nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Talca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el 4 de octubre de 2025 comparece el abogado Cristian Alejandro Miranda Castro, abogado, chileno, domiciliado en domicilio reservado, Región de Valparaíso, en representación de don nombre reservado, , chileno, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, persona jurídica sin fines de lucro, representada legalmente por nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando que la acción sea acogida, con costas.

Hace presente que su representado ejerce funciones como Carabinero en la comuna de Molina. Señala que, con fecha 19 de septiembre de 2025, su representado percibió ingresos en razón de su trabajo como funcionario activo, entregándosele la liquidación respectiva. No obstante, al revisar su remuneración y los descuentos consignados en sus liquidaciones, constató la existencia de un descuento a favor de la institución recurrida por la suma de $226.466 (doscientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos).

Indica que su representado, a la fecha, no mantiene ninguna demanda civil en su contra ni acción de cobro respectiva. Agrega que desconoce el motivo por el cual la institución señalada efectúa el referido descuento, así como cuánto debe pagar y hasta qué fecha, sin que pueda verificarse dicha información. Expone que recibió su remuneración con la indicación del descuento respectivo, sin contar con detalle alguno acerca de este.

Señala que la recurrida no ha presentado demanda alguna en contra de su representado, no existiendo acción en su contra ni claridad respecto de lo adeudado, los intereses a cobrar y demás detalles pertinentes que deberían haber sido informados, considerando que en junio de 2019 solicitó un crédito de consumo en la mencionada institución.

Sostiene que, por lo anterior, la recurrida actuó de manera injustificada y arbitraria, efectuando un descuento previsto para un cobro oportuno, sin que el monto cobrado haya sido reclamado mediante el procedimiento correspondiente. Afirma que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al realizar estos descuentos por planilla, estaría abusando de las facultades que le otorga la ley, atendido su carácter excepcional, pues su decisión de cobrar una obligación por esta vía constituiría un abuso de dichas facultades.

Considera que el actuar de la recurrida vulnera lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que establece que solo la ley puede determinar el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, así como las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

Añade que la referida disposición señala que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador.

Refiere que lo anterior se encuentra reforzado por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona al uso y goce de sus bienes y establece que ninguna persona puede ser privada de ellos sino mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Precisa que la Ley N° 18.833, que establece un estatuto general de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, dispone en su artículo 21 inciso primero que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social consistente en préstamos de dinero, regido por un reglamento especial.

Agrega que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra este las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de la liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral, por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por termino de contrato a que tenga derecho el trabajador”.

Sostiene que existe un acto ilegal y arbitrario que vulnera garantías constitucionales, pues se efectuaron descuentos por planilla de la remuneración de su representado sin que previamente se le hubiera proporcionado noticia e información de manera motivada y racional, actuando la recurrida de improviso y haciendo un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833. Afirma que ello constituye, además, una forma de autotutela que conculca el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, garantizados en los numerales 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cita al efecto el fallo de la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema, de 10 de octubre de 2018, Rol N° 6115-2018, “Tercero: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración a partir del mes de diciembre de 2017. Cuarto: Que en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 el cual concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando además que existe una causa tendiente a realizar el cobro de manera ejecutiva, causa respecto de la cual se dictó sentencia y esta sentencia se encuentra ejecutoriada; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios. Quinto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo Sexto: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Además, cita el fallo de 10 de octubre de 2018, Rol Ingreso N° 6115-2018 Protección la de Tercera sala de la Excma. Corte Suprema. Asimismo, cita el considerando sexto del fallo Rol Corte N° 168573-2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, los fallos de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 13080-2018, en causa rol Nº 41479-2017 y N ° 33.068-2020”, los que se dan por reproducida para todos los efectos.

Solicita se acoja el recurso de protección en todas sus partes, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y ordenando: A. Que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes desista de los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual de su representado. B. La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito señalado y que motiva el recurso. C. La condena en costas de la recurrida.

SEGUNDO: Que, comparece la abogada Ines Riquelme Arao abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, señala que el 27 de junio de 2019, otorgó a don nombre reservado el crédito código 137CON201640047, por la suma de $4.979.881.- a una tasa de 1,99%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $147.704.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2019.

Indica que la primera cuota más el interés penal, fue pagada con desfase en la fecha del 23 de septiembre de 2025 generando mora por las cuotas restantes. A su vez don nombre reservado, en el mes de junio de 2019, utilizó el crédito de salud folio 137EME201646073, por la suma de $56.552.- en un plazo de 3 meses, con una cuota de $19.419.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de julio de 2019, donde pagó regularmente la primera cuota, encontrándose actualmente las dos cuotas restantes en mora, más los reajustes e intereses penales.

Hace presente que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Añade que su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Como bien se sabe, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento. De ese modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Añade que, no obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Señala que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada en marras.

TERCERO: Que la acción de protección es aquel recurso constitucional que tiene por objeto cautelar los derechos fundamentales indubitados que se estiman vulnerados por el actuar de un tercero. En este caso, la recurrente alega la vulneración del derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, garantizados en los numerales 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que del informe de la recurrida, ésta reconoce los hechos y se allana, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho, respecto de la circunstancia de haber hecho los descuentos, los que informa se devolverán y cesará en practicar los descuentos.

Conforme a lo anterior, corresponde acoger el presente arbitrio, por cuanto efectivamente, al momento de interponerse el recurso, se efectuaba este descuento y la propia recurrida informa que cesó en dicha acción, lo que da sustento a la presente acción.

Del mismo modo, deberá procederse a la restitución de lo ya descontado, si esto no se hubiere efectuado ya.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el eventual ejercicio de las acciones ordinarias que se estimare pudieren corresponder.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24, y 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto a folio 1, y en consecuencia, se ordena:

I.- Que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes debe desistirse de los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual de la recurrente;

II.- Que la recurrida procederá a la devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito señalado y que motiva el recurso, sin no lo hubiere hecho a la fecha;

III.- Que no se condena en costas a la recurrida, por estimarse que hubo motivo plausible para litigar.

Redactó el ministro Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 1300-2025 Protección.

Se deja constancia que no firma la abogada integrante doña Daniela Jarufe Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por no encontrarse integrando Sala.