CONSTRUCTORA S

Talca, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en folio 1, se presenta LEONARDO EXEQUIEL FUENTES QUINTEROS, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, abogado y mandatario judicial de CONSTRUCTORA S & V LIMITADA, RUT NºRUT reservado, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, constructor civil, ambos domiciliados en domicilio reservado, y señala:

Que, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, de 27 de Junio de 1992, modificado mediante Auto Acordado de 8 de junio del 2007, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA, RUT NºRUT reservado, servicio público descentralizado con personalidad jurídica propia, representada por su Directora doña nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, ignora profesión u oficio, o quien la subrogue o represente, ambos domiciliados a estos efectos en domicilio reservado, con el objeto que este tribunal adopte todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección frente al acto arbitrario e ilegal de la recurrida que amenazan y/o privan del ejercicio legítimo de los derechos prescritos en los números 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de los siguientes antecedentes:

En cuanto a los hechos.- Antecedentes previos. - 1.- Señala que con fecha 29 de noviembre de 2016 la recurrente recibe sobre cerrado que únicamente contiene un documento que señala lo siguiente: “TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA envío esta carta certificada en cumplimiento de la ley 18.705…” luego agrega lo siguiente “Pongo en su conocimiento que, con esta fecha, practiqué a usted una notificación por cédula en autos Rol Nº10883-2016 CURICÓ de la TESORERÍA PROVINCIAL DE CURICÓ, caratulados “Fisco con nombre reservado”.

2.- Que, encontrándose dentro de plazo legal con fecha 06 de diciembre de 2016, presentó un escrito a la Tesorería General de la República, en el cual en lo principal interpone Incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y en el quinto otrosí opone excepción de prescripción en virtud de lo establecido en el artículo 177 del Código Tributario, reservándose en un otrosí el resto de las excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Que, en virtud de lo anterior, con fecha 31 de enero de 2017, don nombre reservado, abogado del Servicio de Tesorerías, informó en los términos del artículo 178 y siguientes, y siguientes del Código Tributario, al Juez sustanciador que en relación a la nulidad por falta de emplazamiento la misma debe ser rechazada y en cuanto a la excepción de prescripción establecida en el artículo 177 N° 2 del Código Tributario ordenó una medida para mejor resolver solicitando informe al Servicio de Impuestos Internos de Curicó.

4.- Que hasta la fecha de interposición del recurso, no han existido nuevas diligencias, ni sentencia alguna en la mencionada causa y ni siquiera se ha presentado solicitud de pronunciamiento ante el Juez de Letras de Mayor cuantía según lo establece el artículo 180 del Código Tributario, por lo cual no existe resolución o sentencia alguna firme y ejecutoriada en contra de la recurrente respecto del cobro efectuado.

5.- Que las obligaciones tributarias que se le imputan a la recurrente son completamente ilegales y las mismas serán impugnadas en la etapa procesal correspondiente, lo cual no es objeto del presente recurso y por dicho motivo no se refiere con mayor profundidad a las mismas.

En cuanto a los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, señala lo siguiente:

1.- Que la recurrente CONSTRUCTORA S & V LIMITADA, es usuaria por medio de contrato celebrado válidamente desde hace a lo menos 6 años de la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, por medio de página www.Chileproveedores.cl, el cual corresponde al Registro Oficial de Chilecompra, en palabras de la propia página ChileProveedores facilita la participación de los Proveedores en el mercado de Compras Públicas (www.mercadopublico.cl) y abre nuevas oportunidad de negocios a las empresas nacionales. Los servicios de ChileProveedores están orientados a la validación en línea y acreditación de proveedores del Estado, concentrando en un sólo lugar toda la información necesaria que las empresas necesitan para hacer negocios con el Estado.

2.- Que la recurrente, como usuaria habitual de dicho servicio transó en los últimos 12 meses una suma de $132.507.003.- ante dicha entidad, sin que a la fecha exista reclamo alguno en su contra, ni por los servicios que ha prestado al Estado de Chile.

3.- Que el 02 de mayo de 2018 la recurrente pagó su suscripción anual a Chileproveedores, según documento que se acompaña en un otrosí en la orden de compra N° 482126, por un monto de $49.560.

4.- Que el 15 de mayo de 2018, la recurrente recibió un correo electrónico que informa que se encuentra bajo la condición de Proveedor Inhábil en el Registro de ChileProveedores con la natural consecuencia de no poder postular a licitación alguna en el referido mercado, indicando como causal: “Registra Deuda en Tesorería”, y el correo electrónico es del siguiente tenor: “Señores CONSTRUCTORA S y V LIMITADA, PRESENTE.- De nuestra consideración. Por medio de la presente y junto con saludarlo, informamos que, en conformidad con los Términos y Condiciones de Servicio de ChileProveedores, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº19.886 y su Reglamento y Normas Complementarias, la empresa CONSTRUCTORA S y V LIMITADA, se encuentra bajo la condición de Proveedor InHábil en el Registro ChileProveedores (No cumple con los requisitos de Inscripción), producto de la siguiente causal: Registra Deuda en Tesorería. Le recomendamos regularizar esta situación a la brevedad, a fin de volver a operar sin problemas en el sistema. Clic aquí para más información. Sin otro particular saluda atentamente, CHILEPROVEEDORES www.chileproveedores.cl”.

5.- Dice que claramente, la recurrida ha actuado de forma completamente arbitraria e ilegal, al margen de la ley al inhabilitar a la recurrente, sin que se haya dictado sentencia firme en los autos administrativos y menos en lo judicial respecto de la cobranza mencionada, imposibilitándole realizar trabajos para el Estado, inclusive de postular a licitaciones, afectado gravemente los derechos indicados en el principio de este recurso. Además, hace presente que la recurrente es una PYME de la ciudad de Curicó que da trabajo a más de media docenas de personas, la cual no puede funcionar ni seguir postulando, dado que el cien por ciento de sus servicios los realiza a través de postulaciones de obras en el portal de Chileproveedores, por lo que con esta inhabilidad está destinada a morir y dejar de funcionar, con lo que se afecta gravemente sus derechos.

6.- Que, es el propio Reglamento de la Ley Nº19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios que señala que: “Párrafo 5: Inhabilidades e incompatibilidades. Artículo 92.- Causales:

Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal. 2) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.”

7.- Que, la norma antes indicada es clara en que para regir esta inhabilidad necesariamente debe existir una sentencia firme o ejecutoriada, lo cual no ha ocurrido en autos, encontrándose pendiente la resolución del propio organismo administrativo y aún peor sin ni siquiera haber pasado aún a sede judicial como lo ordena la ley.

8.- Que nos encontramos ante actos arbitrarios e ilegales, dado que el portal de Chileproveedores inhabilita a la recurrente, sin siquiera confirmar la información referente a si el juicio sobre la efectividad de la deuda se encuentra firme o ejecutoriada.

9.- Que la recurrida, ha privado a la recurrente del ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución, como la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y con ello, el libre ejercicio de una actividad económica, el derecho a no ser discriminado en materia económica y el derecho de propiedad.

Como antecedentes de derecho, señala que la Constitución otorga protección jurisdiccional directa a toda persona que por causa de actos arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se señalan en el artículo 20, lo que se traduce en la consagración constitucional de una acción cautelar que pueden ejercer los afectados "sin perjuicio de los demás derechos que -éstos puedan- hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Que, en lo pertinente de la norma transcrita, se deduce que cuando se trata de alguna de las garantías constitucionales resguardadas por la acción de protección, no existe "incompatibilidad" ni "subsidiariedad" alguna con el eventual ejercicio, simultáneo o posterior, de otras acciones de índole jurisdiccional que puedan hacerse valer ante los tribunales competentes, sean éstas de carácter "ordinario" o "especial", toda vez que la CPR no distingue, en su claro mandato normativo.

Que, asimismo, el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, previene que todo abuso o exceso por parte de los órganos de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

Que, por su parte, el artículo 9° del mismo cuerpo legal establece que los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las “acciones jurisdiccionales a que haya lugar”.

Sostiene que el acto recurrido consiste en que la Dirección de Compras y Contratación Pública, a través del registro oficial electrónico de contratistas "Chile Compras" y/o "ChileProveedores" determinó que la recurrente se encuentra inhábil para participar de los procesos de licitaciones, en circunstancias que se solicitó la prescripción de la deuda con Tesorería, por lo que existe un procedimiento en curso respecto del cual aún no se dicta sentencia alguna, ni administrativa ni judicial, y que el único fundamento que se desprende del correo electrónico sería la supuesta existencia de deuda en la Tesorería.

Que la recurrida, DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA a través de ChileProveedores, ha actuado de forma arbitraria e ilegal al impedir a la recurrente participar del proceso de licitaciones, e inhabilitarla por tiempo desconocido, por una supuesta deuda tributaria, desconociendo inclusive lo preceptuado por el artículo 92 del Reglamento De La Ley Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Que, el acto ilegal se ve agravado por la conducta que ha mantenido la Institución recurrida luego de que, al momento de solicitar la información que origina el estado de inhabilidad y su fundamento, no otorga ninguna explicación, dejando a la empresa en absoluta indefensión.

Señala como derechos afectados los siguientes:

1.- Igualdad ante la ley (art. 19 N° 2°)

Dice que se ha dispuesto a la recurrente un trato absolutamente atentatorio contra el principio de igualdad ante ley, pues se ha juzgado de forma arbitraria, aplicándole una sanción, sin cumplir con las normas del debido proceso, y se ha aplicado la sanción administrativa (lo han inhabilitado) antes de que dictase resolución por la propia Tesorería General de la República o Juzgado Civil respectivo.

2. Derecho a realizar actividades económicas (art. 19 N° 21)

Señala que la Constitución consagra en el número 21 del artículo 19 "el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen". Y por consiguiente, el acto impugnado está afectando el derecho de la empresa a desarrollar una actividad económica consistente en participar de licitaciones en el sistema de compras públicas, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley para poder hacerlo.

3. Derecho a la no discriminación arbitraria en materia económica (art. 19 N° 22)

Dice que los actos administrativos que se impugnan estarían discriminando a la empresa recurrente en materia económica, puesto que la ha colocado en una situación discriminatoria respecto de cualquier empresa constructora del mercado que participe del proceso de licitaciones en el sistema de compras públicas, impidiéndole participar sin ninguna justificación y sin saber hasta cuándo durará dicha inhabilidad.

4. Derecho de Propiedad (art. 19 N° 24 CPR).

Que, finalmente, la actuación de la recurrida afecta al derecho de propiedad de la recurrente, porque por medio de este acto ilegal y arbitrario pretende que no participe del proceso de licitaciones, teniendo el derecho a hacerlo y por el cual se ha pagado el valor respectivo al solicitar la renovación del registro.

De manera complementaria a todo lo anterior, destaca que una adecuada y oportuna medida proteccional es el medio más adecuado de que dispone por el momento la recurrente en defensa de sus derechos constitucionales amagados, puesto que cualquiera otra acción judicial que pueda intentar la inserta en un escenario en que la decisión final jurisdiccional puede demorar incluso años en llegar, con lo que la empresa dejará de existir.

Concluye solicitando acoger el recurso dictando las medidas que necesarias para restablecer el Imperio del Derecho y asegurar la debida protección de la afectada, y sin perjuicio de lo anterior, propone que se dicten como medidas de protección las siguientes:

1. Declaración de que es ilegal y arbitrario, y que constituyen una privación y perturbación de las garantías constitucionales de la recurrente invocadas en el libelo.

2. Que debe dejarse sin efecto de forma inmediata el estado de INHÁBIL del sistema de ChileProveedores y todos los cuales se encuentren relacionados con éste.

3. Que se dicte cualquier otra medida que la Corte estime como conducente para impedir que continúen conculcándose los derechos de la recurrente garantizados por la Constitución.

5. Que, la recurrida sea condenada a pagar las costas de la causa.

6. Todo lo anterior sin perjuicio de las resoluciones que la Corte estime pertinente conforme al mérito del proceso.

SEGUNDO: Que, evacuó el informe respectivo nombre reservado, Directora de la recurrida DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, en los siguientes términos:

Dice que en razón de lo informado por la Tesorería General de la República el 03 de agosto de 2017, la recurrente Empresa Constructora S & V Limitada registraba una o más deudas tributarias en los términos señalados en el artículo 92, número 2 del reglamento de la ley N° 19.886. Que esta situación fue informada con fecha 3 de agosto de 2018 por la Tesorería General de la República a la Dirección de Compras y Contratación Pública a través de su Operador del Registro Nacional de Proveedores, la Cámara de Comercio de Santiago A.G., RUT RUT reservado. Lo anterior se tradujo en la inhabilitación automática de la Empresa Constructora S & V Limitada en el Registro de Proveedores. Dice que la Cámara de Comercio de Santiago A.G., tiene la calidad de operador del Registro ya señalado, en razón de lo dispuesto en el contrato aprobado mediante resolución exenta N° 386 B, de 27 de abril de 2011, de la Dirección ChileCompra, que Aprueba el contrato de provisión de servicios integrales de Registro Nacional de Proveedores, por lo que una de sus funciones es verificar la habilidad de los proveedores de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, lo que cumplió en este caso, y que lo informado por la Tesorería General de la República se realizó en virtud del Convenio suscrito con fecha 30 de septiembre de 2005, que se adjunta al presente informe. Agrega que la recurrente requirió por primera vez su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (ChileProveedores) el 23 de abril de 2009, renovándola en las siguientes fechas, según el cuadro siguiente:

Fecha Inicio Contrato Fecha Fin Contrato 23-04-2009 23-04-2010 06-08-2010 06-08-2011 11-07-2011 06-08-2012 09-08-2012 09-08-2013 08-08-2013 09-08-2014 06-08-2014 09-08-2015 04-08-2015 08-08-2016 17-11-2016 17-11-2017 02-05-2018 02-05-2019 Dice que en este cuadro se puede apreciar que la recurrente no mantuvo inscripción vigente en ChileProveedores dede el 17 de noviembre de 2017 hasta el 2 de mayo de 2018, fecha en la cual requiere nuevamente esta inscripción a través de la página web www.chileproveedores.cl. generándose los hechos materia de autos.

Que, en este contexto, y para contar con la información para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la arriba referida inhabilidad en forma ágil y automatizada, la Tesorería General de la República realiza en forma diaria, un proceso de intercambio de archivos (batch) con el Operador del Registro, con el detalle de aquellas personas, identificadas con su RUT, que registren deudas en los rangos indicados el artículo 92, N° 2, ya transcrito.

Que para asegurar el cumplimiento de sus funciones, la recurrida administra una plataforma que funciona en línea y de manera automatizada, y que, para los efectos de verificar la inhabilidad en el Registro de los Proveedores que registren deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, se nutre de la información que regularmente le remite la Tesorería, en razón del acuerdo previamente mencionado.

Que al respecto, la señalada información es remitida a través del webservice de la plataforma administrada por la Dirección recurrida, que es operada por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., y una vez recepcionada, se traduce en el cambio automático del estado del respectivo proveedor, asignándosele, como consecuencia de lo informado, el estatus de "inhábil".

Sostiene que, en particular, en relación a la recurrente, la información de su deuda - asociada al RUT de la requirente - ya se encontraba ingresada en el sistema de ChileProveedores al momento de volver a solicitar la inscripción en el registro el pasado 2 de mayo de 2018, esto, debido a que el registro de la deuda respectiva se encontraba informado desde el 4 de agosto de 2017. Es así como, al solicitar la actora su nueva inscripción en dicho registro, el 02 de mayo de 2018, la deuda existente fue inmediatamente registrada por la plataforma computacional, arrojando automáticamente la inhabilidad, la cual se vio reflejada en el registro desde las 00:01 horas del día 3 de mayo de 2018, manteniéndola hasta la fecha.

Que, en consecuencia, el actual estatus de la recurrente en el registro de proveedores, consistente en su condición de inhábil, pudo visualizarse automáticamente en el escritorio de la plataforma www.chileproveedores.cl desde el día 4 de agosto de 2017 hasta hoy (mientras estuvo inscrito), según consta de la impresión de pantalla que se imprime en el informe.

En un primer capítulo, alega la extemporaneidad del recurso.- Señala a este respecto, que de conformidad con el texto del artículo 20 de la Constitución Política, son presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de ello derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; que ese derecho sea de aquellos señalados específicamente por la disposición constitucional citada y, acorde con el Auto Acordado de la Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, que regula la tramitación de dicha acción cautelar, que su ejercicio se verifique dentro del plazo correspondiente, y concluye que ninguno de los supuestos indicados concurre en la situación planteada por el recurrente.

Que, en primer lugar, cabe desestimar el recurso porque es extemporáneo, si se considera que el citado Auto Acordado de la Corte Suprema, que regula la tramitación de dicha acción de protección, dispone, en su N° 1, que ésta se interpondrá "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, o que se hará constar en autos".

Sostiene que el recurso se interpuso fuera del plazo indicado, al ser presentado el 30 de mayo de 2018, por lo cual debe ser rechazado de plano.

Sostiene al respecto, que el motivo del actual estado del actor en el registro, esto es "inhábil", se debió a que registra deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, de fecha bastante anterior a su última solicitud de inscripción en el registro de proveedores, y como ya se ha señalado, el Registro de Proveedores funciona en forma automatizada y en línea, de modo tal que la recepción de la señalada información enviada por la Tesorería, redunda en una declaración de inhabilidad automática de la empresa recurrente en dicho registro, cambio que se materializó en esta oportunidad en la madrugada del 2 de mayo de 2018, cuando el recurrente requiere nuevamente su inscripción en ChileProveedores, la cual se encontraba vencida desde el 17 de noviembre de 2017.

Que, el estatus del proveedor recurrente en el registro de proveedores, consistente en su condición de inhábil, pudo visualizarse automáticamente en el escritorio de la plataforma www.chileproveedores.cl, cuyo contenido es de libre acceso para todos los proveedores inscritos y compradores del Estado, y a fin de detallar la fecha en que el proveedor adquiere el estado de inhábil incorpora el siguiente cuadro:

Rut Razón Social Causal Inhabilidad Fecha Inicio Fecha Fin 76049528-K CONSTRUCTORA S V LIMITADA Registra Deuda en Tesoreria 04-08-2017 17-11-2017 76049528-K CONSTRUCTORA S V LIMITADA Registra Deuda en Tesoreria 03-05-2018 A la fecha ’Fechas informadas por la Fuente Oficial Sostiene que la situación que configura la causal de inhabilidad, ya indicada, se ha mantenido desde 4 de agosto de 2017 hasta hoy.

Reitera que el proveedor realizó una inscripción anual el 17 de noviembre de 2016 la que se prolongó hasta el 17 de noviembre de 2017. Es así, como durante el desarrollo de ese año el proveedor se encontró hábil hasta el 3 de agosto de 2017, quedando inhábil desde el 4 de agosto del 2017, por la causal descrita en el artículo 92, N° 2 del reglamento, ya citada. En consecuencia, cuando se reinscribió nuevamente anualmente (dado que su inscripción anterior había expirado el 17 de noviembre de 2017), el 3 de mayo de 2018, el proveedor aún mantenía su estado de inhabilidad que, se originó el 4 de agosto de 2017.

Que, en consecuencia, el recurrente, en su calidad de proveedor inscrito, pudo acceder a la información referida en el párrafo anterior, desde el 4 de agosto de 2017, esto es, el día en que se reflejó su inhabilidad en el registro, por la referida causal del artículo 92, N° 2. Y a este respecto, para los efectos del presente recurso, resulta meramente circunstancial e irrelevante el momento u oportunidad en que, según lo informado por el mismo actor, éste tuvo real conocimiento de la declaración de su estado de inhabilidad.

Sostiene que debe entenderse, pues, que el plazo para la interposición de la acción de protección, dada la naturaleza del acto impugnado, debe contarse desde su ocurrencia, y no desde que el actor tuvo noticias o conocimiento cierto del referido acto. Que el cambio de estado del proveedor, de hábil a inhábil, se produjo el día 4 de agosto de 2017, mientras se encontraba vigente su inscripción en el registro, habiéndose visualizado tal cambio en la indicada plataforma a partir de esa misma fecha; y no puede entenderse, por lo tanto, que el plazo para la interposición del recurso comenzó a correr desde el momento en el cual el actor supuestamente habría tenido noticias del acto impugnado, que sería en este caso, al volver a inscribirse el día 3 de mayo de 2018.

Que al respecto, el artículo 6o del reglamento de la ley N° 19.886, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -que también regula al Registro de Proveedores del Estado-, dispone que todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las demás disposiciones de dicha ley y Reglamento, se entenderán realizadas, luego de las 24 horas transcurridas desde que la Entidad publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación.

Agrega que la actuación impugnada por la empresa recurrente, por lo tanto, es la publicación del cambio de ésta al estado inhábil en el Registro de Proveedores, actuación que se materializó y publicó en la plataforma el día 4 de agosto de 2017, debiendo contarse desde las 24 horas siguientes a dicha publicación el plazo para la presentación del recurso de protección, de acuerdo al citado artículo 6o del reglamento de la ley 19.886.

Dice que sustentar una tesis diversa, en orden a que sería posible deducir esta acción cautelar en el plazo contado desde el momento en que el actor supuestamente habría tenido conocimiento de la actuación impugnada - hito que, por lo demás, resulta imposible de acreditar en forma objetiva-, importaría entender que el plazo fatal contemplado en el Auto Acordado respectivo, sería absolutamente inoperante, ya que la extensión de dicho término quedaría sujeta a la voluntad del afectado, que podría interponer el recurso de protección en cualquier tiempo, sobre la base de indicar unilateralmente y en forma antojadiza, el momento en que supuestamente tuvo noticias de la actuación, sin importar que la supuesta fecha de conocimiento exceda en días o meses a la fecha en que la información estuvo efectivamente publicada, y a su disposición, en la plataforma.

Cita abundante jurisprudencia al respecto, y pide en consecuencia, que se rechace el libelo presentado por el recurrente, por extemporáneo, por cuanto transcurrieron más de 30 días corridos entre la ocurrencia del acto impugnado y la presentación de la acción de protección.

En cuanto al fondo del recurso, dice que la actuación de la Dirección Chilecompra no es ilegal.- Destaca al respecto, las inhabilidades que afectan la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, a las que se refiere el artículo 16 de la ley N° 19.886, y que han sido desarrolladas y detalladas en el artículo 92 del reglamento del citado cuerpo legal.

Que, en lo que interesa, la norma legal mencionada establece lo siguiente: "Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. Que, por otra parte, el Artículo 17 del mismo cuerpo legal indica que "El Reglamento establecerá el régimen y criterios de clasificación de los contratistas, los requisitos de inscripción en cada categoría y las causales de inhabilidad, incompatibilidad, suspensión y eliminación del registro por incumplimiento de obligaciones u otras causales. El Reglamento deberá cautelar el libre acceso de los contratistas al registro y su evaluación objetiva y fundada." Que, en relación a lo anterior, el reglamento de la ley N° 19.886, en su artículo 92, específicamente el N° 2, señala que, "Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: (...) 2) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución." Y el inciso 3° de dicha norma reglamentaria agrega lo siguiente: "En el caso de la causal indicada en el número 2), la inhabilidad durará mientras se encuentre pendiente el pago de la deuda, o bien 2 años desde que la respectiva resolución judicial que la declare se encuentre ejecutoriada." Que el artículo 93 del citado reglamento dispone que si a un proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin efecto.

Agrega que respecto a la inhabilidad del artículo 92, N° 2, del reglamento de la ley N° 19.886, ésta sí debe ser constatada y aplicada por la Dirección ChileCompra, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores. Dice que el citado artículo 92, N° 2, establece una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores y el mismo Reglamento reconoce de manera expresa, en el citado artículo 93, que esta inhabilidad opera en forma sobreviniente, en cuanto afecta a quienes ya se encuentran inscritos, como se dio en este caso. Que, en consecuencia, la aplicación de la inhabilidad en el mencionado registro de proveedores se encuentra comprendida dentro de la esfera de atribuciones de la Dirección ChileCompra.

Agrega que la Dirección de Compras y Contratación Pública es un servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, que tiene dentro de sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del artículo 30 de la ley N°19.886, la de "Administrar; mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el artículo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el reglamento".

Que, la Dirección de Compras Públicas y Contratación, está facultada para aceptar o rechazar la solicitud de inscripción en el Registro de proveedores. Al efecto, el artículo 87, inciso 2o, del reglamento de la ley N° 19.886, dispone que "La Dirección rechazará la inscripción de los postulantes que al momento de solicitarla, se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 92 del presente Reglamento." Sostiene, que el legislador previó posibles controversias en razón de la inscripción en el Registro, que básicamente se relaciona con la habilidad o inhabilidad de los proveedores que pretenden inscribirse, entregándole competencia al Tribunal de Contratación Pública para conocer de tales reclamaciones. En concreto señaló en el artículo 16 de la ley N° 19.886 que "No obstante lo anterior, la decisión consistente en el rechazo o aprobación de las inscripciones corresponderá a la Dirección de Compras y Contratación Pública y podrá ser reclamable en los términos establecidos en el capítulo V." Que por su parte, y respecto de las inhabilidades, el artículo 92, N° 2, del reglamento de la ley N° 19.886, dispone que estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los proveedores que registren "una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.". Asimismo, el artículo 93 del citado reglamento precisa que "si a un proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin efecto." Que, en cuanto a la citada causal del artículo 92, N° 2, del referido Reglamento, cabe señalar que respecto de la comunicación que da cuenta de aquella situación descrita (deudas tributarias), en cualquiera de las situaciones reguladas, esto es informado por la Tesorería General de la República.

Que es en tal contexto, y para contar con la información para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la arriba referida causal de inhabilidad en forma certera, automatizada y rápida, que la Dirección de Compras y Contratación Pública y la Tesorería General de la República acordaron que la Tesorería entrega al Operador del Registro la información relativa a las situaciones que configuran la inhabilidad en comento. Que, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias arriba aludidas, especialmente aquella correspondiente al artículo 92 del reglamento de la ley N° 19.886, la Dirección administra una plataforma que funciona en línea y de manera automatizada, y que, para los efectos de verificar la inhabilidad en el Registro de los proveedores, respecto de esta causal, se nutre de la información que regularmente le remite la Tesorería, y de esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85, inciso final, del reglamento de la ley N° 19.886, que exige que la evaluación de los postulantes al Registro de Proveedores se efectúe a través de un procedimiento que asegure objetividad y celeridad.

Que, en virtud del principio de juridicidad, contenido en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de la República y 2o de la ley N° 18.575, dicha Dirección se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su sentido y alcance, y sostiene que en definitiva, el cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Tesorería, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal corresponden a la recurrida, actuación que, en consecuencia, no puede calificarse de ilegal, y en apoyo de lo anterior, cita abundante jurisprudencia.

En otro capítulo sostiene que la actuación de la Dirección ChileCompra no es arbitraria ni carente de motivación.

Afirma a este respecto que el artículo 16 de la ley N° 19.886, dispone que la decisión consistente en el rechazo o aprobación de las inscripciones en el registro de proveedores, corresponderá a la Dirección ChileCompra; que el proceso de evaluación para la inscripción en el señalado registro concluirá con la aprobación o rechazo de la solicitud de inscripción a través de una resolución emitida por la Dirección.

Que, a fin de asegurar el cumplimiento de las citadas disposiciones legales y reglamentarias, la recurrida admite o rechaza las solicitudes de inscripción en el registro, mediante la emisión de los correspondientes actos administrativos, lo cual también ocurrió en este caso cuando la recurrente solicitó su incorporación en el Registro de Proveedores el 23 de abril de 2009. Al respecto señala que la inscripción de la recurrente se encuentra vigente desde que solicitó su nueva inscripción, el 2 de mayo de 2018, no habiendo dicha sociedad sido eliminada del Registro. Al respecto, únicamente ha procedido respecto del actor, un cambio de su estado en el señalado Registro de Proveedores, de hábil a inhábil.

Que lo anterior se explica debido a que la inhabilidad es esencialmente transitoria, razón por lo cual ésta se traduce en el cambio de estado del proveedor en el registro, pero no en su eliminación.

Que en relación a lo señalado, cabe nuevamente reiterar que el motivo del cambio de estado de la requirente en el registro, de hábil a inhábil, se debió a la comunicación realizada por Tesorería en relación a que el proveedor registra una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. Que es así como la actual inhabilitación del proveedor, se funda en lo informado por la Tesorería, sin que la Dirección ChileCompra haya efectuado en la especie un ejercicio deliberativo para aplicar esta inhabilidad, sino que bastó la sola constatación de la información originada en la fuente oficial. Que tampoco la inhabilitación se tradujo en el ejercicio de una facultad discrecional por parte de dicha Dirección, sino que en la mera aplicación de una norma reglamentaria que contempla esta inhabilidad. Y es en virtud de lo señalado que la mencionada plataforma electrónica funciona en forma automatizada y en línea, redundando la recepción de la señalada información enviada por la Tesorería, en el cambio automático del estado de la recurrente en dicho registro, de hábil a inhábil, cambio que, en el caso de la actora, se materializó al día siguiente de su requerimiento de inscripción en el Registro de Proveedores, esto es, el 2 de mayo de 2018.

Que, de esta manera, considerando el dinamismo que exige la administración de una plataforma electrónica, como la del Registro de Proveedores, y la transitoriedad y características de la medida consistente en el cambio del estado de inscripción del proveedor en el registro, es que en lo relativo a estas materias, el Registro opera en forma automatizada y completamente en línea.

Que por todo lo anterior, se concluye que la aplicación de la inhabilidad del proveedor en el Registro de Proveedores, a través del referido sistema automático, derivada de la información entregada por la Tesorería, fue practicada en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente. Y desde tal perspectiva, no corresponde que el actuar de la Dirección sea calificado como arbitrario.

Que, en relación a la alegación referente a que existiría un juicio pendiente sobre la efectividad de la deuda, destaca que ni la Dirección recurrida ni el Operador del Registro (la Cámara de Comercio de Santiago A.G) han recibido ningún antecedente al respecto. En este sentido dice que, dada la inexistencia de comunicación automatizada, electrónica y dinámica, que permita dar cumplimiento a los objetivos de este Registro de Proveedores, para comunicar la existencia de juicios pendientes, son los propios proveedores los que deben dar aviso, adjuntando los antecedentes relacionados. Y, con dichos documentos, la Dirección procede a analizar el caso particular y definir si corresponde que el proveedor en cuestión se encuentre en estado "hábil" en el Registro, Y que este procedimiento está disponible para todos los proveedores que se encuentren en dicha situación en la dirección electrónica que indica.

Que la recurrida, al establecer el estado de "inhábil" en el registro, no ha hecho más que ejercer sus facultades privativas que le han sido conferidas por la ley N° 19.886 y por su reglamento, aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, razón por la cual su actuación no puede calificarse de ilegal ni arbitraria.

En cuanto a las garantías constitucionales que se reclaman vulneradas.

Que, en cuanto a la garantía del artículo 19, N° 2, que asegura la igualdad ante la ley, dice que el actual estado de "inhábil" del recurrente, en el registro de proveedores, en ningún caso implica una violación al señalado derecho o garantía, ya que la Dirección de Compras y Contratación Pública dio cumplimiento estricto a la normativa legal y reglamentaria que la regula, a saber, el artículo 16 de la ley N° 19.886, y los artículos 92 y 93 del reglamento del citado cuerpo legal. Y el hecho de reflejar la inhabilidad en el Registro de Proveedores se ciñó exactamente a la aplicación de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, por lo que la actuación de la Dirección ChileCompra en ningún caso implicó un nuevo juzgamiento de la recurrente, sino sólo una aplicación de la normativa vigente, cuya consecuencia indeseada para el actor se encuentra expresamente contemplada.

Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N° 21 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica en los términos que señala la garantía citada, la Dirección ChileCompra no ha limitado en modo alguno el derecho referido con su actuar, el cual en todo momento ha estado ajustado a la normativa vigente. Que el actor, al registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente y sin informar que se encontraba pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, se ha colocado en la posición de encontrase inhábil para contratar con los órganos de la Administración sujetos a la ley N° 19.886, todo lo cual se encuentra establecido por el ordenamiento jurídico y no depende de la discrecionalidad de dicha Dirección.

Que, en cuanto a la garantía de la no discriminación arbitraria en materia económica, del artículo 19, N° 22 de la Constitución Política, donde la recurrente alega que los actos administrativos impugnados la discriminarían respecto de otras empresas constructoras que participen en procesos licitatorios, reitera que la Dirección ChileCompra se limitó a aplicar la normativa vigente frente a una condena por prácticas antisindicales que afecta a la actora.

Que la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica deriva del principio de igualdad ante la ley, el cual protege a los ciudadanos de una desigualdad de trato por parte del Estado o de sus organismos en materia económica. Y en tal sentido, dicha discriminación arbitraria significaría otorgar un trato de inferioridad a una persona sin un fundamento o finalidad legítima para hacerlo. Que, en el caso de la especie dicha circunstancia no se ha dado, por cuanto existe un fundamento o base sólida para la adopción de la medida impugnada por el actor, consistente en los citados artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.886 y 92 del reglamento del citado cuerpo legal. Además, existe una finalidad legítima para el establecimiento de las inhabilidades de las citadas disposiciones legales y reglamentarias, como es el interés general (pago de impuestos) y ha sido la propia recurrente quien se ha colocado en la situación de ser hoy considerada inhábil para contratar con el Estado.

Que, en cuanto al derecho y garantía asegurado por el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, dice que no resulta posible determinar en qué forma la medida adoptada por la Dirección pudo haber conculcado el señalado derecho, debido a que el cancelar una tarifa para ser incluido en el referido Registro, cobro que está autorizado de efectuar la Dirección ChileCompra, según dispone el artículo 90, del DS N° 250, de 2004, de Hacienda, Reglamento de la Ley N° 19.886, no le garantiza su inclusión automática en el mismo, debido a que primeramente esa Dirección debe realizar un estudio de los antecedentes que los proveedores ingresan al momento de solicitar su inscripción en el Registro, con el objeto de determinar la exigencia de alguna causal de inhabilidad que impida dicho registro.

Que en ese sentido, reitera que la condición de habilidad o inhabilidad de un proveedor en el registro de proveedores, al estar condicionada al cumplimiento de los requisitos del artículo 92 del reglamento de la ley N° 19.886, es esencialmente transitoria y mutable, por lo que no se traduce en situaciones jurídicas consolidadas y, menos aún, en derechos adquiridos que ingresen al patrimonio del respectivo proveedor. En tal sentido, en ningún caso puede entenderse que el cambio del estado de un determinado proveedor en el registro de proveedores, de hábil a inhábil, incida en una conculcación a la garantía constitucional protegida mediante el artículo 19, N° 24.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

En el caso de autos, el acto arbitrario e ilegal respecto del cual se recurre y que afectaría los derechos y garantías que indica el recurrente, es la inhabilitación que le impide realizar trabajos para el Estado y postular a licitaciones, como se indica en el número 5 del capítulo referido a los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, y que pide se deje sin efecto en las peticiones finales del recurso. En efecto, señala expresamente que “el acto recurrido consiste en que la Dirección de Compras y Contratación Pública, a través del registro oficial electrónico de contratistas "Chile Compras" y/o "ChileProveedores" determinó que la recurrente se encuentra inhábil para participar de los procesos de licitaciones….”

Los antecedentes de autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, especialmente el documento denominado “Informe de Habilidad Histórico” del recurrente, comprueban que su inhabilidad se produjo el 04 de agosto de 2017, luego que la Tesorería General de la República informara a la recurrida Dirección de Compras y Contratación Pública, a través del operador del Registro Nacional de Proveedores, que es la Cámara de Comercio de Santiago, que el recurrente registraba la deuda tributaria ya referida en los motivos anteriores, y que significaba su inhabilidad conforme al artículo 92 N°2 del Reglamento de la Ley 19.886.

Al respecto, debe tenerse presente la norma contenida en el artículo 6 del Reglamento de la Ley 19.886, que señala de manera categórica que todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de dichas ley y reglamento, se entenderán realizadas, luego de las 24 horas transcurridas desde que la entidad publique en el Sistema de Información, el documento, acto o resolución objeto de la notificación.

Así las cosas, la información publicada en la plataforma del Registro de Proveedores, corresponde a la comunicación oficial de la inhabilidad que perjudica al recurrente, la que se sustenta en la información proporcionada, por la Tesorería General de la República, que se refleja de manera automática, siendo la ley que, de manera categórica y expresa regula la forma de notificación.

De esta manera, el acto por el cual se recurre, se verificó el 04 de agosto de 2017, y habiéndose deducido el presente recurso el 30 de mayo de 2018, aparece de manera evidente la extemporaneidad de la acción.

CUARTO: Que, sin perjuicio de la extemporaneidad del recurso, y después de analizados los antecedentes de autos, indicados en los motivos anteriores, no se advierte la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere los derechos que indica el recurrente. En efecto no puede tener ese carácter la publicación de la calidad de inhábil que afectó al recurrente, si se tiene en cuenta que tal carácter es una consecuencia de registrar deudas tributarias en los términos que establece la ley, situación que efectivamente acontece, y en tal virtud, la ley establece dicha sanción o consecuencia.

Debe también tenerse presente, que existe u procedimiento de habilitación forzada que no fue agotado, pues, como se indicó en estrados, el día anterior a la vista del recurso se aportaron antecedentes sobre el juicio pendiente, que permitiría la habilitación, y en razón de ello, se encuentran en revisión ante la recurrida.

Por otra parte, para revertir la situación que afecta al recurrente, existe también un procedimiento especial, que contempla el artículo 16 de la Ley 19.886 ante el Tribunal de Contratación Pública.

Así las cosas, la actuación de la recurrida no puede estimarse ilegal o arbitraria, pues se adopta con la información que le proporciona un Órgano del Estado, por mandato legal, debe proceder en la forma que lo hizo.

Sin perjuicio de lo anterior, que también es bastante para rechazar la acción de protección en este caso, no se advierte de qué manera podrían afectarse los derechos constitucionales que indica el recurrente.

En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley, el actor no señala respecto de quién o en qué forma, la publicación de la calidad de proveedor inhábil efectuada por el Sistema de Información, le significa un trato desigual o discriminatorio. Es decir, el recurrente no ha señalado ni ha comprobado que frente a otros proveedores en su misma calidad de deudores tributarios, se les haya dado un tratamiento distinto.

Por otra parte, la inhabilidad constituye una consecuencia establecida en la ley, que se produce por ser el afectado deudor de obligaciones tributarias, y no constituye una vulneración al debido proceso, ya que está establecida dicha consecuencia con anterioridad, y porque el afectado puede reclamar administrativamente y también mediante la vía judicial, lo que efectivamente hizo, pues como lo señala en su recurso, ha deducido un incidente de nulidad y ha promovido una excepción de prescripción.

Por lo mismo, tampoco se ve afectado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, ya que la inhabilidad que le afecta, se limita a impedirle contratar con el Estado de Chile, constituyendo una afectación transitoria, que debe cesar si el recurrente regulariza su situación en los términos que establece la ley.

En cuanto a la no discriminación arbitraria, tal garantía no se encuentra conculcada, pues como se dijo, el recurrente no ha sido inhabilitado arbitrariamente, de una manera que se le perjudique en relación con otros proveedores, en igual situación.

En lo que respecta al derecho de propiedad, no se advierte alguna afectación, pues el recurrente tiene el derecho para participar en los procesos de licitaciones, siempre que concurran las exigencias legales que le permitan hacerlo, y no se le ha privado arbitrariamente de dicha posibilidad, pues como se dijo, se encuentra en un estado transitorio de inhabilidad, que puede revertirse si subsana la situación morosa tributaria que le afecta. Por otra parte, el recurrente no es propietario de su calidad de proveedor hábil, ya que dicha aptitud requiere para mantenerse, que se cumplan las exigencias legales sobre la materia.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, 1º, 3º y 5º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido Leonardo Exequiel Fuentes Quinteros, en representación de CONSTRUCTORA S & V LIMITADA, contra de la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA, todos ya individualizados.

No se condena en costas, por estimarse que existieron motivos plausibles para accionar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Eric Sepúlveda Casanova.

Rol Nº 1351-2018/Protección.