nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de Protección Rol I. C. 1.420-2021.

“nombre reservado contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”

Talca, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

Primero: Que doña nombre reservado, dependiente, de nacionalidad venezolana y domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior Y/y Seguridad Pública, domiciliada en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria sus derechos garantizados en el artículo 19 en su número 2 de la Constitución Política de la República, consistente en no pronunciarse respecto de su solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo legal establecido legalmente previo al vencimiento de su cédula de identidad chilena. Tal omisión ilegal y arbitraria, es una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho y garantía constitucional de igualdad ante la ley, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectada.

En cuanto a los hechos, afirma que el 23 de julio de 2.018 ingresó a Chile por el paso fronterizo Avanzada Pino Hachado, cumpliendo con los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas, otorgándole la Gobernación Provincial de Talca, Visa Temporaria en calidad de Titular mediante Resolución Exenta Nº 10200 de 21 noviembre de 2018, con vigencia desde el 17 de diciembre de 2.018 hasta el 17 de noviembre de 2.019. Cumplido lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, esto es, antes del término de 90 días continuos y antes del vencimiento de su Visa Temporaria, el 19 de noviembre de 2.019, envió la solicitud de Permanencia Definitiva por vínculo con chileno, ya que el 2 de agosto de 2.018 nació su hija nombre reservado, por lo que a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio. Adjuntó la documentación requerida para dicho trámite. El 4 de septiembre de 2.020, esto es, diez meses después de enviada su solicitud, fue notificada a través de Resolución código de tramite N° 2148561 que su solicitud estaba incompleta o insuficiente, otorgándole el plazo de 5 días hábiles para subsanar la primera solicitud realizada, so pena que de no hacer la subsanación en el plazo indicado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, se tendría por desistida la petición. Apenas recibí la notificación por el Departamento de Extranjería y Migración que ordenó subsanar su petición de Permanencia Definitiva, subsanó en conforme como se le había ordenado por la Institución. El 14 de septiembre de 2.020 fue notificada a través de resolución código de trámite N° 10244502, que había cumplido con el plazo otorgado y que dicho trámite avanzaba a la revisión documental. Sin embargo, mi solicitud de Permanencia Definitiva no ha sido resuelta a la fecha, aun cuando ya han transcurrido más de dieciocho meses, desde el inicio de la tramitación, según se desprende de las capturas de pantalla que dan cuenta del estado en el que se encuentra su solicitud, del 5% de avance. Además, cuando ingresa a la página web para verificar el estatus de su solicitud de permanencia definitiva el estado es el mismo: “Etapa: Admisibilidad Estado: Pendiente”.

Esa omisión por parte del Departamento de Extranjería y Migración le ha traído graves consecuencias, debido a las limitaciones en cuanto a tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, las que describe pormenorizadamente.

De la relación de los hechos, se advierte que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la administración pública, está obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado, especialmente el de celeridad, lo cual no ha ocurrido, ya que no ha recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite. Resulta evidente la omisión arbitraria y el incumplimiento por parte del ente recurrido de la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

La recurrente conceptualiza el trámite de Solicitud de Permanencia Definitiva, citando literalmente del Decreto Ley 1.094, el artículo 41, 42, 43 y 31, así como el artículo 80 de su Reglamento, respecto de los requisitos para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva, siendo es un hecho que cumplí con todas estas circunstancias, por cuanto solicitó y obtuvo su respectiva visa temporaria en calidad de titular, por lo que estaba habilitada luego de su vencimiento para solicitar Permanencia Definitiva en el país, siendo que tengo más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titular de una visación temporaria titular. Con respecto a la presentación de las solicitudes de permanencia definitiva, el Departamento de Extranjería exige diversos documentos los cuales a su vez se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597, el que cita textualmente, así como la Ley 19.880.

Como consecuencia de lo anterior, estos procedimientos deben sujetarse a las normas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, como las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de La Administración Del Estado, ello en favor de los extranjeros que requieran la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, que debe ceñirse a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental. En el presente caso, después de 10 meses fue notificada que debía subsanar la solicitud presentada el 19 de noviembre de 2019, por lo cual no se cumplió en forma alguna el plazo de 48 horas que establece la ley 19.880. Con respecto a la posibilidad de subsanación, la mencionada Ley 19.880 la establece en el artículo 31, que ordena que en el caso de que una solicitud no reúna todos los requisitos exigidos por la legislación aplicable, en este caso la normativa migratoria, se requerirá al interesado la subsanación de la solicitud e incluso, habiendo sido iniciada por el interesado, el órgano podría haber recabado las subsanaciones que se hicieran de manera voluntaria, según lo dispone esa Ley en su artículo 24 inciso 2, que nuevamente reproduce literalmente. A falta de una definición en materia administrativa sobre resoluciones de mero trámite, debemos aplicar lo prevista en el art. 70, inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales. De la Ley 19.880, invoca los principios de celeridad, de inexcusabilidad y publicidad. En este caso, han transcurrido más de 18 meses desde la presentación de su solicitud de permanencia definitiva (19 de noviembre de 2.019) y la correspondiente subsanación (4 de septiembre de 2.020) no ha recibido ningún tipo de información sobre el avance de su trámite, lo que es contrario a las normas ya señaladas, y, en especial, al principio de celeridad que debe regir los procedimientos administrativos. Por lo anterior, es igualmente arbitrario, dado que no se ha resuelto en un plazo razonable.

Dice que sobre las vulneraciones a las garantías constitucionales cauteladas por la acción de protección, considera que la situación descrita importa una vulneración a lo menos a los siguientes derechos y garantías que concede la Constitución Política de Chile: En cuanto al Principio de Igualdad ante la Ley el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, que establece la igualdad ante la ley. En este caso, la recurrida infringió las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándole un trato desigual con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva vulnerando mi derecho consagrado en el Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política. La dilación excesiva por más de dieciocho meses, n orden a resolver su solicitud de permanencia definitiva, deviene en ilegal ya que infringe lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) y 27, todos de la Ley N°19.880; y, arbitraria dado que no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley.

Con respecto a la admisibilidad de la presente acción constitucional, nace de la omisión ilegal y arbitraria que genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental, que en consecuencia, la recurrida se sigue negando a dictar una decisión final en el caso bajo estudio, como en derecho corresponde, dándole un trato desigual por la falta de pronunciamiento oportuno sobre el otorgamiento de Permanencia Definitiva. Cita jurisprudencia que cree aplicable al caso.

En cuanto a las peticiones de la recurrente, pie que se ordene al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública informar sobre los hechos antes descritos que afectan su garantía constitucional relativa a la Igualdad ante la Ley y en consecuencia se le ordene restablecer el imperio del derecho, emitiendo las respectivas resoluciones finales a mi solicitud de permanencia definitiva como en derecho corresponda, ello, en el más breve plazo, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que evacuando el informe de estilo, la recurrente solicitó el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Departamento.

Alega que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. I En cuanto a los antecedentes de hecho, no los controvierte, pero precisa que en la tramitación del permiso de permanencia definitiva ante la Gobernación Provincial de Talca, que mediante Oficio Ordinario N° 23.094 de 23 de junio de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se comunicó a la extranjera, con relación a su solicitud de permanencia definitiva, que se requiere que acompañe la hoja de identificación del pasaporte vigente.

A continuación, la recurrida cita el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, que transcribe literalmente y que se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

En lo que dice relación con la actual situación migratoria de la extranjera, habiendo sido comunicado a la extranjera del trámite requerido, se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, toda vez que su solicitud está en tramitación. Así, es que entiende esta autoridad que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República. En la actualidad, el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad de la recurrente, la que, como debe destacarse, mantiene situación migratoria regular en el país, toda vez que solicitud se encuentra en trámite, y esta autoridad se encuentra a la espera de que la extranjera remita la documentación señalada en el oficio Ordinario N° 23.094 de fecha 23 de junio de 2021. La regularidad en el país de la extranjera recurrente, tiene fundamento en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería. Señala que esa Autoridad revisó la solicitud de la recurrente, dio continuidad al procedimiento toda vez que ofició a la extranjera de manera de que acompañe la documentación faltante y complete su solicitud. A su vez, el artículo 81, que reproduce, indica que la solicitud de permanencia definitiva se aprueba por el Ministerio del Interior, extendiéndose al beneficiario por el Departamento de Extranjería y Migración de este Ministerio, un certificado que acredite tal circunstancia. Que por disponerlo el artículo 133 del cuerpo legal antes citado, las solicitudes de permanencia definitiva se presentarán a las autoridades señaladas en el inciso primero del artículo anterior, y éstas solicitarán a la Unidad Local de Policía de Investigaciones de Chile, que informe de los antecedentes policiales así como de los viajes realizados por el peticionario.

Por lo tanto, no es posible argüir que este Departamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha actuado de forma vulneratoria de las garantías fundamentales contenidas y protegidas por la Constitución Política de la República. Esa parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 20, y no existe por tanto perturbación alguna al Numeral 2° de este artículo, respecto de la igualdad frente a la ley, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación, a la espera de que la solicitante y recurrente cumpla con la carga acompañar la documentación señalada.

Tercero: Que en opinión de esta Corte, el Recurso de Protección constituye una acción constitucional cautelar que tiene por objeto adoptar prontas y urgentes medidas en situaciones de hecho en que se han realizado actos o incurrido en omisiones, que con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, priven, perturben o amenacen de manera patente, manifiesta, grave y evidentemente anormal, el debido ejercicio de los derechos esgrimido por el reclamante, que se encuentran amparados y garantizados en el texto constitucional. De tal forma, la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) existencia de un hecho u omisión en que se origina el recurso, en este caso, en los actos que afectan el derecho constitucional indubitado en que se funda el recurso; 2) que esas acciones sean ilegales o arbitrarias; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

Cuarto: Que al tenor de los fundamentos del Recurso, dice relación con la tramitación del permiso de permanencia definitiva ante la Gobernación Provincial de Talca, y que debe ser resuelta por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ha demorado, al decir de la recurrente, alrededor de 18 meses.

Quinto: Que la situación migratoria de la recurrente en el territorio nacional, está regularizada, al decir de la recurrida, ya que su solicitud de permanencia definitiva se encuentra en tramitación, y por ende, no es procedente que esta Corte adopte ninguna medida que restablezca el imperio del derecho.

En cuanto a la garantía invocada, no existen antecedentes que permitan arribar a la conclusión de que ha existido un trato diferenciado o desigual de esta recurrente, respecto de otros interesados en obtener tal permanencia definitiva, por lo que procede desestimar tal alegación.

Asimismo, la pretendida demora en la resolución de la solicitud de la recurrente, no trae aparejada ningún perjuicio a sus derechos constitucionales y se deberá tener presente que la existencia de la pandemia nacional y mundial, ha significado una grave afectación de las funciones de todos los organismos, sean privados o estatales, sin que ese atraso que se reclama en el Recurso, aparezca como imputable, por desidia o negligencia, a la recurrida. Por el contrario, es la recurrente quien no ha cumplido con la agregación de documentos personales y que se encuentran en su poder, motivando la dilación en la resolución de la solicitud de la recurrente, materia que es de su exclusiva competencia.

Lo anterior, sin perjuicio que aquel hecho no es constitutivo de la garantía invocada por la demandante de protección.

Sexto: Que por los razonamientos anteriores, el Recurso debe ser rechazado, sin costas, por no haberse solicitado por la recurrente.

Por las razones señaladas, y lo dispuesto en el número 2 del artículo 19, y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con ocasión de la tramitación de la permanencia definitiva en el país por la recurrente extranjera.

En su oportunidad, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 14° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección.

Redacción del ministro Carrillo González.

Regístrese y archívese.

Rol 1.420- 2021/ Protección.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, no firma el Ministro (S) don Wilfredo Urrutia Gaete, por haber cesado en sus funciones.