TELECOM FINANCE GROUP INVESTMENTS SPA con nombre reservado

Talca, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña Josefina Trujillo Silva, abogada, en representación convencional de APW Chile SpA (antes denominada "Telecom Finance Group SpA"), sociedad del giro inmobiliario, RUT N° RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce acción de protección en contra de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, resultante de la subdivisión de la Hijuela Quillay y Chépica, hasta el Estero los Puercos, del Fundo Las Tizas, de la comuna de Pencahue.

Expone la recurrente que APW es titular de dos derechos reales de usufructo sobre dos áreas del referido Lote A-2. El primero, adquirido el 30 de junio de 2020, sobre un área aproximada de 255 metros cuadrados, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Talca a fojas 5716, número 4229 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2020. El segundo, adquirido el 29 de septiembre de 2023, sobre un área aproximada de 158,6 metros cuadrados, inscrito a fojas 2311, número 3079 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2023.

Señala que en dichas áreas usufructuadas se encuentran emplazadas antenas de telecomunicaciones, las que son arrendadas a las empresas ATC Sitios de Chile S.A. (que subarrienda a Telefónica Móviles Chile S.A.) y Entel PCS Telecomunicaciones S.A., encontrándose dichos arrendamientos igualmente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Talca.

Indica que mediante escritura pública de 28 de enero de 2025, los antiguos propietarios del Lote A-2 vendieron el inmueble al recurrido don nombre reservado, quien, no obstante los gravámenes que afectan al predio, ha obstaculizado e impedido el acceso a los inmuebles usufructuados mediante vías de hecho, instalando una cadena y candado que bloquean el paso.

Relata que el 14 de octubre de 2025, funcionarios de Entel PCS Telecomunicaciones S.A. fueron impedidos de acceder al predio, siendo informados que la propiedad había cambiado de dueño y que no habían recibido pagos. Posteriormente, el 20 de octubre de 2025, según consta en Acta Notarial levantada por la Notario Público de Talca doña nombre reservado, se certificó la imposibilidad de acceder al inmueble, encontrándose las puertas de metal ubicadas en el frente que da a la Ruta K-60 cerradas con cadena. En dicha oportunidad, don nombre reservado se comunicó telefónicamente con el recurrido, quien manifestó encontrarse en su lugar de trabajo y no poder asistir, indicando que podía comunicarse con don nombre reservado como su representante, sin obtener respuesta de este último tras tres llamadas telefónicas.

Sostiene que la conducta del recurrido constituye una vía de hecho autotutelar prohibida por el ordenamiento jurídico, que priva a APW del ejercicio de sus derechos reales de usufructo y del derecho personal de acceso concedido por escritura pública hasta el 29 de septiembre de 2053 y 30 de junio de 2050, respectivamente. Añade que esta obstrucción impide que las compañías de telefonía realicen los trabajos de mantención, reparación y mejoras necesarios, afectando el servicio público de telefonía e internet móvil a los usuarios del sector.

Denuncia como conculcadas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2 (igualdad ante la ley), 3 inciso 5° (derecho a no ser juzgado por comisiones especiales), 21 (libertad para desarrollar actividades económicas) y 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República.

Solicita que se declare que la actuación del recurrido es arbitraria e ilegal; que perturba las garantías constitucionales invocadas; que se ordene al recurrido el retiro inmediato de todo impedimento que obstruya el acceso a los predios usufructuados; que se adopte cualquier otra medida de protección que se estime pertinente; y que se condene en costas al recurrido. En el primer otrosí solicita orden de no innovar.

Acompaña los siguientes documentos: Certificado de Hipotecas, Gravámenes y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Talca; copia de escritura pública de Contrato de Constitución de Usufructo de 30 de junio de 2020; copia de escritura pública de Contrato de Constitución de Usufructo de 29 de septiembre de 2023; Acta Notarial de 20 de octubre de 2025; Certificado de dominio vigente del inmueble; y cadena de correos electrónicos relativos a los impedimentos de acceso.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece don Jorge Reyes Veliz, abogado, en representación del recurrido don nombre reservado, según mandato judicial otorgado por escritura pública de 12 de noviembre de 2025 ante el Notario de Talca don nombre reservado.

Señala que su representado adquirió el Lote A-2 el 28 de enero de 2025 en la suma de $10.000.000, pagados de contado, tratándose de una persona dedicada a labores agrícolas que vivió en el predio durante 31 años como trabajador y cuidador.

Cuestiona la legitimidad activa de la recurrente, indicando que no se acredita que la antigua "Telecom Finance Group SpA" sea la misma que "APW Chile SpA", y que los contratos de usufructo acompañados fueron otorgados en favor de "Telecom Finance Group Investments SpA" y "APW Chile SpA", respectivamente, sin demostrarse la vinculación entre dichas sociedades.

Argumenta que los contratos de arrendamiento recaen sobre predios rústicos y no habrían cumplido con las formalidades exigidas por el artículo 5 del Decreto Ley N° 993 de 1975, en particular la declaración tributaria del arrendador, lo que impediría que tales documentos puedan hacerse valer ante autoridades judiciales.

Sostiene que, conforme al artículo 1962 N° 2 del Código Civil, al haberse enajenado el inmueble arrendado, el nuevo propietario adquirente debe respetar los contratos de arrendamiento otorgados por escritura pública, pero asume la calidad de arrendador con los derechos y obligaciones inherentes, incluyendo el derecho a percibir las rentas.

Alega que los usufructos fueron constituidos sin regularse adecuadamente el acceso a los retazos de terreno usufructuados, que se encuentran dentro del predio de su representado, no habiéndose constituido las correspondientes servidumbres de tránsito conforme al artículo 847 del Código Civil.

Indica que las torres de telecomunicaciones requieren autorizaciones de la Dirección de Obras Municipales según la Ley 20.599 y artículos 116 bis F, G y H de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sin que conste que la recurrente haya dado cumplimiento a tales exigencias.

Hace presente que el 18 de julio de 2025 se realizó una videoconferencia entre representantes de ambas partes, en la que se discutieron las pretensiones e intereses de cada una, sin alcanzarse acuerdos, quedando abierta la posibilidad de continuar conversando.

Solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas. En los otrosíes solicita se oficie a diversas notarías para que remitan copias de escrituras públicas de los contratos de arrendamiento, y a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pencahue para que informe sobre autorizaciones para instalación de torres de telecomunicaciones. Acompaña copia del mandato judicial.

TERCERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de terceros, siendo una acción de naturaleza urgente y concentrada, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando ha sido quebrantado por algún acto u omisión que vulnere garantías constitucionales.

CUARTO: Que, en cuanto a los hechos, se encuentra acreditado en autos que APW Chile SpA es titular de dos derechos reales de usufructo debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Talca, sobre áreas del inmueble denominado Lote A-2, resultante de la subdivisión de la Hijuela Quillay y Chépica, comuna de Pencahue. Asimismo, consta que en las escrituras públicas de constitución de usufructo se otorgó a la usufructuaria autorización de acceso al predio por un período de 30 años.

Se encuentra igualmente acreditado que el recurrido don nombre reservado adquirió el referido inmueble mediante escritura pública de 28 de enero de 2025, con pleno conocimiento de los gravámenes que lo afectan, según lo reconoce el propio informante.

Al mismo tiempo, del Acta Notarial de 20 de octubre de 2025, levantada por la Notario Público de Talca doña nombre reservado, consta que el acceso al predio se encontraba bloqueado mediante puertas de metal cerradas con cadena, impidiéndose el ingreso a representantes de la recurrente. En dicha oportunidad, contactado telefónicamente el recurrido, manifestó no poder asistir, derivando a un representante con quien no fue posible comunicarse.

QUINTO: Que, en lo que respecta a la legitimación activa cuestionada por el recurrido, cabe señalar que los derechos reales de usufructo se encuentran inscritos a nombre de APW Chile SpA, y que la recurrente ha comparecido acreditando su personería mediante mandato judicial otorgado por dicha sociedad, superando las eventuales discrepancias sobre transformaciones societarias o cambios de denominación social las materias que contempla la presente acción cautelar y que, de estimarse pertinente, pueden ser discutidas en sede declarativa ordinaria.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, los argumentos del recurrido relativos al incumplimiento de formalidades de los contratos de arrendamiento de predios rústicos, la falta de constitución de servidumbres de tránsito, los efectos de la enajenación del inmueble arrendado, y las autorizaciones municipales para instalación de torres de telecomunicaciones, constituyen cuestiones complejas que requieren de un debate probatorio amplio que excede la naturaleza sumaria del recurso de protección. Tales materias, de estimarse procedentes, deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria competente.

Sin embargo, lo anterior no autoriza al recurrido para adoptar, por sí y ante sí, medidas de autotutela consistentes en impedir materialmente el acceso a los predios usufructuados mediante la instalación de cadenas y candados, alterando unilateralmente el estado de cosas vigente sin mediar resolución judicial o acuerdo entre las partes que lo autorice para ello.

En efecto, ninguna persona puede adoptar medidas al margen del ordenamiento jurídico vigente para obligar a otra a una determinada conducta, de conformidad al principio de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. En consecuencia, aun cuando el recurrido crea estar asistido de algún derecho, no puede actuar por vías fácticas alterando el statu quo existente, debiendo acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para dirimir el conflicto.

SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, la recurrente es titular de derechos reales de usufructo debidamente inscritos y de autorizaciones de acceso otorgadas por escritura pública, encontrándose en una situación de hecho en virtud de la cual ejercía pacíficamente el acceso a los predios usufructuados. El recurrido, al impedir materialmente dicho acceso mediante la instalación de cadenas y candados, sin contar con autorización judicial alguna, ha alterado unilateralmente dicha situación, incurriendo en una vía de hecho que el derecho repudia, salvo excepciones.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, la actuación del recurrido consistente en impedir el acceso a los predios usufructuados constituye una vía de hecho ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus derechos reales de usufructo y sobre el derecho personal de acceso del que es titular, garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, al pretender resolver unilateralmente un conflicto cuyo conocimiento corresponde privativamente a los tribunales de justicia, el recurrido ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental, que asegura a toda persona el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por esta.

NOVENO: Que, no obstante lo resuelto, y atendido que las cuestiones de fondo planteadas por el recurrido pueden tener mérito suficiente para ser discutidas en sede ordinaria, se estima que éste tuvo motivo plausible para litigar, por lo que se le eximirá del pago de las costas.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Josefina Trujillo Silva, en representación de APW Chile SpA, en contra de don nombre reservado y, en consecuencia, se ordena al recurrido efectuar, dentro del plazo de cinco días contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, al retiro de todo impedimento material que obstruya el acceso a los predios respecto de los cuales APW Chile SpA es titular de derechos reales de usufructo, debiendo permitir el libre acceso de la recurrente, sus dependientes, contratistas, subcontratistas y arrendatarios a dichos predios.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada con 30 de octubre de 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la ministra Marisol Macarena Ponce Toloza.

Rol N° 1437-2025 Protección.

Se deja constancia que no firma la ministra Marisol Ponce Toloza, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con licencia médica.