nombre reservado con SERVICIO AGRIOLA Y GANADERO

Talca, veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Compareció el abogado don Miguel Ángel Carreño Gallardo, RUT N°RUT reservado, por los recurrentes don nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, ingeniero forestal; don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, comerciante; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, comerciante, y la Sociedad Forestal el Arrayán SpA, RUT: RUT reservado, del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien dedujo acción de protección en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región del Maule, RUT: RUT reservado, representado legalmente por su Director Regional don Luis Arturo Villanueva Rodríguez, domiciliado en domicilio reservado, ubicado en domicilio reservado° piso, de Talca, fundado en que habría incurrido en actos arbitrarios e ilegales, que amenazan y perturban el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República de Chile. Conforme a lo anterior, solicitó que se acoja el recurso y que, en definitiva, se resuelva lo siguiente:

“1° Que se declare que el segundo proceso administrativo de subdivisión predial que se está tramitando respecto del predio de propiedad de don nombre reservado, denominado lote veinticuatro, ubicado en sector El Pehuenche, comuna de Colbún, VII Región del Maule, de una superficie de 275 hectáreas, inscrito a fojas 1978, Número 2355, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado correspondiente al año 2006. ROL de avalúo N°8- 946, de la comuna de Colbún, es ilegal y arbitrario.

2° Que se ordene al recurrido dejar sin efecto y revocar todo actos administrativo aprobatorio de dicho segundo proceso de subdivisión predial, respecto del mismo sector que ya fue enajenado a los recurrentes.

3° En general, que se adopten todas las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de los recurrentes; y, 4° Que el servicio recurrido sea condenado al pago de las costas del presente recurso”.

Mediante resolución de 24 de mayo de 2024, se acogió a tramitación el recurso y se solicitó informe a la recurrida Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la VII Región Del Maule, quien lo evacuó solicitando el rechazo del recurso, por las consideraciones de hecho y derecho que indica, con costas. Además, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° inciso final del auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se pidió informe a don nombre reservado, quien lo presentó a folio 28.

Por resolución de 10 de octubre de 2024, se trajeron los autos en relación; procediendo a la vista del recurso el día 18 de octubre último.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como antecedentes de los hechos denunciados, se expuso por la recurrente que el 02 de julio del año 2021, el Servicio Agrícola y Ganadero Región del Maule dictó el acto administrativo denominado CERTIFICADO N°1324/2021 por el cual se aprobó la subdivisión del inmueble rural a nombre de don nombre reservado, RUT.RUT reservado, resultando de dicha subdivisión un total de 21 lotes, de una superficie de media hectárea cada uno aproximadamente. Asimismo, procedió al timbraje de las copias del plano de subdivisión predial aprobado por dicho servicio.

Precisa que el inmueble cuya subdivisión fue aprobada por la recurrida corresponde al predio rural denominado LOTE VEINTICUATRO de los en que se subdividió el resto de la Hijuela Dos u Oriente, resultante de la división del Predio rural denominado "Montaña Oriente, Hijuela Primera", que formaba parte de la Hijuela Primera de la Hacienda Colbún, ubicada en sector El Pehuenche, comuna de Colbún, VII Región del Maule, de una superficie de 275 hectáreas, tal como consta de la inscripción de fojas 1978, Número 2355, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado correspondiente al año 2006. Rol de Avalúo N°8-946, de la comuna de Colbún.

Manifiesta que con el referido certificado de subdivisión se procedió a tramitar y obtener ante el Servicio de Impuestos Internos el “certificado de asignaciones de roles” para cada uno de los lotes resultantes de dicha subdivisión. Añade que conforme a estas autorizaciones de subdivisión por parte de la recurrida y teniendo a la vista el plano aprobado por el SAG, se procedió a celebrar las siguientes compraventas:

A.- Compraventa LOTE 1, adquirido por el recurrente don nombre reservado, mediante escritura de compraventa suscrita con fecha 01 de septiembre de 2021 en la Notaria de Talca de don nombre reservado., Repetorio N°3061.

B.- Compraventa LOTE 2, adquirido por el recurrente don nombre reservado, mediante escritura de compraventa suscrita con fecha 01 de septiembre de 2021 en la Notaria de Talca de don nombre reservado., Repertorio N°3059.

C.- Compraventa LOTE 3, adquirido por la recurrente SOCIEDAD FORESTAL EL ARRAYAN SpA, mediante escritura de compraventa suscrita con fecha 01 de septiembre de 2021 en la Notaria de Talca de don nombre reservado., Repertorio N°3062.

D.- Compraventa LOTE 6, adquirido por la recurrente nombre reservado, mediante escritura de compraventa suscrita con fecha 01 de septiembre de 2021 en la Notaria de Talca de don nombre reservado., Repertorio N°3060.

Refiere que el precio de las referidas compraventas fue debidamente pagado por parte de los compradores; a quienes se les colocó en posesión y se les hizo entrega material de cada uno de los lotes de terrenos adquiridos. Agrega que al momento de requerir las inscripciones de las referidas ventas ante el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado, se formuló un reparo a sus solicitudes, indicando que habiendo sido modificado el DL 3516 Sobre Subdivisión de Predios Rústicos, para proceder a la inscripción de dichas ventas era necesario previamente constituir una servidumbre de tránsito de acceso a los lotes mediante escritura pública, la que debía encontrarse inscrita en el registro la de Hipotecas y Gravámenes. A raíz de lo anterior, luego de un enorme trabajo de organización y de coordinación con los predios a quienes gravaría y beneficiaria la servidumbre de tránsito, se procedió a suscribir por el vendedor y por los compradores, junto a otros propietarios que colidan con el camino de servidumbre que da acceso al loteo, la correspondiente escritura de constitución de servidumbre de tránsito, que se formalizó mediante escritura pública de 23 de septiembre de 2022, en la Notaria de Talca de don nombre reservado., Repertorio N°4465.

Al ser reingresadas al Conservador de Bienes Raíces las antedichas compraventas, la Sra. nombre reservado formuló un nuevo reparo el 26 de abril de 2024, esta vez a la escritura de servidumbre por cuanto existirían aún algunos lotes de terrenos afectados por dicha servidumbre de tránsito, que no habrían concurrido a suscribir ese gravamen, según consta en el certificado de “rehusamiento” (sic), que acompaña al recurso.

Hace presente que este nuevo reparo por parte de la Sra. nombre reservado será reclamado por separado en sede judicial, por cuanto se está dando efecto retroactivo a una modificación legal en circunstancias que dicha ley no lo tiene, toda vez que los dos lotes que estarían supuestamente afectados fueron segregados del predio en el año 2003 y cada uno de ellos colinda con el camino de servidumbre de marras. Con todo, resalta este punto por cuanto el reparo o será dejado sin efecto por el juez civil ordenando la inscripción de las compraventas de los recurrentes, o bien, ordenará incluir ambos predios en la escritura de constitución de servidumbre objetada. En cualquier caso, todas las compras de parcelas tarde o temprano serán inscritas a nombre de sus respectivos compradores en el Registro de Propiedad respectivo.

En cuanto al recurso, aduce que el 02 de mayo de 2024, tomaron conocimiento que la recurrida SAG ha emitido la Factura Electrónica N°285671, correspondiente a un nuevo y segundo loteo que se está tramitando en el mismo predio de propiedad de don nombre reservado, singularizado en el libelo, por lo que concurrieron a las oficinas de la recurrida a consultar por tal situación y, en ese momento, se enteraron que esta nueva subdivisión recae y se está realizando sobre el mismo sector, en forma traslapada al loteo que previamente había aprobado el SAG y del cual los recurrentes han adquirido sus respectivas parcelas.

Sostiene que los hechos en que ha incurrido la recurrida son de gravedad, por cuanto no ha suspendido el segundo procedimiento administrativo de subdivisión que se superpone a las parcelas adquiridas por los recurrentes y, además, no ha dado respuesta formal alguna al hecho indubitado que no es legalmente procedente volver a lotear sobre un predio que ya ha sido previamente loteado y respecto del cual se han enajenado varios de los lotes resultantes de la primera subdivisión.

Como consecuencia inmediata derivada de los hechos relatados, la acción arbitraria e ilegal perpetrada por el SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA VII REGIÓN DEL MAULE ha conculcado las garantías Constitucionales reguladas en el artículo 19 N°24 y N°2 de la Constitución Política del Estado, es decir, el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad ante la ley que reconoce y garantiza nuestra Carta Fundamental a todos los chilenos.

Al efecto, señala que el derecho de propiedad y de igualdad ante la ley de los recurrentes se ha visto hondamente afectado pues no queda duda que a raíz de la arbitraria e ilegal tramitación de un segundo loteo que se superpone y traslapa en su totalidad con un loteo anterior -del cual derivan las compraventas de los recurrentes- provocará como consecuencia inevitable que las mismas parcelas sean vendidas dos veces a distintos compradores, afectando el derecho de propiedad que los recurrentes han adquirido por el solo hecho de suscribir los contratos de compraventas de sus respectivos lotes de terreno. Adicionalmente, el derecho de igualdad ante la ley está siendo conculcado por la recurrida, toda vez que no sólo no ha hecho nada por suspender o dejar sin efecto la tramitación administrativa de este segundo loteo -pese a que cuenta con todos los antecedentes para ello- sino que se ha negado a dar transparencia y dar respuesta a las peticiones formuladas por los recurrentes, en orden a que previo a aprobar este segundo loteo clarifique que no se superpone a una subdivisión previamente aprobada para el mismo inmueble y en un mismo sector del predio que se está subdividiendo.

Como se sabe, la Constitución, en cuanto derecho que instituye el conjunto de funciones y potestades estatales, constituye un límite al actuar de todos los órganos del Estado. Así, el artículo 7° de la Carta prescribe con total claridad que los órganos del estado para actuar válidamente (esto es, para que sus decisiones pertenezcan y tengan efectos para los administrados) deben actuar por medio de una autoridad investida para actuar; debe hacerlo dicha autoridad, dentro de la esfera de su competencia; y por último, ha de respetar el procedimiento previsto en la ley para tales efectos. Es decir, en derecho público la autoridad sólo puede hacer aquello que expresamente le está autorizado pues debe actuar válidamente, dentro de su competencia y mediante el acto y el procedimiento que se prevé en la ley para estos casos. La ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 2º proscribe, además, toda forma de abuso y de actuación al margen del derecho. No cabe duda que cuando un titular de derechos fundamentales ve lesionados sus derechos por actuaciones ilegales y arbitrarias del Estado o sus Organismos – a raíz de que ejercer atribuciones y competencias discrecionales en forma arbitraria- está facultado por la propia Constitución (artículos 5, 6, 7, 19 y 20 de la Carta) para impetrar directamente esta acción de tutela de derechos fundamentales que denominamos Recurso de Protección.

En este sentido, la actuación de los recurridos importa una infracción deliberada al principio de que los actos de las autoridades y de los órganos del estado deben ser conforme a la legalidad vigente. Así, la más autorizada doctrina administrativa ha dicho que “la externalidad de los actos es una mera forma que por sí sola no revela su conformidad con las normas constitucionales y legales, sea porque su contenido es abusivo, sea porque el fin que persigue la autoridad no se enmarca dentro de los cauces prefijados por la ley, sea porque desconoce o desvirtúa los antecedentes de hecho en que hace descansar la decisión tomada” (Pantoja Bauzá, El derecho Administrativo, Clasicismo y Modernidad, Editorial Jurídica de Chile, 1994, pág. 249).

Finalmente, destaca que todos los recurrentes firmaron sus contratos de compraventa y pagaron el precio pactado por sus respectivas parcelas confiando en que el primer loteo aprobado por el SAG está en regla, que no sería modificado unilateralmente y sin aviso de los compradores por un nuevo acto administrativo de subdivisión que recae sobres sus parcelas por el mismo órgano del Estado que dio su aprobación a la primera subdivisión. Así, los recurrentes contrataron y realizaron un importante desembolso patrimonial en la confianza legítima que lo aprobado por el SAG, no sería alterado o modificado por dicho servicio y precisamente ello constituye el fundamento principal del presente recurso de protección.

El apoyo de su pretensión, acompañó al recurso los documentes siguientes: Copia de inscripción de dominio del predio denominado LOTE VEINTICUATRO; Certificado de avalúo fiscal del predio; Certificado N°1324/2021 emitido por el SAG de nombre reservado, con fecha 02 de Julio de 2021; Plano de subdivisión predial; Certificado de asignación de roles emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 02 de agosto de 2021, Copia autorizada de escritura pública de compraventa del LOTE 1; Copia autorizada de escritura pública de compraventa del LOTE 2; Copia autorizada de escritura pública de compraventa del LOTE 3; Copia autorizada de escritura pública de compraventa del LOTE 6; Copia autorizada de Escritura de constitución de servidumbre de tránsito; Certificado de rehusamiento, emitido por la Sra. nombre reservado, de fecha 26 de abril de 2024, correspondiente a la carátula de ingreso N°79344; y Copia de FACTURA ELECTRÓNICA N°285671, emitida por el SAG correspondiente a un nuevo y segundo loteo que se está tramitando en el predio de propiedad de don nombre reservado en la misma zona y ubicación donde adquirieron sus parcelas los recurrentes.

SEGUNDO: Que la abogada doña Mary Viviana Valdés Cancino, informó en representación del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG), señalando que como servicio público le son aplicables normas estrictamente de derecho público, su organización y funcionamiento es regido en sus bases fundamentales, sobre todo por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, en relación con el artículo 38 de la misma, del cual se hace la referencia a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Además, debe considerarse que el Servicio Agrícola y Ganadero se rige por las normativas dictadas para los organismos del Estado, pero esencialmente por su Ley Orgánica N°18.755, de 1989, modificada por la Ley N° 19.283, que establece en su artículo 2° que el Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias. Agrega que para una óptima contextualización del SAG y sus objetivos, corresponde también traer a colación lo preceptuado en el artículo 3° de la Ley Orgánica N°18.755, en especial la letras “k” e “i” de tal enunciado normativo.

De los preceptos normativos antes invocados y de toda norma legal atingente, asevera que el servicio requerido SAG, cuenta con variadas atribuciones de orden legal dirigidas a cumplir con el objetivo de defender, proteger y conservar los recursos naturales renovables de nuestro país, que es en definitiva la misión que le ha otorgado el ordenamiento jurídico nacional, por medios de normas de Derecho Público, lo cual comprende lo relativo al devenir del suelo agrícola; sin dejar de lado por motivo alguno la existencia de la Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, especialmente lo dispuesto en su artículo 4°.

En cuanto a la subdivisión de predios rústicos, indica que la Ley Orgánica del SAG, N° 18.755, específicamente el artículo 46 en su inciso segundo señala expresamente que: “Asimismo, para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente.” Este último párrafo fue agregado por el artículo 1° N° 7 de la Ley N° 19.283, que modificó la Ley N° 18.755; por lo que, “La normativa vigente” en materia de subdivisión de predios rústicos, la constituye el Decreto Ley N° 3516, de 1980, que “Establece normas sobre división de predios rústicos”, respecto del cual transcribe sus artículos 1° y 3°, señalando que de dichas normas se desprende el rol garante que incumbe al Servicio Agrícola y Ganadero en la subdivisión de predios rústicos, que además, comprende la fiscalización del cumplimiento de la normativa.

El procedimiento que determina la forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos tiene por objeto regular la tramitación a que debe someterse el Servicio así como las personas que concurren a éste, planteando solicitudes de certificación sobre proyectos de subdivisión de predios rústicos, en el marco del Decreto Ley Nº 3.516 de 1980 y se encuentra regulado por la Resolución Exenta N° 3904/2019 publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de mayo de 2019.

Hace presente que este procedimiento consiste de dos etapas, la primera corresponde a la de verificación de los antecedentes acompañados y la segunda al análisis técnico de la documentación. Agrega que la Etapa II no considera reingreso del expediente y que, de existir observaciones, se comunicará al solicitante el rechazo de su solicitud mediante resolución exenta, la que contendrá todas las observaciones advertidas.

En cuanto al recurso interpuesto, solicita su rechazo, con costas, por cuanto la figura jurídica empleada por los recurrentes no es la que corresponde según la naturaleza jurídica de lo planteado y porque aún no existe una certeza en cuanto a la transferencia del dominio en los términos recogidos por nuestro ordenamiento jurídico para entender perfeccionada la tradición de derechos que recaen sobre bienes inmuebles Esgrime que el recurso de protección no es la vía pertinente para la salvaguarda de sus derechos, dada la naturaleza de los hechos planteados, la puesta en jaque de resoluciones administrativas y el mismo reconocimiento de la contraria de interposición de acciones civiles por cuerda separada. Al efecto, indica que los recurrentes basan su acción en afrentas cometidas por el Servicio Agrícola y Ganadero, contrarias a lo preceptuado en la Constitución en su artículo 7° ligadas a la investidura y principio de juridicidad y lo alegado por la contraria ha sido encauzado en nuestro ordenamiento jurídico por la “Nulidad de derecho Público”. Agrega que dentro de toda esta construcción dogmática y jurisprudencial, se ha entendido que aquellos actos administrativos dictados que adolecen de alguna falta al artículo 6° y 7° de la Constitución, pueden y deben ser encauzados por medio de esta herramienta de control de la administración del Estado, que implica a su vez la existencia de un juicio de lato conocimiento ante el juez de letras en lo civil competente. En este aspecto, cita el fallo “nombre reservado con Fisco de Chile, emanado de la Corte Suprema el día 28 de junio de 2006. Todo esto sin perjuicio de la consideración que debe hacerse del inciso final del artículo 6° de la Constitución referente al principio de juridicidad.

Aduce, además, que las faltas al principio de juridicidad y a la investidura regular alegadas por la contraria, no son tales, por el mero hecho de que todos los actos administrativos invocados por la contraria han sido dictados conforme mandan la Constitución, leyes y reglamentos destinados al efecto, no adoleciendo de vicios, al ser dictados por el funcionario con la competencia legal correspondiente y dentro del marco de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico.

Manifiesta que el recurso de protección en los términos y alcances latamente conocidos, es de carácter cautelar, urgente y excepcional, dado que es una acción pensada para la consecución de una tutela cautelar ante afrentas al imperio del Derecho en situaciones que de no mediar la acción de protección, se estaría en un constante estado de vulneración de derechos fundamentales y es por esto también que la Constitución posee un numerus clausus respecto de los derechos fundamentales efectivamente tutelables según se desprende del artículo 20 del vigente texto constitucional, de manera de proporcionar esta herramienta de protección a situaciones ante las cuales el Estado de Derecho pueda efectivamente responder desde un plano material y concreto. Por tanto, la vulneración a los derechos del artículo 19 N°24 que alega la contraria y la igualdad ante la ley, tal y como están expresados en cuanto a forma y fondo, son materia que debió haber sido interpuesta en otra jurisdicción, teniendo en cuenta que la acción de protección interpuesta, más que ser un acto de postulación destinado a buscar la salvaguarda de una situación que ameritaba cautela urgente y excepcional, es más una pretensión de control de actos administrativos que han sido dictados ajustados a derecho y que en razón de estar dotados de la debida fundamentación en cuanto a forma y fondo, no han provocado perjuicios a derechos propietario alguno, más teniendo en consideración que hay consenso en que la regulación de la propiedad debe contemplar en todo orden la denominada como “función social de la propiedad” que permite equilibrar el interés privado que alimenta y orienta el ejercicio del haz de derechos que la constituyen y el interés público que justifica su protección como derecho fundamental y la misión otorgada al SAG, la cual es precisamente como ya se ha planteado más arriba, velar por el correcto uso del suelo de carácter agrícola en nuestro país.

En este contexto, sostiene que el Servicio Agrícola y Ganadero ha actuado dentro del marco legal, no existen ni perjuicios ni acciones que hayan provocado una alteración al núcleo esencial de los derechos invocados por la contraria en el recurso de protección interpuesto. De manera que la no existencia ni acreditación de dominio, ni de inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado que estén ajustadas a Derecho, puesto que en la acción de protección interpuesta por los actores, se destaca la mención a diversas compraventas, respecto de las cuales se reconoce por los propios recurrentes que el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado formuló un reparo a la solicitud de inscripción de derechos dominicales, indicando que habiendo sido modificado el DL 3516 Sobre Subdivisión de Predios Rústicos, para proceder a la inscripción de dichas ventas era necesario previamente constituir la servidumbre de tránsito de acceso de dichos lotes mediante escritura pública la cual además debía encontrarse inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes. Siguiendo este mismo hilo conductor, la parte recurrente ahonda aún más en el punto y expone que se celebró la respectiva escritura de Constitución de servidumbre de tránsito, la que se formalizó mediante escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2022 en la Notaría de Talca de don nombre reservado., Repertorio N°4465; y que con fecha 26 de abril de 2024 ocurre un nuevo reparo a la escritura de servidumbre por cuanto existirían aún algunos lotes de terrenos afectados por dicha servidumbre de tránsito que no habrían concurrido a suscribir dicho gravamen.

En consecuencia, ante la no existencia de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado, ni tampoco de ninguna servidumbre de tránsito, cabe preguntarse si en estricto rigor existe una vulneración al derecho de propiedad en el caso contenido en autos, considerando que estamos ante bienes de carácter inmueble, que en nuestro sistema de adquisición de bienes inmuebles se requiere de la conjunción de un título traslaticio de dominio como manda el artículo 675 del Código Civil y de un modo de adquirir el dominio, en este caso la tradición, la cual, según prescripción del artículo 686 del Código Civil, para el caso especial de los bienes raíces, se efectuará por la inscripción del título en el “registro del conservador”, como expresa directamente la norma citada.

Ante la ausencia de la necesaria conjunción de un título y un modo en el caso presentado por los recurrentes, no queda más que concluir que no es posible cometer una vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°24, en los términos en los que se hace valer la contraria, dado que en estricto rigor solo existen compraventas celebradas por escritura pública respecto de los lotes singularizados en la acción de protección, sin ninguna inscripción de por medio, lo cual genera que los recurrentes tengan una mera expectativa de obtener derechos dominicales sobre sus respectivos lotes, más no el derecho real de dominio en concreto, máxime si todos los procedimientos administrativos ejecutados por el servicio han sido sustanciados dentro del marco constitucional y legal.

Hace presente que se dictó la Resolución Exenta N°931/2024 de suspensión de procedimiento de subdivisión predial (SPR) el 10 de junio de 2024, en la que se dictamina lo siguiente:

“SUSPÉNDASE el procedimiento de tramitación de la Solicitud de Subdivisión de Predios Rústicos, presentada en la Oficina Sectorial de nombre reservado, región del Maule, respecto del predio denominado, Resto del Lote Veinticuatro de los en que se subdividió el resto de la Hijuela Dos u Oriente, resultante de la división del predio rural denominado “Montaña Oriente, Hijuela Primera”, la que formaba parte de la Hijuela Primera de la Hacienda Colbún, rol 8-946, por las razones indicadas en los considerandos número , 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° de la presente Resolución”.

Finaliza señalando que esta resolución despeja aún más la posibilidad de que el servicio esté incurriendo en actos ilegales y arbitrarios contra los recurridos.

TERCERO: Que en el informe evacuado por don nombre reservado, se señaló que este último conoce a todos los recurrentes; precisando que a don Miguel Ángel Carreño Gallardo lo conoce ya que fue su abogado en distintas causas, entre ellas la intermediación en la compraventa de lotes de su propiedad; también lo representó en causa C-1164-2022 del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de nombre reservado; y fue el abogado asesor en la tramitación del primer proyecto de subdivisión ante el SAG del nombre reservado, y también durante el inicio del segundo proyecto, a los que se hace mención y son objeto del presente recurso. A don nombre reservado, lo conoce ya que fue el profesional encargado de presentar a tramitación el primer proyecto de subdivisión ante el SAG del nombre reservado, y también durante el inicio del segundo proyecto, que son objeto del presente recurso. Don nombre reservado, doña nombre reservado y la SOC. FORESTAL EL ARRAYÁN SPA, compraron cada uno de ellos uno de los lotes que se formaron producto del primer proyecto de subdivisión ante el SAG del nombre reservado, el cual fue aprobado.

De otro lado, reconoce que el 02 de Julio del año 2021, el Servicio Agrícola y Ganadero Región del Maule, dictó el acto administrativo denominado CERTIFICADO N° 1324/2021 por el cual se procedió a aprobar una subdivisión de un inmueble rural a nombre de don nombre reservado, RUT.RUT reservado, resultando de dicha subdivisión un total de 21 lotes de una superficie de media hectárea cada uno aproximadamente y procedió al timbraje de las copias del plano de subdivisión predial aprobado por dicho servicio; como también es efectivo que el inmueble cuya subdivisión fue aprobada por la recurrida corresponde al predio rural denominado LOTE VEINTICUATRO en que se subdividió el resto de la Hijuela Dos u Oriente, resultante de la división del Predio rural denominado "Montaña Oriente, Hijuela Primera", la que formaba parte de la Hijuela Primera de la Hacienda Colbún, ubicado en sector El Pehuenche, comuna de Colbún, VII Región del Maule, de una superficie de 275 hectáreas, tal como consta de la inscripción de fojas 1978, Número 2355, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado correspondiente al año 2006. Rol de Avalúo N° 8-946, de la comuna de Colbún.

De otro lado, asevera que el segundo proyecto de subdivisión al que hace referencia el recurso corresponde al iniciado precisamente por uno de los actores don nombre reservado, quien en su calidad de ingeniero forestal es el profesional titular que firma el proyecto. A mayor abundamiento, indica que lo conoce a consecuencia de una recomendación de don Miguel Ángel Carreño Gallardo, abogado patrocinante del presente recurso y fue su abogado al momento en que se presentó el primer y segundo proyecto de subdivisión. Lo cierto es que le sorprende el presente recurso y la forma en que se relatan los hechos, ya que se hace con la intención de dar por cierto que los recurrentes (al menos el abogado patrocinante don Miguel Ángel y don nombre reservado) no sabían de este segundo proyecto de subdivisión; sin embargo, fueron los profesionales asesores de don nombre reservado, según puede acreditarse con un poder notarial entregado por este último a ellos, en el año 2023, esto es, previo a la presentación del segundo proyecto de subdivisión, y 2 años después de las compraventas celebradas al que hace mención el presente recurso.

En cuanto a las garantías que se estiman vulneradas, aduce que los recurrentes omiten mencionar que el inicio del segundo proyecto de subdivisión, que constituiría el hecho determinante que afectó sus derechos, fue a consecuencia de hechos propios ejecutados por personas que conforman la parte recurrente de este recurso de protección, como lo son: el abogado patrocinante don Miguel Ángel quien actuó como abogado asesor en el primer y segundo proyecto de subdivisión, y al mismo tiempo es representante legal de uno de los recurrentes (Soc. Forestal El Arrayán SpA), y el recurrente don nombre reservado, quien actuó como profesional ingeniero forestal en el primer y segundo proyecto de subdivisión.

CUARTO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Además, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no reúne tales características, la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos ordinarios declarativos que el legislador ha establecido al efecto.

QUINTO: Que, de lo expuesto en el recurso y peticiones concretas efectuadas en el dicho libelo, se advierte que los reproches que se efectúan a la recurrida no dicen relación con un acto en específico, sino que se pretende que por esta vía se declare la ilegalidad y arbitrariedad de todo un proceso administrativo, como se solicita en el numerales 1 y 2 del petitorio, al señalar:

“1°Que se declare que el segundo proceso administrativo de subdivisión predial que se está tramitando respecto del predio de propiedad de don nombre reservado, denominado lote veinticuatro, ubicado en sector El Pehuenche, comuna de Colbún, VII Región del Maule, de una superficie de 275 hectáreas, inscrito a fojas 1978, Número 2355, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado correspondiente al año 2006. ROL de avalúo N°8- 946, de la comuna de Colbún, es ilegal y arbitrario”;

2° Que se ordene al recurrido dejar sin efecto y revocar todo actos administrativo aprobatorio de dicho segundo proceso de subdivisión predial, respecto del mismo sector que ya fue enajenado a los recurrentes.”

Tales peticiones, además, exceden con creces la acción constitucional y cautelar que se ha presentado en autos, pus esta no es la vía para revisar la legalidad de un procedimiento seguido en sede administrativa, como se pretende por los actores, puesto que imputa a la recurrida haber actuado con infracción a lo prevenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que es razón suficiente para desestimar el arbitrio intentado en autos.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo antes sentado, cabe señalar que de los antecedentes de la presente causa no hay ningún elemento de prueba o indiciario de que la recurrida haya actuado fuera de la esfera de sus facultades legales o de un modo arbitrario, en la tramitación del procedimiento a que dio origen la solicitud de un segundo loteo respecto del predio de propiedad de don nombre reservado, denominado lote veinticuatro, ubicado en sector El Pehuenche, comuna de Colbún, VII Región del Maule, de una superficie de 275 hectáreas, inscrito a fojas 1978, Número 2355, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado correspondiente al año 2006. Rol de avalúo N°8- 946, de la comuna de Colbún.

Además, con el mérito de la Resolución Exenta N°931/2024, emitida por el servicio recurrido con fecha 10 de junio de 2024, se acredita que en cuanto dicho organismo tomó conocimiento de una posible irregularidad o superposición de la subdivisión cuestionada en el recurso, dispuso la suspensión de la misma y pidió informe al solicitante don nombre reservado; así consta de la antes señalada resolución, en cuanto dispone en lo resolutivo:

“1. SUSPÉNDASE el procedimiento de tramitación de la Solicitud de Subdivisión de Predios Rústicos, presentada en la Oficina Sectorial de nombre reservado, región del Maule, respecto del predio denominado, Resto del Lote Veinticuatro de los en que se subdividió el resto de la Hijuela Dos u Oriente, resultante de la división del predio rural denominado “Montaña Oriente, Hijuela Primera”, la que formaba parte de la Hijuela Primera de la Hacienda Colbún, rol 8-946, por las razones indicadas en los considerandos número , 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° de la presente Resolución.

2. SOLICITASE a don nombre reservado, remita informe y antecedentes con vigencia correspondiente a la inscripción de dominio del predio antes individualizado, con certificación de su vigencia.

3. El solicitante podrá interponer ante el respectivo Director Regional del SAG y contra su decisión de no certificar, un recurso de reposición y, en subsidio, pero conjuntamente con éste, el recurso jerárquico dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la respectiva notificación. Transcurrido dicho plazo, deberá rechazarse el recurso por extemporáneo.

4. NOTIFÍQUESE al solicitante, nombre reservado, RUT RUT reservado, al tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 19.880 y a los siguientes correos electrónicos: correo reservado.

ANÓTESE Y NOTIFIQUESE”.

SEPTIMO: Que, en armonía con lo razonado en las motivaciones que anteceden, procede rechazar la acción constitucional deducida en autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por el abogado don Miguel Ángel Carreño Gallardo, por los recurrentes don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y la Sociedad Forestal el Arrayán SpA, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región del Maule.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N° 1.439-2024/ Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Diego Palomo Vélez, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.