo que, la licencia médica es de carácter temporal y permite al trabajador ausentarse durante un determinado lapso de tiempo (el recurrente lleva más de 3 años con licencia). Asimismo, según lo ha establecido por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la licencia médica es un derecho temporal que no puede ser usado en forma indefinida o ilimitada y que, en esos casos, solamente se le puede autorizar las licencias del período en que tenga pendiente un primer trámite de calificación de invalidez ante las Comisiones Medicas del D.L. N.º 3500.

En ese sentido, la SUSESO ha señalado en Dictamen 33.789-2002: “En efecto, no es posible autorizar licencias médicas en forma indefinida emitidas por diagnósticos que no desaparecerán con el reposo”.

Que, en dictamen N.º 33857-2018, de SUSESO, ha indicado: “Que, por tanto, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador presente una patología que le impida trabajar y que dicho impedimento para trabajar, sea temporal, es decir que exista la posibilidad real y cierta de que la persona recuperará la capacidad de trabajo y se reincorporará a la vida laboral”.

S.S.I., es importante mencionar que el artículo 14 del Decreto Supremo N.º 3, señala: “Es competencia privativa de la Unidad de licencias médicas de la COMPIN o de la ISAPRE en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas”.

Pues bien S.S.I., el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud en su artículo 46º, establece en su último inciso lo siguiente: “La Comisión estará dotada de completa autonomía para emitir las decisiones y pronunciamientos en las materias de su competencia legal, siendo éstas y los antecedentes que les dieron origen estrictamente reservados”.

En consecuencia, de lo anteriormente señalado SS.I., se colige que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a las normas establecidas en el Decreto Nº 3 de 1984, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; Ley 19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, la Ley 20.585, sobre el uso y otorgamiento de licencias médicas, entre otras, lo que excluye de plano el que esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; en el D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes; RUEGO A SSA. ILTMA., tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, y rechazar la misma en atención a los fundamentos expuesto, con condena en costas.

EN EL OTROSÍ: A S.S.I., respetuosamente pido: tener por acompañado los siguientes documentos:

1.- Copia de Resolución Exenta N.º 171, de fecha 26 de enero de 2024.

2.- Copia de Resolución de licencia médica N.º 3-98602788 3.- Copia de Resolución de licencia médica N.º 3-99681171 4.- Copia de Resolución de licencia médica N.º 3-100647817 5.- Copia de listado maestro de SIF año 2024.

6.- Copia dictamen 33857-2018, de SUSESO.

7.- Copia dictamen 33789-2002, de SUSESO.

POR TANTO, Ruego a S.S.I.: Tener por acompañado los documentos.

Tercero: Que el informe de la Superintendencia de Seguridad Social es el siguiente:

“FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en autos sobre Acción de Protección caratulado “nombre reservado/COMPIN REGIÓN MAULE”, ROL CORTE N° 1552-2024, a S.S. Ilma. respetuosamente digo:

Que, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, vengo en solicitar a S.S.I, que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

POR TANTO; En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta;

SOLICITO A SS. ILUSTRÍSIMA: solicito se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

PRIMER OTROSÍ: EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Respecto a la presentación extemporánea del recurso de reposición Según se advierte del acto administrativo objeto de la presente acción, este Servicio no acogió la presentación del Sr. nombre reservado, debido a que, la parte recurrente interpuso un recurso de reposición, fuera del plazo legal.

En efecto, el Sr. nombre reservado se presentó con fecha 20 de mayo de 2024, solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-72535-2024, de 06 de mayo de 2024, que confirmó el rechazo de las 98602788-2, 99681171-9 y 100647817-0, extendidas por un total de 90 días, a contar del 02 de febrero de 2024, por reposo no justificado.

Respecto a ese reclamo, este Servicio cumplió con informar que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.

Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 06 de mayo de 2024, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 13 de mayo de 2024, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora.

Por lo expuesto, mediante la Resolución Exenta R-01-UNAAD-83591-2024, de 28 de mayo de 2024, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Sr. nombre reservado, por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.

Al respecto, de los antecedentes acompañados en autos, es posible señalar lo siguiente:

 El Sr. nombre reservado, se presenta con fecha 23 de abril de 2024, según consta del formulario de papel adjunto al expediente.

 Del citado formulario, el usuario autorizó expresamente recibir notificación vía correo electrónico, proporcionando, para esos efectos, la casilla de correo correo reservado.

 Al momento de dictar la Resolución Exenta N° R-01-UME-72535-2024, de 06 de mayo de 2024, se procedió a notificar electrónicamente a la referida casilla, el mismo día, según se advierte del correo de notificación acompañado en autos.

 El Sr. nombre reservado se presenta por segunda vez, con fecha 20 de mayo de 2024, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-72535-2024, según consta del formulario de papel adjunto al expediente.

En consecuencia, habiendo sido notificado electrónicamente, con fecha 06 de mayo de 2024, el plazo establecido en el artículo 59 de la citada Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, venció con fecha 13 de mayo de 2024.

3.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado reclamó mediante presentación de fecha 23 de abril de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de O´Higgins, que rechazó las licencias médicas N°s 98602788-2, 99681171-9 y 100647817-0, extendidas por un total de 90 días, a contar del 02 de febrero de 2024, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Dichos antecedentes tampoco permiten establecer de forma adecuada que se ha seguido con una estricta pauta de terapia kinésica, no se acreditan controles en nivel secundario, ni lista de espera quirúrgica actualizada de dicho centro, no siendo posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, sea de origen terapéutico. Cabe destacar que la parte reclamante se mantiene con reposo por concepto de licencias médicas, desde noviembre de 2020 a la fecha, con más de 1.100 días autorizados, sin lograr su recuperación. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-72535-2024, de 06 de mayo de 2024.

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Hombre de 61 años, con más de 1.100 días autorizados con dg de HNP lumbar, reclama 90 días a contar del 02/02/2024; informe de MG APS no indica adecuadamente compromiso funcional, no acredita adecuadamente controles con especialista ni procedimiento qx pendiente; Se mantiene rechazo.”

Por otra parte, la citada resolución señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…Dichos antecedentes tampoco permiten establecer de forma adecuada que se ha seguido con una estricta pauta de terapia kinésica, no se acreditan controles en nivel secundario, ni lista de espera quirúrgica actualizada de dicho centro, no siendo posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, sea de origen terapéutico…”.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, esta Superintendencia no logró formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

4.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

5.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

6.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente:

“…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes;

DE SS. ILUSTRÍSIMA, Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

nombre reservado OTROSÍ: De SS. Ilustrísima solicita tener por acompañado, con citación, copia del expediente administrativo, relativo al caso del Sr. nombre reservado.

Cuarto: Que para que prospere el recurso de protección debe haber un acto –o una omisión- ilegal o arbitrario que en grado de amenaza, perturbación o privación, vulnere alguno de los derechos mencionados por el artículo 20 de la Carta Fundamental. Ello exige de un derecho indubitado susceptible de ampararse en carácter de urgente.

Quinto: Que, en este caso, se reclama por el rechazo, por parte de la Compin, de las tres licencias médicas indicadas precedentemente, según resolución confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social, y se solicita que se ordene el pago de aquellas.

Sexto: Que la extemporaneidad debe desecharse, porque el arbitrio se dedujo dentro del plazo respectivo, una vez agotada la sede administrativa.

Séptimo: Que, ciertamente, el derecho a la seguridad social establecido en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución no está protegido por esta acción constitucional, pero la cuestión actual es susceptible de tratarse a la luz de los derechos consagrados en los números 2 y 24 del mismo texto normativo.

Octavo: Que las determinaciones de los órganos administrativos se basan en el total de licencias médicas que preceden a las anteriores y en la no justificación del reposo consiguiente, conforme los antecedentes médicos del paciente recurrente y el análisis efectuado en base a las atribuciones con que cuentan sobre el particular.

Noveno: Que, en efecto, los elementos se convicción reunidos para resolver demuestran que las licencias médicas presentadas por el actor, que deben ser temporales, no están cumpliendo el rol terapéutico que debería y las que las precedieron se extendieron a un extenso período sin reintegración laboral.

Además, el derecho a gozar de licencia médica debe ejercerse acorde con las normas legales que lo regulan, dentro de sus límites, siendo la Compin y, en su caso, la Suseso, los órganos que deben definir la concurrencia técnica de los factores para autorizar el uso de licencias de esta naturaleza, los que no aparecen cumplido en la especie.

Décimo: Que, por tanto, no hay un acto ilegal susceptible de corregirse por esta vía, pues lo obrado se enmarca en lo previsto, especialmente, en los artículos 149 del DFL N° 1/2005, 1, 2, 3, 5, 16, 29 y 40 del DS N° 3/1984, ambos del Ministerio de Salud, en relación con lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley 20.585 Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas.

Tampoco existe un acto arbitrario, porque lo resuelto se ajusta a las circunstancias de salud propias del paciente y se halla debidamente fundamentado al considerarse que no se justifican las licencias médicas más allá de los días que habían sido autorizados.

Y de acuerdo, además, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el presente recurso de protección, sin costas.

Redacción del ministro Hernán González García.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 1552-2024/Protección.