nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

Talca, diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.- Vistos y Considerando:

Primero: Que a Folio 1, el 26 de julio de 2023, compareció don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra del nombre reservado don nombre reservado y de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, imputándoles omisiones y falta de diligencia en la tramitación del procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Sostiene que ello habría generado una vulneración permanente de diversas garantías constitucionales, al mantenerse el procedimiento abierto por más de cuatro años; estima vulneradas las garantías de los números 2, 4, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, con motivo de la prolongada tramitación del procedimiento concursal de liquidación voluntaria que le afecta.

Reprocha las dilaciones en la tramitación del procedimiento concursal y la falta de realización de bienes, también la ausencia de rendición de cuentas, hechos que se verificaron desde los años 2019 a 2023, se encuentra sometido a un procedimiento concursal de Liquidación Voluntaria de Bienes, iniciado en el año 2019 ante el Juzgado de Letras en lo Civil de San Javier. En dicho procedimiento fue designado como nombre reservado el recurrido nombre reservado.

Denuncia una prolongada e injustificada dilación del procedimiento concursal, que se ha extendido por más de cuatro años, atribuida a la conducta omisiva, negligente y arbitraria del liquidador, quien no habría cumplido con su deber legal de administrar diligentemente el proceso, pese a haber recibido fondos provenientes de la realización de bienes del deudor en enero de 2022.

Asimismo, se reprocha a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento una actuación pasiva y omisiva, al no ejercer oportunamente sus facultades de fiscalización y sanción frente a los reiterados incumplimientos del liquidador, pese a los oficios y apercibimientos judiciales cursados en su contra.

El recurrente sostiene que las omisiones denunciadas tienen carácter permanente, ya que el procedimiento concursal continúa abierto y sin resolución, manteniendo vigente la afectación de sus derechos fundamentales.

Estima que las garantías constitucionales invocadas como vulneradas: Igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2); Respeto y protección a la vida privada y a los datos personales (artículo 19 N° 4); Libertad de trabajo y su libre contratación (artículo 19 N° 16); Derecho a desarrollar actividades económicas (artículo 19 N° 21); y Derecho de propiedad (artículo 9 N° 24).

Argumenta que la mantención indefinida del estado de liquidación impide al recurrente acceder a la banca, eliminar registros comerciales negativos, postular a empleos y desarrollar actividades económicas, frustrando el objetivo de la Ley N° 20.720, que busca procedimientos concursales breves y eficaces.

Solicita que la Corte declare admisible y acoja el recurso, ordenando a los recurridos adoptar las medidas necesarias para poner término al procedimiento concursal, restableciendo el imperio del derecho, con condena en costas.

Segundo: Que, a Folio 13, el 26 de agosto de 2023, compareció el abogado Elías Gutiérrez Zenteno, en representación de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, interpuesto por el deudor don nombre reservado, quien alega omisiones arbitrarias del organismo fiscalizador que le impedirían rehabilitarse económicamente.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que el recurrente se encuentra sometido a un procedimiento concursal de liquidación voluntaria iniciado en 2019, con designación de liquidador titular. Durante el procedimiento se incautaron bienes, se realizaron remates y se aprobó una oferta de compra directa de derechos hereditarios, sin que conste el perfeccionamiento de dicha venta ni el ingreso efectivo de los fondos a la masa concursal. Frente a reiterados incumplimientos del liquidador -falta de rendición de cuentas, ausencia de propuesta de reparto y dilación injustificada- la Superintendencia emitió múltiples oficios de instrucción y finalmente inició un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

Estima que no concurren los requisitos del recurso de protección, pues no existe acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la Superintendencia, ni afectación directa de garantías constitucionales, ni relación de causalidad entre la conducta reprochada y los perjuicios alegados. Enfatiza que la Superintendencia no administra ni dirige el procedimiento concursal, sino que ejerce un rol estrictamente fiscalizador, careciendo de facultades para poner término al concurso o rehabilitar al deudor, atribuciones que corresponden al tribunal y dependen de actuaciones previas del liquidador.

Asimismo, alega falta de legitimación pasiva, ya que los hechos denunciados derivan de la actuación negligente del liquidador y de la inactividad de los órganos propios del concurso, no de una omisión del ente fiscalizador. La prolongación del procedimiento y los efectos que ello genera -como el desasimiento del deudor o la mantención de registros comerciales- tienen fundamento legal en la Ley Nº 20.720 y no constituyen vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente, se descarta la infracción de las garantías de igualdad ante la ley, vida privada y honra, libertad de trabajo, libertad económica y derecho de propiedad, por cuanto las limitaciones alegadas derivan directamente del régimen concursal vigente y de resoluciones judiciales válidamente dictadas, no de una conducta arbitraria o ilegal de la Superintendencia.

Solicita rechazar el recurso de protección en todas sus partes, por improcedente, al no configurarse vulneración de garantías constitucionales ni responsabilidad atribuible a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Tercero: Que, a folio 38 por resolución de 31 de enero de 2024, se prescindió del informe del nombre reservado, nombre reservado.

Cuarto: Que, como reiteradamente ha sostenido esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

De tal análisis se desprende inequívocamente que la presente acción constitucional no tiene por finalidad la constitución de derechos, sino la protección de aquellos ya existentes, frente a perturbación o amenazas ilegales o arbitraria.

En otras palabras, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, respecto de un derecho indubitado.

Quinto: Que de los antecedentes acompañados por el propio recurrente, así como del informe de la Superintendencia, consta que los hechos que el 1 de agosto de 2024, en el juicio Rol N° expediente Rol C-738-2018, procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria de bienes respecto del señor nombre reservado, seguido ante el Juzgado de Letras en lo Civil de San Javier, se certificó que la cuenta de administración final no fue objetada, y que se puso término al procedimiento concursal por resolución de 22 de octubre de 2024, siendo eliminado incluso del Boletín Concursal, por lo que en la actualidad no existe afectación a garantía constitucional alguna.

Como se puede apreciar, se encunetra finalizado el procedimiento concursal que ha motivado la presente acción cautelar, por lo que no existe medida que esta Corte pueda decretar, razón suficiente para rechazarla, por haber perdido oportunidad.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, se advierte que la Superintendencia sí ha desplegado actuaciones fiscalizadoras y ha iniciado procedimiento sancionatorio, lo cual descarta ilegalidad o arbitrariedad actual. El resto de los reproches dice relación con materias propias del procedimiento concursal, para las cuales la vía idónea es la sede ordinaria o la incidental ante el juez natural, y no esta acción cautelar.

Séptimo: Que, por todo lo razonado, la acción deducida ha perdido oportunidad, carece de presupuestos de procedencia y no se configura vulneración constitucional actual que habilite la adopción de medidas de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por haber perdido oportunidad.

Redactado por la ministra Blanca Rojas Arancibia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1.535-2023/Protección.