Protección contra quienes resulten responsables

Talca, diez de julio de dos mil veintitrés.

VISTO y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Curicó, deduce recurso de protección a favor de esta parte, con el objeto de se disponga y adopte de inmediato las providencias necesarias para asegurar la debida protección de sus derechos y los de su familia a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 numeral 8º, que actualmente se encuentran evidentemente perturbados en su ejercicio y en constante amenaza, por la conducta ilegal de la recurrida nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en su condición de propietaria del inmueble donde se desarrolla un proyecto de Plantel Avícola menor (1500 aves, gallinas) ubicado en Sector nombre reservado, Callejón El Molino, Sitio denominado Tutuquen Retazos, comuna de Curicó, el que se ubica al lado oriente colindante con su propiedad, o en contra de quienes resulten responsables, toda vez que se ha expresado que la propietaria mantiene arrendatarios dentro de su predio que esta parte desconoce su identidad, todo ello, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Señala que el plantel avícola se encuentra ubicado específicamente en Sector Tutuquen Retazos, comuna de Curicó, el que se ubica al lado oriente colindante con su propiedad denominada chacra Santa Sofía, Rol 505-44 de la comuna de Curicó. Hoy el plantel avícola se encuentra construido y operando en dos alas, que impiden mayor visibilidad hacia el interior, sin embargo una de ellas colinda directamente con mi propiedad. El gallinero o panel avícola, nació hace un año y medio aproximadamente, ya que antes de ellos, existían en dicho lugar un vivero que no presentó nunca problemas. Es del caso que adquirió su propiedad en el año 2012, construyendo mi hogar hace 5 años atrás, en el sector solo existen parcelas y plantaciones alrededor y los problemas se presentaron solo el presente año 2022, cuando comenzaron a atacar los olores y moscas en demasía en el sector, lo que a la fecha se ha tornado incontrolable.

Relata que el plantel avícola ya mencionado precedentemente, desprende contaminación por olor a guano y plaga de moscas, con un alcance de a lo menos 100 metros aproximadamente, existiendo un horario de mayor intensidad de olor, desde las 16:00 horas en de mayor intensidad de olor, desde las 16:00 horas en adelante, manteniéndose con gran intensidad en las noches, muy fuerte, con molestia muy desagradable por el olor y la plaga de moscas que existen hoy en el sector. Estos hechos suscitando desde inicios del presente año 2022, pero con gran intensidad desde el mes de Agosto del presente año. Todo esto ha obligado a mantener una fumigación constante en su propiedad, que en la actualidad no puede pasar los 15 días máximo, y aun así las persisten las moscas, lo que ya es muy preocupante para esa parte su familia, sobre todo para los niños que viven junto a ella.

Agrega que además de las medidas de fumigación adoptadas por esa parte en su propiedad, han tenido que tratar de mantener constantemente su casa cerrada, sin poder realizar una correcta ventilación diaria, ya que al abrir puertas y ventanas el olor y las moscas invaden su domicilio, además, han tenido que instalar mallas mosquiteras en ventanas e implementar trampas de moscas en distintos puntos de la propiedad. A la fecha se han interpuesto denuncias ante el Servicio de Servicio de Salud del Maule, en el mes de septiembre de 2022, pasando ya casi 90 días sin mediar respuesta alguna, ni menos alguna medida cautelar que permita aliviar el gran malestar que se vive día a día por su familia. Al mismo tiempo, se ha solicitado a la I. Municipalidad de Curicó, revise los antecedentes de la empresa instalada y que alberga alrededor de 1.500 aves (gallinas), entidad que se encuentra realizando una investigación desde el mes de septiembre de 2022, sin que tampoco medie alguna respuesta, solución final o medida cautelar que permita mermar el malestar que día a día sufren. Así mismo, con fecha 29 de Noviembre de 2022, se realizó una fiscalización por parte de la Seremi de Medio Ambiente y Seremi de Salud, hasta hoy no tiene respuesta.

Indica que el plantel el plantel avícola fue instalado muy posteriormente a que ellos construyeran nuestro hogar, quedando las galerías de gallinas a solo 50 metros de su casa quedando y pegado al costado oriente de su propiedad, no existiendo ninguna cortina vegetal natural ni artificial que pueda impedir que los olores y las moscas lleguen a su domicilio. Esta última semana, ha sido la más complicada, toda vez que las altas temperaturas, hacen que el olor sea más intenso y las moscas lleguen en mayor cantidad, debiendo fumigar nuevamente su casa. Así las cosas, a la fecha entiende que el plantel avícola como tal no tiene patente municipal que le otorgue permiso para trabajar, además de no contar con autorización sanitaria por parte del Servicio de Salud del Maule, ni autorización del Servicio de Impuestos Servicio de Impuestos Internos ni del Servicio Agrícola y Ganadero que permita certificar el cumplimiento de las normas agropecuarias para mantener y explotar este tipo de actividad económica, respecto de esto último, el plantel avícola no cuenta con un proceso de eliminación de desechos avícola no cuenta con un proceso de eliminación de desechos orgánicos, toda vez que no se saca diariamente el guano de las gallinas, tampoco se cumple con la norma, cada vez que se extraen dichos desechos, ya que son llevados al aire libre a otra parcela que se encuentra en las inmediaciones del sector, que no cuenta con autorización para tratamiento de este tipo de desechos. Con todo, se hace indispensable tomar las providencias del caso respecto de lo denunciado, toda vez que cada día nuestro bienestar familiar y vida denunciado, toda vez que cada día nuestro bienestar familiar y vida diaria se vuelve más inestable por la incomodidad de tener que aguantar malos olores y plagas de moscas en nuestro.

Hace presente que los olores que son persistentes en el tiempo y que solo bajan cuando sacan el guano desde el predio y lo trasladan a otro predio colindante, sin embargo, vuelven muy rápidamente a ser perceptibles, con las altas temperaturas se vuelven aún peores, esto entendemos se debe a que en el plantel no existen composteras que permitan menguar el olor, sumado a que el sector de las guaneras no existe una protección correcta y se encuentran al aire libre, no existiendo medidas para evitar el secado y por consiguiente olor y en invierno no existe medidas para evitar la humedad. Así las cosas, esta parte entiende que falta un debido control de plagas en el predio denunciado, toda vez que de existir y aplicarse correctamente productos químicos para el control de larvas de moscas en la guanera, gallineros, paneles y en general en todo el predio, no tendríamos la invasión de moscas que diariamente existen en su domicilio. A la fecha, sabe que la denunciada no cuenta con permisos para poder desarrollar la actividad económica que realiza y entendemos que no tiene un control de plagas correcto, no sabemos si tiene pozos de digestión de aves muertas que permitan evitar mayor contaminación, todo lo cual, permitiría o evitaría la contaminación medio ambiental que hoy provoca.

Finalmente, expresa que todo estos hechos descritos han mermado considerablemente sus vidas y estados de salud, han sufrido infección estomacales constantes y la más afectada es su hija Valeria, ella tiene problemas de salud y se ve aún más afectada por esta situación ya que su salud se ha visto cada vez más afectada por toda esta situación.

Relata que los efectos de los olores, según el SEA a través de la Guía para la predicción y evaluación de impactos por olor en el SEIA, que la exposición a olores que se perciben como desagradables puede afectar el bienestar o la salud de las personas, dando lugar a mayores niveles de estrés en la población expuesta. El aumento del nivel de estrés, a su vez, puede conducir a efectos fisiológicos o patológicos, por ejemplo, trastornos del sueño, dolores de cabeza o problemas respiratorios, especialmente si la exposición se produce repetidamente. Si bien no siempre la percepción y respuesta a olores genera un riesgo para la salud de la población, sí puede afectar la calidad de vida de los grupos o comunidades humanas, incluyendo los pertenecientes a pueblos indígenas o población protegida (señala link de la fuente).

Estima que, de lo descrito, se desprende claramente que las emisiones de olor pueden generar impactos sobre los sistemas de vida de los grupos humanos, toda vez que su percepción y respuesta puede generar alteraciones en los quehaceres cotidianos de un grupo humano, afectando con ello su rutina e incluso el ejercicio de manifestaciones tradicionales. Asimismo, a nosotros ya nos afectar diariamente, ya que necesariamente ha cambiado su rutina, llegan más tarde a su casa luego del trabajo, tratan de no estar siempre en ella, tratan de abrir con cuidado las ventanas, etc… eso ha cambiado radicalmente su vida y ha afectado muy significativamente su estilo de vida. Los olores generados por la recurrida, cabe mencionar que las perturbaciones y privaciones que esa parte recurrente y su familia y vecinos han debido sufrir producto de la operación del proyecto avícola, y ante la permanente amenaza de que ello siga ocurriendo (como consecuencia del ilegal funcionar de la recurrida) es posible señalar que hay una área donde es posible percibir el olor, especialmente en su propiedad, que genera picazón de garganta degradando la calidad de vida de las personas que viven en su entorno mediante episodios de malos olores, en diferentes horarios, junto con el aumento de vectores como moscas. Esto se produce como consecuencia de la liberación de gases dado que la descomposición anaeróbica de las aguas con fecas y orina, genera gases, como el metano, altamente inestable, pudiendo provocar malos olores. En especial caso de esta acción de protección, los malos olores provienen de la descomposición del guano de las gallinas, que genera gases que producen olores como “huevo descompuesto”, afectando nuestra la salud y calidad de vida.

Expresa que se han perturbado y amenazado sus garantías constitucionales, ya que la recurrida opera actualmente en la ilegalidad, provoca perturbaciones a la calidad de vida y a la salud de esa parte y su familia, trasgrede las normas medio ambientales y perturba al mismo, impidiendo vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La contraria no tiene una empresa libre de olores, los cuales son generados por la mala operación de la recurrida, ya que provienen de un actuar negligente de la misma, ante el incumplimiento de las obligaciones legales de funcionar de acuerdo a lo establecido por la norma vigente y no contaminar el medio ambiente. Esas ilegalidades se expresan en los diversas denuncias y fiscalizaciones que ha debido afrontar la recurrida, que pese a todas ellas no han dado lugar a ninguna medida que resguarden las garantías constitucionales perturbadas y amenazadas que permitan garantizar sus derechos fundamentales.

a.- Denuncia interpuesta ante el Servicio de Salud del Maule, en el mes de Septiembre del presente año 2022, lo que arrojó sólo 2 fiscalizaciones sin tomar medidas, sin dictar resolución alguna hasta la fecha, pasando casi 90 días desde su interposición.

b.- Denuncia interpuesta ante la Ilustre Municipalidad de Curicó, servicio que mantiene vigente la investigación, realizando investigaciones respecto del cumplimiento de la normativa medio ambiental y municipal, pero lamentablemente sin tomar ninguna medida concreta hasta la fecha.

Considera, sin embargo, que en sendas fiscalizaciones se han verificado actos de carácter irregular por consiguiente ilegal, respecto de olores, hechos evidentes al realizar cada visita, verificar la gran cantidad de moscas en la zona, especialmente en el predio donde están ubicadas las aves y en su predio y domicilio. Además, se ha señalado por personal fiscalizador del servicio de salud y de la municipalidad de Curicó que no mantienen sus permisos vigentes, sin embargo, de todas maneras no se han tomado medida alguna para detener la ilegalidad en que se mantiene la contraria, es más, a la fecha no se ha entregado copia de las denuncias formuladas por esa parte, ni tampoco del resultado de las fiscalizaciones realizadas por los órganos o servicios públicos que han concurrido al sector. De lo expuesto, se deprende que existe un mal funcionamiento de la recurrida en su actividad económica, donde se han verificado no solo la generación de malos olores, sino que también generación de vectores, que han redundado en los problemas de salud que deben sufrir diariamente esta parte recurrente.

Señala como ilegalidades, las siguientes:

a.- Respecto de las disposiciones de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente infringidas. Artículo 1, en cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 2 letra c) en cuanto a Contaminación, como la presencia en el Contaminación, como la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente; Artículo 3° y 52°.

El titular, como indicó, viene ejecutando actividades que no se someten estrictamente a la normativa legal vigente. Este actuar ilegal constatado por la SEREMI de Salud y Municipalidad de Curicó a través de las diversas fiscalizaciones, no han causado efecto, toda vez que se han mantenido la generación de malos olores y por sobre todo las moscas en mi domicilio, lo que perturba absolutamente su diario vivir y los expone a diversos problemas de salud, lo que es una grave amenaza de las garantías del Nº 1 y 8º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

b.- El Tribunal Ambiental ha señalado, que en el inciso segundo del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, se reconoce que la propiedad cumple con una función, entre las cuales está la conservación del patrimonio ambiental. Agregando que la propiedad en nuestro sistema jurídico incorpora un deber de abstención de afectar el derecho ajeno (artículo 582 Código Civil) lo que implica no abusar de las facultades inherentes a la propiedad. En el caso de las conductas de la recurrida, ésta ha perturbado y amenazado los derechos ajenos más relevantes como los reconocidos en los numerales 1º y 8º del artículo 19 de la Constitución, pues al generar malos olores y provocar la presencia de vectores, realiza actividades ilegales, por lo que abusa de sus facultades y afecta el derecho de terceros.

c.- Respecto del Decreto Supremo Nº594 Ministerio Salud del 2000, que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. El Artículo 11 expresa que los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. El Artículo 33 del mismo decreto ya citado, señala que: Cuando existan agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud del trabajador, tales como aerosoles, humos, gases, vapores u otras emanaciones nocivas, se deberá captar los contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión por el local de trabajo. El Artículo 32: Todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador. Todas estas normas reglamentarias, ejecutan el mandato legal establecido en los artículos 67 y 68 del Código Sanitario en orden a tener en los lugares de trabajo buenas condiciones ambientales. Si se considera que los malos olores han generado efectos fuera del perímetro del plantel avícola es posible concluir que las condiciones ambientales dentro del recinto se encuentran incumpliendo el estándar normativo.

d.- Respecto del Decreto Supremo Nº 144 de 1961 Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. El “Artículo 1°.- Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario”. Ahí se establece el deber de todo lugar, de captar o eliminar todo gas u otro tipo de contaminantes con el objeto que no se generen peligros, daños o molestias al vecindario. La disposición reglamentaria está en perfecta sintonía con el alcance de las garantías constitucionales que acá se declaran amenazadas y perturbadas, dado que no solo establecen a la recurrida el deber de controlar actividades que pudieren dañar a la sociedad; sino también de establecer un estricto estándar de resguardo de las personas (vida y medio ambiente) al considerar los peligros, daños y hasta molestias, lo que en la especie no ocurre. Esta norma se encuentra infringida considerando que aquí no existe una mera molestia por el propio desarrollo de una actividad productiva; sino que de perturbaciones que atentan contra significativas garantías constitucionales, y que se mantienen bajo amenaza atendido el funcionamiento en los mismos ilegales términos bajo los cuales viene operando la recurrida.

Indica que el recurso se interpone dentro de plazo Expresa que de acuerdo a los hechos señalados y las ilegalidades cometidas han perturbado tanto el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y que se mantienen amenazados por el actual funcionamiento ilegal de la recurrida, ambos derechos reconocidos en el numeral 1º y 8º respectivamente del artículo 19 de la Constitución Política de la República amparados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

a) Respecto a las amenazas y perturbaciones al derecho establecido en el numeral 1º del artículo 19: El derecho a la vida es presupuesto para la vigencia de los demás derechos fundamentales de la persona, es uno de aquellos derechos esenciales que emanan de la persona humana y que limitan el ejercicio de la soberanía y a cuyo respeto y promoción están obligados los órganos del Estado. Directamente relacionado al derecho a la vida, aunque no por ello pierde su autonomía, encontramos el derecho a la integridad física y psíquica. Al decir de nombre reservado, siguiendo a Hübner, este derecho “no implica, evidentemente, tan sólo la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana. Representan, por lo tanto, aspectos o derivaciones de este atributo básico derechos tales como (...) el derecho a la protección de la salud”. Verdugo, Pfeffer y Nogueira (1994) plantean que “el derecho a la vida representa, entonces, la facultad jurídica, o poder, de exigir la conservación y la protección de la vida humana, o sea, de ese estado de actividad sustancial propio del hombre”. En efecto, esta garantía comprende la integridad de los aspectos que constituyen la vida de las personas. Al referirse a la integridad personal se constituye aquel derecho fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Entendido de esta manera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, resulta que las diversas ilegalidades cometidas por la recurrida representan periódicas perturbaciones y vigentes amenazas, pues tal como se describió, la generación de los malos olores tiene efectos perjudiciales para la vida de las personas. En base a lo anterior, es que esta acción de protección busca restablecer el imperio del derecho, en el sentido de que la generación de olores producto de un funcionamiento sin las autorizaciones legalmente establecidas para ello, como las ejercidas por la recurrida, han perturbado las garantías constitucionales y representan asimismo una amenaza que atenta contra la integridad física y psíquica de las personas que, de mantenerse en el tiempo, redundaría en una agudización de los ya existentes impactos sobre la vida de esta parte recurrente y de mi familia quienes vivimos constantemente con tales malos olores y plaga de moscas. Lo descrito ya ha sido establecido por la Corte Suprema en causa Rol Nº 7099-2012; considerando 8º.

b) Respecto a las amenazas y perturbaciones al derecho establecido en el numeral 8º del artículo 19: La CPR reconoce a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de acuerdo al artículo 19 numeral 8°. Del tenor literal del artículo se desprende que lo que se protege es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En palabras del profesor Bermúdez, lo que se consagra en este numeral no es el derecho a un medio ambiente libre de contaminación per se, sino el derecho a vivir en él. Para una correcta determinación del alcance de este derecho, toma relevancia las definiciones que establece la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en especial la establecida en la letra m) del artículo 2 que define al “medio ambiente libre de contaminación” aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental; idéntica relevancia tiene la definición de “contaminación” establecida en la letra c) del artículo citado, entendida como la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.

Estima que según se puede apreciar, las definiciones suponen la existencia de un estándar normativo que en el evento de ser superado habría jurídicamente una contaminación. Lo dicho no obsta, eso sí, que en una asentada jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional se haya entendido que la contaminación también tiene lugar en los casos en que mientras no se aprueban las normas de calidad ambiental respectivas que determinen objetivamente los parámetros dentro de los cuales es admisible en el ambiente una sustancia o elemento, la contaminación tendrá lugar cuando: se acredite inequívocamente la presencia en el ambiente de un contaminante, en términos tales que constituya un riesgo cierto a la vida, a la salud de la población, a la conservación del ambiente o a la preservación de la naturaleza; o bien, en segundo lugar, cuando exista una situación de pública e indiscutida notoriedad de la presencia gravemente nociva en el ambiente de un contaminante (Tribunal Constitucional, 26 de abril de 2007, Rol Nº 577-2006, considerando 13).

Considera que el tema es relevante puesto que en Chile no hay norma en materia de olores, lo que no ha obstado los tribunales a prescindir de la necesidad de la existencia de una norma. De esa manera, tanto las definiciones legales como los pronunciamientos de nuestra jurisprudencia, dan cuenta que los niveles de contaminación no deben constituir ni tan siquiera un riesgo. En tal sentido, resultan relevantes los principios preventivos y precautorios. En torno al primero se ha dicho que “el principio precautorio impone una actuación anticipada, incluyendo las situaciones en que no se cuenta con la certeza absoluta de los efectos que un determinado hecho puede tener para el medio ambiente”, mientras que el segundo, esto es, el principio de prevención “supone el conocimiento científico de las consecuencias ambientales de una determinada actividad”. Para los hechos descritos en este recurso, los malos olores están asociados a la generación de diversas afecciones a la salud de las personas, el principio precautorio mandata a tener una proactividad en orden a evitar el mantenimiento de los efectos nocivos.

Agrega que la doctrina nacional explica que el recurso de protección por vulneración del artículo 19 Nº 8 de nuestra Constitución, no debe solo discutirse cuando está en riesgo la vida o la salud de las personas, sino de resguardar también “la calidad de vida”, concepto que implica no solo el derecho a vivir, sino el derecho a “vivir bien”. En este caso, acreditadas las molestias, el recurso de protección deberá acogerse por afectar la calidad de vida de las personas, tomando las medidas necesarias para hacerlas cesar; lo cual se entiende sin perjuicio de la facultad de otras autoridades de ordenar el traslado o retiro de la industria o establecimiento en cuestión, en los casos y bajo los supuestos en que es legalmente procedente. (Delgado, Verónica. 2015. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte; año 22 Nº1). Considera obvio que esa parte han habitado en un medio ambiente contaminado, condición que, además de los aspectos físicos, imponen importantes elementos de estrés, angustia y temor. Además, se debe considerar que esta parte tiene familia, niños y una hija con una enfermedad permanente, por lo que su condición de salud se pueda ver especialmente afectada por la indicada contaminación. La Excma. Corte Suprema, en fallo del 16 de enero de 2013 (Causa Rol Nº6467-2012) estableció que “se hace necesario otorgar al recurrente la cautela que ha sido solicitada, puesto que la actitud de las recurridas de no ajustar la explotación de sus faenas a las normas legales que rigen la materia en relación a los puntos específicos que han sido expuestos -a pesar de haber sido denunciada sistemáticamente ante Juzgado de Policía Local y reconvenida por la Municipalidad de nombre reservado- vulnera el derecho a la integridad física y psíquica del recurrente y su familia, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en nexo con su derecho a la protección de la salud que se les asegura en el numeral 9 del mismo Código Político, sin perjuicio que además conculca el derecho a vivir en un medio ambiente de contaminación, protegido en el numeral 8 del mencionado artículo 19 de nuestra Carta Fundamental”.

Pide, se acoja la acción constitucional interpuesta y ordenar las medidas suficientes para restablecer el imperio del derecho y así evitar nuevos episodios de perturbación a las garantías constitucionales invocadas.

Que a folio 30 la recurrente amplía el recurso de protección causa Nº ingreso Corte 12.848-2022, interpuesto por la recurrente doña nombre reservado, en los términos que expresa:

Indica que la solicitud de ampliación del recurso de protección es respecto de las personas recurridas, todo en atención a los antecedentes aportados por la recurrida doña nombre reservado, quien señaló que ella es dueña de la propiedad donde se encuentra el Plantel Avícola denunciado por esta parte y que ella mantiene un contrato de arrendamiento vigente con don nombre reservado y éste a su vez, mantiene un contrato de subarrendamiento vigente con Vivero don nombre reservado.

Estima que en consideración a lo señalado, procede ampliar el recurso de protección para en contra de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la SOCIEDAD VIVERO DON nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, agricultor, ambos domiciliados en Retazo Primero, nombre reservado, Tutuquén, Curicó o en la misma propiedad arrendada, Sector nombre reservado s/n, de la comuna de Curicó.

Hace presente que la acción constitucional de protección fue interpuesta en contra de doña nombre reservado, en su condición de propietaria del inmueble donde se desarrolla un proyecto de Plantel Avícola menor o en contra de quienes resulten responsables, toda vez que se ha expresado que la propietaria mantiene arrendatarios dentro de su predio, previa tramitación legal y en base a los antecedentes allegados al proceso. En ese sentido, esa parte ha tenido la precaución de argumentar en nuestra acción, el hecho que la recurrida mantenía arrendatarios dentro de su predio, sin conocer quienes estos eran, los que hoy se confirman y conocen con la presentación que realiza la recurrida, por lo que solicito la ampliación del recurso de protección hacia estas dos personas, las que deberán informar lo pertinente respecto de los hechos denunciados por esa parte.

SEGUNDO: Que a folio 52, Marcela Ivonne Bravo Arriagada, abogada, en representación de la recurrida doña nombre reservado, informa al tenor del infundado recurso de protección que se ha incoado en estos autos, de conformidad a lo que expone.

Indica que consta en el libelo pretensor que doña nombre reservado, ha interpuesto en contra de la recurrida recurso de protección por existir en el inmueble de dominio de ésta ubicado en el Sector de nombre reservado, Callejón El Molino, Sitio denominado Retazos, de la comuna de Curicó una planta avícola menor de “1500 aves, gallinas” (sic), la que según arguye la recurrente, vulneraría el artículo 19 numerales 1 y 8 de la Constitución Política de la República. Asimismo, fundamenta su recurso en citar la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, estableciendo una interpretación acomodaticia a sus intereses, sin asidero en la realidad puesto que pretende que la referida planta avícola prácticamente ingrese al sistema de evaluación ambiental, lo que no es requerido legalmente en nuestra institucionalidad ambiental, toda vez que la normativa especial sectorial ambiental, específicamente del art. 3°, literal l.4.2. del Decreto N°40 que aprobó el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, indica expresamente que debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los “Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a: … Sesenta mil (60.000) gallinas”, cantidad que supera con creces el número de aves que se mantiene en el predio de su propiedad, siendo en consecuencia también inaplicable además la GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR OLOR EN EL SEIA.

Considera que es fácil advertir que la acción constitucional deducida en estos autos resalta por su falta de rigor y prudencia, por lo que únicamente cabe su rechazo puesto que no se ha infringido de manera alguna la normativa que equivocadamente cita la actora en su libelo pretensor, en relación con olores molestos que invoca, los que según establece “desprende contaminación por olor a guano y plaga de moscas, con un alcance de a lo menos 100 metros aproximadamente”. Los argumentos invocados en el recurso, más que constituir hechos de vulneración a las garantías constitucionales invocados, buscan proteger el bien de dominio de la actora, el que de acuerdo al certificado de avalúo que acompaño supera los $200.000.000, por lo que, se subentiende que quiere defender la plusvalía de su propiedad raíz, evitando que se desarrollen actividades propias del campo como son la crianza de gallinas para producción de huevos, en este caso, una microempresa que jamás ha generado los impactos indicados, más aún cuando la misma recurrida habita el inmueble donde se emplaza la planta avícola y no ha padecido las molestias que la recurrente esgrime sufrir. Tampoco ha acompañado certificados médicos que den cuenta de las afectaciones de salud que ha indicado sufrir ella y su familia a consecuencia de la contaminación que dice sufrir ni documentos que validen las aseveraciones planteadas. Sabido es que la contaminación cero no existe en las actividades del hombre toda vez que pretender un riesgo cero implicaría inactividad de su accionar, lo que no es posible al vivir en el mundo real. Lo que busca la recurrente es un imposible, una quimera, más aún cuando su propiedad se emplaza en una zona agrícola, que no puede parar su accionar por tensiones generadas entre el modo de vida urbano y el rural. Hace presente que no se ha infringido el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente que garantiza la Constitución Política de la República y no ha adoptado decisión alguna que haya podido vulnerar factores de tipo vecinal, ambiental, regulatorio, animal que pudiere afectarle. Tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad que tiene la recurrente sobre su predio agrícola ubicado en una zona de interés “agropecuario exclusivo”.

Considera que, atendido lo expuesto en el presente libelo, necesariamente deberá desestimarse la presente acción constitucional respecto de esta parte, por cuanto sólo es dable concluir que doña nombre reservado no ha tenido participación o responsabilidad alguna en los hechos que fundan la acción de protección deducida, los que en todo caso, no constituyen actos arbitrarios o ilegales capaces de provocar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de derechos y garantías constitucionales amparadas por el art. 20 de la Carta Fundamental. No existen actos u omisiones concretas que se le imputen a su representada, por lo que la petición contenida en el recurso de protección no puede prosperar.

Pide, que se rechace el recurso, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que a folio 54, informando la Seremi de Salud Maule, remite los antecedentes que obran en su poder sobre las denuncias de la recurrente, en donde se da cuenta, en la página 37, en la que se da cuenta que se realizó visita el 28 de septiembre de 2022, según da cuenta el Acta 100577, y en ella se constata que al momento de la visita no había malos olores ni moscas en los alrededores dela crianza, ni tampoco en el sitio donde había guano. Sin embargo, en la página 39 de la misma, se hace una cronología de los hechos derivados de la denuncia y allí se expresa que en la visita del 28/9/2022, si había malos olores y moscas, que es contrario a lo señalado en la página 37, de lo que habla dicha Acta (según se lee en la página 46) es que el “encargado se comprometió a realizar mejoras en cuanto al sitio de crianza de gallinas con tal de minimizar las posibles fuentes de malos olores…”, en Acta 100577 aparece que respecto del interior de la avícola, si existen malos olores y moscas (página 48). Luego expresa que el 9/11/2022 se visitó nuevamente el lugar de la recurrida y se constata que se hicieron las mejoras y se levanta el Acta 107510, que da cuenta que lo comprometido en la fiscalización anterior, se había cumplido. Ante nueva denuncia hecha el 20/1/2023, se fiscaliza el 23/3/2023 y se constata el buen funcionamiento del lugar, no hay malos olores ni moscas.

Que, a folio 77, informa la Superintendencia de Medio Ambiente informa que recibió solicitó de fiscalización, pero al revisar que los hechos denunciados no podían ser asociados a alguna de las competencias legales, se remitieron los antecedentes a la Seremi de Salud del Maule.

CUARTO: Que, a folio 56, nombre reservado ANTONIO ARELLANO LYNCH, abogado, en representación de los recurridos don nombre reservado, chileno, casado, agricultor, domiciliado en nombre reservado, nombre reservado, Tutuquén, comuna y provincia de Curicó, cédula nacional de identidad N° RUT reservado y VIVERO DON nombre reservado persona jurídica de su denominación, Rol Único Tributario N° 76.516.159-2, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en Retazo Primero, nombre reservado, Tutuquén, comuna y provincia de Curicó en recurso de protección caratulado “nombre reservado CON nombre reservado”, informa al tenor del recurso de protección de autos, solicitando desde ya, su expreso rechazo con costas.

Señala que doña nombre reservado, ha interpuesto en contra de la recurrida doña nombre reservado recurso de protección por existir en el inmueble de su dominio, ubicado en el Sector de nombre reservado, Callejón El Molino, Sitio denominado Retazos, de la comuna de Curicó una planta avícola menor de “1500 aves, gallinas”, la que, a juicio de la misma, vulneraría el artículo 19 numerales 1 y 8 de la Constitución Política de la República. Dicho recurso fue ampliado a mis representados por resolución de fecha 15 de marzo del año dos mil veintitrés por ser éstos quienes mantienen dicha planta avícola menor. En efecto, Vivero Don nombre reservado, empresa del giro de su denominación fue constituida por escritura pública de fecha 12 de enero del año 2016, Repertorio N°123/2016 ante el Notario Público de Curicó don nombre reservado, por don nombre reservado, y dentro de su objeto social se encuentra en el literal a) de dicha escritura social: “a) La explotación de la actividad agrícola, frutícola, forestal y en general, actividades agropecuarias y la comercialización de productos del agro en general sobre predios que la sociedad posea a cualquier título”. En base a esa facultad, el año 2022, Vivero Don nombre reservado, comenzó a emplazar en el inmueble que subarrienda a don nombre reservado, ubicado en el sector de nombre reservado, Tutuquén, una planta avícola menor, de 1.500 aves de corral (aproximadamente). Este número de alados (gallinas), lo cataloga como un Pequeño Productor (Según la Guía de Buenas Prácticas sobre el Bienestar Animal en los diferentes Sistemas de Producción de Huevos, emitido por el Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola y Ganadero), no siendo necesario (según la normativa respectiva) someterse a declaración ni estudio de nombre reservado para su debido funcionamiento, por lo que no debe someterse al sistema de evaluación ambiental. En ese punto, hace presente que según lo establecido por el marco legal vigente, la evaluación de nombre reservado es el procedimiento orientado a determinar si el nombre reservado de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Como tal, debe contemplar mecanismos a través de los cuales se predicen los impactos en el área de influencia y se evalúan para determinar si son o no significativos; así como el cumplimiento de las normas ambientales aplicables. La Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300), establece que dicho procedimiento está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En términos generales, la evaluación de nombre reservado en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se basa en el análisis de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad a ejecutarse y cómo éstas alteran los componentes del medio ambiente (impactos). Tal ejercicio se realiza previo a la ejecución del proyecto o actividad y, por tanto, se basa en una predicción de la evolución de los componentes ambientales en los escenarios con y sin proyecto. El titular de un proyecto o actividad debe analizar si éste se encuentra en el listado de tipologías susceptibles de causar nombre reservado, en cualquiera de sus fases, que deben presentarse al SEIA, según lo establecido en el artículo 10 de Ley N° 19.300 y artículo 3 del Reglamento del SEIA. Si el proyecto o actividad debe ser presentado al SEIA, es responsabilidad del titular definir la modalidad de ingreso, ya sea a través de un Estudio de nombre reservado (EIA) o una Declaración de nombre reservado (DIA). Para ello, le corresponde analizar el artículo 11 de la Ley N° 19.300, donde se establece que los proyectos que se presentan al SEIA requieren la elaboración de un EIA si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: a. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; b. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; e. Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona; f. Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. De acuerdo a lo anterior, la generación o presencia de uno de estos efectos, características o circunstancias hace necesario que el titular del proyecto o actividad elabore un EIA, el cual debe considerar las materias contenidas en el artículo 12 de la Ley N° 19.300 y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento del SEIA. Por el contrario, y de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 19.300, si el proyecto o actividad no genera ninguno de los efectos, características o circunstancias antes señalados, se debe presentar una DIA, la que debe considerar las materias contenidas en el artículo 12 bis de la Ley N° 19.300 y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 del Reglamento del SEIA. En consecuencia, la evaluación de nombre reservado es el procedimiento administrativo en que, a través de un EIA o una DIA, debe demostrarse que el proyecto o actividad cumple con las normas ambientales aplicables. Además, en el caso de un EIA se debe acreditar que el proyecto o actividad se hace cargo de los efectos, características o circunstancias que genera o presenta, mediante la definición e implementación de medidas y justificar la inexistencia de los demás efectos, características o circunstancias enunciados en el artículo 11 de la Ley N° 19.300. En el caso de una DIA, además se debe justificar la inexistencia de impactos ambientales significativos. La autoridad, por su parte, debe verificar y certificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, incluido los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales y calificar la pertinencia, efectividad e idóneas de las medidas ambientales propuestas; ninguna de esas circunstancias descritas se dan en ese caso. Desde el inicio del desarrollo de la actividad, esto es el emplazamiento del gallinero respectivo, desmalezamiento, manejo de moscas y guano, solicitud de patente municipal y autorización sanitaria, la empresa ha debido lidiar con una serie de fiscalizaciones por parte de la autoridad sanitaria quien ha manifestado cada vez que ha concurrido al lugar, responder a denuncias de una vecina inmediatamente contigua al lugar donde se desarrolla el proyecto avícola. Dichas fiscalizaciones, la primera de fecha 08 de noviembre de 2.022, Acta Folio N° 107510; la segunda fiscalización de fecha 03 de diciembre de 2.022, Acta Folio N°107530, y por último, de fecha 17 de marzo del corriente, Acta Folio 107575, todas realizadas por el fiscalizador don nombre reservado. Tales fiscalizaciones, sólo han presentado observaciones positivas por la autoridad sanitaria (actas que se acompañan en un otrosí), con indicaciones en el sentido de realizar acciones de fumigaciones periódicas, desmalezamiento y limpieza de las cercanías con los deslindes y retiro del guano, las que se han cumplido coherentemente con lo indicado por el fiscalizador no estimando este ser sujeto de sumario sanitario alguno. En efecto, el acta de fecha 17 de marzo indica expresamente: “Se fiscaliza y se constatan los siguientes hechos: -Ausencia de malos olores alrededor de la avícola. -Ausencia de malos olores al interior de la avícola - Se cambiaron las gallinas a galpón de piso de tierra con aserrín -Se encuentra un buen manejo actual del guano -Se revisa la documentación de fumigaciones y extracción de guano - Se documenta material fotográfico -Se encuentran desmalezado el sector oriente y poniente de la avícola -Se constata la presencia de trampas para insectos -Se reitera recomendación al manejo de guano periódico para evitar la producción de malos olores y moscas”.

Indica que lo anterior, da cuenta que para la autoridad sectorial competente, la planta avícola ha mantenido un estándar adecuado sin que genere la contaminación por olores que la recurrente denuncia. Es más, la empresa ha buscado generar todas las instancias para que, el impacto del desarrollo de su actividad no merme la calidad de vida de los habitantes del sector, los que en su mayoría nunca han reclamado por tales labores, siendo sólo la recurrente y su familia los únicos quienes extrañamente padecen los efectos de la misma. Tales afectaciones, que desde ya, esa parte niega rotundamente, no han sido acreditadas en autos, ni por medios de prueba gráficos o audiovisuales, ni por certificados médicos o exámenes que den cuenta de la afectación que dicen padecer. Siendo en consecuencia, hechos menores a los que la recurrente busca atribuir consecuencias exageradas a fin de menoscabar e impedir la posibilidad que tiene la empresa de poder realizar actividades lícitas dentro de su ámbito de facultades, las que buscan otorgar a la misma ingresos que le permitan su desarrollo y sustento. A propósito de los olores que la recurrente manifiesta padecer, pongo de relieve que el Ministerio del Medio Ambiente, ha considerado al olor como “una sensación que ocurre cuando los odorantes estimulan los receptores en la cavidad nasal”. Asimismo, dicho Ministerio entiende que el olor así como el ruido, las vibraciones y la luz son considerados como estresores ambientales. Esto significa que pueden causar efectos en la salud a niveles de exposición que están por debajo del nivel de ocasionar un daño físico real o efectos tóxicos, no constituyendo en si misma un daño objetivo, siendo por lo tanto, difícil de medir y cuantificar la intensidad, puesto que se trata de una percepción subjetiva que por definición puede variar entre las personas, por la existencia de elementos externos que afectan la percepción de distintos grupos de estos en razón de su mayor o menor sensibilidad, cercanía, humedal ambiental, temperatura y viento. Es por lo anterior, que la legislación nacional ha sido muy demorosa en legislar al respecto y sólo ha ido incorporando la regulación de los olores en el último tiempo, siendo la primera normativa aprobada como tal el Decreto Supremo 9/2022 que regula las normas de emisión de contaminantes en planteles porcinos que responde a la política que el Ministerio del Medio Ambiente viene desarrollando desde el año 2014 a la fecha denominada Estrategia para la Gestión de Olores, la que ha buscado considerar cinco líneas de acción: a) Fortalecimiento del marco regulatorio; b)Levantamiento de información; c) Incrementar conocimiento; d) Coordinación intersectorial y e) Fortalecimiento Institucional. Por lo que, ruego a SS. tener presente que las argumentaciones de la recurrente, no se enmarcan en los requerimientos básicos que para nuestra norma fundamental son concebidos como una afectación a vivir en un ambiente libre de contaminación, puesto que la actividad agrícola genera olores, los que en concentración e intensidad en los hechos, no han podido vulnerarla del modo en que ella establece.

Considera que atendido lo expuesto en el presente libelo, necesariamente deberá desestimarse la presente acción constitucional respecto de esta parte, por cuanto sus representados, los recurridos, no han generado las afectaciones que alega la recurrente ni generado la vulneración a sus garantías constitucionales y el desarrollo de la actividad del plantel avícola no constituyen actos arbitrarios o ilegales capaces de provocar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de derechos y garantías constitucionales amparadas por el art. 20 de la Carta Fundamental. No existiendo actos u omisiones concretas que se le imputen a mis representados, la petición contenida en el recurso de protección no puede prosperar.

Solicita que éste sea rechazado, con expresa condenación en costas.

QUINTO: Que en autos se ha reclamado como vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental, artículo 19 N° 1 y 8, es decir, el derecho a la vida e integridad física y psíquica; y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, respectivamente.

SEXTO: Que, la acción cautelar de protección cautelar buscar resguardar los derechos que, por acción u omisión de un tercero, se vean afectados en grado de amenaza, perturbación o privación del mismo. Además, para la procedencia de esta acción extraordinaria, se requiere que el derecho afecta, tenga el carácter de indubitado, toda vez que por el presente se busca restablecer el estado que tenía el derecho afectado al momento de su afectación, y no crear ni declarar derechos.

De este modo, de los antecedentes allegados al presente recurso, puede establecerse lo siguiente:

1°) Que la recurrente ha efectuado reclamos en contra de la recurrida, señalando que se vulneran los derechos que reclama afectados, toda vez que hay malos olores y moscas producto de la actividad avícola de la recurrida.

En este sentido, consta la denuncia ante los organismos que informan el presente, y en ellos señala Marcela Ivonne Bravo Arriagada, abogada, en representación de la recurrida doña nombre reservado, propietaria del inmueble objeto del recurso, que no son efectivos los hechos, toda vez que del tenor del recurso se desprende que su objeción la actividad avícola que en su predio se desarrolla, afecta la plusvalía del inmueble del recurrente.

A su vez, la Seremi de Salud expresa que recibió las denuncias e hizo tres visitas; el 28/9/2022, si había malos olores y moscas en al interior del criadero, no así en el exterior; agregando que el “encargado se comprometió a realizar mejoras en cuanto al sitio de crianza de gallinas con tal de minimizar las posibles fuentes de malos olores…”. Luego, el 9/11/2022, se visita nuevamente el lugar de la recurrida y se constata que se hicieron las mejoras y se levanta el Acta 107510, que da cuenta que se cumplió lo comprometido. Después, con la nueva denuncia del 20/1/2023, se fiscaliza el 23/3/2023 y se constata el buen funcionamiento del lugar, no hay malos olores ni moscas.

También informa la Superintendencia de Medio Ambiente quien indica que recibió solicitud de fiscalización, pero al revisar que los hechos denunciados no podían ser asociados a alguna de las competencias legales, se remitieron los antecedentes a la Seremi de Salud del Maule.

Por último, informando nombre reservado Antonio Arellano Lynch, en representación de los recurridos nombre reservado y Vivero don nombre reservado, representada por nombre reservado, ha cumplido con toda la normativa vigente sobre la materia, negando que se vulnere los derechos fundamentales que alega la recurrente.

2°) Que, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, y los antecedentes allegados al recurso, queda establecido que las recurridas, nombre reservado y Vivero don nombre reservado, tienen una planta avícola menor, de 1.500 aves de corral (aproximadamente), lo que los cataloga como un Pequeño Productor. En tal calidad, no tienen la obligación de someterse a declaración ni estudio de nombre reservado para su debido funcionamiento, de acuerdo al marco legal vigente.

3°) Que, de los hechos denunciados, malos olores y existencia de moscas, plagas y haber causado problemas de salud a la recurrente; de ello hay constatación de que, en las visitas de la Seremi de Salud a dicho lugar, sólo aparece que existe mal olor y moscas al interior y no al exterior, realizándose 3 visitas sin constatarse los hechos de que da cuenta la recurrente en su acción proteccional.

4°) Que la afectación de los derechos debe ser grave y sería, es decir, capaz de lesionar efectivamente los derechos que se alegan como vulnerados, para ello se deben comprobar la existencia hechos en contradicción de la ley, no existiendo en los antecedentes allegados, constatación de normas vulneradas, ni tampoco de un actuar arbitrario por parte de ellos.

5°) Que se debe considerar que en casos de vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los hechos son generalmente públicos, con intervención de distintos actores y con constatación fáctica de los mismos, lo que aquí no se produce.

Más aún, de los reclamos de la recurrente, tampoco hay estudios o antecedentes técnicos que permitan establecer la vulneración de este derecho, algo que con los informes de la Seremi de Salud, tendrían que aparecer, al menos en calidad de indicios, los que no hay respecto de la recurrente, teniendo presente, además que sólo en una de las tres visitas, aparece que en el interior de la avícola había mal olor y moscas, pero no así en el exterior.

Valga recordar que la instancia técnica no es esta Corte de Apelaciones para determinar si hay efectivamente contaminación o no, la competencia de ésta es constatar la afectación de los derechos fundamentales señalados, lo que no se aprecia en estos antecedentes, razones por las que el presente arbitrio deberá desestimarse, sin perjuicio de recurrir, si así se estimare, ante los organismos técnicos que correspondan.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1.

Redactó el ministro Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 12.848-2022 Protección.

Se deja constancia que no firman la Ministra (S) doña Marta Asiain Madariaga y la Abogada Integrante doña Daniela Jarufe Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, la primera por haber concluido su suplencia y, la segunda, por encontrarse ausente.