nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Talca, siete de agosto de dos mil veinte.- VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que las abogadas doña Nickol Solange Ortiz Riquelme y doña Isabel Pascany Cerpa Reyes, en representación de don nombre reservado, recurren de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, en su calidad de director de la Tesorería Regional del Maule y en contra de la Universidad de Talca, representada por don nombre reservado, por retener, en forma arbitraria e ilegal, la suma correspondiente a la devolución de impuestos de las operaciones de renta de los años 2020 y 2021.

SEGUNDO: Que en cuanto a los hechos, dicen que con fecha 14 de abril de este año su representado procedió a efectuar su declaración de renta año 2020, a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, solicitando la devolución de $1.155.960; la que fue autorizada el 23 de abril por dicho monto; que con fecha 29 de abril la Tesorería General de la República efectúa retención por la suma de $1.173.299., lo que consta de la información que su representado obtuvo, únicamente, de la página web del Servicio de Impuestos Internos, “Mi SU”, el día 30 de abril pasado.

Continúan diciendo que el señor nombre reservado ingresó a la página web de la Tesorería General de la República, el mismo día 30 de abril pasado, y bajo el ítem “CONSULTA ESTADO RENTA”, descubrió las retenciones judiciales que reproducen: Folio F22 - 993411 fecha de emisión 22 de abril de 2020 por el monto de $615.080, año tributario 2021; Folio F22- 3290563201 fecha de emisión 24 de abril de 2020 por el monto de $ 1.173.299, año tributario 2020, señalando que en ambas señalan: La información recibida del SU indica que su declaración tiene devolución total. Esta devolución presenta Retención Crédito Universitario Solidario, por lo que su devolución efectiva es $0, acotando que entendiendo que se trataba de un error por encontrarse esta deuda prescrita, presentó en la página web de la Tesorería General de la República dos requerimientos, a los que se les asignó N° 1466892 y N° 1469313, sin que a la fecha haya recibido respuesta.

TERCERO: Que manifiestan que su representado tramitó ante el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, la causa RIT C-889-2017, caratulada “nombre reservado/UNIVERSIDAD DE TALCA”, la demanda de prescripción extintiva de acciones derivada del Crédito Fiscal Universitario, la cual fue acogida en todas sus partes por sentencia de fecha 17 de Octubre de 2018, confirmada el 23 de enero pasado en causa rol -1977-2018, sentencias que se encuentran firmes y (sic) ejecutoriadas con fecha 11 de marzo último, señalando que no existe resolución judicial alguna que ordene la retención de la devolución de impuestos del señor nombre reservado, respecto de la declaración renta año 2020.

Afirman que la retención judicial que ha practicado la Tesorería General de la República, a través de la Tesorería Regional de Talca, sobre la base que sería deudor de créditos universitarios, con la sola información que le proporcionó el administrador del Fondo Solidario, la Universidad de Talca, constituye un acto totalmente arbitrario por no fundarse en resolución judicial alguna, de una causa que se encuentra prescrita, privándolo del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Sostienen que las Universidades sólo pueden informar la existencia de deudas de crédito universitario vigentes, es decir, no pagadas o que no se hayan extinguido por algún modo de extinguir las obligaciones, por lo que la información de deudas inexistentes constituye una actuación contraria a derecho, en el entendido que al ser acogida la prescripción, tanto la Universidad de Talca, válidamente notificada de las sentencias antes referidas, como la Tesorería General de la República, debían arbitrar las medidas tendientes a evitar ese tipo de vulneraciones.

CUARTO: Que en cuanto a las garantías afectadas afirman que se ha perturbado el derecho de propiedad contenido en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental que reproducen, toda vez que a su representado se le ha privado de los montos provenientes de la devolución de impuestos en razón de practicarse una retención judicial de una deuda prescrita Para avalar sus argumentos cita el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 15.222-2018, que reproduce en parte, de la que saca en conclusión que es improcedente aplicar una retención sin existir causa que la legitime.

Luego refiere que el actuar de los recurridos ha omitido el principio de coordinación de los órganos de la Administración del Estado, lo que ha influido sustancialmente en la afectación del derecho de propiedad, apoyándose en lo que sostiene el profesor nombre reservado, esto es, que: “la coordinación debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que haga posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos, respecto de los cuales el sistema legal desea que se realicen acciones conjuntas entre las diversas entidades, de manera, que se obtenga un acto de contenido integrado o global, de manera de evitar duplicidad, disfuncionalidad y se obtengan resultados efectivos y eficientes en un proceder determinado ” (Lecciones de Derecho- Administrativo. nombre reservado. Año 2015. pág. 203).

Exponen que a nivel normativo, dicho principio se encuentra reconocido en diferentes preceptos legales, mencionando la ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que prescribe: “La Administración del Estado los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente, propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones ” y la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aduciendo que de esos preceptos se advierte una omisión en el cumplimiento del principio de coordinación en el actuar de la Universidad de Talca, toda vez que, estando válidamente notificada de la sentencia de fecha 17 de Octubre de 2018, que declara la prescripción extintiva en favor de su representado, confirmada por la Corte, igualmente ha incorporado por medio de un acto administrativo ilegal y arbitrario a. don nombre reservado en la lista de deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario 2020, de la que tomó conocimiento solo por el hecho de haberse retenido su devolución de impuesto, y no por la notificación que debió practicarse, no remitiendo ni informando tanto a los estamentos de la Universidad que nombra como a la Tesorería acerca de los montos judicialmente prescritos.

Reitera que ambas entidades componen los cuadros orgánicos de la Administración del Estado, que los obliga: a "cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción'', por mandato de la Ley N° 18.575, manifestando que esa omisión ha privado sustancialmente del derecho de propiedad a su representado, teniendo un derecho adquirido una vez autorizada la declaración con fecha 23 de abril por el Servicio de Impuestos Internos.

QUINTO: Que sostienen, también, que se ha infraccionado el debido proceso contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, afirmando que la retención judicial resulta ilegal y arbitraria, al no tener en cuenta las garantías constitucionales mínimas que informan un procedimiento racional y justo, al incorporar a su representado a la lista de deudores del crédito solidario universitario por la Universidad recurrida la que lo informó a la Tesorería General de la República, provocando la retención de su devolución de impuestos por parte del ente estatal recaudador.

Reflexiona que la inclusión del recurrente en el referido listado se ha hecho de forma ilegal v arbitraria, reiterando que se declaró judicialmente la prescripción extintiva de las acciones de cobro del Fondo Solidario de Crédito Universitario, vulnerando el debido proceso, específicamente, el derecho a la tutela judicial, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a la oposición o bilateralidad de la audiencia, legalidad del tribunal y la imparcialidad.

SEXTO: Que haciendo referencia a la normativa legal y reglamentaria aplicable al procedimiento para retención de la devolución del Impuesto a la Renta por parte de la Tesorería General de la República, expresa que la Tesorería debe enterar los dineros retenidos a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador; que los deudores una vez notificados que serán sujetos de retención de la devolución de impuestos tendrán el plazo de 10 días, contados desde la notificación dispuesta en el artículo quinto, para solicitar al Administrador que aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que, ha operado algún modo de extinguir las obligaciones o bien el monto que se consigna como adeudado no está correcto, lo que no obsta al ejercicio de las acciones y recursos que disponga la ley Dicen que de haberse practicado la notificación a que se refiere el artículo 5° del Reglamento y contando con una sentencia de primera instancia favorable, su representado habría iniciado de inmediato el trámite de oponer la excepción de prescripción extintiva, agregando que estando notificada la Universidad de los fallos mencionados, dicha Casa de Estudios debió tenerlos presente a la hora de la elaboración de las listas de deudores, acotando que el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 297 dé 2009, del Ministerio de Educación no satisface por sí mismo las exigencias fundamentales establecidas por la Constitución Política del Estado (sic), toda vez que solo se limita a contemplar un trámite de aclaración, que se inicia y concluye ante la misma entidad administradora del Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Talca, la que tiene un interés directo en el resultado del seudo procedimiento, que está dado por el cobro del crédito -ya prescrito- y la retención automática y unilateral a la cual mandata a la Tesorería General de la República, lo cual no entrega garantías suficientes de imparcialidad para quien acude a él.

Termina diciendo que la ausencia, de una “norma legal.” que establezca y delimite algún debido procedimiento permite al nombre reservado valerse de un verdadero mecanismo de autotutela en materia de cobro de créditos universitarios, mecanismo de resolución de conflictos jurídicos que es contrario al principio de tutela judicial expresado en el art. 19 N° 3 de la Carta Política, debiendo ser una ley y no un reglamento la que señale el marco de actuación en casos como el de autos, donde se ve afectado el derecho de propiedad respecto de los montos retenidos, con el propósito de prevenir- situaciones indeseadas e injustas contra su representado quien ya no reviste la condición de "deudor" del crédito solidario universitario, en virtud de la prescripción liberatoria que le fue reconocida judicialmente.

Termina solicitando que se ordene a la Tesorería General de la República, por intermedio de la Tesorería Regional de Talca, deje sin efecto la retención judicial que ha practicado respecto de la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2020 ordenando se le gire y se le haga entrega inmediata de las sumas retenidas, además de ordenar todas aquellas medidas que permitan amparar y proteger los derechos constitucionales infringidos, todo con expresa condenación en costas; además que se ordene a la Universidad de Talca, elimine de forma permanente a don nombre reservado, de los registros de deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario y que no se vuelvan a solicitar retenciones ilegales y arbitrarias, con expresa condenación en costas.

SÉPTIMO: Que informando la Tesorería recurrida pide el rechazo del recurso aduciendo que actuó dentro de lo que le mandata la ley, señalando que yerra el recurrente toda vez que la naturaleza de la retención es legal y no judicial, refiriendo además que a esta fecha los dineros cuya devolución se demanda se encuentran en arcas de la Universidad, según lo dicho y lo informado por aquella.

En cuanto a la alegación de haberse conculcado el debido proceso al señalar que sería incompatible lo que establece el reglamento con lo que estipula la Carta Fundamental, sostiene que aquello excede los fines de esta acción, pudiendo eventualmente reconducirse a otra acción constitucional.

Insiste en que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en su accionar ya que el artículo 1° de la ley 19.989 faculta a la Tesorería para retener la devolución anual del impuesto a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley n° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda, dinero que la Tesorería debe enterar al administrador del fondo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha que en que debió haberse verificado la devolución ,a menos que el deudor .acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Afirma que dicha facultad estaba establecida en el artículo 9 de la ley 19.848 del año 2002, haciendo presente además que la ley 19.287 de 1994, introdujo modificaciones a la ley 18.591, por lo que en definitiva cuando el legislador hace referencia a la ley 19.287, lo está haciendo a la ley 18.591, por lo que la Tesorería se encuentra legalmente facultada para hacer la retención que les sean informadas por el administrador del fondo, por lo que estima que carece de legitimación pasiva.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, sostiene que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar amparándose en el inciso final del artículo 12 de la ley 19.848 agregado por el artículo 2° de la ley 19.989 que da un carácter amplio a la facultad de retener, al señalar “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes 18591, 19287 y 19848, entre los cuales se encuentra el recurrente, acotando que existe jurisprudencia invariable que dice que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Tesorería, citando fallos que avalan sus argumentos.

NOVENO: Que, informando la Universidad de Talca, arguye que este arbitrio es improcedente ya que los efectos del instrumento suscrito entre las partes no pueden tener como consecuencia que se ejerza esta vía extraordinaria como medio de impugnación, cuando se pudo haber hecho uso de los mecanismos procesales pertinentes, toda vez que es el mismo recurrente quien detalla que existe una causa civil en curso, la cual está en etapa de cumplimiento, en la cual esta parte se ha allanado a la misma, pudiendo perfectamente promover y resguardar sus intereses en aquella instancia, agregando que el recurrente pretende sustraerse de cumplir las ritualidades y ejercer sus derechos en la sede pertinente donde debe discutirse todo lo que atañe al cumplimiento del fallo, que la sede de cumplimiento incidental conforme lo disponen los artículos 235 y 238 del Código de Enjuiciamiento Civil y no la constitucional que pretende activar por esta acción.

Continúa diciendo que al ser una acción declarativa de prescripción, cabía la posibilidad que la demandante, solicitara el cumplimiento efectivo de lo dictaminado por sentencia de término, pues nace del mismo su facultad de solicitar reversar la medida de retención de impuestos.

DÉCIMO: Que admitiendo la existencia de la causa rol C- 889-2017 del 3° Juzgado de Letras de Talca, expresa que en ella se dictó sentencia el 17 de octubre de 2018, acogiendo la demanda, fallo que fue confirmado en causa rol 1977-2018 civil, por esta Corte el 23 de enero de 2020, dictándose el cúmplase el 14 de febrero pasado, acotando que recién el 10 de junio de este año, ingresada esta acción constitucional, la recurrente notificó a su parte, mediante el mecanismo procesal pertinente, la demanda de cumplimiento incidental, concluyendo que el fallo recién se vino a notificar con esa fecha, por lo que no pudieron haber incurrido en los reproches que se le imputa, señalando que emplazada su parte en sede de cumplimiento de la sentencia, procedieron de inmediato a dar cumplimiento de lo resuelto.- Sigue diciendo que las acciones de cobro efectuadas por su parte, lo han sido dentro de un proceso judicial vigente y sin sentencia de término, por lo que malamente el ejercicio de medidas conservativas autorizadas por la ley podría tildarse de ilegal, por lo que las retenciones efectuadas lo han sido al amparo de las normas que las autorizan, según lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto N°297 del año 2009, del Ministerio de Educación, de manera que habiéndose cumplido con las notificaciones correspondientes y remitida la información a la Tesorería General de la República, le correspondió a ese organismo realizar la retención de los impuestos del año tributario 2020, y también del año tributario 2021.

Afirma que habiendo sentencia firme, con cumplimiento incidental notificado, es procedente reversar o dejar sin efecto una medida que no tiene sino una naturaleza cautelar, como lo es la de retención.- UNDÉCIMO: Que para descartar la ilegalidad precisa que el cumplimiento incidental del fallo se le notificó por cedula el 10 de junio de 2020;y que por presentación del día siguiente se allanó al mismo; dando cuenta al tribunal a quo, el 18 de junio, del cumplimiento de la sentencia, con los siguientes respaldos: 1) Certificado de que en los registros de la Universidad de Talca, don nombre reservado, a esta fecha no registra deuda alguna respecto de los pagarés N°85148 por un valor de $22.720 en conversión de UTM de 7.02 y N°14758 por un valor de $28.400 en conversión de UTM de 8.78; 2) Oficio remitido a la Tesorería Regional del Maule, para que arbitren las medidas pertinente para dar cumplimiento al fallo de los autos civiles, y que en el caso en concreto reversen las retenciones practicadas en razón de dicha deuda, y que la institución hará entrega del reintegro de los fondos entregado a sus arcas en el año 2020.- Por lo que a su entender no existe acto irregular que pueda ser considerado como arbitrario o ilegal, toda vez que su representada ha actuado conforme a lo autorizado por la ley.

Argumenta que el recurso adolece de falta de oportunidad, pues su representada, desde el momento en que fue debidamente emplazada, ha comenzado con todas las acciones correspondientes para dar cumplimiento al fallo del tribunal de instancia, donde se encuentran contenidas las pretensiones incluidas en este recurso de protección.- DÉCIMO SEGUNDO: Que respecto a que no se realizaron las notificaciones conforme a derecho para proceder con las retenciones de impuestos, dice que los Fondos Universitarios de Crédito existen en cada una de las universidades chilenas que forman parte del Consejo de Rectores, creados por la Ley N°19.287 de 1994, que posteriormente, la Ley N°19.848 de 2002 le entregó a la Tesorería General de la República la facultad para retener de la devolución anual de impuestos a la renta, los montos impagos por concepto de crédito solidario universitario, según lo que informe la entidad acreedora y en la forma contenida en el Decreto N°297 de 19 de noviembre de 2009 del Ministerio de Educación, que rige la forma en que las instituciones administradoras del fondo solidario de crédito universitario informan a la Tesorería de las deudas que existan con éstas y fija el procedimiento de retención de las devoluciones del impuesto a la renta, manifestando que el artículo 5° de dicho decreto, indica:“ (…)Los Administradores deberán notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario.(…) no podrán continuar adelante con el procedimiento establecido en este Reglamento, mientras no hayan dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en el inciso anterior.”, agregando que debe ser complementado con lo que se lee en el artículo 3° de dicho decreto: (…). Para todos los efectos del presente Reglamento, las notificaciones a los deudores, se realizarán de la siguiente manera: 1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, la notificación se realizará mediante carta certificada, entendiéndose notificado el deudor en este caso, a contar del tercer día de la recepción de dicha carta en la oficina de correos. 2. En caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, la notificación se realizará por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional”, afirmando que envió la respectiva carta certificada al domicilio que el deudor tiene la Universidad en sus registros, como asimismo se efectuaron las publicaciones de rigor.- DÉCIMO TERCERO: Que insiste en que sus actos se encuentran ajustado a derecho, argumentando que el acto de retención de impuesto es una herramienta que busca proteger los derechos del acreedor del Crédito Universitario, por lo que no puede existir una vulneración de derechos cuando sólo se ha dado cumplimiento a la normativa legal; acotando que cuando se les notificó el acto de cumplimiento de la causa civil, dieron instrucción de reversar las retenciones, por lo que el actuar de su representada no se vincula a ningún tipo de acto que pueda ser considerado como arbitrario u ilegal, ni mucho menos que pudiese afectar el derecho de propiedad del recurrente, pues se iniciaron todos los procesos para reversar las retenciones realizadas.

Por último alega la improcedencia de la garantía del debido proceso, citando jurisprudencia que dice: “(…) resulta improcedente la invocación (…) de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, por cuanto ella no se encuentra contemplada como aquellas susceptibles de ser amparadas por el recurso de protección conforme lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental”

DÉCIMO CUARTO: Que en relación a la garantía constitucional contenida en el inciso 5° del artículo 19 n° 3 de la Carta Fundamental, se la desestimara desde luego, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del compendio constitucional ella no está amparada por esta acción constitucional, sin que se divise además infracción al debido proceso.

DÉCIMO QUINTO: Que con respecto a la Tesorería General de la República no puede prosperar esta acción constitucional, del momento que es la ley la que dispone que la lista de deudores morosos del crédito universitario solidario sea remitido a la entidad recaudadora, la que le entrega también la facultad de retener la devolución del impuesto a la renta, como lo señala la ley n° 19.989, por lo que no ha existido por parte de la Tesorería arbitrio ni ilegalidad, ya que actuación se ajustó de manera estricta a lo que dispone la norma, tanto más cuando ella puso a disposición de la Universidad los fondos retenidos.

DÉCIMO SEXTO: Que para resolver el arbitrio interpuesto en contra de la Universidad, revisada la carpeta digital rol 889-2017 del Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad en conjunto con la carpeta rol 1977-2018 de esta Corte, se obtiene:

a) Con fecha10 de abril de 2017 se interpone demanda civil por don nombre reservado en contra de la Universidad de Talca, solicitando se declare prescrita la deuda que indica y se disponga la eliminación de su nombre de todo registro de morosos.

b) Con fecha 17 de octubre de 2018 se dicta sentencia definitiva la cual acoge la demanda en todas sus pretensiones.

c) Con fecha 8 de noviembre de 2017, se interpone por la demandada recurso de apelación.

d) Con fecha 23 de enero de 2020 se confirma la sentencia.

e) Con fecha 14 de febrero de este año, se dicta el cúmplase.

f) Con fecha 12 de marzo se pide el cumplimiento de la sentencia, y el día 19 de marzo se provee como se pide con citación.

g) Con fecha 10 de junio se notifica el cumplimiento incidental h) Con fecha 11 de junio el demandado se allana i) Con fecha 18 de junio l Universidad informa que dio cumplimiento a la sentencia.

Como este recurso fue interpuesto el 12 de mayo de 2020, a esa fecha estaba en tramitación la causa civil antes mencionada, en su fase de cumplimiento incidental, es decir, al amparo del derecho, debiendo en consecuencia proseguirse allí con esa tramitación, lo que ocurrió cuando este recurso estaba en curso, esto es, el 10 de junio pasado, allanándose la Universidad ocurrida.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en consecuencia no se observa como la Universidad recurrida afecte el derecho de propiedad del representado de las recurrentes del momento que el ejerció la acción en la causa incoada en el Tercer Juzgado de Letras de Talca, haciendo valer sus pretensiones, que en definitiva obtuvo, y la demora a partir de la fecha en que quedó ejecutoriado el cúmplase, no es responsabilidad del demandado y ahora recurrido.

De consiguiente no resulta pertinente esta acción constitucional en el escenario señalado y si bien de la información entregada no está claro que se haya reversado el monto retenido al recurrente, de no haber ocurrido debe ser reclamado en la causa civil rol 889-2017 seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad.

Conforme a lo razonado, disposiciones legales citadas, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por las abogadas doña Nickol Solange Ortiz Riquelme y doña Isabel Pascany Cerpa Reyes, en representación de don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, en su calidad de director de la Tesorería Regional del Maule y en contra de la Universidad de Talca, representada por su rector doctor nombre reservado, sin costas del recurso.

Redacción del presidente de la Primera sala, ministro don Rodrigo Biel Melgarejo.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial don nombre reservado, quien estuvo por condenar en costas al recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1.543-2020 protección.