nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL-COMPIN

Talca, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, al folio 1 comparecen los señores FRANCISCO ACUÑA GONZÁLEZ y CRISTIAN ROJAS GARRIDO, ambos abogados, a nombre de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, representada legalmente por don nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, en virtud del acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por médico fisiatra tratante que se individualiza perturbando y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, en atención a lo que señalan.

Comienzan explicando, en cuanto al plazo de interposición del recurso, que el acto en contra del cual reclama se le notificó a su representada el 26 de agosto del 2025, individualizándolo como la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-1179402025, de la citada fecha, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N° 102128388-2, 103180809-6, 104309326-2, 105813067-9, 106796340-3, 108168366-9, 109581664-5 y 111166386-2, extendidas por un total de 240 días, a contar del 8 de mayo del 2024. Indican que la referida resolución exenta, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por la mencionada licencia médica no se encontraba justificado, reproduciendo su contenido, el que estima arbitrario, al carecer de razón suficiente, en cuanto para rechazar la misma, cuyo reposo fue extendido por un facultativo, debió al menos basarse en antecedentes concretos, que permitan un debido proceso, cómo es un peritaje en que se evaluara la situación médica de su representada, el cual no se efectuó.

Como antecedentes fácticos refiere que su representada comenzó con dolencias en el año 2020, con malestares de adormecimiento y dolor cervical, que el médico la envió a que se realizara una resonancia magnética, la cual arrojó que la recurrente tenía tres hernias, de las cuales dos se operaron y la otra no se consideró operable. Agrega que luego de haberse realizado la operación seguía con los malestares, adormecimientos en las manos, dolor en parte cervical y malestares constantes día y noche, enviándola el médico neurocirujano a que se realizara una resonancia magnética, arrojando una hernia que estaba haciendo presión, y de ahí la razón de los malestares. La recurrente dice que le comenta al médico que no le es posible pagar nuevamente otra operación, pues la que se había realizado, de manera particular, le había costado alrededor de $ 6.000.000, ante lo cual el profesional le sugiere hacer los trámites para que se pueda operar en el hospital, perteneciente al sistema público de salud, que en el año 2021 la ingresaron a la lista de espera en el sistema de salud pública pero por el tema del COVID se hizo más complejo el poder acceder a la operación, con meses de angustia esperando que la llamaran, pues sus dolencias iban en aumento a medida que pasaba el tiempo; que en mayo de 2024 comenzaron los rechazos a sus licencias médicas por irrecuperabilidad, indicándosele que mientras estuviese en lista de espera del hospital debía realizar el trámite de calificación de invalidez, el cual se le rechazó porque no calificaba. Relata que ella no podía volver a trabajar por las dolencias que iban en aumento, pues trabajaba de reponedora, vendedora y cajera, pero no podía hacer nada de eso ya que el solo hecho de hacer labores de hogar como “pelar una papa” le era imposible, por lo que se mantuvo hasta diciembre del 2024, ya que cada apelación que ella hacía se la rechazaban, a pesar de que contaba con todos los antecedentes que acreditaban su incapacidad. A pesar de eso, en enero de 2025 señala que solicitó el reintegro a su empresa hasta que en junio del 2025 la llamaron del hospital para poder hacer esta segunda operación. Sin embargo, el médico tratante le indicó que su cuerpo era el que generaba la hernia y rechazaba los implantes, por lo que debía estar en control por más tiempo. Al momento de la interposición del recurso, en septiembre de 2025, agrega que lleva dos meses operada y que nuevamente le están rechazando sus licencias médicas, siendo al menos seis meses los que tiene que estar en tratamiento, kinesiológico, reumatológico y con neurocirujano, pero que aun así le siguen rechazando las licencias médicas.

Luego detalla que en certificado médico de 17 de agosto del 2021, se indica que la paciente se encuentra en control con Reumatología por diagnóstico de Radiculopatía compresiva cervical, que fue sometida a cirugía sin respuesta, de momento sin respuesta a terapia farmacológica de dolor crónico; que en certificado médico de 25 de abril del 2022 se indica que se encuentra en control con Reumatología, con diagnóstico de Síndrome Cervicobraquial bilateral severo, refractario a tratamiento, iniciando controles en junio 2021 luego de cirugía por hernia núcleo pulposo cervical, quedando con dolor regional crónico refractario a manejo habitual; que en informe kinésico de 12 de octubre del 2023 se indica que la paciente se encuentra en sesiones de kinesioterapia por diagnóstico de Radiculopatía compresiva cervical, dolor crónico no oncológico, siendo sometida a cirugía HNP C5-C6 y C6-C7 cervical el 26 de octubre del 2020; que en certificado médico de 23 de junio del 2024 se indica que se pesquisa sintomatología de probable etiología autoinmune por lo que se deriva a Reumatólogo, especialista con el cual se mantiene en tratamiento, debiéndose mantener con terapia médica y kinésica; que en certificado médico de 22 de julio del 2024 se indica que la paciente se ha mantenido con licencia prolongada dado que está pendiente de cirugía de columna en lista de espera quirúrgica y que su recuperabilidad depende de la opinión del neurocirujano luego de completar tratamiento quirúrgico; que en certificado médico de 4 de octubre del 2024 se indica que la paciente inició sus controles en junio 2021 luego de cirugía por hernia núcleo pulposo cervical, quedando con dolor regional crónico refractario a manejo habitual, manteniendo dolor severo que no responde a tratamiento y EMG con alteraciones importantes, por lo que se encuentra pendiente de nueva intervención quirúrgica; que en certificado médico de 14 de octubre del 2024 se indica que esta patología al ser resuelta tiene buen pronóstico funcional y que la paciente podría retomar sus actividades laborales habituales en 60 días posteriores a la cirugía aproximadamente, y que debido a que se encuentra en lista de espera quirúrgica en Hospital Regional de Talca es imposible dar fecha definida, ya que depende de velocidad de avance de dicha lista de espera; que en certificado médico de 4 de noviembre del 2024 se indica que la paciente fue operada el 26 de octubre de 2020 y desde la cirugía ha presentado una evolución tórpida con persistencia de la sintomatología, y que debido a la persistencia de la sintomatología se estudia con nueva RM de columna cervical en la que se observa nueva HNP cervical, por lo que es ingresada a la lista de espera quirúrgica; que en certificado médico de 28 de marzo del 2025 se indica que se mantiene con severa impotencia funcional debido a la intensa sintomatología, que la patología descrita tiene un curso crónico y que es muy poco probable que los síntomas desaparezcan por completo, debiendo sin embargo esperar resultado de nuevo procedimiento quirúrgico el cual aún no tiene fecha; que en certificado médico de 2 de abril del 2025 se indica que la paciente se encuentra en control con Reumatología, con diagnóstico de Síndrome Cervicobraquial bilateral severo secundario a lesiones HNP cervicales con compromiso radicular importante, y que por su condición está en lista de espera, lo que podría fácilmente demorar hasta 3 años más.

Finalmente, relata que en certificado médico de 24 de junio del 2025 se indica que fue operada el 10 de junio de 2025, por lo que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación kinésica; en certificado médico de 1° de agosto del 2025 se indica que se realizó una nueva cirugía, todo lo cual ha ocasionado imposibilidad durante largos periodos de asistir a sus actividades laborales, manteniéndose con licencia médica, con un nuevo reposo luego de la 2ª licencia médica; y que en certificado médico de 1° de septiembre del 2025 se indica que actualmente está en proceso de rehabilitación kinésica, y que debido a la cirugía reciente debe completar al menos 90 días de reposo laboral mientras concluye la terapia kinésica, antes de retomar sus actividades laborales.

A continuación pasa al detalle de las licencias médicas rechazadas, que son la Nº(s) 102128388-2: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 8 de mayo del 2024 y terminando el 6 de junio del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”; la N°(s) 103180809-6 extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 7 de junio del 2024 y terminando el 6 de julio del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”; la N°(s) 104309326-2: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 7 de julio del 2024 y terminando el 5 de agosto del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”; la N°(s) 105813067-9: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 6 de agosto del 2024 y terminando el 4 de septiembre del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”; la N°(s) 106796340-3: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 5 de septiembre del 2024 y terminando el 4 de octubre del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”; la N°(s) 108168366-9: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 5 de octubre del 2024 y terminando el 3 de noviembre del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”, la N°(s) 109581664-5: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 4 de noviembre del 2024 y terminando el 3 de diciembre del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”; y la N°(s) 111166386-2: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 4 de diciembre del 2024 y terminando el 2 de enero del 2025, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”, precisando que las decisiones del rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, fundándose en que “las alteraciones que presenta son de curso crónico y le producen actualmente un importante grado de incapacidad, pero a su vez señalando que la Superintendencia de Pensiones ha emitido dos trámites de pensión de invalidez rechazados con un 34% ejecutoriado con fecha 7 de marzo del 2024 y 25% ejecutoriado con fecha 2 de julio del 2025 de menoscabo de su capacidad de trabajo”, dejando en una indefensión a la recurrente, pues no se le acogen sus licencias médicas y tampoco se le otorga el porcentaje de invalidez requerido, en el cual se evidencia que desde 2024 a 2025 su porcentaje de incapacidad fue en disminución, por lo que se puede entender que el tratamiento y la operación han logrado ir disminuyendo su irrecuperabilidad. Ella pudo volver a trabajar, tal como lo señala el certificado de reincorporación de fecha 3 de enero del 2025 que acompaña a la presentación, y aunque no se encuentra dada de alta pudo acudir a realizar sus labores, aunque por los dolores que la aquejaban tuvo que volver a operarse por segunda vez el 10 de junio del 2025.

Agrega que el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, también carece de fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, prescindiendo de las conclusiones de los médicos tratantes, de su tratamiento y de sus operaciones y, lo que es más grave, sin indicar las razones o fundamentos por los que los mencionados informes y exámenes, como lo son las resonancias magnéticas, certificados médicos, entre otros, no le permiten establecer la incapacidad laboral, es decir, sin dar razón y fundamento de su decisión, pues en la resolución antes mencionada se indica que las alteraciones son de curso crónico y que a pesar de eso la Superintendencia de Pensiones le rechaza sus trámites de invalidez. Reflexiona sobre que su representada permaneció todo el tiempo con atención de especialistas, realizando los exámenes que le solicitan y operándose en dos oportunidades, resultando por ende ser el médico tratante quien más conocimiento mantiene de su estado de salud.

Alega que ninguna de las licencias rechazadas se encuentra sometidas a peritaje médico, facultad que tiene la COMPIN, quien rechazó las licencias médicas en su oportunidad.

Los distintos informes médicos, resonancias magnéticas y exámenes que se acompañan a la presentación, emitidos por médicos especialistas, mencionan que la recurrente ha tenido que someterse a dos operaciones y que las resonancias magnéticas y los exámenes que se ha realizado mencionan que las licencias médicas se encuentran justificadas, pues no se ha recuperado de su diagnóstico y ha mantenido su tratamiento como los especialistas le han indicado.

A mayor abundamiento, cabe señalar que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud de su representada, desde que la COMPIN en su oportunidad no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo Nº 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud. Norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o la Compin a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes (los que no se solicitaron), interconsultas, informes complementarios (los que no se hicieron), visitas domiciliarias (nunca fue visitada), peritajes médicos (nunca le realizaron un peritaje médico), entre otros.

Menciona que el artículo 16 del referido Decreto Supremo, establece que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, hecho que no ocurrió.

Enfatiza que los hechos descritos influyeron negativamente en la recuperación de su representada, pues no podía someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes, pues tuvo que acudir dos días después de haberse operado, la cual realizó con la finalidad de que se emitiera una resolución con resultado positivo para su persona, pues siempre fue muy cautelosa en acompañar toda la documentación que acredita su estado de salud y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento, le significaron la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual gatilló en ella un estado emocional vulnerable con angustia y desesperación, lo que, evidentemente, influye en que se extienda la necesidad de reposo, por lo cual considera el actuar de la recurrida como arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas, además de su ambigüedad, transformando su decisión en caprichosa y carente de razones, sobre todo al limitarse a señalar que su diagnóstico es crónico, teniendo a la vista ambas resoluciones de invalidez rechazadas y señalando además que las licencias médicas no fueron objeto de peritaje médico.

En razón de lo anterior, solicitan se sirva tener por interpuesta la acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, admitirlo a tramitación y, previos los trámites legales de rigor, acogerlo, declarando que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales señaladas o, en subsidio, aquellas otras medidas que esta Corte estime del caso decretar de acuerdo a sus facultades conservadoras o las que determine, ordenando el pago del subsidio por incapacidad laboral temporal, derivada de las licencias médicas ya individualizadas, sin perjuicio que la Corte adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, como disponer la realización de un peritaje médico o un informe médico, con costas de los recurridos.

SEGUNDO: Que, al folio 8 comparece el doctor nombre reservado, en su calidad de presidente de la COMPIN, Región del Maule, informando el recurso, para lo cual refiere que la recurrente, de 36 años, registra en el Sistema Informático de FONASA (SIF), un total de 2.132 días acumulados de licencias médicas, con rechazos desde el 8 de mayo del año 2024, siendo las singularizadas en el Recurso de Protección contra SUSESO:

NUMERO DE LICENCIA DIAS

PRONUNCIAMIENTO DE COMPIN

30 R-42: Patología irrecuperable con previo TPI (trámite pensión invalidez) rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%.

109581664-5

30 R-42: Patología irrecuperable con previo TPI (trámite pensión invalidez) rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%.

108168366-9

30 R-104: Sin causa médica que justifique el reposo. Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

106796340-3

30 R-104: Sin causa médica que justifique el reposo. Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

105813067-9

30 R-102: Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología.

104309326-2

30 R-102: Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología.

103180809-6

30 R-42: Patología irrecuperable con previo TPI (trámite pensión invalidez) rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%.

102128388-2

30 R-42: Patología irrecuperable con previo TPI (trámite pensión invalidez) rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%.

Agrega que la recurrente interpuso recursos de reposición en su oportunidad, los que fueron rechazados por la contraloría médica de COMPIN, toda vez que la patología es irrecuperable y con previo TPI (trámite pensión invalidez), procediendo por tanto el rechazo, ya que tiene un dictamen de 22 de marzo del año 2024, con un menoscabo de la capacidad de trabajo del 34%, no alcanzando a tener pensión de invalidez según la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, y que el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud en su artículo 460, establece en su último inciso que "La Comisión estará dotada de completa autonomía para emitir las decisiones y pronunciamientos en las materias de su competencia legal, siendo éstas y los antecedentes que les dieron origen estrictamente reservados".

TERCERO: Que, al folio 12 comparece el abogado don ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, informando la Acción de Protección y solicitando desde ya su rechazo por cuanto, a su juicio, no ha existido de su parte actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Lo anterior, dice, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social en su caso, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que acompaña al informe, se limitó a resolver con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

Alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso, al haberse ejercido contrariando su evidente naturaleza cautelar, como una vía de impugnación subsidiaria a las otras que contempla el mismo procedimiento establecido en el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, a través del cual los organismos administradores de este derecho se pronuncian acerca de la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, por lo cual se ha interpuesto una vez vencido, con creces, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional, precisando que fue interpuesta el 10 de septiembre de 2025, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de 14 de agosto de 2025, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-S-91597-2025, de 01 de julio de 2025, por el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE y COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 102128388-2, 103180809-6, 104309326-2, 105813067-9, 106796340-3, 108168366-9, 109581664-5 y 111166386-2, extendidas por un total de 240 días a contar del 08 de mayo de 2024, por reposo no justificado, y que en razón de lo señalado, previo estudio de los antecedentes, no se acreditó incapacidad laboral temporal en el período de las licencias médicas N°s 102128388-2, 103180809-6, 104309326-2, 105813067-9, 106796340-3, 108168366-9, 109581664-5 y 111166386-2, por cuanto las alteraciones que el interesada presenta son de curso crónico y le producen actualmente un importante grado de incapacidad, la que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento se consideran definitivas, por lo que no procede autorizar más licencias por esa causa, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-S-117940-2025, de 26 de agosto de 2025.

Ello evidencia que han pasado más de treinta días, desde la fecha de la interposición de la acción constitucional y del conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la notificación del dictamen N° R-01-S-91597-2025, de fecha 01 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia a la cual representa, por lo que se colige que la acción constitucional, contrariando su naturaleza y finalidad para lo que fue creada por el constituyente, se utiliza como última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, añade, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda al trabajador cotizante del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o a uno afiliado a una Institución de Salud Previsional, respectivamente, bastando lo anterior para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

También argumenta que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante la Corte tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control, citando jurisprudencia judicial en apoyo de esta tesis.

En subsidio de la alegación anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social, contenido en el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por no estar amparado el derecho fundamental por la acción de protección, precisando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En este sentido, añade, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Ambos beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia, procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arribar a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador.

De tal forma, agrega, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, reiterando que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y que, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, dice, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”. Con todo, y tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, indicando que su representada cumple en manifestar que conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, o de remuneración en su caso; que para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador presente una patología que le impida trabajar y que dicho impedimento para trabajar sea temporal, es decir, que exista la posibilidad real y cierta de que la persona se reincorporará a la vida laboral.

Conforme a las dos condiciones señaladas, explica, hay trabajadores que están afectados de patologías crónicas, pero que ellas no les impiden trabajar con su capacidad residual, por lo que no ameritan hacer uso de licencias médicas, salvo en períodos agudos. En el otro extremo, señala que hay trabajadores con patologías crónicas irrecuperables, que les impiden trabajar, por lo que no obstante hacer uso de licencia médica no volverán a estar en condiciones de reintegrase a la vida laboral, no justificándose seguir autorizándoles licencia médica, por ser este un derecho temporal para la recuperación y reintegro de la vida laboral.

Argumenta que en la especie no se acreditó incapacidad laboral temporal en el período de las licencias médicas N°s 102128388-2, 103180809-6, 104309326-2, 105813067-9, 106796340-3, 108168366-9, 109581664-5 y 111166386-2, por cuanto las alteraciones que el interesada presenta son de curso crónico y le producen actualmente un importante grado de incapacidad, la que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento se consideran definitivas, por lo que no procede autorizar más licencias por esa causa.

Al respecto, considera necesario agregar que la Superintendencia de Pensiones, a través de sus comisiones médicas, ha emitido dos trámites de pensión de invalidez rechazados, ejecutoriados con fechas 07-03-2024 y 02-07-2025, los que concluyeron en un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 34% y 25% de menoscabo de su capacidad de trabajo, respectivamente, los que si bien reconocen la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica el reposo por la afección señalada en las licencias médicas N°s 102128388-2, 103180809-6, 104309326-2, 105813067-9, 106796340-3, 108168366-9, 109581664-5 y 111166386-2, dado que la afección consignada en las licencias médicas ya fue considerada en los Dictámenes de invalidez.

Es menester señalar, dice, que el criterio general sostenido por esta Superintendencia ha sido el de no autorizar las licencias médicas en que la patología tiene carácter irrecuperable, en consideración a que la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal, cuyo objeto es ayudar a la persona trabajadora a recuperar su salud y permitirle reincorporarse a sus labores habituales, criterio que se desprende de los artículos 1, 2, y 7 del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, disposiciones de acuerdo a las cuales la licencia faculta para ausentarse temporalmente del trabajo, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-S-117940-2025, de 26 de agosto de 2025.

Sobre la materia, estima importante destacar que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de dicho Organismo informaron:

“DR. nombre reservado. FICHA MÉDICA (…) FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: MUJER DE 34 AÑOS, CON MÁS DE 1400 DÍAS AUTORIZADOS CON DG DE HNP CERVICAL, RECLAMA 180 DÍAS A CONTAR DEL 07/06/2024 POR EL MISMO DG; TENDRÍA QX PENDIENTE PERO SE REINTEGRA A TRABAJAR EN ENERO DE 2025; NO SE INDICA COMPROMISO FUNCIONAL EFECTIVO; TIENE 1 TPI RECHAZADO CON MCT 34% EJECUTORIADO EL 7.3.24; SE MANTIENE RECHAZO POR IRRECUPERABLE”.

Que, no obstante lo referido, resulta necesario esclarecer cuál es el marco jurídico normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, precisando que en nuestro Sistema de Seguridad Social existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad, y que tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, explica, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica, por su parte, está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Reitera que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, y que en este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos. Así entonces, la actuación de la Superintendencia dice ajustarse rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, correspondiéndole cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. En este mismo sentido, añade, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social. Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente la pretensión de la recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, sino que, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Como no existe en su opinión acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, reitera, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, manifiesta que el artículo 17 del ya citado reglamento dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso”.

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie. Desde otro punto de vista, analiza, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud para que ésta surta todos sus efectos, entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos, haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el D.S. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, conclusión a todas luces inaceptable.

Concluye que el rechazo de dichas licencias no se trata pues de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes del Organismo de Control al cual representa.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho fundamental indubitado, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Así, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

QUINTO: Que, respecto de la excepción de extemporaneidad, esta Corte ya se ha pronunciado al haber admitido a tramitación y declarar admisible la acción constitucional de protección, sin que haya nuevos antecedentes que hagan variar esa decisión.

SEXTO: Que, respecto a la alegación subsidiaria de ser improcedente la acción de protección en materias de Seguridad Social, contenido en el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por no estar amparado el derecho fundamental por la acción de protección, si bien es cierto ello es efectivo, la recurrente no lo ha fundado en la vulneración de dicho derecho sino en la afectación de los derechos contenidos en los números 1 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad, respectivamente, los que sí se encuentra cautelados, ya que de lo contrario el mismo habría sido también declarado inadmisible, como exige analizar el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.

SÉPTIMO: Que, despejadas las dos excepciones anteriores y yendo derechamente al fondo, cabe señalar que en el presente caso, si bien es cierto formalmente tanto la SUSESO como la COMPIN han actuado formalmente dentro de sus atribuciones legales, no es menos efectivo que la recurrente se ha visto sometida a una situación que no se encuentra jurídicamente obligada a soportar, derivada de un vacío normativo existente en la legislación chilena, la cual se ha traducido en una indudable afectación al menos a su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

En efecto, las personas que padecen de enfermedades graves, crónicas e irrecuperables pero que tampoco cumplen con tener al menos un 50% de pérdida de su capacidad de trabajo para calificar a una pensión de invalidez a lo menos parcial, quedan atrapadas en una especie de limbo jurídico administrativo donde, por una parte, les son rechazadas las licencias médicas y los consiguientes pagos de subsidios por incapacidad laboral, tanto el COMPIN respectivo como por parte de la SUSESO, mientras que, por la otra parte, tampoco reciben pensión de invalidez, de acuerdo con los respectivos dictámenes de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Pensiones, lo que les significa en la práctica pasar a carecer de ingresos por una cuestión totalmente ajena a su voluntad, incluso teniendo la voluntad de retornar al trabajo y haciendo todo lo prescrito por los médicos tratantes en los respectivos tratamientos, lo que indudablemente se traduce en una afectación directa al derecho a la integridad física y psíquica, y a lo menos indirectamente al derecho a la vida y al derecho de propiedad, independientemente de que se trate al mismo tiempo de materias propias de la seguridad social.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, en el caso concreto de que se trata, tal y como se dijo y acreditó por la apoderada de la recurrente en estrados durante los alegatos, a los cuales no concurrió el ente público recurrido, con posterioridad al ingreso del recurso la recurrente se ha sometido a un tercer proceso de calificación de invalidez ante la respectiva Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, en el cual ha resultado con un menoscabo de su capacidad de trabajo de 0%, lo que unido al hecho de su final intervención quirúrgica en el sistema público de salud en junio de 2025, dan cuenta de una relativa recuperación de sus patologías, lo que difiere del diagnóstico de irrecuperabilidad original, al cual pone en tela de juicio, generando al menos la duda razonable en cuanto a dicho pronóstico.

NOVENO: Que, en dicho orden de ideas, y teniendo esta Corte la potestad constitucional de dictar todo tipo de actos e implementar toda clase de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y dar protección al los afectados con motivo de acciones u omisiones ilegales y/o arbitrarias que se traduzcan en la privación, perturbación o la sola amenaza de un derecho fundamental cautelado por la acción constitucional de protección, no basta a juicio de la misma con una defensa y/o exposición meramente formal de potestades legales por parte del ente recurrido para considerar que el acto no puede haber sido al menos arbitrario, si es que en definitiva dicha autoridad no ponderó todos los antecedentes, circunstancias y contexto concretos del caso y de la persona afectada de que se trata, como es la situación actual, limitándose simplemente tanto en su acto como en su informe a efectuar una simple exposición de potestades normativas, razón por la cual procede el amparo de los derechos, al menos en lo que respecta al pago de las licencias médicas y el correspondiente subsidio por incapacidad laboral que cada una de ellas implica.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por los señores FRANCISCO ACUÑA GONZÁLEZ y CRISTIAN ROJAS GARRIDO a nombre de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en el sentido ordenar a esta última autorizar todas las licencias médicas cuestionadas que son objeto del presente recurso, así como disponer el pago del correspondiente subsidio por incapacidad laboral correspondiente a cada una de ellas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcelo Cevas Fuentes.

Rol N° 1181-2025/Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante don Marcelo Cevas Fuentes, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.