Protección contra UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

Talca, dos de julio de dos mil veinte.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado Oscar Vargas Silva, en representación de nombre reservado, Estudiante de quinto año de Agronomía de la Universidad Católica del Maule, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; de nombre reservado, estudiante cuarto año de Educación Parvularia con Mención, de la Universidad Católica del Maule, domiciliada en domicilio reservado, calle nombre reservado, domicilio reservado; de nombre reservado, estudiante de tercer año de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, domiciliado en domicilio reservado; de nombre reservado, Estudiante de quinto año de Pedagogía Básica Con Mención en Historia de la Universidad Católica del Maule, domiciliado en domicilio reservado; de NERIS nombre reservado, Estudiante de tercer año de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, domiciliada en domicilio reservado; y de nombre reservado , egresada de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule, domiciliada en domicilio reservado; deduce Recurso de Protección en contra de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, persona jurídica del giro educación superior, representada legalmente por su Rector, nombre reservado, profesor, , y en contra también de éste último, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de suspender por uno y por dos semestres académicos a los alumnos individualizados en cuyo favor se interpone el presente recurso, desde el 2 de abril de 2020, así como ensuciar y anotar dicha sanción en la hoja de vida de cada uno de ellos, aduciendo que dicha suspensión es arbitraria e ilegal y ha vulnerado derechos y garantías asegurados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, específicamente el Derecho de igualdad ante la ley consagrado en su Nº 2, el Derecho de propiedad sobre toda clase de cosas y bienes, corporales e incorporales previsto en su Nº 24, el Derecho a no ser juzgado por Comisiones Especiales, consignado en su Nº 3 inc. 4º, todos los cuales se encuentran garantizados con la acción del Artículo 20 de la Constitución Política de Chile y en el Pacto de derechos Civiles y Políticos, perturbando también con su actuar arbitrario e ilegal, el Derecho a la Educación garantizado en el artículo 19 N° 10 de la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en su sus Artículos 2° y 11°; el Derecho a la integridad física y síquica, principalmente respecto de las alumnas nombre reservado y nombre reservado contemplado en el N° 1 del Artículo 19 de nuestra Carta Magna; el Derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada respecto de la alumna nombre reservado previsto en el N° 5, el derecho a la libertad de conciencia previsto en el N° 6, el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia previsto en el N° 4, el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes previsto en el N° 14, y el Derecho al Debido Proceso, previsto en el N° 3 inciso quinto de la Constitución;.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que todos los recurrentes son alumnos de la Universidad Católica del Maule y durante sus estudios en ella, se han destacado por su excelencia académica, su participación activa a favor de la universidad y de la comunidad universitaria y además, por no tener absolutamente ninguna referencia disciplinaria negativa, para lo cual efectúa una reseña personal y detallada de cada uno de los recurrente, observándose que nombre reservado, durante Junio de 2019 fue elegido como Presidente del Centro de Alumnos de Agronomía. A su vez, nombre reservado, fue partícipe de las mesas de trabajo de infraestructura generadas en el año 2018, aportando considerablemente con las mejorías que se realizaron en la Universidad Católica del Maule y durante el año 2018 fue Presidenta de Centro de Estudiantes de Educación Parvularia con mención y presidenta de pleno de presidentes, ente que cumplía el rol de la actual federación y durante todo el año 2019 tenía el cargo de Delegada Académica de Curso, cargo que mantiene hasta la fecha, y en virtud del cual era la encargada de asistir y transmitir la voz de sus compañeros a las Asambleas, y de comunicar lo que en ellas ocurría. nombre reservado desde diciembre del año 2018 y durante todo el año 2019 fue Secretario General Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la universidad, siendo un interlocutor válido entre sus compañeros y las autoridades de la Universidad. Neris nombre reservado, durante las movilizaciones estudiantiles del año 2019, fue designada por su curso como Delegada de Curso para participar y asistir a las diferentes asambleas para manifestar la opinión de sus compañeros en ellas e informar a los mismos de las decisiones que se tomaban en dichas instancias. Incluso fue designada como Delegada de la Carrera para los mismos efectos. Para este año 2020, se encontraba junto a otros compañeros formando una lista para el Centro de Estudiantes de su carrera y, nombre reservado, esta última de ejemplar rendimiento académico.

Luego hace una reseña de las crisis que en todos sus estamentos ha vivido en el último año la Universidad Católica del Maule, tanto a nivel interno como nacional, en lo académico, en la protección a la salud y en infraestructura, haciendo presente que entrado el año académico correspondiente al año 2019, surgieron diversas movilizaciones, en las cuales además de las consignas estudiantiles a nivel nacional, como la educación gratuita, de calidad, no sexista, el fin de la PSU y la adherencia al llamado nacional de Rechazo al TPP11, también se insistía en demandas internas, las que describe.

Indica que tras votación convocada por la CONFECH, los estudiantes realizaron un paro con un petitorio de demandas, realizando constantes reuniones entre los Centros de Alumnos de las distintas carreras con la finalidad dar una definitiva solución a los problemas que se venían arrastrando desde años anteriores. Alude a que la planta de Trabajadores y funcionarios de la Universidad también hicieron peticiones, que derivó en un paro de actividades.

Expresa que con el llamado Estallido Social de octubre de 2019, todas las carreras de la Universidad estuvieron en paro, extendiéndose dicha situación hasta diciembre de 2019, y durante el cual los distintos dirigentes y representantes hicieron entrega de petitorios emplazando a las autoridades académicas a pronunciarse y dar respuesta, lo que no ocurrió con nombre reservado, máxima autoridad de nombre reservado ni con las autoridades regionales. Señala que en el mes de diciembre, aun en paro, la Universidad lejos de haber dado solución o al menos respuesta formal a algunas de las peticiones contenidas en los distintos petitorios que fueron entregados por los estudiantes y por la mismísima Federación, impuso de manera ilógica y arbitraria la orden de retomar inmediatamente todas las actividades académicas y de que se finalizaría el semestre el día 31 de enero de 2020, y que sólo casos puntuales se podrían finalizar en marzo de 2020, decisión considerada por la mayoría de los estudiantes a lo menos como "Muy Mala", considerando que durante el segundo semestre de 2019, todos los estudiantes de la Universidad no habían tenido más de un mes de clases, siendo imposible que en el reducido tiempo que restaba se pasaran todos los contenidos correspondientes a un semestre completo. La medida impuesta por la universidad, pretendía cerrar a la fuerza un semestre, sin otorgar un servicio educativo de calidad que debiera proporcionar una institución del prestigio como lo es la universidad recurrida. Así las cosas, el 16 de diciembre de 2019, a las 16 horas aproximadamente se realiza asamblea auto convocada entre los alumnos que continuaban asistiendo a clases, donde participaron más de 120 alumnos interesados en lo que ocurría con la universidad. y por votación a mano alzada, con aplastante mayoría se decide realizar una toma simbólica del establecimiento, instando además a las autoridades a paralizar las actividades académicas en dicha sede, junto con abrir el diálogo respecto de las demandas estudiantiles y el cierre de semestre. A dicha asamblea asistieron más de 120 estudiantes, para decidir si se continuaba la paralización de actividades, qué formas eran las más convenientes para el cierre de semestre, y para discutir lo que ocurriría con posterioridad a las movilizaciones nacionales, junto con ello, por primera vez, a solicitud expresa de los asistentes se votó sobre la posibilidad de una "Toma" como medida de presión, propuesta por la mayoría de los más de 120 asistentes a la asamblea, donde por mayoría de 96 votos contra 16 más 8 abstenciones, se decide que la Sede de nombre reservado sería ocupada por los estudiantes. A los instantes de realizarse la votación, llegó hasta el lugar nombre reservado, se paró en la cancha de la Sede frente a la mayoría de los alumnos que aún se encontraban en el lugar, y sin dar ninguna respuesta concreta a las demandas estudiantiles, sin proponer ninguna instancia de diálogo, simplemente instó a todos los estudiantes a deponer dicha decisión, bajo amenaza de ser sumariados y sancionados incluso con la expulsión de la Universidad. Una vez que se retiró la señora nombre reservado, alrededor de 50 alumnos procedieron a pegar lienzos relativos a la toma y a sus demandas, lo anterior de manera pacífica y sin generar daño ni aplicar ningún tipo de violencia, incluso con ayuda del propio guardia nombre reservado, asimismo, se trasladan algunos muebles como sillas y mesas hasta la entrada, cuidando en todo momento su integridad y evitando cualquier destrozo de los mismos, realizando un bloqueo indudablemente simbólico, dejando claro espacio para el ingreso y salida de miembros de la comunidad universitaria tales como estudiantes, funcionarios, profesores y académicos que quisieran participar de las jornadas reflexivas, o utilizar las dependencias para fines acordes a la paralización de actividades académicas en el lugar, ya que en otras sedes desde el día siguiente, sin siquiera establecer diálogo con los estudiantes, se habilitaron por parte de la Universidad salas para la asistencia a clases de los estudiantes que pudieran hacerlo en relación al contexto social nacional. Ese mismo día el nombre reservado envía un correo al Secretario General nombre reservado, ordenando mediante correo electrónico instruir Investigación Sumaria respecto de las posibles responsabilidades de los involucrados en la toma, sin que ocurriera supuestamente ninguno de los hechos respecto de los cuales posteriormente se formulan cargos en contra de los alumnos sumariados. En dicho correo el Rector, sin estar presente en la ciudad de nombre reservado expresa su clara opinión respecto a que “la toma es una acción de fuerza que violenta el desarrollo de las actividades de la Universidad y que busca imponer por la fuerza de manera totalitaria ideas”, siendo la señora nombre reservado la única autoridad de la Universidad que todos los estudiantes vieron presente el día y en el lugar donde estaba convocada la Asamblea, por lo que dedujeron que quien comunica de esta situación al Rector es justamente ella. Haya o no sido ella la que informó al Rector de esta situación, estando ella presente ese día y habiendo presenciado directamente los hechos que motivaron la decisión del Rector de instruir un proceso de Investigación Sumaria. Indica que si nombre reservado pretendía iniciar una investigación sumaria en contra de los alumnos por parecerle grave la situación, siendo ella una autoridad administrativa de la Universidad, lo correcto para dar cumplimiento al Reglamento de Alumno Regular de Pregrado, habría sido que ella denunciara los hechos al Director de escuela o Decano de Facultad de los alumnos involucrados en la toma, debiendo dichas autoridades oír a los estudiantes y evaluar la gravedad de los hechos de conformidad a su Artículo 33, Sanciones Disciplinarias letra a), siendo esta una instancia garantizada y requisito previo para cualquier alumno que posteriormente sea sometido a un proceso de investigación sumaria, de lo contrario, se encontrarían frente a una comisión especial contraria a un justo y racional procedimiento. Refiere que la toma de la sede nombre reservado, fue un acto totalmente pacífico, y más bien simbólico, en el cual simplemente se hizo uso del Establecimiento para jornadas reflexivas y de conciencia en un contexto nacional totalmente caótico y de extrema violencia que enfrentaba nuestro país y nuestra ciudad, en la que incluso resultó fallecido un joven de 21 años. Hace presente que la participación de los 6 recurrentes fue la misma que la de los otros alumnos que en total sumaron más de 100 personas, sin tener los comparecientes ningún rol adicional al que tuvo cada uno de los participantes y asistentes a las actividades de la Toma, la que se depuso voluntariamente y de manera pacífica el 30 de diciembre de 2019.

Agrega que respecto de la situación particular de la “Toma”, describe las actividades que desplegaron cada uno de los recurrentes, donde varios de ellos tenían un rol activo como dirigentes estudiantiles, y era su obligación velar por la seguridad de la Universidad ante tan importante decisión, también era su obligación velar por la seguridad de todos los estudiantes, y así mismo también tenían el deber de asistir a las diferentes actividades que se realizaban en la Toma, a fin de comunicar a sus respectivas bases los acuerdos y comunicados. Su mera presencia en las Asambleas, y en las actividades de “la Toma”, de ninguna manera podrían significar que sean ellos los propulsores y responsables de la misma, puesto que el rol de cualquier representante de los estudiantes es justamente ese, “Representar” la voluntad de quienes los eligieron.

Añade que el jueves 9 de enero de 2019, el abogado Eduardo Méndez González mediante correo electrónico citó a 11 alumnos para asistir a prestar declaración por investigación sumaria ordenada mediante resolución de secretaría general n°02/2020, el día 13 de enero de 2020 a distintas horas durante ese mismo día, dentro de los cuales estaban los recurrentes. Todos los alumnos citados, formaban parte de organizaciones estudiantiles y sociales, cuya participación activa en las movilizaciones durante el año 2019, tenían considerable liderazgo entre sus compañeros, excelente rendimiento académico, comportamiento intachable y la mayoría ya había tenido infortunados acercamientos con la Directora de la Sede nombre reservado. El día Lunes 13 de enero, con mucho temor y por sobre todo muchas dudas, los estudiantes que habían recibido el correo concurrieron a primera hora a la citación. Para poder tener mayor conocimiento del proceso al cual estaban siendo sometidos, solicitaron ayuda de abogados de la ciudad, quienes les manifestaron su opinión sobre el correo electrónico que habían recibido, que éste no constituía un medio válido de notificación, y los efectos de no haber sido debidamente emplazados, también fueron informados respecto de que presentándose a dicha reunión, lo más probable es que serían notificados en la misma de cualquier resolución, y que era su decisión declarar o no. Con todo, los 10 estudiantes, con absoluta y evidente buena fe, sin tener nada que ocultar, concurrieron voluntariamente a la citación a declarar. Los estudiantes solicitaron declarar en presencia de un abogado de confianza, a fin de evitar presiones de cualquier tipo y además, para solicitar información respecto de las normas que regían el proceso de investigación sumaria, ya que desconocían totalmente las normas de dicho procedimiento. Fue justamente el abogado que recurre en el presente recurso quien acompaña a los primeros 5 alumnos a prestar sus declaraciones, siendo un mero observador del proceso. El Señor nombre reservado, manifestó que se trataba de una simple investigación, y que lo más probable es que posteriormente quedaría “en nada”, ya que a simple vista no veía a grandes rasgos responsabilidades particulares y directas en los alumnos objeto de la investigación. Constatando que los estudiantes no estaban siendo presionados en sus respuestas, el abogado que suscribe el presente recurso se retiró, logrando presenciar la declaración sólo de 5 alumnos, sin ejercer ninguna actuación en representación de los mismos y sin tener mayor conocimiento del posterior desarrollo de ella.

Expresa que entre los días 16 y 17 de enero, sin acordar en la primera gestión alguna forma especial de notificación, los estudiantes, nuevamente a través de correo electrónico recibieron la formulación de cargos, todos de idéntico tenor, acusando indistintamente a los estudiantes de: “haber participado de la toma de la sede de la Universidad Católica del Maule de nuestra Señora del nombre reservado, entre los días 16 y 30 de diciembre de 2019”, aduciendo a que los “hechos importaron una alteración considerable en el normal funcionamiento de la sede, donde no se impartieron clases durante el tiempo en que se desarrolló la toma”, respecto de la calificación que se hace de los hechos, aclara que desde el mes de septiembre del año 2019 no existía un funcionamiento normal en la sede, y producto de la paralización de actividades no se estaban tampoco realizando clases, una vez impuesta la orden de retomar las actividades, ocurre la situación de la Toma, y si bien no se impartieron clases en dicha Sede, el desarrollo de las actividades académicas se realizó en las sedes aledañas e incluso todos los participantes de la toma, asistieron normalmente a sus clases respectivas, no sufriendo los alumnos retraso ni obstrucción alguna de sus actividades académicas, sino las propias de un año de movilizaciones, paros estudiantiles, y el estallido social de octubre, pero en ningún caso puede atribuirse a la toma de la Sede nombre reservado, como un factor que haya alterado o perturbado de manera considerable el funcionamiento de la Universidad. “Además en el contexto de la toma se habrían producido las siguientes acciones: Se puso mobiliario de la Universidad en el acceso principal, se usaron dispositivos de cierre (tipo cadena de bicicleta) en vías de acceso, controlándose el ingreso de personas, habrían ingresado alcohol y permitido el ingreso de personas que no eran estudiantes de la universidad (incluso menores de edad).- Se puso una “capucha” a la figura de la virgen que se encuentra al interior de la sede”. En dicha formulación de cargos el Fiscal a cargo de la investigación sumaria, considera que los hechos constituyen una infracción del Artículo 33 inciso tercero del Reglamento de Alumnos de Pregrado, y el Artículo 9 de los Estatutos Generales de la Universidad recurrida. La formulación de cargos es idéntica en el caso de los 11 alumnos sumariados. Sin establecer diferencia alguna en cuanto a las responsabilidades individuales de cada uno de ellos, sino simplemente se les acusa por el hecho de haber participado, hayan o no cometido cada uno el resto de los hechos descritos. En la referida formulación de cargos, conforme al reglamento de investigaciones sumarias, se otorga a los estudiantes un plazo de 3 días para realizar sus descargos. 9. Dice que los estudiantes, sin ser válidamente notificados de acuerdo a norma alguna y de indiscutible buena fe, solicitan prórroga para poder realizar sus descargos, junto con lo anterior, para poder realizar correctamente los mismos y conocer los antecedentes existentes en su contra, la estudiante nombre reservado solicita mediante correo electrónico al fiscal a cargo de la investigación una copia del expediente foliado para poder hacer entrega a sus compañeros sumariados, y así puedan realizar descargos adecuadamente, teniendo a la vista los antecedentes que se tenían en contra de cada uno de ellos. ante esto, el fiscal no remite copia del expediente a la alumna ni a nadie en la sede de nombre reservado, y sólo tienen acceso a él los estudiantes luego de viajar hasta la ciudad de Talca la propia alumna nombre reservado, quien al igual que el resto de sus compañeros se encontraba con enorme carga académica y ante la negativa del Fiscal tuvo que realizar considerables esfuerzos para viajar. Denuncia que el Fiscal entregó un expediente incompleto, donde la petición del Rector de la Universidad para instruir investigación sumaria, en ella se refiere a la toma como “una acción de fuerza que violenta el desarrollo de las actividades de la Universidad, y que busca obtener por la fuerza, de manera totalitaria ideas”., apreciación del todo prejuiciosa y evidentemente influenciada por quien informó al rector de la situación ocurrida en la sede, desconociendo esa parte si el Rector fue o no debidamente informado de la verdadera forma en que sucedieron los hechos, ya que en ningún caso hubo violencia de ningún tipo, ni imposición de ideas, al contrario, en todo momento se emplazó a las autoridades a sostener un diálogo serio con los estudiantes movilizados desde principios del mes de octubre de 2019, sin obtener pronunciamiento alguno de su parte.

Reseña el comunicado interno del rector de la universidad de 24 de diciembre de 2019, donde demuestra desconocimiento total de la forma en que se desarrolló la toma y su opinión tendenciosa respecto de la misma. Centra su molestia en el “encapuchamiento” de una imagen de de la Virgen del nombre reservado, es decir, en el hecho de poner una polera sobre el rostro de la estatua por algunos minutos, lo que no fue obra de los alumnos sumariados. La recurrente nombre reservado niega haber encapuchado a la virgen. Expone que es claro el carácter tendencioso de la información que manejaba el Rector desde el comienzo de la investigación sumaria, y sus drásticas opiniones respecto de la misma, lo que estima grave, considerando que es el propio Rector la autoridad encargada de resolver posteriormente en única instancia sobre las sanciones a los alumnos involucrados, siendo especialmente grave y vulneratorio de las garantías constitucionales de los alumnos, puesto que dicho comunicado se puso en conocimiento de toda la comunidad universitaria, es decir de alumnos, académicos, profesores y funcionarios, sin haberse acreditado dichos hechos, y sin siquiera haberse iniciado el respectivo procedimiento de investigación, lo que demuestra que la Universidad tenía un juicio anticipado sobre la conducta de los alumnos supuestos cabecillas de la toma y los sanciona desde ya con el reproche social e inculpa cegadamente. Sostiene que por este motivo, la investigación no fue imparciaI.

Luego hace referencia a un mail de 8 de enero de 2020 enviado por Eduardo Méndez a nombre reservado, solicitando “enviar los antecedentes de los alumnos de la “toma” de nombre reservado, ojalá nombre completo, Rut, carrera, año que cursaban, forma de contacto y cualquier otro antecedente que tengas que sirva que contenga información relativa a la situación (ej: correos relativos al tema).- Lo anterior para comenzar a la brevedad investigación sumaria “; y correo de respuesta del día siguiente, en el cual entrega una lista de 10 alumns afirmando sin mayor fundamento plausible que dichos alumnos serían los “cabecillas de la toma”. Estima que no es posible que se hayan solicitado diligencias que constan en el expediente, con anterioridad al inicio de la investigación sumaria, no siguiéndose el procedimiento contemplado para las sanciones disciplinarias a los estudiantes de pregrado establecidas en el artículo 33 letra a) del Reglamento de Alumno de pregrado de la Universidad Católica del Maule y no denunció los hechos a las autoridades que dicho reglamento indicaba, lo que no hace más que confirmar la investigación tendenciosa, arbitraria e ilegal de la cual fueron objeto los alumnos sumariados por una comisión especial en la práctica no constituida de conformidad a la ley y al propio reglamento, alumnos que además fueron juzgados a través de un procedimiento sin garantías básicas.

Continúa analizando las declaraciones de nombre reservado, Directora de La Dirección General Estudiantil, quien no estuvo presente en la Sede nombre reservado donde se realizó la simbólica toma; de nombre reservado, guardia de seguridad de la Sede nombre reservado; de nombre reservado, estudiante de 3er año de la carrera Pedagogía, a cuyo respecto le surgen múltiples dudas; de nombre reservado, Directora De La Sede nombre reservado de La Universidad Católica Del Maule, autoridad universitaria, a quien se ha nombrado en varias ocasiones a lo largo de esta presentación debido a que justamente ella es indicada por los estudiantes como la responsable de la falta de comunicación de sus demandas a las autoridades superiores, y en consecuencia de la falta de respuestas a sus demandas por parte de la Universidad.

Hace alusión a los descargos de todos los estudiantes, donde niegan los hechos de que se les imputa, donde no existe oportunidad procesal para rendir prueba que los desvirtuara, así como tampoco para acreditar los hechos en que se fundaba la defensa de los acusados. Dice que el 30 de enero de 2020 se emite informe de investigación sumaria, emitido por el Fiscal Eduardo Méndez con nuevos antecedentes que los estudiantes no tuvieron a la vista al momento de realizar sus descargos, y posteriores a la formulación de cargos, proponiendo la aplicación de la medida disciplinaria establecida en el artículo 33 letra b) del Reglamento del Alumno regular del pregrado de la Universidad (Decreto de Rectoría 44/2012 y en el caso de nombre reservado, la aplicación de la medida dispuesta en el artículo 96 letra c) del Reglamento del Estudiante regular de pregrado de 2019, a saber, la suspensión por un periodo académico a los siguientes estudiantes: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; y suspensión por dos periodos académicos a: nombre reservado y nombre reservado.

Luego describe algunos antecedentes del sumario, los hechos a investigar, acciones administrativas y un resumen de las diligencias llevadas a cabo, resultado de la investigación, propuesta de cierre y las conclusiones del fiscal, donde se tuvo por acreditado que la “toma” se prolongó desde el 16 de diciembre al 30 del mismo mes, constituyó una “vía de hecho” que entorpeció el funcionamiento de la Universidad mediante los actos señalados vulnerando la normativa interna, en especial, el Reglamento de Alumno Regular de Pregrado (Decreto de Rectoría 44/2012), que establece en su artículo 33 inciso 3ero, que los estudiantes “…no podrán desarrollar actos perturbadores de la actividad normal de ella, o que afecten la convivencia universitaria, o que sean contrarios a los principios de la Iglesia, ni aquellos reñidos con lo que disponen las Leyes de la Nación. Los Estatutos Generales de la Universidad, y los reglamentos que de estos se derivan”.- La normativa referida aplicable a la mayoría de quienes son parte de la investigación (que ingresaron antes de 2019) tiene su homóloga en el Nuevo Reglamento del Estudiante Regular de Pregrado (Decreto de Rectoría, 9/2019) que le resulta aplicable al menos a una de los estudiantes (nombre reservado, año de ingreso 2019) la cual fue igualmente vulnerada.-Dicha normativa establece que los estudiantes tienen “el deber” de mantener el orden en espacios internos, una conducta acorde al espacio universitario, respetar a los miembros de la comunidad universitaria.- (art. 93, letras a, d, f).- Así mismo, los estudiantes tienen prohibido actos perturbadores de la actividad normal de la Universidad; Realizar actos que afecten la convivencia universitaria o que sean contrarios a los principios y valores de la Universidad: Realizar acciones en contra de las disposiciones de la legislación vigente, los Estatutos Generales de la Universidad y los reglamentos que de estos se derivan (art. 94 letras a, b, c); a su vez, los Estatutos Generales de la Universidad, (Decreto Gran Cancillería número 3-2014), aplicables a todos los estudiantes, en su artículo 9 inc. Segundo establece que “Los recintos de la Universidad no podrán ser destinados ni utilizados para actos tendientes a realizar o propagar actividades perturbadoras para las labores universitarias o contrarias a los principios de la Iglesia o de la Universidad”, por lo que en consideración a lo anterior se propone en aplicación de la medida disciplinaria establecida en el artículo 33 letra b) del Reglamento del Alumno Regular del pregrado de la UCM. (Decreto de Rectoría 44/2012) y en el caso de nombre reservado, aplicación de la medida dispuesta en el artículo 96 letra c) del Reglamento del estudiante Regular de pregrado 2019.

Considera que el informe es redundante en cuanto a dar por acreditado hechos con antecedentes claramente insuficientes para ello, dejando en evidencia una investigación poco diligente y tendenciosa desde su comienzo. Repite textualmente la interpretación declarada por el Rector al dar la orden de instruir la investigación al Secretario, al determinar que la toma constituyó “una “vía de hecho” que entorpeció el funcionamiento de la Universidad mediante los actos ya señalados que han sido debidamente acreditados, vulnerando nuestra normativa interna.”. Junto con lo anterior, insiste en dar por acreditado hechos sin tener pruebas suficientes que se lo permitan, cita las normas de la Universidad supuestamente transgredidas. Aduce que el informe señalado en el punto anterior no fue notificado a los alumnos de ninguna manera, y no tuvieron conocimiento de él sino hasta cuando fueron citados vía correo electrónico para el día 16 de marzo de 2020 a la secretaría de sus respectivas escuelas, para informarles y hacerles entrega de la resolución que aprueba la medida propuesta por el fiscal, sancionando a los alumnos. En la citación del día 16 de marzo, sólo se entregó una resolución que decía que se aprobaba el informe del fiscal, sin que los alumnos pudieran tener acceso a su contenido. los alumnos sólo tuvieron acceso al contenido de dicho informe el día 3 de abril de 2019, a solicitud expresa de la recurrente nombre reservado y respecto de la documentación y diligencias señaladas en él, recién fueron remitidos el día 5 de abril, también previa solicitud, sin conocer el contenido del informe de investigación sumaria emitido por el fiscal, sin posibilidad de haber rendido prueba de ningún tipo por parte de los estudiantes para desvirtuar las acusaciones y pruebas contenidas en la formulación de cargos, y sin recursos serios que interponer para refutar la resolución del rector y de obtener su revocación o invalidación, dentro de plazo señalado en el reglamento de auditorías e investigaciones sumarias de la Universidad quedaba el único recurso disponible para los alumnos sumariados, por lo que dentro de plazo presentan Recuso de Reconsideración, el cual además debía ser resuelto por el mismo Rector. Previo a resolver sobre la reconsideración presentada por los estudiantes, sin estar contemplado en las normas del procedimiento, el Rector realiza llamado telefónico directamente a los alumnos previo a resolver su solicitud de reconsideración y este llamado lo realiza en un primer momento la Secretaria de Rectoría, para luego comunicar a los alumnos directamente con el Rector. En dicha comunicación, el Rector insiste en hacer culpables a los alumnos y continúa instando y presionando al reconocimiento de los hechos expresamente negados por los estudiantes. El 2 de abril se comunica el rechazo de la reconsideración por correo, confirmando la sanción a los alumnos recurrentes. Dice que queda otra vez en notoria evidencia la discriminación arbitraria y la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley que la universidad comete, en un primer momento en contra de los 11 alumnos objeto de la investigación sumaria de los más de 100 que participaron en total de la toma, y luego las diferencias arbitrarias respecto de 8 de los 11 alumnos sancionados, puesto que emite las Resoluciones que confirman la grave sanción, sin señalar los motivos por los cuales se arribó por el Rector a tan drástica decisión, ni menos aun los que llevaron a tal autoridad a decidir de manera diversa a cómo decidió respecto de los 2 estudiantes que se les había acogido la solicitud de Reconsideración, en circunstancias que se encontraban objetivamente, en igualdad de condiciones respecto de los otro 8 alumnos a los cuales se le rechazó. En cuanto a nombre reservado, por algunas situaciones familiares y personales, desde hace más de 5 años que se encuentra asistiendo a sesiones con profesionales de la salud mental, quienes le han diagnosticado depresión, crisis de pánico y trastorno generalizado de ansiedad. Desde su ingreso a la Universidad ha podido recibir apoyo a través de su derivación por parte del Departamento de Salud Estudiantil a atención sicológica en la Universidad, manteniendo su estabilidad y actividad gracias principalmente a su participación activa en distintas instancias universitarias y actualmente, y con motivo de encontrarse suspendida, ha intentado concurrir a la salud pública para conseguir horas en atención de Salud mental, lo cual se ha dificultado por la actual crisis sanitaria. En cuanto a nombre reservado, ella se encontraba siendo atendida en el área de Psicología del Departamento de Salud Estudiantil, debido al cuadro Depresivo angustioso producto de una serie de situaciones personales y familiares que le habían afectado durante los últimos años. Lo anterior, se manifestaba a través de crisis de angustia, que gradualmente comenzaba a manejar y que no la inhabilitaban de ninguna manera. En ambos casos, pese a las diferentes situaciones que les aquejan, las alumnas han podido salir adelante, y cursar sus estudios con rendimiento ejemplar, no reprobando ningún ramo desde su ingreso, integrándose satisfactoriamente a las diversas organizaciones y actividades de la comunidad universitaria, siendo esto último expresamente recomendado por los profesionales que las atienden.

Aduce que a través de la decisión arbitraria e ilegal de la autoridad universitaria, todos los alumnos actualmente se encuentran sufriendo perjuicios actuales y oportunos de ser reparados a través de las medidas que pueda adoptar esta Corte de Apelaciones, al registrarse estas sanciones en sus hojas de vida y ven retrasados sus situaciones académicas, perjuicios que son evidentes y se encuentra totalmente vigente la oportunidad de tomar las medidas para lograr que se reestablezca el imperio del derecho.

Agrega que el Artículo 19 N° 3 inciso quinto de nuestra Carta Fundamental, establece que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Más allá de lo establecido en la norma citada, destaca los requisitos mínimos que debiera contemplar un procedimiento racional y justo. Siguiendo al Profesor Cristian Maturana, las garantías mínimas que deben cumplirse para estar frente a un procedimiento racional y justo que permita el desarrollo de un debido proceso, son el derecho a que el proceso se desarrolle ante un juez independiente e imparcial. Es decir, quien finalmente resuelva el asunto sometido a su decisión, debe ser necesariamente un órgano imparcial, es decir no debe poseer vinculación alguna con las partes o con la materia del conflicto. De otra forma, no se garantizaría la debida objetividad que el sentenciador debe guardar para la solución del conflicto. Este elemento dice estrecha relación con el Derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso primero de la Constitución; el derecho a un juez natural preconstituido por la ley. Respecto de este punto, está el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales; el derecho de acción y de defensa.; el derecho a un defensor; el derecho a un procedimiento que conduzca a una pronta y justa resolución del conflicto; el derecho a un procedimiento que contemple la existencia de un contradictorio (bilateralidad de la audiencia). Es decir, a demanda debe ser necesariamente notificada a quien en su contra se interpone, con claro objetivo de que se le dé un conocimiento de la existencia de un proceso en su contra. Además la notificación debe hacerse de conformidad a la ley, so pena de nulidad. Asímismo, la noticia o aviso del proceso que se realiza en su contra debe ser informada de manera que posibilite al demandado o acusado conocer la pretensión hecha valer en él, a fin de que pueda formular adecuadamente su defensa. Importante es que las pruebas deben ser comunicadas a la contraparte para que ésta tenga conocimiento de las mismas, antes de que ellas se produzcan, para así poder fiscalizarlas e impugnarlas de su presentación. Siguiendo al mismo profesor, es preciso señalar que “la garantía del contradictorio se debe respetar no sólo al inicio del procedimiento, sino que durante todo su curso y respecto de todos quienes son parte en el mismo.”; el derecho a un procedimiento que permita a las partes la rendición de prueba. Esto guarda relación con la garantía del contradictorio anteriormente citada, en donde se garantiza a las partes por medio del Debido Proceso un derecho a la prueba, conformado por la posibilidad de valerse de los medios probatorios generalmente reconocidos por el ordenamiento. Sin embargo, este derecho no es absoluto, toda vez que no se pueden rendir pruebas ilícitamente obtenidas; el derecho a un procedimiento que contemple una igualdad de tratamiento de las partes dentro de él; el derecho a un procedimiento que contemple la existencia de una sentencia destinada a resolver el conflicto. La finalidad del proceso es dar una solución al litigio de carácter inmutable una vez que se configure la cosa juzgada. Dicha sentencia debe fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado, en donde los jueces deben indicar razones de hecho y de derecho que justifican cualquier providencia suya; el derecho a un recurso que permita impugnar las sentencias que no emanen de un debido proceso.

Añade que los alumnos fueron objeto de una investigación y procedimiento arbitrario y claramente vulneratorio de sus derechos fundamentales y para llegar a esa conclusión, es necesario analizar qué normas les son aplicables a los estudiantes para determinar la responsabilidad de cualquiera de ellos que se vea involucrado en algún hecho que amerite sanción. Respecto de este punto, corresponde detallar que los alumnos fueron sometidos al procedimiento contenido en el Reglamento de Auditorías e Investigaciones Sumarias, debiendo ser éste aplicado necesariamente en armonía con el Reglamento de Alumno Regular de pregrado, y de los estatutos generales de la Universidad. A este respecto, dice que el Reglamento de Auditorías e Investigaciones Sumarias (Decreto 96/2009), del tenor literal de las palabras utilizadas en dicho reglamento, puede deducirse que el procedimiento contemplado en el mismo, está orientado principalmente a funcionarios de la Universidad, lo anterior, en base a que en todo momento se refiere a los sujetos objeto de investigación como “funcionarios”. Asimismo se remite expresamente respecto de ellos a las normas del Código del Trabajo, el cual debe aplicarse conjuntamente en el caso de los trabajadores, por su propio resguardo. Es justamente a este procedimiento al cual fueron sometidos los estudiantes, el cual si bien, puede ser aplicado perfectamente a ellos procesalmente, ello debe hacerse con ciertas salvedades considerando en todo momento la norma especial que regula la convivencia y sanciones de los alumnos, es decir, al Reglamento de Alumno Regular de Pregrado. De la sola lectura del Reglamento de auditorías e investigaciones sumarias y sin siquiera comenzar a pensar en cómo éste fue aplicado arbitrariamente, puede deducirse sin dudas que el proceso contemplado en él por sí mismo es un procedimiento arbitrario al cual faltan elementos esenciales del debido proceso, Este reglamento no contempla norma alguna respecto de formas de notificación y emplazamiento válido, infringiendo de manera clara el principio de Bilateralidad expuesto en el punto N°20. El procedimiento contemplado en el Reglamento de Auditorias e Investigaciones Sumarias además no contempla un término probatorio ni contiene norma o instancia alguna relativa a la posibilidad de rendir o impugnar pruebas por parte de los acusados, transgrediendo con evidencia el derecho que tienen las partes de presentar e impugnar pruebas. Junto con todo lo anterior, el procedimiento al cual se sometió a los alumnos no contempla obligación alguna para el Rector de fundar sus resoluciones, por lo que también en sí mismo vulnera el derecho de los alumnos a obtener una resolución motivada sobre el fondo. Finalmente, y por si fuera poco, el procedimiento al cual fueron sometido los alumnos y contemplado en el Reglamento en análisis, no contempla la posibilidad e interponer recursos que permitan la revisión de la resolución por algún otro órgano superior. Así las cosas, el único recurso que contempla dicho reglamento es el de Reconsideración, cuya tramitación no está normada, y respecto del cual procede igualmente que resuelva el mismo Rector, por lo que no constituye un medio de impugnación que permita cuestionar el procedimiento o la sentencia, sino simplemente se establece una forma de rebajar la pena impuesta.

Indica que en el Reglamento del Alumno Regular de Pregrado de la U.C.M. y Estatutos Generales de la Universidad, en la formulación de cargos, y en el informe de investigación sumaria, se citan una serie de normas relativas a deberes, prohibiciones y sanciones aplicables a los estudiantes y que en esta línea, tanto la Formulación de cargos como las conclusiones del Informe de Investigación en contra de los estudiantes son idénticas para todos ellos, salvo para nombre reservado y nombre reservado, a quienes se les atribuye un rol activo en el encapuchamiento de la Virgen, y sólo respecto de nombre reservado se le atribuye además participación directa en el supuesto ingreso de su hermana menor en un día en que ella no se encontraba en el lugar. Señala que las normas de los reglamentos supuestamente infringidas son el Artículo 33 inciso tercero del Reglamento del Alumno Regular de Pregrado (Decreto de Rectoría 44/2012) y el Artículo 9 inciso segundo de los Estatutos Generales de la Universidad (Decreto Gran Cancillería 3/2014, los que transcribe literalmente y el artículo 9 inciso de los Estatutos Generales de la Universidad (Decreto Gran Cancillería 3/2014.

Expone que las normas transcritas no son reproducidas íntegramente por la recurrida en las actuaciones ni en el informe del Fiscal a cargo de la investigación sumaria, sino que simplemente extrae de ella incisos que descontextualizan totalmente su verdadero alcance y contenido, y que evidentemente intentan configurar forzadamente los supuestos declarados por parte del propio Rector en dos ocasiones, previo al inicio de la investigación, manifestando tempranamente su tendencia incuestionable respecto de los hechos objeto de investigación, viéndose afectada de esta manera desde el comienzo de este proceso la imparcialidad y objetividad con que debiera resolver este asunto la autoridad universitaria designada para ello conforme al reglamento que norma el procedimiento al cual fueron sometidos los estudiantes. Destaca que respecto del Artículo 33 del Reglamento del Alumno Regular de Pregrado uno de los puntos más importantes de este artículo para el análisis de este caso. Se trata de lo contemplado en su letra a), puesto que en ella se establece expresamente que las autoridades universitarias que presencien alguna infracción que se cometiere en un recinto de la Universidad, pueden amonestar oral e inmediatamente a su autor, y sin perjuicio de dicha facultad, deben, es decir, tienen la obligación de denunciar los hechos al Director de la Escuela o al Decano de la Facultad o Director de Instituto respectivo. En los hechos del presente recurso, la situación de la toma fue presenciada directamente por una autoridad universitaria, la Directora de la Sede, nombre reservado, quien en ese mismo momento instó a deponer la decisión adoptada en asamblea y amenazó directamente con abrir sumarios en contra de algunos de los alumnos que ella identificaba como “cabecillas”. Ese mismo día, el Rector de la Universidad, sin encontrarse en la ciudad de nombre reservado, ordena instruir proceso de investigación sumaria, sin que conste la forma en que se enteró de la toma, aludiendo a antecedentes del todo tendenciosos y alejados de la realidad. Así las cosas, nombre reservado, si pretendía abrir un sumario en contra de alumnos por hechos que en su opinión revestían la gravedad digna de dicho procedimiento, tenía la obligación de denunciar dichos hechos al Decano de las Facultades, o Directores de Escuela de esos alumnos que amenazó con “sumariar”. Este deber de la autoridad universitaria, ante la eventual posibilidad que tiene un alumno de ser sancionado, garantiza una instancia previa paraque la autoridad más cercana al estudiante tome conocimiento de los hechos, quien podrá tener a su vista de manera inmediata antecedentes curriculares, de conducta, de salud e incluso familiares, así como evidentemente también tendrá la posibilidad de contar con mayor cercanía y presencia en el conocimiento de los hechos objeto de Sanción. Asimismo, dicha autoridad evidentemente más cercana a los acusados, tiene la obligación de oír al estudiante previo incluso a la aplicación de una medida de menor intensidad como lo es la amonestación escrita y sólo si esa misma autoridad estima que los hechos revisten mayor gravedad, es el propio Decano de Facultad o Director de Escuela correspondiente al alumno, quien deberá denunciar el hecho al Secretario General para que instruya la respectiva Investigación Sumaria. Dentro del precario procedimiento al que fueron sometidos los estudiantes, dicha instancia previa al proceso de Investigación Sumaria, es un derecho de los alumnos y una de las únicas garantías para quien se pretenda sea objeto de una sanción futura, por lo anterior, no queda más que concluir que dicha norma y garantía en este caso fue infringida. Reitera que el propio procedimiento al cual fueron sometidos los alumnos en sí mismo vulnera el derecho a un debido proceso, la forma en que fue aplicado hacen indudablemente un proceso mucho más arbitrario desde sus orígenes, careciendo un juez imparcial, y que altera lo establecido en los mecanismos de sus propias normas internas preestablecidas, dando lugar al juzgamiento por parte de una comisión especial. De lo demás, cabe señalar que de la sola lectura de los artículos recién citados, del análisis armónico de las normas de la Universidad que acompaña, en consideración a la exposición de los hechos de este recurso, y a las propias declaraciones y presentaciones de los recurrentes en el expediente de la investigación sumaria, se puede concluir que los alumnos en todo momento dieron cumplimiento a la normativa institucional, tratándose la situación de la toma, de una medida pacífica y democrática para instar a las autoridades a dar cumplimiento también a sus obligaciones contenidas en los reglamentos de oír y permitir a los estudiantes ocupar sus espacios y participar de las decisiones que les afecten.

Considera que se vulneraron los siguientes derechos constitucionales: El Artículo 19 N° 2° La Constitución asegura a todas las personas: 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Con dicho precepto la Carta Fundamental está reconociendo y asegurando a todas las personas el Principio de Igualdad en un sentido amplio, incluyendo, por tanto, a toda persona, sean chilenos o extranjeros y personas jurídicas sin distinción de ninguna especie. En este reconocimiento y garantía del Derecho de igualdad ante la ley, específicamente el constituyente se preocupó de ordenar en el inciso final del transcrito numeral que "Ni la ley, ni autoridad alguna, podrán establecer diferencias arbitrarias" Dice que queda en evidencia del claro tenor del inciso final de la norma transcrita que la protección se encuentra dada a las personas se verificará, también, cuando la ley "o cualquier autoridad" establezcan diferencias arbitrarias. Al decir el inciso referido que quien tiene prohibido establecer tal tipo de diferencias, no solo es la ley sino que tampoco puede establecerlas "autoridad alguna" está ampliando el margen de protección a las acciones u omisiones que pudieran cometer autoridades que no solo son públicas, sino también provenientes de organismos privados, por tanto, los actos derivados provenientes de una autoridad universitaria se encuentran sujetos a tal normativa en caso que supongan el establecimiento de diferencias de manera abusiva, caprichosa, infundada. En nuestro derecho, el principio de igualdad constitucional tiene un reconocimiento robusto y variado que importa que éste se ha usado para atacar decisiones o actuaciones que no solo emanan de la administración sino que también de instituciones privadas tales como establecimientos educacionales, clubes y otros. Armonizando estas normas, señala que nuestra Carta Fundamental en su artículo 5° inciso segundo señala que: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes." Además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 14°, número 1. Señala que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en contra de ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública excepto en lso casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores." Agrega que los hechos narrados, sin duda han vulnerado el derecho garantizado en el artículo 19 N° 2° de la Carta Fundamental. Primero, porque el proceso de investigación en sí no fue racional, justo, y no se realizó conforme a las normas de los propios reglamentos universitarios. En este sentido, cabe recordar lo expuesto en relación a la infracción por parte de la Directora nombre reservado, de lo dispuesto en el Artículo 33 letra a) del Reglamento de Alumno Regular de Pregrado, en cuanto a denunciar los hechos a la autoridad correspondiente, y no propender a realizar actuaciones secretas, persuasivas y comunicaciones internas que marcaron el procedimiento desde un principio, ya que antes del inicio de la correspondiente investigación el Rector de la Universidad, ya había emitido opinión y hecho juicio de los hechos a través del correo dirigido al Secretario General, y del Comunicado Interno, En este sentido, resulta evidente la discriminación arbitraria al iniciar el proceso de investigación sólo respecto de 11 alumnos de los más de 100 participantes totales de “la toma” objeto de la investigación sumaria. Sobre todo considerando que la información respecto de estos alumnos es solicitada mediante correo electrónico a la autoridad universitaria nombre reservado, por parte del abogado Eduardo Méndez un día antes de la Resolución que dispone instruir y dar inicio al proceso de Investigación Sumaria. La respuesta a dicho correo se realiza al día siguiente, es decir, el día 9 de enero, el mismo día en que se emite la Resolución que ordena instruir investigación sumaria, el mismo día en que recién es nombrado Fiscal el Señor Eduardo Méndez y el mismo día que éste acepta el cargo, por lo que dicha lista discriminatoria es la base de la investigación que sanciona a los alumnos desde el primer día. En cuanto a la sanción adoptada si bien se encuentra establecida en el Reglamento de Alumno Regular de Pregrado, ésta no ha sido tomada sino alterando el sentido y alcance de las normas como ya se ha señalado y discriminando caprichosamente a los afectados, en la forma en que se verá en los siguientes párrafos. Sin perjuicio de que aparece de manifiesto que la medida de suspensión, una de las más gravosas que es posible aplicar a cualquier estudiante, es notablemente innecesaria, desproporcionada e injusta, la forma en que se adoptó en definitiva ésta respecto de los afectados por quienes se recurre es aún más discriminatoria. Lo anterior, puesto, que durante el curso del respectivo procedimiento sancionatorio, no se dieron ni existieron los presupuestos más básicos del debido proceso. No existe imparcialidad de ningún tipo por parte de la autoridad que finalmente debía resolver la responsabilidad y sanciones de los alumnos, puesto que como se ha dicho, el propio Rector en dos ocasiones manifiesta su clara opinión llena de subjetividades respecto de los hechos que hasta ese momento no habían sido investigados.

Considera que es además discriminatoria, porque se inicia una investigación en contra de 11 alumnos de los más de 100 participantes de la toma. Se identifica a 11 alumnos de los más de 50 que rotaban a diario para mantener el simbolismo de la ocupación de la sede. La lista que los identifica como cabecillas en enviada por nombre reservado a solicitud de quien al momento de solicitar dicha información, no había sido nombrado como fiscal a cargo de la investigación. Finalmente sin ningún esfuerzo investigativo, se da por acreditado hechos, abusando de la buena fe de los alumnos que se apersonaron a declarar, dejando expresa constancia de que contravenían expresamente los hechos por los cuales eran acusados, y de las irregularidades del procedimiento. La única diferencia objetiva entre los 11 estudiantes sumariados y el resto de los más de 100 alumnos, era que los 11 sometidos a investigación eran reconocidos por la Directora de la Sede como “cabecillas”. Ha sido además discriminatoria, no respondiendo la diferencia de trato, dada por la autoridad al resolver la Solicitud de Reconsideración de los 10 alumnos que la presentaron a ningún criterio de racionalidad, sino que aparece meramente sustentada en el mero capricho o antojo del Rector, quien como se verá, "eligió" suspender a alumnos en la misma situación que los que fueron "perdonados por su reconsideración". Cuando la autoridad universitaria recurrida toma conocimiento de los antecedentes de la Reconsideración, se encuentra frente a alumnos que, no obstante sus particularidades o matices, tienen o se encuentran en la misma condición, y al resolver, los trata antojadizamente de manera diversa, sin que haya, se desprenda o se conozca los fundamentos de tal errada, arbitraria e infundada decisión. En efecto, el Reglamento otorga al Rector la facultad de Reconsiderar la medida, negando expresamente la posibilidad de que proceda algún otro recurso en contra de su propia resolución, y sin ningún procedimiento previamente establecido para la tramitación del recurso, siendo considerada esta reconsideración ante el Rector, como una última instancia. Esta instancia, que de manera mucho más evidente también vulneró la igualdad ante la ley de todos los recurrentes, consistió finalmente en un llamado telefónico a los estudiantes afectados, y la decisión posterior del Rector sobre si acoge o no la Reconsideración. Así las cosas desde el 1 de abril de 2020, Rectoría envía respuestas por correo electrónico a las solicitudes de Reconsideración presentadas por los estudiantes. Previo a ello, a algunos de los estudiantes los llama directamente por teléfono, llamado en el cual muestra total desconocimiento de los argumentos expuestos en las reconsideraciones y en los antecedentes que constan en el expediente. Junto con ello, en dicho llamado continúa reprendiendo conductas que no fueron debidamente acreditadas, carga insistentemente culpas a los estudiantes respecto del despido de trabajadores de una empresa externa, y realiza incómodas preguntas respecto del estado de ánimo de los propios alumnos suspendido y de sus familias. En definitiva, luego de referido llamado, a dos estudiantes que habían sido sancionados con suspensión por un período académico se les acoge su Reconsideración, cambiando la Suspensión por la Amonestación escrita. Los estudiantes a los que se reconsidera su medida son nombre reservado y nombre reservado. Por su parte, a 8 estudiantes se les respondió la Solicitud de Reconsideración, rechazándola y confirmando la drástica. La respuesta otorgada a estos estudiantes por el Rector, fue mediante una resolución tipo, enviada por correo electrónico, que no enuncia de forma alguna los factores considerados para adoptar la medida y no desarrolla de forma particular los argumentos pertinentes de cada uno de los estudiantes suspendidos.

Indica la vulneración de la garantía constitucional se ha producido, específicamente, desde el inicio de la investigación al acompañar irregularmente la Directora de la sede, una lista de 11 supuestos “cabecillas” de la situación de la toma, siendo que en ella participaron más de 100 alumnos, rotando la mayor parte del tiempo al menos unos 50 de ellos resguardando el establecimiento, todos con la misma participación dentro de la toma. Luego, se produce nuevamente la vulneración de este derecho, ya que el Rector, si bien teóricamente tiene atribuciones para resolver respecto del informe del Fiscal y determinar las responsabilidades, lo hizo apartándose flagrantemente de cualquier criterio de igualdad, de manera arbitraria, caprichosa y estableciendo diferencias que no se encuentran basadas en criterios de justicia ni razón. En efecto, la autoridad estableció distintas sanciones, en definitiva, para los alumnos afectados, distinguiéndose entre quienes fueron suspendidos definitivamente, y quienes se aceptó su reconsideración. Incluso respecto de los suspendidos definitivamente se realizan diferencias arbitrarias entre quienes se suspende por un periodo académico y quienes se suspende por dos periodos académicos.

Dice que el Rector, para aparentar obrar en su decisión sin arbitrariedad, copió y pegó en cada una de las Resoluciones en que comunicó el rechazo y consecuencial suspensión de los estudiantes, sin consignar los "motivos" que lo habrían llevado a resolver en la forma que se hizo. Todo lo que dice la resolución en el caso de todos los alumnos a los cuales se les rechaza su Reconsideración, salvo a nombre reservado, es lo siguiente: “Artículo Primero. Que teniendo presente el mérito de los antecedentes y los fundamentos expuestos por don (…), los que no logran desvirtuar lo resuelto en la presente investigación, no se accede a la solicitud de Reconsideración presentada. El hecho de no señalar la carta fundamento alguno de sus decisiones, es suficiente para dar por establecido que obró estableciendo discriminaciones arbitrarias, quedando de manifiesto tal trato discriminatorio con la Resolución que acoge las reconsideraciones de dos alumnos. En este caso, los fundamentos que no expone de ninguna manera la autoridad además de desconocerse, parecen extraerse de los "antecedentes" desconocidos, recopilados durante la secreta tramitación de la Reconsideración, a través de los llamados telefónicos o posibles entrevistas, sin siquiera exponerse al comunicar la drástica decisión final. En particular, la Universidad recurrida ha actuado estableciendo diferencias arbitrarias, desde que se ha investigado y resuelto "sancionar" a alumnos que se encuentran en iguales condiciones que aquellos a quienes ni siquiera se les investigó, luego continúa con su conducta vulneratoria, y en definitiva, reconsideró caprichosamente la sanción de dos alumnos. Hace presente que tal ponderación, no viene a ser sino el razonamiento mediante el cual esta autoridad justifica su decisión, razonándola. Aquí, la actuación del Rector se aparta de las diferencias que el Constituyente permite, desde que incurre en distinciones arbitrarias, pues no se fundan ni en la razón, ni en la justicia ni propenden al bien común, ya que ha tratado en su decisión de manera opuesta, no solo diversa, sino que opuesta a personas que se encuentran objetivamente en la misma situación, esto es, ha actuado caprichosamente, estableciendo diferencias infundadas, o, dicho de otro modo, cuya decisión y motivación se aparta de la razón y de la justicia. A modo de ejemplo, la estudiante nombre reservado, a quien se le acogió la Reconsideración, dejando sin efecto su sanción, se encuentra en la misma situación de nombre reservado, quien fue sancionado con suspensión, ambos estudiantes de Administración pública y Agronomía respectivamente, y ambos con un rendimiento académico similar. Esto importa, sin duda, que la autoridad para ponderar su decisión discriminó, apartándose de la razón, injusta y caprichosamente de distinta forma factores o antecedentes idénticos respecto de personas que se encontraban en igualdad de condiciones vulnerando la garantía por lo que procede que SS Ilustrísimas tomen las medidas necesarias para establecer el imperio del Derecho.

Añade que se ha vulnerado el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, que dice que la Constitución asegura a todas las personas El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. A este respecto, queda en evidencia la situación de las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, a quienes expresamente los profesionales que las atienden recomendaron en múltiples ocasiones mantener su distracción, ocupación y participación en las instancias de participación de los alumnos y en organizaciones estudiantiles. Junto con ello, ambas recibían atención Sicológica a través de la Universidad. Perdiendo con la suspensión arbitraria la posibilidad de continuar con su tratamiento mientras esta suspensión subsista. Lo anterior ha incrementado las situaciones de ansiedad, crisis de pánico y la depresión contra las que ambas luchaban desde antes de esta situación. Sin duda alguna, la integridad síquica, y consecuencialmente también la física, resultan totalmente afectadas a raíz de la arbitraria decisión de la Universidad.

Sostiene que también se vulneró el artículo 19 N° 24, esto es, el derecho de propiedad de todos los estudiantes, norma que dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. La sanción de suspensión impuesta por el Rector a los estudiantes de la Universidad Católica del Maule vulnera esta norma que establece un único estatuto para ambas clases de bienes, corporales e incorporales, tal y como lo señala en Artículo 583 del Código Civil que preceptúa que "Sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad.(...)". Asimismo, la Constitución establece que sólo una ley podrá establecer las limitaciones que puedan existir para su ejercicio de la siguiente manera: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”. Por otro lado, el inciso siguiente dice que en ningún caso puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación. "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador." Hace presente que la Jurisprudencia ha señalado en el caso, “nombre reservado”, Considerando 10°: "Que en efecto, el acto sancionatorio impugnado... perturbó indebidamente el derecho del recurrente a desarrollar la carrera en que está matriculado en la Universidad Arturo Pratt y que participa del amparo al derecho de propiedad... atendido el amplio alcance que esta garantía le asigna el inciso primero del N°24 de la misma norma constitucional". Además la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 21 N° 2 niega la privación del derecho a la propiedad, contando como excepción el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social y en los casos y según las formas establecidas por ley. "Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben estar prohibidas por la ley." Finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos acoge también éste derecho, no solo estableciéndolo para todas las personas, sino que también confirmando la protección del mismo en los siguientes términos: "Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad." Dice que de acuerdo a lo anterior, los derechos de los estudiantes son bienes incorporales, pues se les ha vulnerado efectivamente su derecho de propiedad desde que el contrato de prestación de servicios educacionales que han firmado con la Universidad forma parte de su patrimonio, entendiendo que el pago de la matrícula y el arancel universitario, implica una inversión de dinero y tiempo importante en la vida de una persona, así los recurridos han impedido que los estudiantes tomen ramos, inscriban sus prácticas y puedan terminar sus estudios universitarios dentro del período programado y por el que se han esforzado durante tanto tiempo. De lo anterior se colige que los recurridos perturbaron el derecho de los recurrentes a desarrollar la carrera que se encuentran cursando y matriculados, afectando de este modo su derecho de propiedad. Actualmente la Universidad, con posterioridad a la Matrícula de los alumnos recurrentes, envía correos electrónicos bloqueándolos en el sistema interno, impidiendo tomar sus respectivas asignaturas, reuniendo los alumnos todos los requisitos para ello.

Agrega que el Artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución establece que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” Señala que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla en su artículo 14° que “todas las personas son iguales ante los tribunales y corte de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley (…)”.

Hace remisión al derecho internacional de los derechos humanos, que el constituyente hace en el artículo 5 inciso 2 de nuestro Código Político, contemplando dentro del denominado “Bloque de Constitucionalidad”, la obligación que tiene el Estado de Chile y por tanto sus órganos, de dar estricto cumplimiento a los convenios internacionales en materia de derechos humanos respetando y promoviendo las prerrogativas que dichos instrumentos franquean a particulares. A mayor abundamiento, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su artículo 8° el derecho que tiene toda persona a “(...) ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, lo que se traduce en la práctica en la existencia de un juez natural. A su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 10° contempla la prohibición de comisiones especiales que ejerzan actos de jurisdicción cuando señala que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Sumado a la normativa nacional e internacional citada en este acto, cabe mencionar que nuestra jurisprudencia es clara en los casos de vulneración a la garantía fundamental de no ser juzgado por comisiones especiales. En este caso concreto, el Rector es el órgano competente para resolver respecto de la sanciones disciplinarias de quienes sean sometidos a una investigación Sumaria, lo anterior, previo informe del Fiscal nombrado para realizar dicha investigación y en el caso particular de los alumnos recurrentes, previo además a la denuncia realizada por el Director de Escuela o Decano de la Facultad a Secretaría General, por hechos denunciados previamente a ellos mismos por parte de una Autoridad administrativa que haya presenciado los hechos constitutivos de infracción. En el presente caso, los hechos son presenciados por la Directora de la Sede, nombre reservado quien no realiza la denuncia respectiva debiendo hacerlo, suprimiendo de esta manera una instancia claramente establecida en el artículo 33 letra a) del reglamento de alumno regular de pregrado y transformando de esta manera respecto de los estudiantes, las actuaciones del Rector en los actos propios de una comisión especial, puesto que su intervención no se realizó de la forma indicada en el reglamento. En definitiva, el rector ha fundado en antecedentes que se desconocen de manera clara en el expediente, abusando de sus facultades, ordena investigar hechos respecto de los cuales posteriormente el mismo debía resolver respecto de su acreditación, responsabilidades y sanciones, dependiendo el procedimiento completo de su total arbitrio. En este punto se debe considerar que dicha autoridad, es la primera en rechazar pública y privadamente a través de un comunicado interno a toda la comunidad universitaria y de un correo electrónico enviado al Secretario General, el actuar de los estudiantes y sus prerrogativas, emitiendo opiniones subjetivas previo a cualquier investigación de los hechos y siempre se opuso al movimiento estudiantil, lo anterior claramente resta imparcialidad en el actuar de este miembro durante el procedimiento, más aun si consideramos que contra la resolución que este emite no existe recuso alguna más que el de reconsideración de la medida, que para peor, el propio Rector debe resolver.

Indica el rol de nombre reservado en la investigación, y su posible participación de una Comisión especial, puesto que ella es quien envía una lista de “cabecillas” sobre los cuales posteriormente recae la sanción. En el momento de inicio de la toma, es la única autoridad que todos los alumnos reconocen como presente en el lugar y debidamente informada de la situación. El mismo día en que ocurre tal situación el Rector envía correo a Secretario General ordenando instruir proceso de Investigación Sumaria, por lo que suponemos que la única autoridad de la Universidad presente en ese momento, es quien informa al Rector sobre su versión de la situación, debiendo en realidad por el sólo hecho de haber presenciado hechos que le parecían graves, haber seguido lo expresamente establecido en el Artículo 33 letra a) del Reglamento del Alumno Regular de Pregrado. A esto debemos sumar el correo de respuesta que envía el supuesto encargado de la concesión del casino, que contemplaba un correo “de ida” enviado por esta misma autoridad, que no consta tampoco en el expediente. Todo esto no hace más que confirmar su influencia directa en el procedimiento, siendo parte de una Comisión Especial que existió en la práctica, que buscaba directamente responsabilizar a los alumnos considerados por ella como “cabecillas”. Asienta que no existen mecanismos objetivos ni preestablecidos en el reglamento que otorguen imparcialidad y seguridad jurídica en el procedimiento, si bien existe con anterioridad un reglamento que de manera general señala cómo y ante quien se tramitará el proceso de investigación sumaria, para que éstos no se transformen en una comisión especial y se otorguen garantías reales a sus estudiantes, es necesario que dicho procedimiento contemple las garantías mínimas de un debido proceso.

Añade que se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada respecto a la alumna nombre reservado, aludiendo al artículo 19 N° 5° de la Constitución Política de la República que establece que “La Constitución asegura a todas las personas la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;” Queda claro al tenor de los antecedentes expuestos y de la norma transcrita que al utilizar la Universidad una fotografía de las redes sociales privadas de la alumna nombre reservado una supuesta prueba en su contra, se ha violado una forma de comunicación privada, como lo es una cuenta privada de la red social Instagram. No se deja claro en ningún momento de donde fue conseguida esa imagen, y de no ser por la propia Universidad, ésta situación habría pasado desapercibida, puesto que ni siquiera todos los estudiantes asistentes a la toma tenían conocimiento de esa situación, tal como se vislumbra en la mayoría de las declaraciones de los alumnos investigados.

Solicita a esta Corte de Apelaciones que ordene a la recurrida hacer cesar la medida de suspensión por un periodo académico de los estudiantes recurrentes, permitiendo que puedan sin interrupción alguna continuar siendo parte de la comunidad estudiantil y continuar sin retrasos injustos, de acuerdo a su planificación desde su ingreso a la Universidad, con el estudio de sus carreras hasta egresar, licenciarse o titularse respectivamente, sin perjuicio del cumplimiento por parte de ellos de los requisitos académicos, disciplinarios y económicos que se exigen a cualquier otro estudiante; Eliminar de la hoja de vida de todos los estudiantes sumariados la anotación de la Sanción que les fue impuesta en virtud de tan viciado procedimiento; Que se ordene a la parte recurrida que en lo sucesivo deberán abstenerse de sus ejercer sus facultades disciplinarias en términos que vulneren las garantías constitucionales de los Estudiantes de la Universidad, imponiendo sanciones ilegales y/o arbitrarias.

Pide que se declare que tal conducta es ilegal y/o arbitraria, declaración que es imperiosa aún en el evento que los recurridos decidan cesar su actitud ilegal y arbitraria durante la secuela de la tramitación de esta acción de protección, por cuanto, subsistirá el riesgo de que se perturben, priven o amenacen los derechos fundamentales de los demás estudiantes del establecimiento, al término del proceso disciplinario que la Universidad ha instruido, y por ello es necesario que un órgano de la Jurisdicción llamado a proteger las garantías individuales así se lo declare.

Solicita asimismo, la modificación inmediata del procedimiento disciplinario al cual se deben someter los alumnos, por uno que contemple al menos las garantías y requisitos mínimos de un debido proceso; Eliminación de la anotación de la sanción de la hoja de vida de los alumnos respecto de los cuales se revoque la sanción; Que las medidas tomadas respecto de los recurrentes para restablecer el imperio del derecho, se extienda a los 8 alumnos que fueron objeto de sanción de suspensión; Instar a las autoridades de la Universidad, en especial a la Directora de la Sede nombre reservado nombre reservado, a participar de los procedimientos disciplinarios respetando los reglamentos de la Universidad y los Derechos fundamentales de los estudiantes, asimismo, para evitar situaciones como las ocurridas, favorecer con su actitud al diálogo y solución amigable de los conflictos.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Universidad Católica del Maule por las razones esgrimidas, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, declare que los actos de los recurridos son arbitrarios y/o ilegales, por cuanto en el caso concreto, afectan las garantías constitucionales señaladas en el presente escrito, y en consecuencia ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los impedimentos y decretando las medidas solicitadas en el Acápite III o las demás providencias que esta Corte estime pertinentes.

Segundo: Que los abogados María Piedad Rossi Torrealba y Eduardo Méndez González, en representación convencional de la Universidad Católica del Maule, evacuando en informe respetivo, en lo pertinente manifiestan que su representada es una institución de derecho público, de educación superior, derivada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y sucesora legal en materias académicas y patrimoniales de la Sede Regional del Maule.- Fue eregida el 10 de julio de 1991, por el Obispo de Talca y primer Gran Canciller, Monseñor nombre reservado, fruto del traspaso canónico que la Santa Sede hiciera de las sedes que la Pontificia Universidad Católica de Chile mantenía en Talca, Concepción y Temuco. No obstante, los orígenes de la Institución se remontan a la Escuela Normal Rural Experimental de Talca, creada en 1960. La Universidad Católica del Maule asume la formación profesional de sus estudiantes para la región, el país y el mundo, quienes se capacitarán a la luz de los principios y fundamentos de la Institución. Pensada como una Universidad Católica, fundada en los principios y valores del Evangelio, y buscadora permanente de la verdad a través de la docencia, la investigación y la extensión. Goza de autonomía universitaria, que comprende la libertad para elegir la forma de gobierno y de designación de las autoridades académicas, libre establecimiento de los programas, reglamentación interna y planes de estudio, las líneas de investigación y, en el ámbito económico y financiero. Aquella le es reconocida por el ordenamiento jurídico en atención al rol fundamental que desarrollan en la sociedad, siendo un motor que impulsa el crecimiento cultural del país.

Hacen presente que la Ley de Educación Superior 21.091, reconoce la autonomía a las instituciones de educación superior, la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa.

Señalan que los recurrentes fueron objeto de las sanciones en el marco de un procedimiento de investigación sumaria, contemplado por la Universidad Católica del Maule, en su Reglamento de Auditorias e Investigaciones Sumarias (Decreto Rectoría 96/2009 que acompaña).- La investigación se desarrolló con apego a la normativa referida y aquella que resultaba aplicable en la especie, tal como los Estatutos Generales de la Universidad (Decreto de gran Cancillería 3/2014), Reglamento del Alumno Regular de Pregrado (44/2012) y nuevo texto del reglamento del Estudiante Regular de Pregrado de la UCM (Decreto de Rectoría 9/2019) los que acompañan en un otrosí, sin vulneración de derechos ni garantías Constitucionales.

Agregan que mediante resolución de Secretaria General de 9 de enero de 2020, se instruyó una investigación sumaria, a requerimiento del Rector de la universidad de fecha 16 de diciembre de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el art 1° del reglamento ya indicado. Según se desprende del inciso segundo, del mismo artículo, con el requerimiento del Rector y los antecedentes iníciales (dentro de los cuales se contaba con un listado de estudiantes que presumiblemente participaron en la toma, el cual fue requerido por abogado del Departamento Jurídico que es parte de la Secretaria General), se procedió a dictar la resolución ya referida que instruyo la investigación y nombró fiscal, quien tenía el plazo de 15 días hábiles para emitir su informe (art 6 Reglamento de Auditorias e Investigaciones Sumarias). Habiendo designado actuario (Art 6 inc. segundo Reglamento. de Auditorias e Investigaciones Sumarias), contando con la declaración de la Directora de la Dirección General de Estudiantes (fojas 7 del expediente investigativo), que evidencia participación de la mayoría de las personas singularizadas en el listado aportado por la Directora de Sede nombre reservado, se procedió a citar a los estudiantes vía correo electrónico (fojas 15 a 28 del expediente) lo que no está prohibido y no genero indefensión alguna en los estudiantes citados. En efecto, todos los estudiantes comparecieron en la fecha señalada, generándose solo algunos cambios en las horas de cada comparecencia a requerimiento de los propios estudiantes durante el desarrollo de sus declaraciones y del abogado que los acompañaba, quien por lo demás, resulta ser el mismo abogado patrocinante en el presente recurso, todo lo que da cuenta de las facilidades que se entregaron a los estudiantes a fin de asegurar su declaración.- El abogado participó en varias declaraciones, abandonando el lugar, cuando (según lo expresa en el mismo recurso) “advirtió que no habían presiones de ninguna especie en las declaraciones”, Misma actitud que se tuvo con todos quienes declararon en el marco de la investigación, sin que exista evidencia alguna en contrario.- Exponen que no es efectivo que se les haya adelantado cual iba a ser el resultado de la investigación (como lo intenta evidenciar el abogado recurrente), lo que mal podría haber ocurrido si recién estaba comenzando la investigación. A cada estudiante se le exhibió la resolución que ordenaba la investigación (tal como se puede apreciar desde fojas 33 a 42 del expediente, en las declaraciones de cada uno) quienes reconocen haber dado lectura a la resolución que la dispuso, expresando no tener dudas respecto de la misma. En efecto, todos los estudiantes tenían claridad de los hechos motivaron la investigación, asociados a la toma estudiantil ocurrida entre el 16 y 30 de diciembre 2019, reconociendo haber participado de la misma, sin evidenciar participación de más estudiantes en particular. Las declaraciones se desarrollaron con fluidez dentro de la jornada del día 13 de enero de 2020. En esa misma oportunidad, encontrándose el fiscal en la sede de Nuestra Señora del nombre reservado, que fue objeto de la toma (donde los estudiantes declararon), se procedió a consultar por la presencia de los guardias que, siendo trabajadores de una empresa de seguridad externa a la UCM, manifestaron su disposición de declarar en la misma oportunidad (fojas 44 a 46 del expediente), lo mismo ocurrió con una estudiante que se encontraba al interior de la sede (fojas 43 del expediente). Sus declaraciones evidenciaron varias situaciones irregulares, desde ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, ingreso de personas ajenas a la comunidad educativa, control y bloqueo de acceso, personas que subieron a una escalera que da a una torre de agua al interior de la sede, encapuchamiento de la figura de la virgen, quedando pendiente la entrega de videos de seguridad y el registro de guardia.

Continúan señalando que dado que existían indicios de responsabilidad de los estudiantes, con los elementos probatorios reunidos hasta el momento, se les formularon cargos (desde fojas 47 del expediente), donde se les señala con claridad los hechos, lo que les permitió pronunciarse sin inconvenientes respecto de cada uno tal como se aprecia de sus descargos. Solo una estudiante requirió acceso al expediente al día siguiente de formulados los cargos (fojas 81), señalando que lo requería para sus descargos, frente a lo cual se le indico (el mismo día), que estaba a su disposición en la Secretaria General, pudiendo retirarlo personalmente o mediante mandato notarial simple, explicándose incluso la forma de hacerlo (fojas 82 del expediente) en caso de requerirlo. Ella concurrió y se le facilitó copia del expediente con las piezas que lo conformaban hasta ese momento y en cada oportunidad que un estudiante solicitó documentación generó alguna consulta, la respuesta no pasaba de 24 horas (plazo que si bien no figura, en el reglamento asociado a investigaciones, se puede constatar en cada oportunidad en que se solicitó y se respondió (fojas 25 – 27; 71, 81-82, 103, 106, 109, 112,114, 118, 119,122, 193, 244 y 247 del expediente).

Afirman que los estudiantes solicitaron prorroga de plazo para hacer sus descargos, accediéndose en todos los casos además de precisar, que la normativa mencionada en los cargos formulados, la podían descargar desde la página web institucional, en el apartado de Autoridades - Secretaría General, Normas Internas, ingresando con sus respectivos Rut y contraseña. Posteriormente, contando ya con todos los antecedentes, sin que los estudiantes hubieren requerido probanzas o peticiones particulares, se generó un informe dentro del plazo de 15 días referido en el reglamento (art 6 Reglamento sobre Auditorias e investigaciones sumarias de la Universidad Católica del Maule) donde se propusieron sanciones, que fueron confirmadas por el Rector (en apego a lo dispuesto en el art 10 del Reglamento sobre Auditorias e investigaciones sumarias de la Universidad Católica del Maule) .- Dado que los investigados eran estudiantes universitarios, se aplicaron las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 33 letra b) del Reglamento del Alumno Regular del Pregrado de la UCM para los estudiantes que ingresaron antes del año 2019, siendo aplicables el artículo 96 letra c) del Reglamento del Estudiante Regular de Pregrado, de 2019, a quienes ingresaron a estudiar este año.

Agregan que cada estudiante fue notificado personalmente de la resolución de la investigación, donde se expresa la medida sancionatoria propuesta y el plazo para presentar recurso de reconsideración, si lo estimaban pertinente, debiendo presentarla al Secretario General, para su resolución por parte del Rector (art 13 Reglamento sobre Auditorias e investigaciones sumarias de la Universidad Católica del Maule). Este último resolvió a cada reconsideración presentada, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el expediente de la investigación y a los antecedentes aportados por cada uno de los estudiantes, en la entrevista que – de forma individual – sostuvo el Rector con cada uno de ellos, lo que en definitiva implicó que se rebajara las sanciones a dos de los estudiantes y se mantuvieran las sanciones en los demás casos.

Sostienen que a pesar que los recurrentes señalaron, que arriesgaban su expulsión de la universidad, aquello no ocurrió, sino que la sanción obedece al actuar de un grupo pequeño de estudiantes, que dista mucho de los 100 que señala el recurso (lo que se puede corroborar de las declaraciones de los propios estudiantes fojas 36, 38, 40, 41) que fueron identificados con claridad, que reconocieron haber participado (la mayoría reconoce haber pernoctado en más de una oportunidad en la sede) mantuvieron tomada la sede durante dos semanas, sin que aquello fuera “Simbólica” como lo trataron de evidenciar desde un comienzo, sino que, trajo consecuencias directas e indirectas como se expone en las conclusiones del informe. Situaron mobiliario en la entrada principal del edificio de la universidad, pusieron dispositivos de cierre, no se pudo utilizar la sede para impartir clases, ni desarrollar actividades normales, tampoco laboratorios, ni capilla para ceremonias, ni lavandería. La concesionaria a cargo del casino debió desvincular personal al no poder prestar servicios (acompañándose correo y tres finiquitos). Los estudiantes ejercieron control sobre el ingreso de personas, requiriendo incluso firmar una nómina a los estudiantes que ingresaban. Una estudiante da cuenta de que no le permitieron entrar a ella ni a otra compañera por no haber firmado el registro y ahora los recurrentes en un escrito de 108 páginas pretenden desvirtuar una investigación, transparente y objetiva, donde se trató a los estudiantes con debido respeto en todo momento, sin vulneración de garantía alguna.

Expresan que el sesgo político que los recurrentes pretenden dar a su recurso, en el sentido de evidenciar una persecución contra los líderes estudiantiles en el marco de los reclamos sociales, estudiantiles, no tiene relación con la investigación llevada, ni fue planteada como un móvil para justificar la investigación, a modo de persecución en su contra por parte los estudiantes. La investigación nace de la “toma” de una sede, hecho que se traduce en una irregularidad sancionada en la normativa interna, que impide a los estudiantes (Reglamento del Alumno Regular de Pregrado Decreto de Rectoría, 44/2012, Art 33…..) “…desarrollar actos perturbadores de la actividad normal de ella o que afecten la convivencia universitaria o que sean contrarios a los principios de la Iglesia; ni aquellas reñidos con lo que disponen las Leyes de la Nación, los Estatutos Generales de la Universidad y los reglamentos que de éstos se derivan”. Había una nómina con nombres, referencias de guardias, declaración de Directora del Centro General Estudiantil, declaración de una estudiante, imágenes de cámaras donde se evidencia participación de los estudiantes mencionados, que reconocieron participación en la toma, que contando con asesoría letrada, teniendo acceso a la normativa institucional, tuvieron todas las instancias para exponer sus declaraciones, requerir información y entregarla, presentar elementos de prueba o proponer alguna diligencia de haberlo requerido. No existe un fundamento para validar las vías de hecho que pretenden justificar donde se perdieron incluso puestos de trabajo, entre otras situaciones ya referidas Consideran que el recurso de protección se encuentra establecido para garantizar el cumplimiento de ciertos derechos fundamentales definidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto al artículo 19 n°3, solo abarca su inciso 5° referido a que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, resultando por tanto improcedente la alegación respecto a aquellos derechos que no se encuentran consagrados expresamente en su definición, como ocurre con el derecho al debido proceso definido en su inciso 6°. Así también lo ha considerado la Excelentísima Corte Suprema en causa rol n° 4322-2002, caratulada “nombre reservado con Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana”, que confirma la sentencia que rechaza recurso de protección deducido ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol n° 3582-2002, cuyo considerando 4° señala: “Lo que se reprocha a la autoridad recurrida, en los breves argumentos esgrimidos en el libelo aludido, en resumidas cuentas, es la falta de un debido proceso administrativo, pero a ello se refiere el inciso quinto (actual sexto) del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en una garantía que no está protegida por la presente vía cautelar, que, conforme al artículo 20 del mismo texto, únicamente presta protección al inciso cuarto (actual quinto) de aquel precepto”, esta misma postura se recoge también por la Corte Suprema en causa rol n° 4772-2000 que confirma sentencia emitida en recurso de protección rol n° 591-2000 ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso y recientemente el máximo tribunal nacional, en causa rol n° 1553-2019, confirma rechazo de recurso de protección deducido ante la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en causa rol n° 3085 cuyo considerando quinto sostiene: “Si se analiza sustancialmente el recurso, más allá de hacer referencia a diversas garantías constitucionales, de modo concreto se limita a reprochar una eventual vulneración al debido proceso por supuestas irregularidades del que fuera aplicado a sus clientes. Tal cuestión no puede ser impugnada por esta vía en la medida que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, al consagrar la acción de protección, con relación al artículo 19 N° 3 de la Carta solo la establece con relación al derecho juez natural o prohibición de juzgamiento por comisión especial, cuestión que ni siquiera es mencionada en el recurso”.

Indican que los Tribunales Superiores de Justicia, no solo han declarado inadmisibles o improcedentes aquellos recursos de protección donde se invoca cierta privación, perturbación o amenaza del derecho fundamental consagrado en el inciso 6° del articulo 19 n°3, según se mencionó previamente, sino que también han rechazado aquellos recursos en que se han invocado vulneraciones al inciso 5° del articulo 19 n° 3 que señala “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho” (derecho a juez natural), que efectivamente se encuentra garantizado por la acción de protección (art. 20 CPR), al sostener que los establecimientos educacionales no ejercen una función jurisdiccional, en la tramitación de un procedimiento sancionatorio. Así es como en recurso de protección tramitado ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado “nombre reservado con Director del Colegio Anexo Benjamín Vicuña Mackenna y Alcalde de la Comuna de La Florida” causa rol n° 2955-2007, se sostiene en su considerando 8° “Que, tampoco se divisa infracción a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, específicamente infracción a los incisos 3º y 4º del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el ser juzgado por comisiones especiales y el correspondiente debido proceso, ya que los recurrentes no fueron objeto de un juicio o juzgamiento ni fueron objeto de una sentencia jurisdiccional, sino que todo se limitó a aplicarles una sanción administrativa impuesta por el Director del colegio, persona revestida con facultades legales y reglamentarias suficientes para ello, por lo que resulta artificioso invocar tal garantía en el caso de autos, atendido a que el número 3 del artículo 19 de la Carta Magna se refiere precisamente a un juzgamiento en juicio, situación que no ha ocurrido en el caso de autos”. En esta misma línea argumentativa, la Corte Suprema ha entendido que la imposición de sanciones administrativas por parte de una institución privada, en el marco de un procedimiento disciplinario, tiene su fundamento en el derecho de asociación (19 n° 15 CPR) y la autonomía de la voluntad de sus miembros y no en la existencia de una comisión especial ya que dichos organismos no ejercen jurisdicción1, siendo por tanto improcedente invocar en el caso de marras, una vulneración al derecho de no ser juzgado por comisiones especiales (19 n°3 inciso 5°), puesto que la Universidad es una institución que no ejerce jurisdicción. Asimismo, en fallo emitido por la I. Corte de Apelaciones de Temuco, en recurso de protección caratulado “nombre reservado contra Instituto Claret de Temuco” rol n° 1497-2004, confirmado por la Corte Suprema en causa rol n° 16042005, cuyo considerando 4° sostiene “Conforme a ello, este Tribunal no estima que mediante la resolución del Consejo Directivo de la recurrida, que es atacado por esta vía jurisdiccional, se haya violentado la garantía aludida, ya que no se puede pretender que en la aplicación de sanciones de distintas entidades, haya de judicializarse tales actividades, sometiendo aquella aplicación a las reglas del debido proceso, sobre todo si se considera que en planteles educacionales, los roles de educador y educandos están en una distinta jerarquía, otorgando a los primeros facultades disciplinarias respecto de los alumnos, debiendo estos mantener disciplina y obediencia, las cuales de no respetarse hacen perder fuerza a todo el proyecto educativo” y finalmente en fallo de la Corte Suprema en causa rol n° 894-2003, que revoca sentencia en recurso de protección deducido ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, señala en su considerando 10° “Que, en seguida, el derecho a un debido proceso no puede ser más lejano a la situación que se resuelve. En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República protege la garantía del número 3 inciso 4º del artículo 19, que impide ser juzgado por comisiones especiales, y, como surge claramente de su tenor y del contexto del número en cuestión, se refiere a problemas de orden judicial o disciplinarias, dentro del que no tiene ninguna cabida el presente (referido a la acción de un establecimiento educacional en orden a no renovar la matrícula de una alumna)”

Consideran que sin perjuicio de lo sostenido por la abundante jurisprudencia recién citada, los hechos alegados por la recurrente en su libelo, especialmente en lo referido a la investigación sumaria llevada a cabo por la UCM, fueron respetados en todo momento sus derechos consignados en el artículo 19 n° 3 de la Constitución Política de la República, incluidos el debido proceso (inciso 6°) y a no ser juzgado por comisiones especiales (inciso 5°). El desarrollo de la investigación sumaria que motivó el presente recurso de protección, se desarrolló con total sujeción a las garantías propias del debido proceso y en apego a lo dispuesto en la normativa interna de la Universidad Católica del Maule, debido a que se instruyó una investigación por la autoridad competente de la institución; se designó fiscal y se nombró actuario; el fiscal citó a cada estudiante presumiblemente involucrado; los estudiantes prestaron declaración, previa exhibición de la resolución que instruyo la investigación pudiendo comparecer en compañía de un letrado; tuvieron acceso en todo momento y a su requerimiento, al expediente; el fiscal formuló cargos que fueron notificados a cada estudiante, los cuales contenían los hechos que se imputaban y la normativa presumiblemente vulnerada, señalando el plazo para evacuar los descargos, con posibilidad de prórroga, que fue requerida por los estudiantes y admitida por el Fiscal; los estudiantes presentaron descargos, sin acompañar pruebas o requerir diligencias; el fiscal evacuó informe dentro del plazo señalado en la resolución que instruyo la investigación, sin solicitar prorroga, contando con los elementos de convicción suficientes, estableciendo las responsabilidades y propuesta de sanciones: el Informe se remite a Secretario General y luego a Rector que aprobó el informe por escrito, dictando una resolución donde se establece la resolución de la investigación, indicándose las sanciones y posibilidad de recurrir a las mismas mediante recurso de reconsideración; se notificó a cada estudiante de la resolución referida y los estudiantes pudieron presentar recurso de reconsideración que luego de resuelto formalmente por el Rector, se les notificó personalmente.

Exponen que en cuanto a la vulneración al derecho de propiedad invocado por la recurrente, referido a que la suspensión de ciertos periodos académicos como sanción disciplinaria, vulnera el derecho de propiedad sobre un bien incorporal como lo es su contrato de prestación de servicios educacionales con la Universidad y que, por tanto, se trata de una limitación al dominio que no se basa en una ley general o especial en los términos establecidos por la Constitución, discrepa de aquello, pues el articulo 19 n° 11 inciso 5° de la Constitución Política de la República encarga a una ley orgánica constitucional establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales a todo nivel, dictándose a dicho respecto la Ley General de Enseñanza (20.370), que deroga la Ley Orgánica Constitucional de Educación (18.962), cuyo artículo 1042 consagra el principio de autonomía de las instituciones de educación superior. En virtud de dicha autonomía, la Universidad Católica del Maule ha dictado sus respectivos Estatutos y Reglamentos para llevar a cabo sus finalidades institucionales de índole académica, económica y administrativa, dictándose a este respecto el decreto de rectoría n° 96/2009 que aprueba el Reglamento de Auditorías e Investigaciones Sumarias, el decreto de rectoría n° 44/2012 que aprueba el Reglamento de Alumno Regular de Pregrado, con vigencia hasta el segundo periodo académico 2018 y el decreto de rectoría n° 9/2019 que aprueba el Reglamento del Alumno Regular de Pregrado, para los periodos académicos 2019 y siguientes. En estos últimos instrumentos se han establecidos las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos de pregrado (art. 33 dto. 44/2012 y art. 96 dto. 9/2019) según su año de ingreso a la Universidad, resultando en ambas regulaciones la sanción disciplinaria de “suspensión por uno o más periodos académicos”, previa investigación sumaria desarrollada en conformidad al reglamento aprobado por dto. 44/2012, por lo que la autonomía de la Universidad Católica del Maule, en especial la de índole administrativo que le permite a esa institución organizar su funcionamiento de la manera que estime adecuada en conformidad a sus estatutos y leyes pertinentes, como ocurre con el establecimiento de procedimientos y sanciones disciplinarias para aquellos miembros de la comunidad académica (alumnos, académicos, administrativos) que no cumplan con sus deberes y obligaciones, se encuentra garantizada por expreso mandato constitucional, en la Ley General de Enseñanza (20.370), que deroga la Ley Orgánica Constitucional de Educación (18.962), resultando por ende aplicable el DFL n° 2 de 2010 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20370 con las normas no derogadas del DFL n° 1 de 2005, contempla en su artículo 104 inciso 1° lo siguiente: “Se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa” justificada una hipotética limitación al derecho de propiedad alegada por la recurrente, consistente en la aplicación de la medida de suspensión académica de sus representados. Ahora bien, si lo pretendido por la recurrente es impugnar la legalidad de dicha autonomía universitaria o la inconstitucionalidad de la ley 20.370 que permite la misma, no es el recurso de protección la vía idónea para invocar dicha alegación, sino más bien el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional consagrada en el artículo 93 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al derecho de igualdad ante la ley reclamado, mencionan que no ha existido acto alguno de esa Universidad que haya significado una amenaza, perturbación o privación a dicho derecho fundamental de igualdad ante la ley de los recurrentes, ya que tal como lo menciona su representante en su libelo, se trata de “los cabecillas” en la comisión de un acto ilegal como lo es la toma de un establecimiento de educación superior, considerando que no existe disposición alguna que lo permita y/o reglamente, por lo cual no se trata solo de 10 alumnos pertenecientes a un grupo de 100 que acudieron a la toma, sino más bien de los líderes de dicha acción, sin que tal carácter haya sido controvertido o negado en su libelo, sino por el contrario destacan su carácter de dirigentes estudiantiles en el marco de una crisis social y de la Universidad, y sin que hayan incorporado antecedentes de algún otro alumno que también haya liderado la toma de la sede Nuestra Señora del nombre reservado, pero que no haya sido incorporado en la investigación sumaria realizada, lo cual podría haber configurado una eventual vulneración a la igualdad ante la ley de los recurrentes. En este mismo sentido lo ha entendido la jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo dictado en causa Rol n° 2955-2007, cuyo considerando 7° señala “Que, no es posible sostener que al aplicar la sanción de cancelación de matrícula a los recurrentes, pueda existir por parte del Director del Colegio Anexo Benjamín Vicuña Mackenna, infracción a la garantía de igualdad ante la ley por el solo hecho de haber sancionado únicamente a los líderes que promovieron, coordinaron y actuaron como voceros de la acción ilícita de la toma del establecimiento educacional mencionado, ya que frente a un movimiento masivo, lo lógico es sancionar a sus dirigentes e instigadores, carácter que por lo demás el recurso no niega ni ha sido negado durante la tramitación del presente recurso ni lo fue en estrados, y a éstos, individualizados en la Resolución que dispuso el castigo, la sanción se les aplicó en términos exactamente iguales, es decir, no discriminatorios”

Refiere que en cuanto a las sanciones interpuestas, el fiscal de la investigación sumaria propone la aplicación de la suspensión por un periodo académico de ocho alumnos, respecto de los cuales se acreditó su participación en la toma de la sede señalada y la suspensión por dos periodos académicos a dos alumnos que además de su participación en la toma, se logró acreditar su participación en la profanación a la figura de la virgen, colocándole una capucha en su cara, denostando con ello el carácter cristiano y católico de la Universidad que es conocido y respetado por todos los alumnos que ingresan a cualquiera de las carreras. En este sentido y considerando los antecedentes aportados por el fiscal investigador, el rector decidió que ante igual participación procede igual sanción, sin que ello signifique una vulneración al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al resultado de las reconsideraciones presentadas por los alumnos recurrentes, señalan que se decidió rebajar la sanción solo respecto de dos alumnos que, a juicio del rector, poseían menor responsabilidad en la toma de la sede Nuestra Señora del nombre reservado al tratarse de alumnos de primer año, sin mayor conocimiento ni expertis en movimientos estudiantiles y las consecuencias de su actuar ilegal en la toma, por tanto, al tratarse de alumnos volubles en su espíritu, lo cual no sucede respecto al resto de los recurrentes que llevan varios años como estudiantes de la casa de estudios, ha hecho reconsiderar su sanción en segunda instancia, en virtud de la facultad que le concede al rector, el artículo 13 del reglamento de investigaciones sumarias (dto. n° 96/2009), sin que con ello se haya infringido el principio de igualdad ante la ley.

En orden a que el recurrente alega que existen dos alumnas que se han visto afectadas en su integridad psíquica, producto de las sanciones de suspensión interpuestas a consecuencia de la investigación sumaria llevada a cabo, sin embargo, en el mismo libelo se menciona que ambas estudiantes “recibían atención psicológica a través de la Universidad”, lo cual denota que su malestar o problemas de salud mental tienen su origen en hechos anteriores a los alegados en este procedimiento, lo cual se confirma cuando menciona que “los profesionales que las atienden recomendaron en múltiples ocasiones mantener su distracción, ocupación y participación en las instancias de participación de los alumnos y en organizaciones estudiantiles”, ya que si las recomendaciones profesionales de psicólogos de la propia Universidad, tales como “mantener distracción, ocupación y participación” fueron realizadas con anterioridad a la toma de la sede Nuestra Señora del nombre reservado, es porque sus eventuales enfermedades de salud mental eran preexistentes a la toma ilegal del establecimiento y a la sanción interpuesta mediante el procedimiento disciplinario de la Universidad.

Agrega que la recomendación de participar en “instancias de participación de los alumnos y en organizaciones estudiantiles” no significa una habilitación por parte del profesional clínico para que dichas estudiantes accedan a una toma ilegal del establecimiento, por lo cual si dichas alumnas recurrentes decidieron conforme a su libre albedrio participar en este tipo de medida de represión, que se mantuvo entre los días 16 y 30 de diciembre de 2019, no puede sino significar que dichas alumnas se debieron representar la posibilidad de ser sancionadas con alguna medida disciplinaria por parte de la Universidad ante dicho actuar, siendo en tal escenario inoficiosa su alegación referida a que su salud psíquica se vio afectada por tales medidas que fueron dictada previa investigación sumaria. Así lo ha entendido también la jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Temuco, en causa rol n° 1497-2004 al señalar en su considerando 5° lo siguiente: “Que, la recurrente estima que, también, se ha violentado su derecho a la integridad psíquica protegido por el artículo 19 N°1, al provocar una angustia y sufrimiento derivado de la delicada situación que la medida adoptada le ha causado. En verdad, esta Corte no divisa la forma como podría verse afectado este derecho, puesto que el recurrente como miembro de la sociedad conoce y debe saber que puede ser sancionado, ante situaciones de inconducta por él provocadas, de lo cual por lo demás se encontraba debidamente advertido y conocía de su condicionalidad”.

En cuanto a los derechos contemplados en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República, niegan que la Universidad habría vulnerado el derecho de inviolabilidad de toda comunicación privada de la alumna nombre reservado por utilizar una fotografía de sus redes sociales privadas, específicamente Instagram, debido a que, según declaración de la Directora de la Dirección General Estudiantil de la Universidad Católica del Maule, doña nombre reservado de fecha 09.01.2020, de fojas 7, no objetada por los recurrentes durante la tramitación de la investigación sumaria (en ninguna de las etapas indagatoria, descargos y/o reconsideración), mientras los alumnos se mantenían en la toma del establecimiento, transmitían sus asambleas por streaming, donde decían lo que hacían y como se organizaban, usaban páginas de Instagram con distintos nombres en los cuales hacían referencias a la UCM, tales como “confesiones UCM”, “pleno UCM 2020 (que era 2019)”, “tricel 2019”, “movilízate UCM”, “difusión UCM”, “UCM del webeo” “UC del fraude”, “confesiones UCM nombre reservado”, “Tricel Feucm Maule” y en ese contexto, en perfiles de Instagram que hacían alusión a la UCM, publicaron en “historias” una foto de la virgen con capucha y la alumna en cuestión nombre reservado a su lado, por lo cual en dichas publicaciones resulta evidente un ánimo de divulgar públicamente su actuar durante la toma, para los fines que ellos consideraban legítimos, justos o pertinentes en ese instante, lo cual descarta el carácter privado de dichas redes sociales, más aun si se considera que en cada perfil creado se hace alusión a la UCM y que la declaración de la misma alumna de fecha 13.01.2020, rolante a fojas 36, donde es acompañada por su abogado, recurrente en autos, donde reconoce expresamente que se tomó “una foto con la virgen encapuchada” . Ahora bien, en cuanto a la afirmación que “de no ser por la Universidad, esta situación habría pasado desapercibida”, es dable mencionar que si la real intención de los alumnos que participaron de la toma del establecimiento, y en particular de la alumna nombre reservado, era que sus demandas, manifestaciones, acciones, publicaciones y simbología pasaran desapercibidas, de partida no habría existido la toma ilegal del establecimiento, no habrían generado cuentas de Instagram con alusión a la UCM, no habrían difundido su actuar a través de dichas redes desde el interior del establecimiento durante la toma, y finalmente habrían controvertido y desacreditado la declaración de la directora general estudiantil que acompaña al expediente sumarial dichos antecedentes.

Hacen presente que el recurrente al individualizar a sus representados, hace alusión a diez tipos de derechos fundamentales vulnerados con el actuar eventual de la Universidad, de los cuales ochos han sido contestados en el presente informe, señalando que no han existido vulneración alguna a su contenido o que carecen de legitimación activa para recurrir de protección. Sin embargo, en dicho acápite de carácter preliminar, también menciona una eventual vulneración a la libertad de conciencia (19 n° 5 CPR) y derecho al respecto y protección a la vida privada de la persona y su familia (19 n° 4), sin indicar la forma que tales derehos han sido vulnerado por parte de la Universidad.

Finalmente expresan que el recurrente en el apartado N° 21 de su libelo, pretende impugnar la reglamentación interna de la Universidad, especialmente el “Reglamento de auditorías e investigaciones sumarias (decreto 96/2009) y el “Reglamento del alumno regular de pregrado de la UCM” y “Estatutos generales de la Universidad”, por lo que, si la intención del recurrente ha sido recurrir de protección en contra de dichos cuerpos reglamentarios, por no contemplar disposiciones sobre el debido proceso, resulta inoficiosa su reclamación por encontrarse fuera de plazo, ya que se trata de documentos dictados durante los años 2009, 2012 y 2014 respectivamente. Ahora bien, si su intención ha sido mencionar que su contenido no ha sido aplicado por el fiscal durante la tramitación de la investigación sumaria, debe estarse a los argumentos aducidos en el presente informe referidos al debido proceso, el cual fue garantizado durante todo el procedimiento disciplinario aludido.

Concluyen pidiendo que se tenga por informado el Recurso de Protección, rechazándolo en todas sus partes por no existir vulneración a los derechos constitucionales reclamados, con costas.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

El propósito por ende es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, vulneren tales derechos.

Quinto: Que en la especie, no obstante lo extenso y detallado del recurso planteado, no se advierte con claridad cuál es en concreto el acto u omisión, que los recurrentes consideran ilegal y/o arbitrario en los términos que lo contempla el constituyente, omisión no menor, para un adecuado análisis de la acción de que se trata.

A lo más, desde una mirada contextualizada de lo narrado, se observa que el cuestionamiento se focaliza fundamentalmente, en orden a que la Universidad Católica del Maule, en el ejercicio de sus potestades disciplinarias, que concluyó con las sanciones impuestas a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, no se habría respetado el debido proceso, de manera que toda la investigación realizada adolecería de ese grave defecto.

Sin embargo, la acción ejercida en autos no constituye la herramienta eficaz para tal cuestionamiento, habida consideración que dentro del catálogo de derechos individuales garantizados con la acción de protección, no figura la del debido proceso, como se infiere claramente de la simple lectura del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, del mismo modo, del examen del recurso planteado, se desprende que los recurrente reconocen que el procedimiento sumarial al cual fueron sometidos los estudiantes, fue aplicado perfectamente en el aspecto procesal, discrepando en lo concerniente a la aplicación del Reglamento de Alumno Regular de Pregrado, del cual se cuestiona que “el proceso contemplado en él por sí mismo es un procedimiento arbitrario al cual faltan elementos esenciales del debido proceso”, aduciendo que dicho reglamento no contempla norma alguna respecto de formas de notificación y emplazamiento válido, además no contempla un término probatorio ni contiene norma o instancia alguna relativa a la posibilidad de rendir o impugnar pruebas por parte de los acusados, transgrediendo con evidencia el derecho que tienen las partes de presentar e impugnar pruebas, como, además, el procedimiento no contempla obligación alguna para el Rector de fundar sus resoluciones, por lo que también en sí mismo vulnera el derecho de los alumnos a obtener una resolución motivada sobre el fondo. Finalmente, no contempla la posibilidad de interponer recursos que permitan la revisión de la resolución por algún otro órgano superior, salvo el recurso de Reconsideración, que resuelva el mismo Rector.

De lo precedentemente esbozado se percibe que el descontento no se sitúa tanto en la decisión sancionatoria final adoptada por nombre reservado, en su calidad de Rector de la Universidad Católica del Maule, quien compartió las propuestas de castigos formuladas por el Fiscal Eduardo Méndez, o por el hecho de que ese mismo rector conociera y resolviera la Reconsideración presentada por los alumnos recurrentes, si no más, constituye una mirada crítica a la normativa interna que actualmente rige los procedimientos administrativos contenidos en el Reglamento de Alumno Regular de Pregrado, materia que escapa a la naturaleza y finalidad de la acción de protección hecha valer.

Séptimo: Que en estas circunstancias, no cabe más que colegir, que durante la sustanciación de la investigación sumaria, iniciada en virtud de la Resolución de 9 de enero de 2020, emanada de Secretaria General de la Universidad Católica del Maule, no se vulneró la normativa que se encuentra vigente para tales propósitos, esto es, el Reglamento de Auditorias e Investigaciones Sumarias, que está contenido en el Decreto Rectoría 96-009; Estatutos Generales de la Universidad, de que da cuenta el Decreto de Gran Cancillería 3-2014; Reglamento del Alumno Regular de Pregrado, signado con la N° 44-2012) y Texto de Reglamento del Estudiante Regular de Pregrado de la Universidad N° 9-2019, acatándose las formalidades y secuencias procedimentales que en cada uno de ellos se contempla, la que concluye con la decisión final que debe ser adoptada por el Rector de la Universidad de que se trata, percibiéndose que los alumnos recurridos, además, hicieron uso del recurso de Reconsideración, como última instancia procesal para propender a mitigar los castigos que les habían sido impuestos.

Atento a lo expuesto no es posible inferir que en estas circunstancias se hubiese ejecutado un acto ilegal o arbitrario por la Universidad recurrida y con ello, necesariamente, no es factible imputarle a esta última la vulneración de las garantías individuales denunciadas por los alumnos recurrentes.

Octavo: Que cualquier otro cuestionamiento de fondo, con el objetivo de atacar el mérito de cada una de las decisiones que seguidamente se fueron adoptando en el curso de la investigación, debe estimarse ajeno a la naturaleza de la presente acción cautelar constitucional, toda vez que de hacerlo, significaría extenderse a materias respecto de las cuales esta Corte de Apelaciones, por la vía proteccional, carece de competencia.

Así las cosas y, conforme a las reflexiones dadas, forzoso es concluir que el recurso que sobre el particular se ha promovido debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Oscar Vargas Silva, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Neris nombre reservado y de nombre reservado, en contra de la Universidad Católica del Maule, representada por su nombre reservado.

No se condena en costas a los recurrentes por estimar que tuvieron motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol Nº 1.265-2020.- Protección.- Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha Se deja constancia que no firma el Ministro don Carlos Carrillo González, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.