JCOMPOSTAJE SPA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO

Talca, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección que dio lugar a la formación de estos autos, es del tenor siguiente:

“LEONARDO EXEQUIEL FUENTES QUINTEROS, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación según se acreditará de JCOMPOSTAJE SPA, persona jurídica del giro compostaje, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, empresario, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Maule, Usía Ilustrísima, respetuosamente digo:

Que, por este venimos en deducir acción de protección por vulneración de garantías fundamentales en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y de forma conjunta en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO , Corporación Autónoma de Derecho Público representada legalmente por la ALCALDESA DE TENO doña nombre reservado, ignoro profesión, quien es también representante legal de los dos primeros recurridos, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Maule, por haber privado, perturbado y negado a mi representada, en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en los númerandos:

• N°3°, La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;

• N° 21°. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

• N°24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

• 22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

• 23°. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;

• 24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

1.- ACLARACIÓN PREVIA.

De forma previa debo hacer presente que el día jueves 9 de mayo de 2024 don nombre reservado ha sido contactado de forma telefónica por un funcionario del municipio de Teno, quien le indicó que debería clausurar la empresa JCOMPOSTAJE SPA por no contar con patente comercial y que se encontraba fuera de ella con otros funcionarios, sin embargo, al no encontrarse don nombre reservado en dicho lugar no se pudo realizar la clausura. Por lo mismo, hasta la fecha no ha sido notificado de decreto alguno que ordene la clausura, motivo por el cual de forma previa debemos aclarar este recurso se interpone de forma URGENTE, con los antecedentes que han sido proporcionados de forma espontánea por distintos actores del municipio recurrido.

Al mismo tiempo, de forma legal y cumpliendo con los requisitos establecidos por el legislador don nombre reservado en representación de JCOMPOSTAJE SPA solicitó con fecha 30 de abril de 2024 una patente provisoria, la cual le fue negada de forma verbal, ilegal y arbitraria por la recurrida.

2.- INTRODUCCIÓN En primer lugar, nos permitimos señalar que mi representada JCOMPOSTAJE SpA es una empresa dedicada al Transporte, Almacenamiento, Tratamiento de Residuos y Venta de Compostaje, siendo titular de una Planta de Compostaje ubicada en la Parcela N°24 del sector El Trebolar, en la comuna de Teno, Región del Maule.

El proceso de compostaje desarrollado consiste en la ejecución de actividades de tratamiento y reconversión de residuos orgánicos, en un volumen máximo de 28 toneladas al día, mediante la técnica del compostaje con volteos periódicos.

El área del Proyecto se encuentra ubicada en la Parcela 24, Proyecto Parcelación El Trebolar, Rol N°65-82, comuna de Teno. Esta Parcela es de un total de 20 Hectáreas, dentro de la cual se ubica el área de Operación del Proyecto, la cual corresponde a una superficie de 2 Hectáreas, correspondiendo ésta última entonces a una décima parte del Área Total.

El proyecto es de dimensiones pequeñas, lo que queda de manifiesto a partir de la lectura de la Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule, que se acompaña en el Otrosí de esta Presentación, en cuyo punto 9.1 se señala que el Proyecto operará con un volumen máximo de 28 toneladas al día, cantidad menor a la establecida en la normativa aplicable como umbral de ingreso al SEIA, que corresponde a 30 toneladas día de tratamiento, y 50 toneladas de disposición final.

El mencionado proyecto comenzó a gestarse el año 2020, mismo año en que don nombre reservado concurrió personalmente a las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Teno, específicamente al departamento de rentas, en donde le indicó en un principio que debido al giro de la empresa esta no debía tramitar patente comercial en dicho municipio, toda vez que la actividad que desarrolla no se encuentra gravada con dicho tributo.

Así, actuando siempre de buena fe y con la convicción de encontrarme sujeto a la normativa correspondiente don nombre reservado inició los trámites administrativos correspondientes ante las autoridades medioambientales y sanitarias.

Así, puedo indicar que la Planta de Compostaje, en cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria que le resulta aplicable, ha realizado las solicitudes y tramitaciones que corresponden:

1.- En primer lugar, con fecha 29 de Abril de 2020, se presentó ante la Autoridad Ambiental de la Región del Maule, una Consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la cual se solicitó pronunciamiento respecto del proyecto de Planta de Compostaje, denominado “FERTILIZANTES ORGANICOS OBTENIDOS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP),Consulta que luego de su tramitación de rigor, fue resuelta con fecha 24 de Julio de 2020 por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule indicando que no era obligatorio su ingreso al Sistema. Se adjunta copia de esta Resolución en el Otrosí de esta presentación.

2.- Seguidamente, mi representada tramitó el correspondiente proyecto ante la Autoridad Sanitaria de la Región del Maule, Autoridad que con fecha 4 de Noviembre de 2020, extendió la Autorización al Proyecto para compostaje de residuos orgánicos de JCompostaje SpA, ubicado en Sector El Trebolar, Parcela N°24, de la Comuna de Teno en la Región del Maule. Posteriormente, esta Resolución fue modificada por esta misma Autoridad, mediante su Resolución N°42 de fecha 4 de febrero de 2021, para explicitar las cantidades máximas de ciertos residuos que podrían recibirse para ser sometidos a proceso de compostaje, dentro del máximo total de residuos que puede ser recibido mensualmente en esta Planta. Se adjunta copia de ambas Resoluciones en el Otrosí de esta presentación.

3.- Dicho lo anterior, la planta de compostaje ha sido fiscalizada en múltiples oportunidades por la autoridad sanitaria, siendo la última vez el día 11 de abril de 2024 en la cual no se encontró infracción alguna, constatando, además, que la empresa no produce malos olores ni moscas, lo cual fue informado al municipio recurrido con fecha 12 de abril de 2024, como se comprueba por documento que adjunto en un otrosí.

2.- EN CUANTO A LA PATENTE COMERCIAL.

Como se indicó anteriormente, don nombre reservado concurrió personalmente el año 2020 a la dirección de rentas del municipio recurrido en donde consultó por la necesidad de contar con patente municipal para el giro, en donde se le informó de manera verbal que debido al giro de mi negocio y de ser una actividad primaria no es necesario contar con patente municipal.

Dicho lo anterior, con fecha 4 de abril de 2023 concurrió hasta dependencias de la empresa un fiscalizador del municipio de Teno quien me citó para regularizar el trámite de patente comercial, dicha citación fue para el 5 o 6 de abril de 2023 desde las 8:30 a las 13:30 horas.

Como he recalcado, actuando de buena fe y siempre pensando que se actúa de forma legal, don nombre reservado concurrió hasta el municipio de Teno en donde se me entregó una planilla con los documentos que se solicitaban para regularizar la patente comercial.

Al efecto debo indicar que de inmediato don nombre reservado comenzó a recabar la información solicitada ingresando la solicitud de patente con fecha 25 de mayo de 2023, la cual fue rechazada por no contar con la recepción definitiva de obras que se encuentran construidas en el lugar, las cuales corresponden a una oficina y un galpón. Sin perjuicio de lo anterior, debo señalar desde ya que dichos tramites se encuentran en plena ejecución y esperamos que se encuentre listo en el menor tiempo posible.

Pese a lo anterior, y con el solo fin de ilustrar de forma correcta a Usía Ilustrísima a continuación se adjuntan una fotografía tomada a las obras por regularizar en el predio donde funciona la empresa: [añade fotografía]

Como puede apreciar, la misma corresponde a un galpón abierto, que únicamente sirve para guardar vehículos no guarda relación alguna con la planta de compostaje y que esta parte incluso podría demoler sin afectar el funcionamiento de su planta de compostaje. Así dicho galpón se constituye como la única traba para que actualmente mi representada pueda obtener su patente comercial definitiva.

Ahora, también es pertinente señalar que dicho galpón se encuentra ubicado a más de 500 metros de los terrenos donde se realiza el compostaje como se muestra en la siguiente fotografía: [agrega fotografía]

Sin perjuicio de lo anterior, debo indicar que ya con fecha 26 de marzo de 2024 se entregó a mi representada la autorización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero para las construcciones del inmueble donde se encuentra la planta. Encontrándose pendiente únicamente la autorización del Seremi Minvu de la región del Maule para poder regularizar las construcciones existentes en el lugar y poder solicitar la patente comercial.

Por último, en este sentido, desde ya debo hacer notar a Usía Ilustrísima que como se indicó la patente comercial no se tramitó antes, debido a que el propio municipio indicó a don nombre reservado que la misma no era necesaria, lo cual puede tener una explicación en los antecedentes que se señalan en el punto siguiente.

Dicho lo anterior, y sin perjuicio de poner desde ya en discusión la procedencia o no del pago de patente en virtud del giro que desarrolla mi representada he de indicar que con fecha 30 de abril de 2024 mi representada solicitó patente provisoria de manera formal al municipio de Teno, la cual le fue rechazada de forma verbal indicándole que dicho municipio no cuenta con ordenanza para tales efectos, lo cual como se tratará en un punto a aparte es completamente antojadizo e ilegal.

3.- EN CUANTO A LEY DE RENTAS MUNICIPALES.

Para estos fines, conviene describir y analizar los presupuestos fácticos del hecho gravado establecido en el DL N° 3063 sobre Rentas Municipales y su Reglamento, como también las normas que lo rigen.

(a) Hecho Gravado en la Ley de Rentas Municipales El artículo 23 del Decreto Ley 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales [en adelante también "LRM" o "DL 3063”, conceptualiza el "hecho gravado” como: “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley".

“También quedarán gravadas las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquier otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo’’.

Por su parte, el inciso primero del artículo 24 de la LRM dispone que: “La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda".

Al respecto, tal como se acredita por el certificado de inicio de actividades de mi representada, esta es una microempresa de primera categoría por lo cual no se encuentra afecta al pago de patente municipal.

(b) Requisitos para que se configure el “hecho gravado”

Para que una persona -natural o jurídica- esté obligada a pagar patente municipal, es condición necesaria:

1) Que ejerza una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad secundaria o terciaria, (y excepcionalmente primaria) sea cual fuere su naturaleza o denominación.

Por su parte, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 484, de 1° de agosto de 1980, del Ministerio del Interior, que contiene el "Reglamento para la Aplicación de los Artículos 23 y siguientes del Título IV del Decreto Ley N° 3.063, de 1979" especifica cuáles son las actividades primarias, secundarias y terciarias:

a) Actividades primarias: Son todas aquellas actividades económicas que consisten en la extracción de productos naturales, tales como, agricultura, pesca, caza, minería, etc.

b) Actividades secundarias: Son todas aquellas que consisten en la transformación de materias primas en artículos, elementos o productos manufacturados o semi facturados y en general todas aquellas en que interviene algún proceso de elaboración, tales como industrias, fábricas, refinerías, ejecución y reparación de obras materiales, instalaciones, etc.

c) Actividades terciarias: Son aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias, tales como comercio por mayor o menor, nacional o internacional, representaciones, bodegajes, financieras, servicios públicos o privados estén o no regulados por leyes especiales, consultorías, servicios auxiliares de la administración de justicia, docencia, etc.

Tradicionalmente se ha entendido que las actividades primarias son aquéllas destinadas a obtener alimentos y en general materias primas del medio natural; las actividades secundarias engloban las actividades económicas industriales, trabajando sobre lo obtenido en la primera actividad; y el sector terciario agrupa al comercio y los servicios.

2) Que la actividad corresponda a una actividad "lucrativa". Además de que la actividad que ejerce la sociedad sea secundaria o terciaría (y por excepción primaria), ésta debe ser lucrativa, esto es, que tenga la citada sociedad una actividad y que su finalidad sea producir utilidades y ganancias bajo un determinado espectro comercial, ya que la patente comercial es un gravamen vinculado al ejercicio concreto de una actividad lucrativa. El espectro comercial lucrativo hace distinguir a unas sociedades gravadas respecto de otras. De lo contrario el legislador las hubiere gravado a todas. Demás está decir que para que exista el hecho gravado debe realizarse "alguna actividad", porque es de la esencia del tributo que se desarrolle un giro real y efectivo. Que tal Actividad se encuentre gravada, que sea lucrativa y bajo la condición y/o espectro de tutela de la LRM.

3) Que la actividad se desarrolle en un lugar determinado.

Para que haya obligación legal de contribuir al pago de patente comercial, la actividad lucrativa debe ser ejercida por el contribuyente en un lugar, es un espacio físico y materialmente determinado. Sí este lugar no existe, no puede haber atención o proyección al público, y en consecuencia tampoco hay hecho gravado. El "lugar", es el que genera un vínculo con un Municipio. Tanto es así, que la ley da ejemplos de "lugares", como "local", "oficina", "establecimiento" y "kiosco", es decir todos lugares de atención de público o de terceros. Confirma esta idea el hecho que la sanción por el no pago de la patente conforme al artículo 58 de la Ley es la "clausura" del establecimiento u oficina.

De hecho, el artículo 24 de la LRM vincula la "actividad" con el "lugar'' en que se ejerce, y lo mismo ocurre en los casos en que se gravan las actividades primarias, conforme el artículo 23 de la ley, que establece que se configura el hecho gravado: “cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias se vendan directamente por los productores en locales, puestos, kioscos, o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o cualquier comprador en general...”

La Contraloría General de la República también se ha pronunciado al respecto, destacando que además de los requisitos anteriores, es necesario que la actividad sea ejercida en un lugar físico determinado, precisando que: mientras no pueda utilizarse un inmueble por carecer de un requisito habilitante, como es la recepción definitiva, no resulta posible realizar en él una actividad sujeta al pago de patente, pues éste se identifica con un lugar físico determinado, ya que sí bien la aludida contribución grava el ejercicio de una actividad lucrativa, se requiere que ella se lleve a cabo en un local, oficina, establecimiento, estudio, consulta, kiosco o lugar determinado (Dictamen N° 22.005 de 24 de junio de 1994)

En fin, para que exista el hecho gravado deben darse todas las exigencias copulativas señaladas en la ley. No basta que una determinada actividad sea sólo lucrativa para generar el hecho gravado, ya que necesariamente deben concurrir los demás requisitos. No basta tampoco que solo exista un” Kiosco” en el cual no se ejerce actividad, pues faltarían condiciones para aplicar la LRM. Si no fuera así, la ley no habría optado por una compleja descripción del hecho gravado, y se habría limitado a decir que 'toda sociedad está gravada". Finalmente, no está de más recordar que la condición de “fin lucro” constituye parte distintiva, estructural y esencial de todas las sociedades. Tal como se ha indicado anteriormente, simplemente de haber así querido el legislador, habría gravado a todas las sociedades con el tributo, sin desquiciar de cual se exculparían respecto del hecho gravado. Esto la Ilustre Municipalidad lo sabe o debiera saberlo y constituye negligencia, a nuestro entender grave, desconocerlo.

La Contraloría General de la República, de manera similar a la expuesta, ha especificado por medio de numerosos dictámenes cuáles son los requisitos de procedencia del impuesto en cuestión: “cabe recordar que el cobro de patente municipal resulta procedente en la medida que concurran copulativamente los siguientes requisitos: a) que la actividad esté gravada con ese tributo; b) que ésta sea efectivamente ejercida por el contribuyente; y c) que se realice en un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado”1 1 Dictámenes N° 53.276 del 12-XI-2008, N° 54106, del 14-XI-2006; N° 54.471, del 2-XI-2004, N° 57.488, del año 2003.

En el mismo sentido, el Dictamen N° 42.067 de fecha 8 de septiembre de 2008 señala: "...los incisos primeros de los artículos 23 y 24 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, describen el hecho gravado de la patente municipal, haciendo alusión sólo a las actividades lucrativas que indican y al ejercicio efectivo de las mismas por el contribuyente en un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado de la comuna...”.

Como se desprende de los párrafos citados, la Contraloría General de la República, enfatiza la idea que la "actividad” debe ser de aquellas que se encuentran gravadas y además debe ser efectivamente realizada por el contribuyente, y en un lugar físico determinado.

En este mismo orden de ideas, este Organismo de Control -por Dictamen N° 33.808, de 2000, y 29.751, de 2003- ha concluido que el pago de patente municipal procede cuando existe absoluta certeza de haberse desarrollado una actividad económica, y que la determinación de si una persona ejerce efectivamente una actividad lucrativa gravada con patente municipal es una cuestión de hecho que compete verificar al Municipio, ponderando los antecedentes aportados por el particular afectado y los que reúna mediante sus procedimientos de inspección”2 2 2 Dictamen N° 54.471 de fecha: 2-Xl-2004. .

En definitiva, esta parte debe destacar que hasta la fecha no existe certeza en cuanto a que mi empresa deba pagar una patente comercial, no se ha determinado por un procedimiento administrativo o judicial alguno, sino, únicamente en virtud de la buena de esta parte con el municipio de Teno.

Lo anterior, nos conlleva necesariamente al siguiente punto de esta presentación en cuanto a la gravedad de la sanción impuesta y de la posible ilegalidad de la misma.

4.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA CLAUSURA.

El municipio recurrido ha determinado la clausura de la empresa a la cual represento de manera desproporcionada, toda vez que si bien el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales establece la sanción de clausura lo hace específicamente en su inciso primero para las empresas que se encuentren en mora del pago de patente, lo cual, a nuestro respecto ni siquiera ha ocurrido.

Ahora bien, el inciso segundo de la norma antes indicada autoriza al alcalde a clausurar negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas decretadas en virtud de los artículos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, dicha sanciones han sido establecidas en caso de conducta morosas o reiterativas y previo conocimiento del Juzgado de Policía Local de la comuna, a quien esta parte entiende se debe realizar la correspondiente denuncia del funcionamiento sin patente de esta empresa, a fin de que se otorgue a esta parte el correspondiente derecho a defensa.

Pese a lo anterior, la señora alcaldesa ha decretado la sanción más gravosa que establece la Ley como lo es la clausura en circunstancias que de que existen un cumulo de otras sanciones y acciones que puede tomar el municipio.

Al respecto, le consta a este municipio, además, que esta es la primera sanción que se aplica a mi representada por esta institución, sin que alguna otra vez se haya verificado infracción o sanción alguna en nuestra contra, es decir, es la primera vez que nos vemos enfrentados a esta situación.

Así las cosas, esta parte le parece que la sanción impuesta de clausura es a todas luces desproporcionada, en atención a que es la primera vez que se nos infracciona y al hecho de que esta parte de forma inmediata dio solución a cada una de las faltas señaladas por el órgano fiscalizador.

Como es sabido, en su actividad sancionatoria la Administración debe ceñirse estrictamente al principio de proporcionalidad, en tanto se trata de una manifestación del ius puniendi estatal, sirviendo como un mecanismo de control del ejercicio de las potestades discrecionales que le corresponden por Ley.

Que las potestades administrativas sancionatorias sean ejercidas con arreglo al principio en estudio, significa que la Administración, al aplicar la pena, debe velar por mantener una correcta razonabilidad entre el hecho infraccional y el quantum de la sanción. Si bien el principio de proporcionalidad de la pena en sede administrativa no se encuentra consagrada legalmente, su contenido se extrae de los arts. 6° y 7° de la Constitución11-12, sin perjuicio de existir tarificación en ciertos cuerpos legales especiales. 3 3 En este sentido, la Magistratura Constitucional recientemente ha fallado: “Una sanción puede tener una variedad de justificaciones o funciones, entre ellas, la retribución y disuasión. Es posible sostener, asimismo, que la opción por el tipo de función con que se establece una sanción es, generalmente, una materia de política pública a ser determinada por el legislador. Sin embargo, también es cierto que la severidad de una sanción no puede carecer de límite. Del principio que exige racionalidad y justicia en los procedimientos se desprende la prohibición de establecer sanciones de severidad excesiva.

“Independiente que se admita que una sanción puede tener, efectivamente, una función disuasiva, en especial en el ámbito regulatorio-económico, la severidad de la sanción que merece la conducta infraccional no puede estar desligada de la justicia o proporcionalidad derivada de la gravedad asociada a la conducta (en abstracto y concreto) y a quien le ha cometido. En este sentido, en un ámbito regulatorio en donde la disuasión tiene un rol importante, la función retributiva o justo merecimiento de la sanción debe estar presente y actuar como frontera o límite del quantum de la pena (en este caso, de una administrativa).

“Cabe advertir que no se está aludiendo a una proporcionalidad rigurosa o casi matemática, sino a una situación en que la ley provea los mecanismos para evitar una reacción punitiva del Estado significativamente desproporcionada y, por ende, injusta. Vale recordar que la función disuasoria de una sanción puede verse satisfecha tanto con una multa excesivamente gravosa como con una menos intensa. Por lo mismo, como ya se señaló, resulta indispensable no traspasar ciertas fronteras basadas en la justicia retributiva. El sistema constitucional chileno vigente reconoce este tipo de relación (ver STC Rol N° 2995) y es el rol de este Tribunal verificar que la estructura de los regímenes legales sancionatorios no vulnere la racionalidad y justicia que la Carta Fundamental ha querido asegurar a todas las personas.” (T. Constitucional, 24 de mayo de 2018, causa Rol N° 3236-2016).

Asimismo, cualquier decisión de la Administración debe encontrarse suficientemente motivada, más aún si se trata de una que importe la aplicación de un castigo. El principio de motivación emana principalmente de los arts. 8°, 11 y 41 de la LBPA: el primero de ellos se refiere al principio conclusivo; el segundo al de imparcialidad y el tercero al contenido de la resolución final que se dicte en el procedimiento administrativo4 4 También la CGR ha sostenido el mismo criterio, en orden a que las actuaciones de los órganos públicos deben ajustarse a los principios de legalidad y juridicidad -ambos de rango constitucional- , como también los de racionalidad y proporcionalidad, toda vez que las facultades y potestades entregadas por la Ley no le permiten a la Autoridad Administrativa ejercerlas de manera arbitraria ni discriminatorio, y menos aún, cobijar un abuso de poder (Dictámenes N° 70518 de 2010, N° 16.577 de 2016 y N° 41100 de 2001). 5 5 El art. 41 inc. 4° categóricamente dispone: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. .

Con todo, indiscutiblemente y de manera sistemática, la Administración admite y reconoce la aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción administrativa.

Por lo anterior, las circunstancias útiles para ponderar la cuantía de la sanción suelen ser (i) la reiteración de la conducta; (ii) el resultado nocivo o de peligro; (iii) el número o proporción de personas afectadas; (iv) el beneficio económico obtenido; (v) la intencionalidad y (vi) el grado de participación de la persona sancionada, entre otras6 6 Cfr. Osorio, op. cit., p. 91-92. .

Así las cosas, en cuanto a la gravedad de la infracción se debe tener en consideración que la voz “grave” se refiere a la entidad o importancia de una cosa. En el ámbito normativo, la Ley de Rentas Municipales y las normas citadas por usted no establece una graduación para la infracción. En consecuencia, la gravedad de la infracción debe ser calificada por el Órgano Fiscalizador atendiendo los hechos demostrados en el transcurso del procedimiento administrativo. Y como el legislador no ha determinado una escala o tarificación de las multas atendiendo a parámetros objetivos, esta labor queda íntegramente entregada a la alcaldesa, debiendo en tal labor respetar irrestrictamente el citado principio de motivación de los actos administrativos, pues en caso contrario la sanción devendría en ilegítima.

Desde un punto de vista conceptual, el verbo “motivar” se define como dar o explicar la razón que se ha tenido para hacer algo. Es así como la motivación importa explicar, con más o menos detalle, las circunstancias fácticas, jurídicas o de equidad que se tuvieron en consideración para determinar la gravedad de una infracción administrativa y, consecuencialmente, la multa que de ella arranca. No obrándose de ese modo, el acto administrativo es privado de la legitimidad necesaria para que surta efectos, toda vez que no conteniendo una debida motivación, se desconocen las razones o argumentos que la Administración ha tenido para sustentar su decisión, convirtiéndola en caprichosa y arbitraria.

5.- EN CUANTO AL PERJUICIO Y PELIGRO DE LA CLAUSURA.

Señalado todo lo anterior, esta parte necesariamente debe referirse a los perjuicios y peligros que significa la sanción de clausura los cuales no serán inmediatos e irreversibles para la empresa que represento, sino, también para la comunidad en general.

Al efecto en la empresa que represento se desempeñan un total de 8 empleados, los cuales verán perdidos sus puestos de trabajo de forma inmediata y casi de seguro sin posibilidad de recuperar los mismos afectando directamente el sustento de 8 familias de la comuna.

Por otra parte, como se explicó anteriormente el proceso de compostaje desarrollado por la empresa que se pretende clausurar, consiste en la ejecución de actividades de tratamiento y reconversión de residuos orgánicos de origen vegetal, incluyendo materiales inertes, en un volumen máximo de 28 toneladas al día, mediante la técnica del compostaje con volteos periódicos.

Actualmente existe en tratamiento de compostaje cerca de 1.500 toneladas de residuos orgánicos de vegetal, en caso de que se cumpla con la clausura decretada dichos desechos quedarían sin tratamiento causando un grave perjuicio medioambiental y a la comunidad.

Al efecto, en un otrosí de esta presentación se acompaña un certificado emitido por don nombre reservado. Civil Químico de la empresa BRAXILLY consultores ambientales, en el cual se señala: “Por consiguiente, el abandono de las tareas operativas requeridas, realizadas por los colaboradores de JCOMPOSTAJE SPA, llevarán en forma inevitable a la descomposición descontrolada de todo el material que actualmente está en proceso, generando mal olor, presencia de moscas, contenido de humedad inadecuado, sin presencia de oxígeno, no permitiendo realizar las 4 fases del proceso de compostaje (mesófila, termófila, enfriamiento y maduración), por consiguiente la pérdida del producto final al no cumplir los requisitos de calidad del compost establecidos en la NCh 2880.”.

Así, la clausura decretada por este municipio no solo tendrá efectos directos en la empresa que represento sus trabajadores y mi patrimonio, sino también producirá graves daños y peligros para la seguridad de toda la comunidad, ya que la clausura impedirá que esta parte siga tratando las 1500 toneladas de residuos dejando dichos residuos en descomposición no controlada lo que generará malos olores, moscas y posibles focos de infecciones poniendo en riesgo toda la salud de la comunidad.

Así, la clausura decretada por este municipio no solo tendrá efectos directos en la empresa que represento sus trabajadores y mi patrimonio, sino también producirá graves daños y peligros para la seguridad de toda la comunidad, ya que la clausura impedirá que esta parte siga tratando las 1500 toneladas de residuos dejando dichos residuos en descomposición no controlada lo que generará malos olores, moscas y posibles focos de infecciones poniendo en riesgo toda la salud de la comunidad.

Ahora bien, le medida de clausura que como se indicó constituye la sanción más gravosa que se nos pueda imponer, no solo representa un daño económico a mi empresa, sino a las familias de trabajadores de la misma, los cuales son todos residentes de la comuna de Teno, sino también, representa un grave riesgo sanitario para la comuna de Teno, el cual debe ser evitado por este municipio.

Ahora, la presente solicitud se basa en el denominado Principio de Precaución que rige los actos administrativos y que paulatinamente se ha ido acentuando en nuestra jurisprudencia nacional tanto administrativa como judicial.

Al respecto la jurisprudencia del tribunal constitucional ha señalado: “…A partir de esta configuración de política, la autoridad administrativa puede congelar decisiones para garantizar un mayor nivel de protección. Particular importancia adquiere el respeto al principio precautorio. Éste implica que las amenazas al medio ambiente no necesitan ser establecidas con certidumbre (Sunstein, p.2). Tampoco se requiere una evidencia científica irrefutable que establezca daños. En tal sentido, es clave considerar que el principio precautorio sugiere regulaciones que construyan el margen de seguridad dentro de todo el proceso decisorio. Por tanto, no se necesita esperar daños irreversibles para instar por la aplicación de una alta aproximación precautoria (Sunstein Cass R., Worst-case scenarios, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2007, pp. 2, 124 y 184) (50°)”.”

En un orden similar la Excelentísima Corte Suprema ha señalado: “El principio preventivo, a diferencia del precautorio que actúa bajo supuestos ya comprobados, solamente requiere de un riesgo racional y evidente previamente demostrado, que sea verosímil de producirse sobre la base de estudios especializados que lo demuestren, es el fumus bonis iuris, para luego determinar la gravedad del mismo acontecimiento, que exista la posibilidad de sufrir un perjuicio importante, la alteración o el agravamiento de una determinada situación que, en el evento que ocurra, afectaría un interés legítimo (periculum in mora). Resulta pertinente acotar que no se busca que la actividad de los particulares quede en estándares de riesgo cero, sino que, como primera medida, los riesgos advertidos por estudios fundados sean considerados y se adopten respecto de ellos las medidas pertinentes, que no se les ignore. Posteriormente se deben evaluar riesgos y mitigaciones para llegar a una decisión racional, conforme a la cual los peligros o inseguridades son minimizados por medidas efectivas y, en el evento que éstos se produzcan se han considerado las acciones de reacción inmediatas, que ante una omisión en su planificación deben ellas ser improvisadas, con el consiguiente agravamiento del daño. Es por lo anterior que el principio preventivo actúa sobre una hipótesis racional y estudios especializados, circunstancias que en el caso de autos concurren”.7 7 Sentencia en causa Rol 2463-2012, de 11 de mayo de 2012.

Así, esta parte estima que este municipio se encuentra obligado a tomar en consideración los riesgos sanitarios para la salud pública que representa la clausura decretada de forma tan acelerada, sin que se le otorguen a esta parte el plazo de a lo menos 5 meses que necesita para regularizar su situación con la patente comercial o definitivamente para terminar de procesar los residuos recibidos y poder entregarlos a sus compradores.

6.- EN CUANTO A LA NEGATIVA ILEGAL Y ARBITRARIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO PARA OTORGAR UNA PATENTE PROVISORIA.

Como se indicó al inicio de esta presentación con fecha 30 de abril de 2024 mi representada solicitó patente provisoria de manera formal al municipio de Teno, la cual le fue rechazada de forma verbal indicándole que dicho municipio no cuenta con ordenanza para tales efectos. La correspondiente solicitud formal se acompaña en un otrosí, ingresada debidamente a través de la oficina de partes del municipio recurrido. Así en lo pertinente, el artículo 26 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales en sus incisos 1° y 2° señala: “Artículo 26.- Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior.

La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de patentes de profesionales y patentes de sociedades de profesionales, no se exigirá permiso alguno. Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar. Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el D.S. Nº 977, de 1997, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se entenderá por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes requisitos:

a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar;

b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia, y c) Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento.

La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá desarrollar cualquier actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas.”

A su turno, el inciso 5° de la norma establece: “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.”.

Es del caso usía que como se indicó anteriormente, mi representada cuenta actualmente con toda las autorizaciones sanitarias necesarias para desarrollar la actividad de compostaje y conjuntamente se encuentra emplazada según las normas sobre zonificación del Plan Regulador, motivo por el cual el municipio recurrido estaba obligado a entregar una patente provisoria, siendo improcedente que se escuse en no contar con ordenanzas al respecto, ya que dicha situación se aplica exclusivamente para efectos del inciso 6° del artículo 26 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales y no para la situación en que se encuentra mi representada del inciso 4° de la norma antes señalada.

En este sentido ha sido la propia Contraloría General de la República quien por medio del dictamen Nº E249359 de fecha 25 de agosto de 2022 ha señalado al respecto: “II. Fundamento jurídico Al efecto, cabe recordar que el inciso segundo del artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, establece, en lo que interesa, que la entidad edilicia estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o el municipio hubiere verificado, por otros medios, el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del plan regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la dirección de obras de que se trate.

Luego, en relación con la emisión de patentes provisorias, el inciso quinto de la mencionada norma prescribe, en lo pertinente, que “la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso”.

Enseguida, el inciso sexto del mismo artículo dispone que las entidades edilicias podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos de las letras b) y d) del inciso precedente, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que aquellas estén incorporadas en la ordenanza que se dicte al efecto, agregando que “las municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito de que se trate dentro de un plazo determinado, el cual no podrá exceder de un año contado desde la fecha en que se otorgue la patente provisoria”.

Así, un municipio, por una parte, se encuentra obligado a conceder patente provisoria concurriendo las circunstancias señaladas por el inciso quinto del citado artículo 26 y, por otra, se encuentra habilitado para otorgar dicha patente aún en los casos en que debiendo cumplirse con los elementos indicados en las letras b) y d) no se cuente con ellos, si así se encuentra consignado en la respectiva ordenanza municipal.

Por ende, los municipios se encuentran obligados o facultados -según sea el caso de que se trate-, para otorgar patentes provisorias que amparen el ejercicio de una actividad lucrativa cuando no se cumplan la totalidad de los requisitos legales exigidos al efecto, en las condiciones expresadas, con la limitante de que el plazo no puede exceder de un año (aplica dictamen N° 61.024, de 2014)…”.

Así, en virtud del citado dictamen para el caso de autos el municipio recurrido esta obligado a otorgar una patente provisoria a mi representada por el plazo que no supere el año, tiempo más que suficiente para terminar con sus tramites de regularización de los inmuebles y así poder contar con el 100% de la documentación solicitada para obtener una patente comercial definitiva.

7.- EN CUANTOS A LOS ACTOS ARBITRARIOS E ILEGALES COMETIDOS POR LAS RECURRIDAS, EL DERECHO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.

Esta parte ha detallado con creces los hechos ocurridos respecto de la Ilustre Municipalidad de Teno, sin embargo, esta semana ha llegado a las manos de nombre reservado una resolución de la Recurrida Contraloría General de la República específicamente la No E472951 / 2024 de fecha 9 de abril de 2024 en la cual se aclara un poco la situación que ha vivido mi representada.

Al efecto dicha resolución nace de una denuncia que ha realizado un concejal de la comuna de Teno don nombre reservado, quien de forma compulsiva y con fines únicamente políticos ha realiza desde el inicio de las actividades de mi representada una serie de denuncias infundadas en cuanto a que la empresa genera malos olores o puede representar un riesgo para la salubridad pública, indicando que la planta de compostaje produce malos olores y moscas en el sector, lo cual e completa y absolutamente falso, como inclusive lo ha acreditado la Seremi de Salud por medio de fiscalizaciones, indicando inclusive que los malos olores y moscas que existen cerca de la empresa de mi representado son producidos por fertilizantes utilizados en cultivos de fundos aledaños.

Volviendo al punto, esta parte tuvo acceso resolución de la Recurrida Contraloría General de la República específicamente la No E472951 / 2024 de fecha 9 de abril de 2024 en la cual mi representada no fue parte, ni tuvo derecho a defensa o representación alguna en la cual en sus conclusiones en el punto 2 se señala: “2. Se confirma el ejercicio de actividades gravadas con patente municipal sin contar con las autorizaciones respectivas de manera que la Municipalidad de Teno deberá proceder en conformidad a lo dispuesto en el artículo 58, inciso segundo, del mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979, por cuanto, en la medida que el municipio advierta el ejercicio de actividades comerciales sin la patente correspondiente, como ocurre en la especie, resultando procedente recurrir a todos los medios que les franquea la ley, dando cuenta documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR (C).”.

Al respecto, esta parte jamás tuvo la oportunidad de intervenir o hacer valer sus derechos ante la Contraloría General de la República, si bien, se entiende que dicho órgano ejerce sus funciones sobre órganos de la administración, no se puede desconocer que en casos concretos como el presente sus resoluciones afectan derechos de terceros como mi representada.

Así, la sanción y medida dictada por la Contraloría General de la República, así como por la Ilustre Municipalidad de Teno fueron dictadas sin un debido proceso previo que garantizase la posibilidad de que pudiese haber dado sus descargos y ejercido un real y efectivo derecho a defensa y a ser oído. Las medidas fueron tomadas sin existir un debido proceso previo que le posibilitara aclarar esta situación, ya que, en primer lugar, no existe certeza en cuanto a la obligación de pagar patente y en segundo lugar, aunque no exista certeza esta parte ha desarrollado todos los trámites legales correspondientes para obtenerlos, sin embargo, se ha retrasado por trabas y demoras burocráticas administrativas y no por causas imputables a mi representada.

El Decreto que dictó la Municipalidad de Teno ordenando la Clausura de mi establecimiento en cumplimiento a lo ordenado por la por la Contraloría General de la República es totalmente desproporcionado, ilegal e arbitrario, encontrándose en abierta colisión con las disposiciones, fundamentos y garantías Constitucionales establecidas en nuestro ordenamiento Jurídico, toda vez que no respeta los principios fundamentales de Legalidad y Juridicidad que rigen los actos de la administración pública, de lo que adolece el Decreto que ordenó la Clausura, específicamente por 2 razones:

Excede las atribuciones que la ley permite al Alcalde, y El decreto exento es un acto administrativo ilegal y arbitrario al carecer de motivación y fundamentación que sustente la decisión de clausura contenida. En efecto, el decreto referido adolece de una serie defectos que lo hacen devenir en un acto ilegal y arbitrario, los cuales pasó a señalar a continuación:

A) La medida de clausura inmediata excede las atribuciones que la ley permite al alcalde:

Efectivamente el considerando 1°, del referido decreto, ordena la inmediata clausura del local, luego, en su considerando 2°, reseña el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, en relación con el inciso segundo del artículo 58 señalando lo siguiente: "[..dicho cuerpo normativo determina que el Alcalde podrá disponer la clausura de los establecimientos que no cuenten con la referida patente." Sin embargo, el inciso segundo señalado NO FACULTA al alcalde para disponer la INMEDIATA CLAUSURA del establecimiento como SÍ lo distingue el inciso primero del artículo 58, en las hipótesis de "mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago", que a saber son objetivamente comprobables por parte del Municipio.

Dicho en otras palabras, la hipótesis invocada por el municipio, esto es, carecer de patente solo permite al Alcalde, al tenor del inciso segundo del artículo 58 ya señalado, disponer la clausura del establecimiento pero no en forma inmediata. Esta distinción conlleva que al no tener facultades el Alcalde para decretar inmediatamente la clausura, deviene en un acto arbitrario e ilegal, que requería haber realizado un procedimiento previo en la forma que lo exige la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local y la Ley N° 18.287, que posibilite ejercer el derecho a defensa de mi representada y permita acreditar en un procedimiento tramitado al efecto, en el que pudiera ser oído y admita contravenir la prueba edilicia, que la decisión que afecta a mi representada carece de fundamentos facticos que la sostengan ya que fue adoptada sin tener a la vista elementos objetivos que den razón de la clausura, establecer su improcedencia, afirmaciones que al no ser efectivas, acarrean la necesaria ilicitud de la medida, privándome del derecho de propiedad que detentaba sobre las aludidas patentes comerciales, citando a la Ministra Sra. Rosa Egnem S. "En la especie, no se trataba de una situación ilegal clara, precisa y determinada, que facultara al Alcalde para decretar inmediatamente la clausura del establecimiento. Como puede advertirse de los antecedentes, la autoridad reclamada procedió a emitir un juicio de valor con el sólo mérito de las observaciones de un inspector, en una materia que era esencialmente controvertida. Por consiguiente, la situación producida conduce a concluir que se aplicó la medida de cierre del negocio sin que se haya otorgado al particular el derecho a una adecuada defensa, regla de carácter general que debe ser respetada en toda clase de procedimiento de carácter sancionatorio, cuyo es el de la especie."8 8 Considerando 1° del Voto en contra de la Ministra Sra.Egnem, en Sentencia ROL: 21396-14, de la Tercera sala de la Corte Suprema, de fecha 20 de noviembre de 2014 .

Asimismo, el aludido Decreto de Clausura al ser dictado sin tener las atribuciones y potestades para hacerlo vulnera lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y las normas de Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, , que señalan:

"Artículo 6°.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.”

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 7°.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leves.”

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades v sanciones que la ley señale.

De igual forma y como ya se enunció, dicha ilegalidad proviene además de la aplicación de las leyes que rigen a los Órganos de la Administración del Estado, a saber, Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado. En este sentido, según dispone la primera de ellas en su artículo 2 : "Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”

b) El decreto de clausura es un acto administrativo ilegal y arbitrario al carecer de motivación y fundamentación que sustente la decisión de clausura contenida.

En efecto el decreto de clausura, según el fiscalizador que me contactó telefónicamente no emite fundamentación suficiente para comprender la motivación y argumentos en los que se funda que para determinar que el giro está siendo el de discoteca Lo anterior vulnera severamente lo preceptuado en la Ley N° 19.880 que Establece Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, específicamente su artículo 11 que dispone lo siguiente:

"La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos." En efecto, el acto administrativo debe permitir al administrado comprender el argumento que sostiene la decisión sobre la base de criterios objetivos que, finalmente, justifiquen el acto de clausura, en un fallo reciente la Ilustrísima Corte Suprema, en fallo reciente agrega la necesidad de "exteriorización de razones que además de la misma interesada, debe ser de tal modo convincente y comprensible que a cualquiera que la lea, le resulte no sólo de fácil entendimiento, sino que además, racionalmente plausible, pese a no compartir lo resuelto"9 9 Sentencia ROL: 16662-17, de la Tercera sala de la Corte Suprema, de fecha 04 de septiembre de 2017, Considerando sexto.

En este aspecto la jurisprudencia es conteste y categórica al señalar en numerosos fallos que la falta de fundamentación en los actos administrativos devienen en un acto arbitrario. Así la Tercera Sala de la Corte Suprema en Sentencia ROL N°16662-17, de fecha 04 de septiembre de 2017, establece en su considerando octavo.

"Octavo: Que entonces, la escasa fundamentación descrita, transforma en arbitraria la determinación, que al estar desprovista de los hechos exigidos por el legislador que la justifiquen, termina sustentándose, consecuentemente, en el sólo capricho o mera voluntad de la autoridad que ¡a adopta, dejando de cumplir, al mismo tiempo, la normativa legal pertinente." Luego, los considerandos Duodécimo y Decimotercero, sentencian lo siguiente:

"Duodécimo: Que, en este orden de ideas, resulta inexcusable para la recurrida que en la dictación del acto administrativo que representa el Decreto N° 069, no se consignaran las razones que le permitieron arribar a la decisión de no renovar las patentes de alcoholes explotadas por el recurrente.

Decimotercero: Que, por tanto, la Municipalidad de Coquimbo se encontraba impedida de adoptar tal decisión, toda vez que carecía de los elementos de juicio orientados a tal fin, advirtiéndose que la falta de motivación para arribar a tal resolución, permitía impugnarlo por la ilegalidad cometida, que además generó para el recurrente una diferenciación inmotivada y, por tanto, arbitraria, que vulneró la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República." En este sentido cabe recalcar que el cierre de la planta de compostaje podría traer serios riesgos para la salubridad pública, convirtiendo una empresa social como lo es una planta de compostaje en un serio riesgo para la salud de la comuna, hechos y efectos que no fueron advertidos ni analizados por las recurridas en sus resoluciones, lo cual hace a lo menos dudar de la seriedad de las mismas.

Es evidente que en el caso sub-lite, el decreto alcaldicio que resuelve la clausura del establecimiento comercial carece de la debida motivación y fundamentación lógica necesaria para arribar a la decisión, ya que derechamente no la tiene. En efecto, las decisiones administrativas deben necesariamente tener una causa, situación objetiva que determina el acto administrativo y le sirve de base, y lo que la Municipalidad no ha acreditado para dictar este Decreto, quebrantando el principio de legalidad, que obliga a la autoridad a manifestarse en base a determinadas circunstancias de hecho que efectivamente se hayan producido, lo que debe estar vinculado con el recto ejercicio de las potestades otorgadas a la administración activa toda vez que permite cautelar que éstas se ejerzan de acuerdo a los principios de juridicidad que lleva implícito el de racionalidad — evitando todo abuso o exceso, de acuerdo a los artículos 6° y 7°, de nuestra carta fundamental y los señalados de la Ley 19.880 y la Ley 18.575.

De esta forma, el ilegal y arbitrario acto administrativo emanado de la municipalidad y de la Contraloría vienen en conculcar los derechos por los cuales deberían velar en su calidad de órganos públicos, como, asimismo, de las garantías constitucionales contemplada en el Artículo 19, números 2°, 3°, 21, 22, 23 y 24 de nuestra carta fundamental, según la siguiente enumeración:

2°.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

Que la autoridad edilicia al arbitrariamente sancionar a mi representada, sin fundamento plausible y conforme a una disposición que no le permite interponer la medida de clausura en forma inmediata, está estableciendo diferencias arbitrarias frente a otros administrados en cuyas decisiones administrativas gozan de motivación, fundamentos y racionalidad y completamente ajustadas a derecho.

3°, La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;

Efectivamente, la autoridad edilicia al decretar la clausura, de manera inmediata, está ejerciendo una potestad sancionatoria para la cual no cuenta con atribuciones, vulnerando con ello el artículo 58 de la Ley de rentas Municipales, que solo permite dicha sanción en las hipótesis de "mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago", y no en el caso de no contar con Patente, como arbitrariamente me imputa la Municipalidad, puesto que jamás realicé giro de discoteca. Lo anterior implica una vulneración a mi derecho constitucional a no ser sancionado por una pena que no se encuentra descrita en la ley.

21°. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Que, mi representada como se indicó anteriormente se dedica a actividades de tratamiento y reconversión de residuos orgánicos, cumpliendo una función social y sanitaria importante dentro de la comuna y región, ya que en qué caso de prosperar la clausura decretada sus clientes se verán obligados a tirar los desperdicios o residuos orgánicos a vertederos, causando un grave impacto ambiental y la perdida de la oportunidad de reciclar.

Por otra parte, como se indicó el cierre de la planta de compostaje podría traer serios riesgos para la salubridad pública, convirtiendo una empresa social como lo es una planta de compostaje en un serio riesgo para la salud de la comuna.

Al mismo tiempo, como se indicó no tiene ninguna infracción cursada por Carabineros o de inspectores municipales, como tampoco alguna causal proveniente de Juzgado de Policía Local.

Por último, como se indicó el municipio recurrido de forma ilegal ha negado incluso el otorgamiento de una patente provisoria a mi representada en circunstancias que ha dado cumplimiento a las solicitudes establecidas por el legislador para que se encuentre obligada a otorgarla.

22°.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Evidentemente, el ente edilicio está ejerciendo una discriminación arbitraria al someterme a una sanción ilegal puesto que excede lo dispuesto en la norma legal excediendo con ello sus atribuciones sancionatorias, la que además en su contenido es infundada y carente de motivación, desprovisto de antecedentes objetivos que la sustenten y justifiquen y que impide la posibilidad de ejercer mi derecho a defensa en un proceso que admita la posibilidad de contravenir la prueba edilicia, lo cual deriva conculcación del derecho a desarrollar mi actividad económica libremente.

23°. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;

Al impedirle absolutamente la privación del ejercicio de los derechos y el acceso a la planta de compostaje, provocan con ello un perjuicio patrimonial invaluable para mi representada y sus trabajadores.

24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

El Decreto Alcaldicio, que dispone la clausura inmediata de la planta de compostaje de mi representada, abiertamente contraviene esta garantía constitucional, dado que al ser dictada sin fundamentación y motivación, como también en directa contravención al inciso segundo del artículo 58 de la Ley de rentas Municipales, que no permite la sanción de clausura en términos inmediatos, limita y perturba arbitraria e ilegalmente la ocupación tranquila y pacífica del inmueble donde funciona la planta de compostaje, privando la fuente de trabajo e ingresos para don nombre reservado y el resto de su familia y trabajadores.

8.- EN CONCLUSIÓN.

La resolución de la Recurrida Contraloría General de la República específicamente la No E472951 / 2024 de fecha 9 de abril de 2024 y el decreto que ordena la clausura de mi representada, es a todas luces arbitrario, ilegal y desproporcionado, no considera en parte alguna el actuar de buena de fe, las medidas inmediatas de corrección ejercidas por la empresa ni el hecho de ser esta nuestra primera infracción, así como los perjuicios sanitarios, sociales y económicos que representa la clausura, lo cual estimamos resulta fundamental a considerar al momento de decretar una clausura como la sanción más gravosa entregada por el legislador, y sin que ni siquiera a esta parte se le haya permitido defesa o alegación en los procedimientos que terminaron por decretar la clausura de la empresa.

En especial si se considera que la propia Ilustre Municipalidad de Teno se ha negado a entregar una patente comercial provisoria a mi representada de forma completamente ilegal y arbitraria.

POR TANTO:

RUEGO A ISÍA ILUSTRÍSIMA: se sirva tener por interpuesto recurso de Protección, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 número 24° de la Constitución Política de la República, y demás normas legales citadas, artículo 20 de la Carta Fundamental, y Autos Acordados de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, en contra de CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE, representada legalmente por don nombre reservado, y de forma conjunta en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO, Corporación Autónoma de Derecho Público representada por la ALCALDESA DE TENO doña nombre reservado, ya individualizada; admitirlo a tramitación y, en definitiva dar lugar a él, adoptando las medidas que en concepto de VS. I., resulten conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar los derechos y garantías constitucionales de las cuales los recurrentes han sufrido privación, y perturbación en forma arbitraria e ilegal, con costas del recurso, dentro de las cuales solicito se dicte orden de que los recurridos deberán cesar en forma inmediata sus acciones arbitrarias e ilegales, y proceder a dejar sin efecto la de clausura de la empresa Jcompostaje SpA, y respecto a la Ilustre Municipalidad de Teno se le ordene otorgar de forma inmediata una patente provisoria a mi representada por el plazo de un año, se pida informe a los recurridos de su actuar todo ello sin perjuicio de las facultades de VS.I., de actuar de oficio, y con expresa condena en costas del recurso.- EN EL PRIMER OTROSÍ: SIRVASE USÍA ILUSTRÍSIMA, tener por acompañados con citación los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule, donde se pronuncia sobre la Consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de mi representada. 2.- Copia de la Resolución N° 242 de fecha 4 de Noviembre de 2020 emitida por la SEREMI de Salud Regional del Maule, que autoriza el proyecto para compostaje, de mi representada. 3- Copia de la Resolución N° 42 de fecha 4 de Febrero de 2021 emitida por la SEREMI de Salud Regional del Maule, que modifica parcialmente el proyecto para compostaje, previamente autorizado, de mi representada. 4- Copia del Acta de inspección N° 107707 que da cuenta de la visita inspectiva practicada por la Autoridad Sanitaria a las instalaciones de mi representada, con fecha 23 de Mayo de 2023, constatando que se ha cumplido con todas las exigencias establecidas por la Autoridad Sanitaria para el funcionamiento de la planta de mi representada. 5.- Carta remitida a Jcompastaje SpA. Desde la dirección de finanzas de la Ilustre Municipalidad de Teno de fecha 27 de diciembre de 2023 y Consulta de situación tributaria de terceros que da cuenta de que la empresa que represento realiza una actividad primaria. 6.- Informe emitido por Consultores Ambientales, Braxilly, de fecha 9 de mayo de 2024 en el cual se describen las posibles consecuencias de la clausura de la empresa que represento. 7.- Copia RESOLUCIÓN EXENTA No: 527/2024 que resuelve solicitud de informe factibilidad para la construcción, formulada por don nombre reservado. 8.- Informe Técnico N° 20/2024 emitido por Sag Curicó. 9.- Mandato judicial otorgado a este abogado. 10.- Solicitud de patente provisoria realizada a la Ilustre Municipalidad de Teno con fecha 30 de abril de 2024. 11.- Dictamen E249359N22 de fecha 25 de agosto de 2022 emitido por la Contraloría General de la República. 12.- Documentos presentados a la Dirección de obras de la Ilustre Municipalidad de Teno para la regularización del galpón en la propiedad de mi representada. 13.- Respuesta de Seremi de Salud del Maule a la Ilustre Municipalidad de Teno, en donde constata que la planta de mi representada no emite olores ni moscas, explicando que los malos olores emanan de guanos vertidos en fundos vecinos.

Segundo: Que el informe evacuado por la Municipalidad de Teno indica lo siguiente:

“TATIANA ANDREA AEDO PARRA, abogada, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO, representada a su vez por su Alcaldesa, doña SANDRA CECILIA AMÉSTICA GAETE, todas domiciliadas en domicilio reservado, parte recurrida en autos sobre recurso de protección ROL 1421-2024, caratulado “JCOMPOSTAJE SPA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO”, a SSI. respetuosamente digo:

Que, estando dentro de plazo legal vengo en evacuar informe solicitado en autos, respecto del recurso de protección interpuesto por el recurrente, el que tiene por finalidad que SSI. reconozca una supuesta vulneración de derechos fundamentales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 N° 3, 21, 22, 23 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando desde ya, sea rechazado, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES.

Con fecha 17 de mayo de 2024 don nombre reservado, representante legal de JCOMPOSTAJE SPA, interpuso recurso de protección por vulneración de garantías fundamentales contempladas en los numerales N° 3, 21, 24, 22, 23, 24 con motivo de la clausura de la empresa JCOMPOSTAJE SPA, por no contar con patente comercial.

Esta planta está ubicada en la Parcela 24, Proyecto parcelación El Trebolar, ROL N° 65-82, comuna de Teno.

Hago presente que el recurso de reposición se interpuso, antes de contar con el Acto administrativo correspondiente, es decir, antes de ser notificado formalmente del Decreto Alcaldicio que ordena la clausura de la empresa JCOMPOSTAJE SPA.

De esta manera, con fecha 29 de mayo de 2024, se realizó vista para clausurar Planta J Compostaje SPA rut N° RUT reservado, donde se procedió a colocar sellos plásticos y letreros de clausura en oficina administrativa, y entregar Decreto Alcaldicio correspondiente.

II. RESPECTO A LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN.

Con fecha 21 de marzo de 2023, se recibió una denuncia vecinal anónima al correo de la oficina de Medio Ambiente Municipal, que dice relación con que la planta de compostaje en cuestión, estaría operando en el sector rural el Trebolar generando externalidades producto del tránsito de camiones, olores y moscas. Posteriormente personal municipal visitó la planta el 22 de marzo de 2023.

Durante la visita se constató el funcionamiento de la planta, con tránsito de camiones y recepción de materias primas in situ (lodos agroindustriales), zonas de pilas y oficina. Se percibieron olores propios de la naturaleza de la actividad y circunscritos al área de procesos. Consultando a personas del sector, estos daban cuenta de episodios aislados de olores en algunos horarios del día y una alta presencia de moscas.

Producto que el propietario no disponía de todos los permisos sanitarios, con fecha 28 de marzo se ingresó la solicitud de fiscalización N° 2013785, consultando al servicio sobre el estado de cumplimiento normativo o de la planta, cuya respuesta de fecha 03 de abril ratifica que, si bien existe un proyecto de planta de reciclaje aprobado y otros permisos sanitarios conferidos, aún no se ha otorgado el permiso de funcionamiento al recinto en cuestión. Ante esta situación, el 20 de abril se ingresó una nueva solicitud N° 2035240 al SEREMI de Salud para aclarar las acciones a seguir, además de pedir mayor razonamiento sobre la pertinencia de ingreso del proyecto al SEIA por considerar aplicable el literal o.8 del D.S. 40/2013, particularmente en lo que refiere a límites “igual o superior a cincuenta toneladas (50t) de disposición”.

Con fecha 25 de abril de 2023, se envía al SEREMI de Salud del Maule, el ORD. N° 0453/0034 de la Municipalidad de Teno, en el cual se solicita tener presente el estado de avance del caso. En respuesta formal a la solicitud N° 2035240, el día 10 de mayo de 2023, el SEREMI de Salud del Maule informa el inicio de un sumario contra la planta de reciclaje, por operar sin contar con un permiso de funcionamiento aprobado, señalando de igual modo que éste se encontrara en estado de tramitación. Respecto del ingreso del proyecto al SEIA, se explicó que los volúmenes diarios autorizados (28 ton/día) no superaban los establecidos en la norma (30 ton/día), sin hacer referencia a los volúmenes de disposición (50 ton) que se señalan al final de la normativa en comento.

En la misma línea, es posible aportar los siguientes elementos en esta causa disponibles en La oficina de revisión de proyectos:

Con fecha 4 de abril de 2023, mediante notificación N° 3005 a través de un inspector de la dirección de Obras Municipales, se notificó al Sr. nombre reservado, representante legal de la razón social JCompostaje SpA., domiciliado en domicilio reservado, citándolo para el día 5 de abril a la oficina de revisión técnica municipal, para proceder a la regularización de sus permisos conforme lo establece el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Con fecha 09 de mayo de 2023, se ingresó por oficina de partes de la dirección de Obras Municipales, la solicitud de Permiso de Edificación Nº 088, a nombre del Sr. nombre reservado, el cual resultó con observaciones que fueron notificadas al interesado en acta de revisión de fecha 25 de mayo del mismo año, situación que se encuentra actualmente dentro de los plazos de respuesta definidos en el artículo 1.4.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Cabe destacar, que, en la única observación contenida en el acta, se le solicita al interesado presentar la calificación industrial aprobada por el SEREMI de Salud del Maule, según el artículo 4.14.1 y 4.14.2. de la misma normativa antes mencionada.

Posteriormente, la citada empresa presentó una nueva solicitud de permiso de edificación N° 290 del 6 de octubre del 2023, lo que generó una nueva acta de observaciones el 24 de octubre de ese año, la que fue nuevamente rechazada por esa DOM, según consta en acta N° 290, del 4 de enero de este año, en conformidad al artículo 1.4.9., de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), que señala que si el interesado no subsana o aclara las observaciones en un plazo de 60 días, contados desde la comunicación formal del Director de Obras Municipales, éste deberá rechazar la solicitud de aprobación de anteproyecto o de permiso, en su caso, y devolver todos los antecedentes al interesado, debidamente timbrados. En dicho documento, se adjunta acta de observaciones de fecha 24 de octubre de 2023, dónde la dirección de obras señala lo que se debe subsanar acorde a la normativa transgredida.

Con fecha 26 de enero de 2024, el Director de Obras (S) de la Municipalidad de Teno, ingresó denuncia n° 51 ante el Juzgado de Policía Local de Teno, por construcciones en uso y funcionamiento sin permiso de edificación, ni recepción definitiva emitida por la Dirección de Obras Municipales de Teno, con infracción a los artículos 55, 116, 145, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y Artículo 4.14.1 / 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la cual fue recepcionada en el Juzgado de Policía Local de Teno el 29 de enero de 2024.

A modo de síntesis, podemos señalar que la Dirección de Obras Municipales, no ha otorgado permisos de edificación respecto de los inmuebles en cuestión ubicados en el sector El Trebolar, Parcela N°24 de esa comuna, toda vez que si bien se han tramitado expedientes éstos no cuentan con los requisitos legales necesarios para su aprobación.

Cabe hacer presente que, según lo establece la letra b) del artículo 24 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde a la Unidad encargada de obras municipales fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan. Asimismo, el artículo 5.2.1. de la citada OGUC señala que corresponde a la Dirección de Obras fiscalizar toda construcción que se ejecute dentro del territorio de su jurisdicción y comprobar el destino que se dé a los edificios y a sus distintas dependencias.

A su vez, el inciso segundo del artículo 133 de la reseñada LGUC, al referirse a las obras ejecutadas sin el previo permiso de construcción, señala, en lo que interesa, que, si el infractor no regularizare su situación, el Director de Obras formulará, en cualquier tiempo, la correspondiente denuncia ante el Juez de Policía Local, que fue lo ocurrido en el caso que origina la presente causa.

III. EJERCICIO DE ACTIVIDADES GRAVADAS CON PATENTE MUNICIPAL SIN CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS.

Sobre el particular, cabe hacer presente que el artículo 23, inciso primero, del decreto ley N° 3.063, de 1979; Ley de Rentas Municipales, dispone que “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal”. Asimismo, el ejercicio de las actividades primarias en los caos que la ley señala, se encuentra sujeta al pago de la misma contribución.

El artículo 26, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, establece, en lo que interesa, que la entidad edilicia estará obligada a otorgar la correspondiente patente en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos exigidos o verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos. Luego, el inciso segundo del artículo 58 de la aludida preceptiva, contempla la clausura para aquellos negocios que, en lo que importa, funcionen sin patente.

En relación con este orden normativo, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República-contenida en el dictamen N° 61.660, de 2006 y 2.797, de 2009, entre otros- ha manifestado que las municipalidades se encuentran impedidas de otorgar patentes municipales cuando constaten que no se cumplen los requisitos mínimos de funcionamiento a que se refiere el citado artículo 26, y que si verifica que, en el hecho, se llevan a cabo actividades gravadas sin la correspondiente autorización, se encuentran en el imperativo de disponer la clausura del respectivo negocio.

Luego, el ejercicio de una actividad comercial supone, por regla general, la existencia de un recinto cuya construcción haya sido legalmente recibida por el municipio, quedando solo entonces habilitado para desarrollar tales actos en su interior, de forma tal que la falta de recepción definitiva de una determinada edificación impide realizar en esta una labor lucrativa, toda vez que se trata de un requisito esencial para ello (aplica dictamen N° 15.108, de 2009 de esta Contraloría General).

En relación a esto, mediante notificación N° 216 del 4 de abril del 2023, la Unidad de Rentas de este Municipio, citó al recurrente a regularizar el trámite de patente comercial. A su vez, mediante carta de 27 de diciembre de 2023, la Directora de Administración y Finanzas de este municipio –doña nombre reservado-, informó a la empresa en cuestión que esa firma no registra autorización de funcionamiento y el pago de patente municipal. En virtud de lo anterior, solicitó concurrir en un plazo de 10 días hábiles a la oficina de rentas del municipio a fin de normalizar la situación señalada.

Con fecha 05 de abril de 2023, se presentó en oficinas de rentas de la Municipalidad de Teno don nombre reservado, a quien se le informó que debe obtener patente municipal por la actividad que realiza, además, se le hizo entrega de formularios necesarios para realizar el trámite.

Con fecha 27 de diciembre de 2023, la Dirección de rentas le informa a don nombre reservado, que la sección de rentas y finanzas no registra a la fecha la autorización de funcionamiento y el pago de la patente municipal correspondiente. Se citó al mismo a normalizar su situación en un plazo no mayor a 10 días hábiles de recepcionada la carta, a la oficina de Rentas y Finanzas, situación que no ocurrió.

Con fecha 10 de mayo de 2024, como consta en Informe interno N° 025 del Inspector de Rentas Municipales don nombre reservado, realizó visita para clausurar planta JCompostaje SPA, ubicada en Parcela 24 El Trebolar Esmeralda Sur comuna de Teno. Sin embargo, no se concretó la notificación del decreto de clausura ya que el inspector no pudo ingresar a la planta, por encontrarse con un portón cerrado con candado. Al comunicarse vía telefónica con la Sra. nombre reservado, le informa que no se encuentra en la planta.

Con fecha 29 de mayo de 2024, como consta en informe interno N° 026 de Inspector de rentas municipales don nombre reservado, realiza visita para clausurar planta JCompostaje SPA, ingresando a la planta junto al representante legal y la Sra. nombre reservado, se procede a colocar sellos plásticos y letreros de Clausura en oficina administrativa, vestidores y terreno donde se procesa el compostaje. Finalmente se entrega Decreto Alcaldicio G 418 de fecha 06 de mayo de 2024, que ordena la clausura a sitio ubicado en el Trebolar parcela 23, donde funciona empresa JCompostaje SPA.

IV. DE LA PATENTE PROVISORIA.

En el proceso de otorgamiento de una patente, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, refundido y sistematizado por el Decreto N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, y que establece:

“Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior.

La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de patentes de profesionales y patentes de sociedades de profesionales, no se exigirá permiso alguno.

La municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.

Las municipalidades podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos señalados en las letras b) y d) del inciso precedente, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto. Las municipalidades sólo podrán incorporar en dicha ordenanza los tipos de actividades previamente autorizadas por la autoridad competente, la que deberá señalar, además, las características y condiciones que aquellas deben cumplir. Las municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito de que se trate dentro de un plazo determinado, el cual no podrá exceder de un año contado desde la fecha en que se otorgue la patente provisoria.

En caso de que se rechazare la solicitud de autorización sanitaria a que se refiere la letra c) del inciso quinto o se rechazaren los permisos señalados en los incisos precedentes o hubiere vencido el plazo otorgado por la municipalidad para obtenerlos, la patente provisoria caducará de pleno derecho, debiendo el contribuyente cesar de inmediato sus actividades.

Cuando la actividad que vaya a realizar el contribuyente exigiere la verificación de condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad, esta verificación se hará dentro de los treinta días corridos siguientes al otorgamiento de la patente provisoria, debiendo manifestar la Dirección, dentro de dicho plazo, la existencia de observaciones y condiciones que deban cumplirse para otorgar la patente definitiva. En caso de que hubiera transcurrido el plazo antes señalado y la municipalidad no hubiera concurrido, o habiendo concurrido no encontrare observaciones, la patente extendida provisoriamente se convertirá por el solo ministerio de la ley, en definitiva, siempre que se hayan obtenido los permisos sanitarios correspondientes, debiendo la municipalidad extender la patente definitiva si fuere requerida al efecto. Asimismo, si existieren observaciones y éstas fueran subsanables, podrá la municipalidad declarar que la patente provisoria mantendrá dicho carácter por el tiempo que la Dirección de Obras le señale para cumplir con las exigencias que las disposiciones legales determinen, plazo que no podrá exceder de un año desde que la patente provisoria hubiere sido extendida. Asimismo, si las observaciones no fueren subsanables, o no hubieren sido subsanadas dentro del plazo dado por la municipalidad, la patente caducará de pleno derecho. Para los efectos de la clausura, la municipalidad podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en caso de que la causa que impidiera subsanar las observaciones fuere la existencia de una declaratoria de utilidad pública sobre el inmueble en que haya de realizarse la actividad de que se trate, y la Dirección de Obras Municipales haya negado la solicitud efectuada por el propietario según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, la municipalidad deberá prorrogar la patente provisoria hasta que se cumpla el plazo de caducidad de dicha declaratoria. Al plazo anteriormente indicado deberá adicionarse, si fuere el caso, el plazo que la Dirección de Obras Municipales haya otorgado para subsanar las observaciones que haya efectuado, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior.

En caso de que la autorización sanitaria se haya obtenido en forma tácita, en aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 7° del Código Sanitario, el contribuyente que solicita la patente deberá acompañar una declaración jurada indicando que la autoridad sanitaria no se pronunció dentro del plazo legal y acompañar además el documento que acredite haber hecho la solicitud sanitaria de que se trata. Al que falseare la información a que se refiere este inciso o no cesare sus actividades cuando la patente hubiere caducado se le aplicarán las sanciones establecidas en el Título X de esta ley, sin perjuicio de las demás que sean aplicables por realizar declaraciones juradas falsas y por el incumplimiento de las normas sanitarias.

En los casos de los incisos anteriores y para empresas que acrediten que su capital efectivo no excede de cinco mil unidades de fomento, las municipalidades podrán eximir del pago de las patentes provisorias u otorgar plazos para el pago de las mismas, de hasta doce cuotas mensuales reajustables. Las condiciones para otorgar exenciones o facilidades de pago de patentes provisorias se definirán a través de ordenanzas, las que en ningún caso podrán establecer diferencias arbitrarias entre beneficiarios que desarrollen la misma actividad económica o que participen en el mismo sector o zona geográfica. La exención corresponderá al año que dure la patente provisoria”.

Asimismo, el artículo 58 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dispone que: “Igualmente, el otorgamiento de patentes municipales será concordante con dicho uso del suelo. Las patentes, no regidas por las normas especiales diversas, requerirán el informe previo favorable de la Dirección de Obras Municipales. El otorgamiento de patentes que vulneren el uso del suelo establecido en la planificación urbana acarreará la caducidad automática de éstas, y será causal de destitución del funcionario o autoridad municipal que las hubiere otorgado”.

Por tanto, la Unidad de Rentas, dependiente de nuestro municipio, debe verificar que se cumpla estrictamente lo que indica la normativa sobre otorgamiento de patentes, solicitando se tengan a la vista, todos los antecedentes que, conforme a la normativa aplicable, se requieren, entre los que se encuentra el certificado de recepción definitiva de las obras.

A más ahondar, respecto a la patente provisoria a la que se refiere el requirente, es preciso señalar que este Municipio no cuenta con Ordenanza Municipal, que regule el otorgamiento de Patentes Provisorias, siendo una facultad de cada municipio dictar la Ordenanza al respecto.

V. OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL Y NORMATIVA APLICABLE. AUSENCIA DE ARBITRARIEDAD E ILEGALIDAD.

De acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, estos últimos entes son fiscalizados por la Contraloría General de la República, ente encargado, además, de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, y por ende, de los municipios. Dentro de las funciones de la Contraloría, se encuentra la jurídica, que es aquella que le permite interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, es decir, tiene una función de dictaminar.

El producto de esta función son los dictámenes emanados del órgano de control, los que son OBLIGATORIOS para los servicios sometidos a su fiscalización. Esta potestad permite la elaboración de una doctrina administrativa conformada por un sistema de precedentes obligatorios que favorece la unidad del sistema normativo mediante su interpretación uniforme y consistente, donde cada decisión contribuye a orientar otras múltiples decisiones posibles, haciendo que la regulación aplicable a los entes públicos sea más coherente, íntegra y estable. Es justamente ejerciendo esta función, que la Contraloría ha emitido dictámenes sobre la materia, conformando de este modo una jurisprudencia administrativa ya consolidada, que la justicia ordinaria no puede desconocer. Dictámenes que son señalados a lo largo de esta presentación, más aun en el tratamiento de la presente causa no podemos desconocer el dictamen N° E 472951/2024 donde la Contraloría se pronuncia respecto a la situación de JCOMPOSTAJE, emplazando a la Municipalidad a adoptar las providencias que según el ordenamiento jurídico correspondan a fin de corregir las irregularidades en que se encuentra dicha planta. (Dictamen que se adjunta para su correcta interpretación).

VI. INEXISTENCIA DE ACTOS U OMISIONES ARBITRARIOS O ILEGALES QUE PRIVEN, PERTURBE O AMENACEN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y GARANTÍAS PROTEGIDAS POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

1. LOS ACTOS DEL MUNICIPIO NO SON ARBITRARIOS O ILEGALES.

Aun cuando ya se ha señalado, se debe enfatizar que mi representada no ha hecho más que actuar conforme lo indica el ente fiscalizador de los organismos públicos del país -Contraloría General de la República-, y la normativa vigente. Tampoco han sido arbitrarios, ya que tal como se señaló se han ajustado a derecho, además, mi representada ejerció acciones tendientes a colaborar a que la empresa recurrente pudiera obtener su patente comercial, lo que se demuestra mediante las notificaciones realizadas por funcionarios municipales, ya aludidas anteriormente. Siendo el recurrente notificado por el Inspector municipal a la empresa en el mes de abril de 2023 y mes de diciembre de 2023, para que gestione la obtención de la patente municipal, y a la presente fecha no cuenta con dicha patente.

2. ACTO ADMINISTRATIVO FUNDADO.

La decisión adoptada por el Municipio consta en los actos administrativos, válidamente otorgados por autoridad competente, que se bastan a sí mismos, que contienen los fundamentos de su decisión, cumpliendo con ello con lo establecido en el artículo 11 inciso segundo Ley Nº19.880. De la sola lectura del Decreto Alcaldicio G 418/2024 que Ordena Clausura a sitio ubicado en el Trebolar Parcela 24, donde funciona la empresa JCompostaje SPA, en la comuna de Teno, queda claro que el motivo principal de la decisión es: Que en el Trebolar parcela N° 24 funciona la empresa JCompostaje, que no posee patente municipal, incumpliendo por tanto, con lo establecido en el Decreto 2.385, que fija el Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley Número 3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales. Y en virtud del artículo 58 de la citada normativa el alcalde podrá decretar la clausura de negocios sin patente.

3. RESPECTO A LOS DERECHOS SUPUESTAMENTE VULNERADOS.

El artículo 19 N°s 3, 21, 22, 23 y 24 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas:

“3°. - La Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos;

21°; El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley,la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;

N° 24; El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental…”

N° 22; La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

N° 23; La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Dejando ya claramente establecido que el actuar de la Municipalidad se ajustó a derecho, corresponde señalar que no existió acto ni omisión, arbitrariedad o ilegalidad que jurídicamente haga procedente la acción constitucional interpuesta por el recurrente, esto por cuanto no existen ni acciones ni omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el ejercicio de los derechos y garantías protegidas por la acción de protección.

Respecto a la supuesta vulneración al derecho fundamental N° 21, es útil recordar el criterio sostenido por la Corte Suprema en autos Rol 4.112-2007, que señala que el artículo 19 número 21º de la Constitución Política al amparar el desarrollo de cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, supone el respeto a las normas legales que la regulan. De este modo, no existe vulneración de la garantía señalada, ya que el actuar de la Municipalidad al ordenar la clausura del lugar donde funciona la empresa JCOMPOSTAJE SPA, por no poseer patente municipal, solo ha resguardado la normativa que rige la materia y NO ha emitido un acto administrativo por simple antojo o conveniencia, de forma arbitraria. En resumen, si la actividad económica no se está desarrollando de forma lícita, es decir, sin infracción a la normativa que la regula, en caso alguno existirá vulneración o privación a este derecho por no cumplir los presupuestos establecidos en la norma para su configuración como tal.

De este modo, se concluye que con el actuar de mi representada no se ha perturbado, ni privado ni menos aún amenazado el legítimo ejercicio de alguno de los derechos consagrados en la Constitución, ya que, según consta en documento acompañado en un otrosí de esta presentación, la recurrente desde una fecha anterior al acto administrativo fundado, tenía pleno conocimiento que se encontraba incumpliendo la normativa de rentas, y que adolecía de patente municipal.

VII. EN CUANTO AL PERJUICIO Y PELIGRO MEDIOAMBIENTAL.

En cuanto al perjuicio y peligro de la clausura, que se presume se generaría por las externalidades sanitarias resultantes del "abandono de las tareas operativas requeridas”, a esta parte le parece pertinente señalar que no sería del todo efectiva la afirmación, debido a que los generadores de lodos que actualmente disponen en JCompostaje, tiene el deber de ajustarse a las regulaciones normativas para el manejo sanitario de los lodos y cumplir con lo previsto en el artículo 18 del Decreto Nº3/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que "Aprueba Reglamento para el Manejo de Lodos Provenientes de Plantas de Tratamiento de Efluentes de la Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas" - rubro al que se dedican los asociados de JCompostaje - el cual señala que "Todo generador de lodos regulado por este decreto, debe presentar anualmente, en el mes de enero, al Servicio Agrícola y Ganadero, un informe técnico que debe explicitar la siguiente información: a) Cantidad de lodos generados y su destino;...". En ese sentido, cada generador debería provisoriamente buscar otro sitio de disposición autorizado y siempre será su responsabilidad cualquier incumplimiento a la norma. Por su parte, las pilas de compostaje que actualmente se encuentran en el proceso controlado de descomposición (mesófila, termófila, enfriamiento y maduración ), así como las materias primas que tienen almacenadas (materias inertes y residuos orgánicos sin compostar), deberían ser manejadas de forma interna hasta controlar los aspectos sanitarios de la descomposición natural, evitando siempre la entrada de nuevas materias primas o la salida de productos terminados, porque ello implicaría la continuidad de las actividades comerciales de la empresa.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, Ley N°18.695 Orgánica, Constitucional de Municipalidades, artículos 55, 116, 145, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, articulo 23, 26 y 58 de la Ley de Rentas Municipales y demás normativa aplicable;

RUEGO A SSI. rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de mi representada, por don nombre reservado, toda vez que fue interpuesto sin la existencia de una acción u omisión ilegal ni arbitraria, ni mucho menos, garantía constitucional amenazada, perturbada, vulnerada o privada. Lo anterior, con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSÍ: RUEGO A SSI. tener por acompañados los siguientes documentos: 1. Oficio ORD. N° 113/2024, de la Alcaldesa Sandra Améstica Gaete a la Contraloría General de la República, de fecha 29 de enero de 2024. 2. Notificación N° 03005 de fecha 04 de abril de 2023 (Dirección de Obras Municipales). 3. Ficha de control de trámite para permiso o aprobación expediente N° 088. 4. Notificación de fecha 27 de diciembre de 2023 de la Directora de Finanzas con sus adjuntos. 5. Correos electrónicos de fechas: 21, 28 de marzo, 17, 19 y 21 de abril de 2023, denuncia ciudadana. 6. Comprobante de consulta Ministerio de Salud. 7. Oficio Ordinario N° 0453 y 0034 de fecha 25 de abril de 2023. 8. Denuncia Juzgado Policía Local de Teno N° 51 de fecha 29 de enero de 2024. 9. Acta de rechazo N° 290 que informa rechazo de la solicitud y devolución de los antecedentes al interesado, con sus adjuntos. 10. Notificación N° 00216 (Rentas Municipales). 11. Informe interno 025 de fecha 10 de mayo de 2024. 12. Informe interno 026 de fecha 29 de mayo de 2024. 13. Decreto Alcaldicio G 418/2024 notificado a nombre reservado. 14. Oficio ORD. N° 513/144. 15. Oficio interno de fecha 16 de abril de 2024, de la directora de Administración y Finanzas con sus adjuntos. 16. Dictamen N° E 472951/2024 Tercero: Que el informe de la Contraloría General de la República –Contraloría Regional del Maule, suscrito por el Contralor Carlos Basaez Valdebenito- señala:

“En respuesta al requerimiento formulado por V.S. Iltma. para informar y remitir todos los antecedentes vinculados con el recurso de protección rol N° 1.421-2024, interpuesto por el abogado don Leonardo Fuentes Quinteros, en representación de la empresa JCOMPOSTAJE SpA., en contra de esta Contraloría Regional del Maule y de la Municipalidad de Teno, cumplo con manifestar a esa Iltma. Corte de Apelaciones lo siguiente:

I. Antecedentes del recurso El recurso de autos ha sido interpuesto, en lo que dice relación con esta Contraloría Regional, por la emisión del oficio N° E472951, de 9 de abril de 2024, que contiene las conclusiones de un procedimiento de fiscalización efectuado en la Municipalidad de Teno.

Sobre el particular, cabe precisar que el mencionado oficio N° E472951, de 2024, de este origen, dice relación con una inspección efectuada por esta Contraloría Regional en la Municipalidad de Teno con motivo de una denuncia por presuntas irregularidades en que habría incurrido ese municipio al haber permitido el funcionamiento de una planta de compostaje de la empresa JCOMPOSTAJE SpA, pese a no contar con patente municipal para su operación ni con permiso de edificación respecto de las oficinas emplazadas en ese recinto, y sin que la autoridad sanitaria derivara el caso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para clarificar si la referida planta debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En relación con lo anterior, mediante el citado oficio N° E472951, de 2024, esta Sede Regional de Control concluyó la existencia de edificaciones que infringen normas legales y reglamentarias sobre urbanismo y construcción, sin que los interesados cumplan las exigencias tendientes a su regularización, por lo que se dispuso que ese ente comunal debía proceder de acuerdo con sus atribuciones legales, ejerciendo las acciones pertinentes establecidas en los artículos 20, 146 y 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Asimismo, en el citado oficio se advirtió el ejercicio de actividades gravadas con patente municipal sin contar con las autorizaciones respectivas, por lo que se dispuso que la Municipalidad de Teno debía proceder en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, inciso segundo, del decreto ley N° 3.063, de 1979, esto es, a decretar la clausura de la planta de compostaje.

Por último, se advirtió que el respectivo proyecto no requería ingresar al SEIA dado que la cantidad de residuos a tratar equivale a 28 ton/día, es decir, por debajo del máximo establecido en la normativa reseñada, hecho confirmado en la resolución exenta N° 20200710194, de 2020, del SEA de la región del Maule.

En tal contexto, la empresa actora interpone la presente acción cautelar, sosteniendo que la actuación de esta Entidad de Control, contenida en el oficio N° E472951, de 2024, de este origen, habría supuestamente vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los números 2º, 3°, 21, 22, 23, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior, la empresa recurrente solicita a US. Iltma. adoptar Por lo anterior, la empresa recurrente solicita a US. Iltma. adoptar “las medidas que en concepto de VS. I., resulten “las medidas que en concepto de VS. I., resulten conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar los derechos y garantías constitucionales de las cuales los recurrentes han sufrido privación, y perturbación en forma arbitraria e ilegal, con costas del recurso, dentro de las cuales solicito se dicte orden de que los recurridos deberán cesar en forma inmediata sus acciones arbitrarias e ilegales, y proceder a dejar sin efecto la de clausura de la empresa Jcompostaje SpA, y respecto a la Ilustre Municipalidad de Teno se le ordene otorgar de forma inmediata una patente provisoria a mi representada por el plazo de un año”.

II. Falta de legitimación pasiva Del recurso se advierte claramente SS. Iltma., que por su intermedio la actora pretende dejar sin efecto la supuesta clausura de la planta de compostaje -pese a que en su libelo señala no haber sido notificada formalmente de ella-, y que se otorgue a la misma una patente provisoria por el plazo de un año, según señala expresamente en su parte petitoria. Como es evidente, tales pretensiones no dicen relación con actuaciones de esta Entidad de Control, la que en este caso se limitó a ejercer sus facultades fiscalizadoras respecto de la Municipalidad de Teno ante una denuncia por irregularidades sobre la materia en ese municipio. En efecto, el acto que dispone la eventual clausura de una empresa y la patente provisoria cuyo otorgamiento se pretende en el recurso, constituyen actuaciones que se encuentran dentro de la esfera de atribuciones del referido órgano edilicio. Lo anterior se advierte, también, de las argumentaciones esgrimidas en el recurso, en donde se reconoce que la empresa no contaba con las autorizaciones respectivas, las que debía obtener de parte de la Municipalidad de Teno. En ese mismo sentido, en su oficio Nº 113, de 9 de enero de 2024 -emitido antes del oficio Nº E472951, de 9 de abril de 2024, de este origen- el municipio, junto con confirmar que la aludida empresa no contaba con autorización de funcionamiento y pago de patente municipal correspondiente, señaló que “la Municipalidad se encuentra en vías de denunciar el incumplimiento a la normativa, tanto a Rentas Municipales como de Urbanismo y Construcción, por lo que una vez que dichos procesos se encuentren afinados, es decir, que las direcciones cuenten con todos los antecedentes pertinentes para proceder a sugerir la clausura a Alcaldía, quien suscribe, ponderará la aplicación de la facultad que le entrega la ley”. Lo anterior, considerando que lo concluido por esta Sede Regional en el párrafo segundo del numeral 1º del acápite conclusiones del oficio impugnado, es sin perjuicio de la eventual orden de demolición que puede decretar un alcalde, en tanto, tal como allí se expone “constituye una facultad para la autoridad, a quien compete ponderar su procedencia en consideración a los antecedentes de hecho y de derecho de que disponga”. De esta forma, esta Contraloría Regional carece de legitimación pasiva, por cuanto si bien la acción cautelar de autos está dirigida formalmente en su contra, de sus términos y peticiones se advierte que lo verdaderamente pretendido por la recurrente es que se deje sin efecto la supuesta medida de clausura y que se le otorgue una patente provisoria, lo cual, en el evento improbable de acogerse el recurso, únicamente podría ser efectuado por la Municipalidad de Teno. Por otra parte, el destinatario del acto impugnado es el municipio y no la empresa recurrente, siendo el primero quien debe adoptar las medidas correspondientes de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

III. El destinatario del acto impugnado no es la recurrente de protección sino que la Municipalidad de Teno y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, de todas formas, resulta necesario aclarar que el destinatario del oficio N° E472951, de 2024, de este origen, que se señala como supuestamente impugnado en el recurso, no es la empresa actora, sino que la Municipalidad de Teno y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, entidades sometidas a la fiscalización de este Organismo de Control, por lo que se instó a la entidad edilicia a adoptar las medidas que según el ordenamiento jurídico correspondan a fin de corregir las irregularidades constatadas. Asimismo, en cuanto a las acciones de esa Seremi de Salud, se le compele a poner término al sumario sanitario singularizado bajo el expediente 237EXP344.

En tal contexto, corresponde recordar que el oficio impugnado ha sido emitido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 A, 131 y 132 de la ley Nº 10.336, en concordancia con lo establecido en el artículo 51, inciso primero, de la ley Nº 18.695 que, en lo pertinente, establece que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional.

En ese sentido, el artículo 21 A de la citada ley N° 10.336, dispone que “La Contraloría General efectuará auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa”.

En similar tenor, la resolución N° 10, de 2021, que establece las normas que regulan las auditorías efectuadas por este Organismo Fiscalizador, en su artículo 4° literal b), señala que “la auditoría es el examen crítico, sistemático y metodológico de programas, procesos, procedimientos, operaciones, actuaciones u otros, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa en los órganos sujetos a su fiscalización”.

Por su parte, la letra c), del artículo 46 de la citada resolución, define los productos específicos de fiscalización, indicando que la atención de referencia de auditoría -producto que, como se dijo, dio origen al oficio cuestionado-, es una “actividad de fiscalización acotada y específica, efectuada principalmente en terreno, que tiene por finalidad verificar hechos, acciones u omisiones, para efectos de determinar su cumplimiento normativo, cuyos resultados son comunicados, por regla general, a través de un oficio”. En cumplimiento de las citadas normas legales, esta Entidad de Control cuenta con atribuciones para fiscalizar a las municipalidades, lo que conforme con la citada resolución Nº 10, de 2021, de este origen, puede tener lugar, entre otras vías, mediante inspecciones iniciada en una atención de referencia de auditoría, pudiendo en tal contexto efectuar observaciones y disponer las providencias que procedan con arreglo al ordenamiento jurídico, tal como aconteció en la especie, en que se han efectuado determinadas observaciones dirigidas a la Municipalidad de Teno, relativas al funcionamiento de una empresa emplazada en esa comuna. Así, como se ha expuesto, el oficio impugnado no se encuentra dirigido en contra de una persona natural o jurídica en particular, sino que se ha emitido en cumplimiento de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a esta Contraloría respecto de los servicios sometidos a su control, que en este caso corresponde al municipio de Teno. Es esta entidad edilicia la que deberá adoptar las medidas pertinentes en relación con las observaciones y conclusiones a las que arribó este Organismo de Control. En otras palabras, con la emisión del oficio que se impugna no se ha incurrido en un acto gravoso para la empresa recurrente, por cuanto aquel constituye un acto realizado en ejercicio de los procedimientos de fiscalización que este organismo efectúa respecto de las entidades sometidas a su control de acuerdo con metodologías, procesos, procedimientos, operaciones u otros, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los órganos públicos, así como el resguardo del patrimonio fiscal y la probidad administrativa. Cuestión distinta son las eventuales acciones que en definitiva adopte el municipio, respecto de las cuales, a la fecha, no hay constancia sobre su materialización formal, considerando que el propio recurso reconoce que a la fecha el representante de la empresa no ha sido notificado de decreto alguno que ordene la clausura, lo que corrobora el hecho de que el recurrente carece de legitimación activa para actuar en estos autos, al no existir -ni siquiera hipotéticamente-, afectación de los derechos que se invocan como supuestamente infringidos en estos autos, lo que de cualquier forma, en ningún caso podría originarse de la actuación de este Organismo de Control. De este modo, las conclusiones que resulten de un proceso de fiscalización como el de la especie, constituye un acto de control que forma parte de la relación jurídica de derecho público que se verifica entre la Contraloría y la municipalidad, siendo a ese respecto la empresa recurrente un tercero completamente ajeno a dicha relación. De lo expresado es posible advertir la falta de legitimación activa de JCOMPOSTAJE SPA, en lo que dice relación con la actuación de esta Entidad de Control que se señala como supuestamente impugnada, por cuanto dicha empresa no es destinataria del precitado oficio, ni resulta perjudicada o agraviada en modo alguno por este.

IV. A esta Entidad de Control le compete la fiscalización tanto de la Municipalidad de Teno como de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, y no las actuaciones de terceros, como es el caso de la recurrente En consonancia con lo antes expuesto, es necesario manifestar a V.S.I., que el oficio impugnado en el recurso de autos fue dirigido a la Municipalidad de Teno y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, por cuanto de conformidad con los artículos 21 A, 131 y 132 de la ley Nº 10.336, a esta Entidad de Control le compete la fiscalización de la SEREMI y las municipalidades, respecto de esta última, se encuentra establecida dicha atribución, además, en el artículo 51, inciso primero, de la ley Nº 18.695. En consonancia con lo antes expuesto, es necesario manifestar a V.S.I., que el oficio impugnado en el recurso de autos fue dirigido a la Municipalidad de Teno y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, por cuanto de conformidad con los artículos 21 A, 131 y 132 de la ley Nº 10.336, a esta Entidad de Control le compete la fiscalización de la SEREMI y las municipalidades, respecto de esta última, se encuentra establecida dicha atribución, además, en el artículo 51, inciso primero, de la ley Nº 18.695.

Por su parte, el oficio impugnado resulta obligatorio y vinculante para el municipio y servicio antes singularizados, y encuentran su carácter imperativo en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, 2° de la citada ley N° 18.575, y en las disposiciones referidas en el párrafo anterior.

Finalmente, cabe reiterar que la actuación impugnada no se encuentra dirigida en contra de una persona natural o jurídica en particular, sino que se ha emitido en cumplimiento de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a esta Contraloría Regional respecto de los servicios sometidos a su control.

V. El asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección El recurso de protección no es una vía para discutir sobre una cuestión de fondo y de lato conocimiento acerca del cumplimiento de las condiciones legales para la realización de una actividad lucrativa, como acontece en la especie, ni tampoco constituye una instancia de declaración de derechos, toda vez que solo procede conocer a través de la mencionada acción constitucional las vulneraciones a derechos fundamentales de carácter indubitado.

El recurso interpuesto no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que por esta vía VS. Iltma., deje sin efecto la supuesta medida de clausura y que ordene el otorgamiento de una patente provisoria, tal como se observa de su petitorio “dentro de las cuales solicito dicte orden de que los recurridos deberán cesar en forma inmediata sus acciones arbitrarias e ilegales, y proceder a dejar sin efecto la de clausura de la empresa Jcompostaje SpA, y respecto a la Ilustre Municipalidad de Teno se le ordene otorgar de forma inmediata una patente provisoria a mi representada por el plazo de un año”, discusión que excede el ámbito propio del recurso de protección.

Reafirma lo anterior, el hecho de que la recurrente pretende que esa Iltma. Corte emita un pronunciamiento acerca del cumplimiento de las condiciones legales para la realización de una actividad lucrativa, asunto de lato conocimiento que no corresponde ser ventilado mediante este arbitrio.

VI. En cuanto al fondo del recurso planteado No obstante que las consideraciones precedentes resulten suficientes para que se rechace sin más trámite la acción intentada en autos, para el evento que se considere del caso analizar el fondo del problema planteado, se ha estimado conveniente formular las siguientes precisiones.

Sobre el particular, el artículo 23, inciso primero, del decreto ley N° 3.063, de 1979; Ley de Rentas Municipales, dispone que “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal”.

Enseguida, el artículo 26, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, establece, en lo que interesa, que la entidad edilicia estará obligada a otorgar la correspondiente patente en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos exigidos o verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos.

Luego, el inciso segundo del artículo 58 de la aludida preceptiva, contempla la clausura para aquellos negocios que, en lo que importa, funcionen sin patente.

En relación con este orden normativo, las municipalidades se encuentran impedidas de otorgar patentes municipalescuando constaten que no se cumplen los requisitos mínimos de funcionamiento a que se refiere el citado artículo 26, y que si verifica que, en el hecho, se llevan a cabo actividades gravadas sin la correspondiente autorización, se encuentran en el imperativo de disponer la clausura del respectivo negocio, ello en concordancia también con la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 61.660, de 2006 y 2.797, de 2009.

Luego, el ejercicio de una actividad comercial supone, por regla general, la existencia de un recinto cuya construcción haya sido legalmente recibida por el municipio, quedando solo entonces habilitado para desarrollar tales actos en su interior, de forma tal que la falta de recepción definitiva de una determinada edificación impide realizar en esta una labor lucrativa, toda vez que se trata de un requisito esencial para ello, como lo ha señalado esta Entidad de Control, entre otros, en el dictamen N° 15.108, de 2009.

En este punto, debe tenerse en cuenta lo antes señalado sobre la existencia de construcciones que infringen las normas legales y reglamentarias sobre Urbanismo y Construcción, que fue constatado en el presente caso y debidamente detallado en el oficio N° E472951, de 2024, de esta Sede Regional de Control.

En ese contexto, de los antecedentes tenidos a la vista en la fiscalización de la especie, consta que mediante notificación N° 216 del 4 de abril del 2023, la Unidad de Rentas de esa entidad edilicia, citó a la mencionada empresa a regularizar el trámite de patente comercial. A su vez, mediante carta de 27 de diciembre de 2023, la Directora de Administración y Finanzas de ese municipio informó a la empresa en cuestión que esa firma no registra autorización de funcionamiento y el pago de patente municipal. En virtud de lo anterior, solicitó concurriera en un plazo de 10 días hábiles a la oficina de rentas del municipio a fin de normalizar la situación señalada, lo que, según lo informado por el municipio mediante su oficio Nº 113, de 9 de enero de 2024, no ocurrió.

En ese sentido, cabe agregar que en el mismo oficio Nº 113, de 2024, el municipio de Teno, junto con confirmar que la aludida empresa no contaba con autorización de funcionamiento y pago de patente municipal correspondiente, señaló que “la Municipalidad se encuentra en vías de denunciar el incumplimiento a la normativa, tanto a Rentas Municipales como de Urbanismo y Construcción, por lo que una vez que dichos procesos se encuentren afinados, es decir, que las direcciones cuenten con todos los antecedentes pertinentes para proceder a sugerir la clausura a Alcaldía, quien suscribe, ponderará la aplicación de la facultad que le entrega la ley”.

Por lo anterior -tal como se concluyó en el oficio N° E472951, de 2024, de esta procedencia, en el presente caso se corroboró el ejercicio de actividades gravadas con patente municipal sin contar con las autorizaciones respectivas, disponiendo a la Municipalidad de Teno que adoptara las providencias que según el ordenamiento jurídico correspondan, por cuanto, en la medida que advierta el ejercicio de actividades comerciales sin la patente correspondiente, como ocurrió en la especie, resulta procedente hacer cumplir el ordenamiento jurídico.

A mayor abundamiento, se debe destacar que en el presente caso no ha existido afectación al derecho de defensa del recurrente, pues, la fiscalización se hizo a la Municipalidad de Teno y a la Seremi de Salud por presuntos actos irregulares en la fiscalización y adopción de medidas respecto del funcionamiento de una planta de compostaje. Y sólo una vez que se hayan adoptado las correspondientes medidas por estas entidades, la actora contará con todos los mecanismos de control administrativos y judiciales que franquea la ley, v. gr. el reclamo de ilegalidad por acto municipal.

VII. Garantías constitucionales supuestamente vulneradas Si bien en el recurso se enuncian como supuestamente vulneradas las garantías previstas en los numerales 2º, 3°, 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en ninguna parte de esa presentación se explica de qué forma el citado oficio N° E472951, de 2024, de esta Entidad Fiscalizadora, habría conculcado tales derechos.

En su lugar, la actora se limita a esbozar argumentaciones referidas exclusivamente a actuaciones de la Municipalidad de Teno, dando cuenta de una evidente falta de fundamento y de que cualquier eventual vulneración en ningún caso tienen su origen en algún acto de esta Contraloría Regional.

Sin perjuicio de lo indicado, es posible sostener lo siguiente:

1. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República Si bien la recurrente considera infringida la igualdad ante la ley, no proporciona en su recurso elementos de juicio, ni ha acreditado con medios de prueba alguno, de qué forma la actuación de esta Institución Contralora habría conculcado la aludida garantía constitucional, por lo que no resulta posible sostener que haya existido un tratamiento discriminatorio frente a situaciones idénticas, siendo la igualdad ante la ley estrictamente respetada por este Organismo Fiscalizador.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe reiterar que el mencionado oficio N° E472951, de 2024, de esta Contraloría Regional fue emitido con estricto cumplimiento de la normativa aplicable en la especie sin efectuar ninguna clase de discriminación arbitraria que eventualmente lesionara el derecho de la empresa recurrente a la igualdad ante la ley, más cuando la alegación del actor resulta genérica y adolece de falta de precisión, al no detallar cuales serían, a su juicio, los otros casos en que, estando en la misma hipótesis que nos ocupa, se habría obrado de manera diferente.

2. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 3, incisos 7° y 8°, de la Constitución Política de la República Esgrime la recurrente que eventualmente se habría afectado la garantía constitucional a que “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”, como también, que “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.

Al respecto, se debe precisar que el recurso de protección sólo contempla la protección de la garantía contenida en el inciso quinto del mismo numeral, a saber, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, por lo que los argumentos esgrimidos por la recurrente son improcedentes y deben ser desestimados.

3. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República Sobre el particular, cabe señalar que no se advierte cómo el mencionado oficio N° E472951, de 2024, pudo afectar la garantía constitucional a desarrollar cualquier actividad económica, toda vez que lo que las conclusiones contenidas en aquel pronunciamiento dicen relación con la constatación de irregularidades que debían ser ponderadas por la autoridad edilicia, y si concurrieran las circunstancias, adoptar las medidas que procedieren, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Como se observa, esta Contraloría Regional, en ejercicio de sus potestades, no pudo haber infringido el derecho que se le inculca vulnerado.

4. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República A este respecto resulta necesario hacer presente que en el recurso de protección de autos no se indica de qué modo el oficio N° E472951, de 2024, afecta el derecho de propiedad cuya vulneración aduce la recurrente, quien limita sus alegaciones a la supuesta existencia de una amenaza a su derecho de propiedad, cuyo contenido no desarrolla en forma alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe recordar que el recurso de protección ha sido concebido para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que indica, por lo que quien carece de un título válido no puede ejercer ni reclamar legalmente lo que no le pertenece y, por ende, a quien no tiene la propiedad sobre un bien corporal o incorporal nada puede amenazársele, ni nada puede perder, situación en la que se encuentra el recurrente.

En efecto, los derechos adquiridos se definen como aquella consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de la ley vigente al tiempo en que aquel se ha realizado, y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, supuesto que no se cumple en la especie.

Sobre el particular, cabe hacer presente el fallo de la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 6323-2018, cuyo considerando quinto dispone que “en ningún caso el ejercicio de las potestades de fiscalización, en la forma como se ha desplegado, pueden entenderse que vulneran algunas de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política conforme el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; y que, tratándose específicamente de la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, no se configura porque los fondos cuyo reembolso se ha ordenado tienen el carácter de públicos y, por lo tanto, no integran el patrimonio particular del recurrente”.

5. Derechos contemplados en los artículos 19 N° 22 y 23 de la Constitución Política de la República Por último, es del caso poner de manifiesto que la recurrente se limita a señalar que los derechos constitucionales, consagrados en los numerales 22 y 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República habrían sido vulnerados, sin precisar ni acompañar antecedentes concretos que demuestren cómo se habría producido la privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio, que haría procedente la interposición de la acción cautelar de autos.

VIII. Conclusiones Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestos, y teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas y las atribuciones que asisten a este Organismo Contralor, se solicita a ese Iltmo. Tribunal desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

IX. Antecedentes Finalmente, se acompaña copia de los siguientes documentos:

1. Oficio N° E472951, de 2024, de la Contraloría Regional del Maule. 2. Oficio N° 113, de 2024, de la Municipalidad de Teno.

Cuarto: Que el recurso de protección procede si como consecuencia de un acto –o una omisión- ilegal o arbitrario, se vulnera alguno de los derechos que del artículo 19 de la Carta Fundamental menciona el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Ello exige que haya un derecho de carácter indubitado susceptible de ampararse por esta vía cautelar, por ser ello urgente para preservar su vigencia.

Quinto: Que, según consta en el libelo pretensor, la petición concreta y textual de la recurrente es “proceder a dejar sin efecto la de clausura de la empresa Jcompostaje SpA, y respecto a la Ilustre Municipalidad de Teno se le ordene otorgar de forma inmediata una patente provisoria a mi representada por el plazo de un año”.

Sexto: Que el acto preciso motivo de impugnación es el Decreto G N° 418/2024 de 6 de mayo del año en curso, dictado por el administrador municipal de Teno, por orden de la alcaldesa, mediante el cual se ordena la clausura del sitio ubicado en el Trebolar, Parcela 24, donde funciona la Empresa JCompostaje SPA, en esa comuna.

Dicho acto considera que la empresa aludida no tiene patente municipal, incumpliendo lo establecido en el Decreto 2385 que fija el texto Refundido y Sistematizado del Decreto 3063 sobre Rentas Municipales; que de acuerdo al artículo 58 de esa normativa, el alcalde puede decretar la clausura de los negocios sin patente; que se notificó por el inspector municipal a la empresa, en abril de 2023 y diciembre de 2023, para que gestione la obtención de la patente municipal y a la fecha no lo ha efectuado.

Séptimo: Que también se reprocha, en el recurso, lo obrado por la Contraloría General de la República mediante el Dictamen E472951/2024 de 9 de abril último, por el cual instruye a la Municipalidad a actuar en el ámbito de sus atribuciones, en lo concerniente al asunto en actual discusión.

Octavo: Que la naturaleza y el alcance que tiene el dictamen del órgano contralor lleva a concluir, necesariamente, que no constituye un acto que de manera directa, idónea y determinante, haya producido el efecto en contra del cual se recurre, esto es, el cierre de la planta y la negativa a otorgar patente municipal, toda vez que estos son propios de lo actuado por la corporación municipal. En consecuencia, la Contraloría no es legitimaria pasiva, por lo que el presente arbitrio no puede prosperar a su respecto.

Noveno: Que los antecedentes colacionados en autos, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica dan cuenta, por otra parte, que la decisión de la Municipalidad –atacada por este recurso de protección- se funda en los elementos de convicción allegados en esa sede administrativa y en la norma legal que la faculta para adoptarla, según se lee en forma clara en ella, de modo que no puede calificarse de arbitraria ni ilegal.

Décimo: Que, por lo demás, la situación en disputa revela varias circunstancias controvertidas, lo que impide zanjarla por esta vía de urgencia. En efecto, en algún momento se alegó por la empresa que no requería patente municipal, ahora la está pidiendo; hay debate sobre la recepción municipal; existen cuestiones medioambientales y sanitarias que no pueden pasarse por alto y deben aparejarse de los informes sectoriales atinentes.

Undécimo: Que lo expuesto basta para desechar lo impetrado a través del libelo del folio 1.

No obstante -a mayor abundamiento- en lo relativo a los derechos invocados como infringidos, queda claro que no hay discriminación en tanto se ha exigido el cumplimiento de requisitos normativos para ejercer una actividad de significación económica; mientras ello no ocurra no hay derecho a desarrollarla ni derecho de propiedad susceptibles de protegerse y menos una afectación a la libertad para adquirir bienes como se reclama; y la Carta Fundamental no ampara –por este medio- el debido proceso en la forma planteada en el recurso.

Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el presente recurso de protección, con costas.

Ejecutoriado el fallo se alza la orden parcial de no innovar decretada en autos.

Redacción del ministro Hernán González García.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 1421-2024/protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Diego Palomo Vélez, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente.