INVERSIONES PALMIRA SPA con nombre reservado

Talca, cuatro de julio de dos mil veinticuatro:

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado Pedro Lyon Bascur, en representación de Inversiones Palmira SpA, sociedad de giro comercial, nombre reservado°76.395.715-2, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, chilena, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; y contra nombre reservado, chileno, ignora profesión u oficio y cédula nacional de identidad RUT reservado; domiciliados en domicilio reservado, respectivamente, del predio denominado Hijuela Teatino, sector La Placeta, comuna de San Clemente, Región del Maule, quienes mediante actos ilegales y arbitrarios han vulnerado, perturbado, atentado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías que la Constitución le asegura a su representada.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que Inversiones Palmira SpA es la propietaria del inmueble denominado Lote número Uno Teatinos, resultante de la subdivisión del predio denominado Teatinos, ubicado en la comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región del Maule. El referido Lote (en adelante “Lote N°1”) tiene una superficie de 120,01 hectáreas y deslinda: al Norte, con nombre reservado y otros; al Nororiente, con nombre reservado hoy Forestal Recimex S.A., y, en parte, con el Lote número Dos Teatinos; al Sur, con nombre reservado y otros, y, en parte, con el Lote número Dos Teatinos; al Surponiente, con camino vecinal, y, en parte, con el Lote número Dos Teatinos; y al Poniente, con nombre reservado y, en parte, con el Lote número Dos Teatinos. El Lote N°1 fue adquirido por Palmira a la sociedad Forestal Terrasur Limitada a título de compraventa, según consta en escritura pública de fecha 27 de mayo de 2021, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de nombre reservado, la que se encuentra inscrita a fojas 7139, número 6878, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes de Talca del año 2021. A su vez, consta en el plano titulado “Plano de Subdivisión Teatinos”, que acompaña, archivado bajo el Nº 589 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2009, que existe un camino que se encuentra y nace dentro del Lote N°1 y que conecta dicho lote con la Ruta K-235, específicamente en dirección a la localidad de San Clemente. Este Camino existe y ha sido utilizado por los sucesivos propietarios del Lote N°1 desde hace al menos 30 años.

Refiere que los Recurridos son dueños del Lote N°1 del predio denominado Hijuela Teatino, sector La Placeta, comuna de San Clemente, ubicado también en la comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región del Maule. El inmueble descrito anteriormente colinda con el Lote N°1 al Sur de este último (lo que en la inscripción y en el plano del Lote N°1 se denomina como “nombre reservado y Otros”). El Camino atraviesa el Predio Colindante hasta llegar a la Ruta K-235. Ésta es la única manera que tiene el dueño del Lote N°1 de conectar con la Ruta K-235, según se demuestra en un plano referido. Pues bien, según se desprende del acta notarial de fecha 14 de marzo de 2024, levantada por el Notario Público de San Clemente Juan Carlos Morales Artus, dicho Ministro de Fe se constituyó presencialmente en el Lote Nº1 y luego se dirigió, usando el Camino, en dirección al Sur, atravesando el Predio Colindante, para constatar que el Camino se encuentra cerrado por una reja metálica con un candado y cadenas, imposibilitando el paso hacia la Ruta K-235 y que, además, la reja de entrada al Lote N°1 (lo que el Notario llama en su acta el “Fundo Teatinos”) fue bloqueada con alambres púas e incluso se construyó una zanja en el terreno para evitar el ingreso al mismo. Para una mayor claridad al respecto, el corte se produce aproximadamente en la siguiente zona, marcada en color rojo, dentro del Predio Colindante.

Afirma que el referido cierre o corte del domicilio reservado genera un perjuicio gigantesco a su representada, toda vez que no solamente la aísla de manera ilegal y arbitraria de la Ruta K-235, sino que, además, dificulta en extremo la posibilidad de seguir explotando el Lote N°1, como es obvio. Su representada cuenta con cultivo forestal y de castaños y se ha visto imposibilitada de realizar las labores pertinentes de poda, riego, fertilización y formación de los castaños que están plantados hace 2 años. Cómo así también el raleo de los pinos.

Precisa que el acto ilegal y arbitrario de autos corresponde al cierre ilegítimo del Camino, que se lleva utilizando hace más de 30 años, efectuado aproximadamente a 100 metros del deslinde sur del Lote N°1, dentro del predio de los Recurridos, mediante la instalación de un cerco cerrado con cadenas y candados de acero, además de la construcción de una zanja en el terreno, todo lo cual bloquea la entrada al Lote N° 1, hecho del cual su representada, Palmira, tomó conocimiento el día 14 de marzo de 2024, por medio de su representante legal nombre reservado Manuel nombre reservado Donoso, quien transitaba por la zona cortada a fin de intentar ingresar a su propiedad.

Hace presente que el cerco que bordea el portón, e incluso el portón mismo, se construyeron aproximadamente hace más de 30 años y desde entonces, en algunas ocasiones el portón fue cerrado por miembros de la familia nombre reservado, pero luego de algunas conversaciones volvían a abrirlo, a solicitud de esa parte. El problema es que ahora no ha sido abierto y, además, el portón se ha cerrado con cadenas y candado, demostrándose indefectiblemente una intención de cierre definitivo. Ante esta situación, el Sr. nombre reservado solicitó de forma inmediata la intervención del Notario Público de San Clemente Juan Carlos Morales Artus, para certificar de manera instantánea el ilícito ocurrido, quien levantó el acta notarial referida en el capítulo anterior, y que acompaña en el segundo otrosí.

Dice que es condición necesaria para la procedencia del recurso de protección que haya un acto u omisión ilegal o arbitraria. En tal sentido, se ha fallado que el concepto de ilegalidad es equivalente a antijuricidad, esto es, contrario al ordenamiento jurídico. Por otra parte, arbitrariedad implica la existencia de una acción que carezca de lógica, racionalidad y fundamento. Es arbitrario un acto cuando es injusto, irrazonable. Los actos de los Recurridos constituyen un evidente obrar ilegal y arbitrario. La ilegalidad de la decisión adoptada unilateralmente por los Recurridos se configura, por una parte, porque infringe los artículos 582 y siguientes del Código Civil (dominio), entre otras, y, además y lo que es más grave, porque los Recurridos se han adjudicado para sí facultades jurisdiccionales que no tienen y han pretendido hacer “justicia” por su propia mano, resolviendo un supuesto conflicto entre privados que debe ser resuelto por los tribunales de justicia, todo lo cual es indiscutiblemente ilegal.

Añade que asimismo, el obrar los Recurridos ha sido arbitrario, pues el cierre del Camino pugna con la lógica y la recta razón y ha sido cometido producto su mero capricho. No existe fundamento válido para que los Recurridos hubiesen decidido de un día para otro, por su propia mano, actuando evidentemente con auto tutela y sin ajustarse al mérito de la ley, cerrar el camino.

Expone que la Excma. Corte Suprema ha fallado expresamente que: “Constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal esto es, contrario a la ley, según la acepción o definición contenida en el artículo 1º del Código Civil -o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas”. Así, la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia está conteste en que para que un acto sea arbitrario éste debe ser producto del mero capricho de quien incurre en él. Asimismo, la arbitrariedad debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón. Todo lo anterior aparece de manifiesto en los hechos que han fundado la presente acción de cautela.

Asevera que la actuación arbitraria e ilegal de los Recurridos ha vulnerado diversas garantías constitucionales de su representada, que ha sufrido una clara amenaza, perturbación y, especialmente, privación de las mismas. En este caso, se han vulnerado al menos los derechos fundamentales relativos a la Infracción al derecho a ser juzgado por el juez natural que corresponda, y la prohibición constitucional de ser juzgado por comisiones especiales, contemplado en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución. El artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución Política de la República consagra distintas garantías procesales que tienen por finalidad resguardar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas. Dentro de tales garantías, en el inciso quinto de la norma citada se prohíbe el juzgamiento por medio de comisiones especiales: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Conforme ha fallado el Tribunal Constitucional, se debe entender por comisiones especiales a “todo órgano que usurpa atribuciones jurisdiccionales y pretende asumirlas sin haber sido atribuido de ellas conforme a derecho”. En ese mismo sentido, el profesor nombre reservado las ha definido como “aquellas entidades formadas por un individuo o grupo que, de facto, ejercen jurisdicción”

Sostiene que de acuerdo a los hechos ya expuestos, resulta manifiesto que los Recurridos han incurrido en la ejecución de un acto arbitrario e ilegal, que perturba y priva el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, pues es un actuar que corresponde al ejercicio de la auto tutela, aplicando “justicia” por mano propia, sin la existencia ni intervención de un tribunal establecido por la ley y con anterioridad a la perpetración de los hechos en cuestión. De esta manera, en el caso hipotético que los Recurridos alegasen tener supuestamente un derecho sobre el Camino (que claramente no tienen, en todo caso), aquel conflicto ha de ser resuelto necesariamente por un Tribunal de la República mediante la dictación de una sentencia, la cual debe fundarse, además, en un proceso previo legalmente tramitado. Nada de ello ha ocurrido en autos. En consecuencia, los actos ejecutados por los Recurridos son arbitrarios, ilegales y, sobre todo, inconstitucionales.

Indica que lo anterior es en extremo grave, toda vez que el juzgamiento a través de comisiones especiales afecta no sólo la garantía del debido proceso en general, sino que también la seguridad jurídica de los justiciables, en la especie, su representada. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al establecer que: “El hecho que toda persona sólo pueda ser juzgada por el tribunal que señale la ley y por el juez que lo representa no sólo constituye un derecho fundamental asegurado a toda persona, sino que representa, a la vez, un elemento básico para la seguridad jurídica, pues impide que el juzgamiento destinado a afectar sus derechos y bienes se realice por un tribunal o un juez distinto del órgano permanente, imparcial e independiente a quien el legislador haya confiado previamente esta responsabilidad que se cumple por las personas naturales que actúan en él”. De esta forma, es evidente que los actos de los Recurridos infringen el derecho fundamental de su representada a ser juzgada por el juez natural que corresponda y la prohibición constitucional de ser juzgada por comisiones especiales, conforme lo dispone el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución.

Pide tener presente que esa parte, a diferencia de la contraria, tiene todas las intenciones de dar escrito cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes respecto a esta materia, todo lo cual se comprueba y acredita fácilmente mediante la interposición de este recurso o acción (en vez de iniciar una “guerrilla” de destrucción y luego construcción de cierres).

Aduce que se ha infraccionado el derecho de propiedad, consagrado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución. La Constitución, en su artículo 19 N° 24, garantiza a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Al bloquear el Camino con un cerco infranqueable, los Recurridos claramente están vulnerando el derecho de propiedad de su representada sobre su inmueble, al no poder acceder al mismo y disfrutar plenamente, así, de sus facultades propias del dominio. Si no se puede acceder a un terreno, mucho menos se puede usar o gozar del mismo.

También denuncia Infracción al derecho a desarrollar cualquier actividad que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, contemplado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, pues los Recurridos han amenazado, perturbado y vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 Nº21 de la Constitución, que asegura el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Al respecto, en la Sesión Nº 388 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se dejó constancia que esta disposición constitucional se estableció “como proyección de la libertad personal a objeto que se asegure la libertad de desarrollar actividades económicas”, y “que el Estado mediante disposiciones administrativas y simples reglamentos no impida el desarrollo de actividades económicas”. En doctrina se ha señalado que lo anterior tiene por objeto “enfatizar este derecho para precaver cualquier obstáculo, y a fin además, de impedir que en el futuro se pudiere perturbar o interferir arbitrariamente toda actividad económica que no fuere contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional (…)” Esta garantía constitucional se ha visto en la especie seriamente privada, perturbada y amenazada, porque los Recurridos -a través de sus actos arbitrarios e ilegales- han obstaculizado e impedido la actividad económica que realiza su representada en el Lote N° 1 (al cual hoy no puede ingresar), y a lo que tiene derecho en el legítimo ejercicio de las facultades del dominio. Tan grave es la conducta desplegada por los Recurridos, que alcanza el extremo de hacer completamente incierto si su representada podrá ejercer su actividad económica esta temporada agrícola, pues los Recurridos han impedido hasta la fecha el ingreso al inmueble de propiedad de su representada. A su vez, el desarrollo de actividades económicas está estrechamente unida con la garantía de la libertad de trabajo que en este caso resulta afectada. Nuestra Constitución sólo permite que este derecho sea limitado en el marco de las limitaciones que establece la ley. Sin embargo, en este caso las restricciones provienen de una actuación que se han realizado los Recurridos totalmente al margen de la ley, amenazando de forma cierta las posibilidades de llevar una actividad económica lícita, como son las actividades agrícolas que se han realizado por largo tiempo en el inmueble de su representada.

Del mismo modo señala que ha habido Infracción al derecho a igualdad ante la Ley, contemplado por el artículo 19 N° 2 de la Constitución. La actuación de los Recurridos tiene como efecto inmediato la privación del derecho de su representada a la igualdad ante la ley, lo cual es reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución al establecer que se garantiza a todas las personas: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados (…)”. Al respecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto recientemente que: “Por consiguiente, el término unilateral de la convención celebrada entre las partes y posterior desalojo del terreno que sirve de sede comunitaria a la Junta de Vecinos Villa La Araucaria, que la autoridad administrativa pretende justificar en la resolución de disolución de la que el presidente de la organización no tuvo noticia en la forma que la ley dispone para tal cometido a efectos de ejercer el derecho de impugnación, es ilegal en cuanto excede las atribuciones que le ha conferido la ley, porque al existir una situación de derecho privado como es la existencia de un contrato de comodato se advierte en las actuaciones impugnadas por esta vía una expresión de auto tutela que no es dable aceptar a entes públicos como tampoco a particulares bajo ningún respecto.

Sostiene que tal y como señala el fallo en alzada, el actuar de la recurrida en orden a declarar el término unilateral del contrato de comodato basado en una decisión de disolución de la junta vecinal, sin que se encontrase afinada, así como la irrupción mediante el uso de la fuerza en la sede comunitaria, constituyen una transgresión a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que debe ser corregida en los términos expuestos en el laudo impugnado” . En consecuencia, y conforme con lo expuesto precedentemente, el bloqueo del Camino y, consecuentemente, impedir el ingreso al Lote N° 1, es un evidente acto ilegal, arbitrario y vulnera la garantía constitucional de la igual ante la ley, toda vez que los Recurridos se han situado en una indebida posición de privilegio respecto de su representada. En definitiva, ha quedado en evidencia que los Recurridos han ejecutado actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado, perturbado, atentado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías que la Constitución le asegura a Inversiones Palmira SpA, lo que hace procedente que el presente recurso de protección sea acogido.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de los recurridos mencionados, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo,, adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, especialmente los señalados como infringidos en el cuerpo de esta presentación, declarando al efecto:

1. Que se ordena a los Recurridos la inmediata apertura, en términos definitivos y permanentes, del Camino que ha sido objeto del ilegítimo corte descrito en autos, dibujado en el plano titulado “Plano de Subdivisión Teatinos”, archivado bajo el Nº 589 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2009;

2. Que se ordena a los Recurridos a la levantar el bloqueo a la entrada del Lote número Uno Teatinos, de propiedad de su representada, destruyendo los cercos de alambres de púa y la zanja construida;

3. Que, se dispone que los Recurridos deberán abstenerse, en lo sucesivo, de todo acto realizado directamente por ellas o a través de terceros que impidan o dificulten de cualquier manera la apertura, habilitación y tránsito a través del Camino, no pudiendo obstaculizar el derecho de Palmira al uso del mismo;

4. Que, en el evento que, intimados para el cumplimiento de lo resuelto en el presente recurso, los Recurridos se nieguen a ello por sí o a través de terceros, se sirva disponer el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia que se dicte y la autorización a su representada para destruir las construcciones respectivas, a costa de los Recurridos;

5. Que se condena a los Recurridos al pago de las costas de la presente acción constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que esta Corte considere pertinente adoptar en el ejercicio de sus amplísimas facultades y atribuciones, con el fin de poner término a las graves vulneraciones de garantías fundamentales descritas y, en definitiva, restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que comparecen los abogados Patricio Rosende Lynch y Francisco Javier Jiménez Evans, por los recurridos, quienes solicitan que el recurso intentado por el recurrente debe ser desestimado de plano, pues es total y completamente extemporáneo, por disponerlo así el numeral 1 del Texto Refundido del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema N° 94/2015, el recurso de protección debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva en que se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal o donde éstos hubieren producido sus efectos dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, desde que el afectado haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Dicen que la discusión que ha existido entre el recurrente y los propietarios de los distintos lotes en que se subdividió el predio a través del cual pretende que se le abra paso, al que pertenecen los lotes de los recurridos, junto a otros más de 10 propietarios, tanto respecto de los cercos de dichos predios contiguos como la eventual existencia de un derecho a paso que tendría el recurrente, es de larga data. Existe desde el 27 de mayo del año 2021, fecha en que Inversiones Palmira compró el denominado Lote 1, de 120 há, aproximadamente. Antes de esa fecha no existía conflicto alguno con los anteriores propietarios ni con otros vecinos. No es efectivo que el recurrente haya tomado conocimiento de los hechos el 12 de marzo de 2024 como lo plantea en su recurso, con el evidente propósito de habilitar el plazo para presentado. En efecto, el recurrente sabía que su predio no tenía el acceso que él pretende a través de los predios de los recurridos -y de otros 10 propietarios que no son parte de esta acción cautelar- desde que compró en 2021 y luego el 19 de agosto de 2022 cuando pidió al Notario titular de la 6° Notaría de Talca con asiento en San Clemente nombre reservado Morales Artus que levantara un Acta de la situación casi en los mismos términos del Acta que luego pidió al Notario Interino de la misma Notaria Juan Enrique Jara Opazo, pero que el recurrente erróneamente atribuye al Notario Morales Artus. Acompaña copia del acta notarial de 2022 en el tercer otrosí de esta presentación.

Reitera que resulta evidente que la recurrente tenía conocimiento de los hechos que ahora alega, desde mucho antes de la fecha que indica en su recurso y ello es así porque desde larga data ha intentado pasar a través de los predios vecinos, para acortar camino, porque la salida natural de su predio es por otro sector, argumentado primero una servidumbre inexistente, y luego, derechamente cortando el cerco de la alambrada existente e instalando él mismo una reja metálica que, ahora sostiene, haber sido instalada por “familiares de los recurridos”.

Señalan que antes que Inversiones Palmira SpA comprara el predio denominado lote 1, de 120 há, nunca hubo problemas con ningún vecino y, por cierto, ningún propietario anterior intentó pasar por sobre los predios vecinos para acortar camino. A la misma evidente conclusión se arriba luego de apreciar las conversaciones habidas en noviembre de 2023 entre el representante legal de Inversiones Palmira SpA y una de las propietarias del Lote 5 que forma parte del mismo loteo de los predios de los recurridos, cuyas copias se acompañan en el tercer otrosí. En dichas conversaciones el recurrente alega “tener una servidumbre” y que “compró con el camino” y por la otra se le dice que “nunca ha existido tal camino” y que “nadie transita por ahí”. Por esta sola razón, la acción cautelar intentada debe ser rechazada con costas porque han transcurrido con creces los 30 días corridos que señala el respectivo Autoacordado de la Corte Suprema. El escenario natural y obvio para desplegar la petición del recurrente de acceder a la vía pública a través del predio de sus representados y otros 10 propietarios que no han sido emplazados, es un juicio civil de lato conocimiento en el que se aporten las argumentaciones y pruebas del derecho pretendido y, por la otra, las pruebas de la inexistencia del mismo.

En subsidio y para el improbable caso que esta Corte estime que el recurso ha sido interpuesto en tiempo, por sus representados vienen en evacuar, el informe solicitado, respecto del recurso de protección presentado por Inversiones Palmira SpA. La naturaleza jurídica del Recurso de Protección es la de una acción cautelar respecto de hechos o vías de hecho, o actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen alguna de las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución. Lo anteriormente expresado ha sido reconocido tanto en la historia fidedigna del establecimiento del precepto del artículo 20 de la Constitución Política, de lo cual existen antecedentes en las Actas Oficiales, de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, especialmente en la correspondiente a la sesión 214, de 25 de mayo de 1974, oportunidad en que los señores Ortúzar, Evans y Guzmán, expresaron en síntesis, que dicho recurso es una acción de emergencia para restablecer el imperio de un derecho indubitado. En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 11 de mayo de 2004, recaída en el recurso de protección rol N° 8.765, de 2003, deducido por la Universidad Finis Terrae ha precisado que "siempre que se avoque al conocimiento y fallo de un recurso de protección, la Corte de Apelaciones no podrá prescindir ni desatender la circunstancia de que dicha acción fue concebida por el constituyente como un remedio eficaz y urgente para amparar al afectado". En la especie, el conflicto que subsume la presente acción es la supuesta existencia de un camino o una servidumbre de tránsito en favor del recurrente y no la existencia de un derecho indubitado que deba ser amparado por la Corte. Lo que pretende el recurrente es que por la vía cautelar se declare en su favor la existencia de una servidumbre o la existencia de un camino de larga data abierto al tránsito público. Ninguno de los dos supuestos existe en este caso. El recurrente no ha acreditado que sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino que atraviesa los predios de los recurridos. No hay anotaciones al margen de la propiedad de su representada nombre reservado que haga suponer la existencia del derecho que se pretende. En efecto, es precisamente el predio gravado el que debe registrar el gravamen en favor de otro predio y nada hay al respecto en el certificado de gravámenes otorgado por el Conservador de Bienes Raíces de Talca.

Asevera que en el recurso de protección en estudio se pretende, vía sumarísima, una finalidad ajena a la naturaleza del recurso de protección, cual es, una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias, tal como en forma reiterada y uniforme ha sido resuelto tanto por las Cortes de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema, quienes han sostenido que "puede concluirse que el medio adecuado para dilucidar discusiones jurídicas acerca de la correcta interpretación y alcance que debe darse a normas jurídicas, como es el que se presenta en este caso, es el correspondiente a un juicio de lato conocimiento que permita resolver con propiedad acerca de la pretensión del recurrente, de lo cual se sigue necesariamente, que el presente recurso no puede prosperar y por ende debe ser desestimado". Finalmente, destacan que en sentencia de 16 de abril de 2009, en los autos Rol N° 1.108- 2009, la Corte Suprema confirmó la decisión de primera instancia, emitida por la Corte de Apelaciones de Arica, de 23 de enero de 2009, la cual, en su considerando cuarto, expresa que la acción constitucional ya aludida constituye "un procedimiento breve y de emergencia, expedito, rápido e informal, que debe solucionar en forma pronta y eficaz situaciones de hecho", y añade que se trata de "una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservadoras"; agregando que lo contrario "implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia y esencial característica de estos órganos del poder estatal". Consigna otras sentencias sobre la materia.

Refiere que el recurrente plantea una controversia sobre la base de determinadas interpretaciones que sustenta en relación con “un camino que ha sido utilizado por más de 30 años” como plantea en su recurso, cuestión que es por completo ajena a la realidad. Por otra parte, y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 847 del Código Civil, es presupuesto esencial de cualquier servidumbre de tránsito a favor de particulares que el predio del actor se encuentre privado de toda comunicación con un camino público, por la interposición de otros predios. Ello tampoco ocurre en la especie, porque como se aprecia en el propio título de dominio acompañado al recurso, el predio del recurrente mantiene en toda la extensión de su deslinde sur poniente una conexión directa a un camino vecinal. Siendo ello así, no cabe duda que las materias a que se refiere el recurso planteado por la contraria constituyen asuntos de lato conocimiento que deben ser planteados ante el Tribunal competente para su conocimiento y resolución, procedimiento en el que pueden exponer los hechos y aportar las pruebas suficientes en aval de los derechos de los recurridos. En razón de lo expuesto, se solicita el rechazo del recurso de protección de autos.

Añade que a fin de que esta Corte pueda formarse opinión fundada para resolver el presente recurso, pide tener presente la cronología de los hechos, los que se resumen en lo siguiente:

1.-La sucesión de don nombre reservado heredó en 1989 el predio rural de una superficie aproximada de diez cuadras (16 há aproximadamente), denominado Hijuela Teatinos, ubicado en la comuna de San Clemente, Séptima Región. Según sus títulos, los deslindes del inmueble son los siguientes: Norte, propiedad de don nombre reservado y propiedad de don nombre reservado; Sur, propiedad de don nombre reservado; Oriente, propiedad de don nombre reservado y con Fundo Las Lomas Gaticanas; y Poniente, propiedad de don nombre reservado. En ninguna parte de los títulos anteriores de la Hijuela Teatinos hay referencia alguna a la existencia de un supuesto camino vecinal.

2.-. El inmueble singularizado precedentemente fue subdividido en 12 lotes (1 al 12). La subdivisión fue autorizada por el SAG de Talca, según da cuenta el Certificado N° 145, COD 02/145/2001, de 5 de junio del año 2001, con una servidumbre de tránsito recíproca que corre por el medio de los predios, conforme se indica más adelante.

3.- Por escritura pública de “Liquidación de Comunidad y Adjudicaciones”, otorgada el 23 de mayo del año 2011, en la Notaría de Santiago de nombre reservado, la totalidad de los comuneros que conformaban la sucesión de nombre reservado liquidaron la comunidad existente y se asignaron cada uno de los lotes a cada una de las ramas de la familia, según su participación en la misma comunidad. Algunos de dichos lotes han sido transferidos a terceros, entre ellos el recurrido nombre reservado.

4.- En la misma escritura señalada precedentemente, los comparecientes a ella gravaron cada lote en beneficio recíproco de los otros con una servidumbre perpetua de tránsito destinada a dotar a cada lote con una salida. Así lo expresa, en lo pertinente, la Cláusula 18, de escritura: “Servidumbre. Habida consideración de la necesidad de contar con una salida al camino de cada uno de los lotes materia de la subdivisión, los propietarios de cada uno de los lotes adjudicados mediante el presente instrumento y como predios sirvientes y/o dominantes vienen recíprocamente en constituir una servidumbre perpetua de tránsito. Esta servidumbre de tránsito estará emplazada en una franja aproximada de seis metros de ancho y aproximadamente de cuatrocientos metros de largo , y que se ejercerá en un retazo de terreno que cruzará los lotes de Oriente a Poniente en el sector medio hacia el Sur de la subdivisión, cuya orientación recta sinuosa irá semi paralela al deslinde Sur de los lotes, desde el ingreso ubicado en el vértice con los lotes ocho y doce hasta el cierre ubicado en el vértice de los lotes uno y nueve , ocupando una superficie total aproximada de dos mil cuatrocientos metros cuadrados, todo de acuerdo al plano suscrito por los comparecientes, el cual se considera parte integrante de la presente escritura y que se protocoliza con esta misma fecha y queda agregado al final de los Registros del presente mes bajo el número dos mil ochocientos ochenta”. Dicha servidumbre corre entre los predios del loteo en la forma que se aprecia en las fotografías que inserta, en las cuales puede observarse su real naturaleza: De la sola observación de estas fotografías será sencillo para concluir que estas huellas no pueden haber soportado en el pasado el paso de camiones madereros, ni lo hacen en el presente. Tampoco podrán soportar el paso de vehículos asociados a un proyecto inmobiliario de 229 unidades, que es la finalidad real del recurrente. Bajo el número 3 del tercer Otrosí, se acompaña una copia de la escritura de “Liquidación de Comunidad y Adjudicaciones”, otorgada el 23 de mayo del año 2011, en la Notaría de Santiago de nombre reservado, donde consta la servidumbre privada en la cláusula 18. Si el “camino vecinal”, cuya existencia alega el recurrente, hubiera efectivamente existido, Es evidente que la servidumbre se constituyó para dar salida a los lotes resultantes de la subdivisión y solo los grava y beneficia a ellos.

5.- La constitución de la servidumbre fue necesaria para dotar a cada lote resultante de acceso y salida, pues el inmueble no tenía ni camino, ni huella, ni paso interno alguno que pudiera ser utilizado como camino interior para todos ellos. Tampoco era atravesado por algún camino que permitiera el paso de terceros o vecinos para conectarse a la vía pública.

6.- En los hechos la familia nombre reservado constituyó una parcelación agrícola familiar de agrado. Tan pronto practicaron la partición efectuaron una serie de trabajos. Primeramente, mejoraron el cerco común perimetral de loteo y mejoraron el portón principal de acceso común. No era necesario, por el momento, efectuar otro tipo de faenas por cuanto nadie vive en el lugar. No existen casas, sólo una pequeña cabaña. Algunos familiares concurren muy esporádicamente, pero buena parte del año el predio está sin moradores. Si bien la partición es del año 2011, la familia nombre reservado tuvo la posesión material del inmueble desde hace muchos años antes, sin recordar ni tener conocimiento alguno de la existencia de un camino para el uso de terceros.

7.- El recurrido, nombre reservado adquirió, en común con otros dos adquirentes, el Lote 1, por escritura pública de 30 de mayo del año dos 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de nombre reservado y; la recurrida nombre reservado adquirió el Lote 12 directamente por adjudicación en la partición referida en el numeral TRES) anterior.

8.- Los recurridos no han visitado el lugar desde hace mucho tiempo. nombre reservado vive en Santiago y nombre reservado vive en Molina y tiene en la actualidad 86 años de edad. Se han enterado de los hechos al leer el presente recurso que les fue informado por un hijo de Claudina. Ninguno de ellos ha participado ni ha sido testigo de los hechos relatados en el recurso. Advierten que su vinculación con los hechos se da única y solamente por ser titulares -junto a otros más de 10 propietarios- del dominio de lotes por donde el recurrente afirma que pasa un camino. Esta es una razón per se suficiente para desestimar el recurso por no ser ellos causantes de la supuesta privación, perturbación o amenaza alegada.

9.- Según han sido informados, la tranquilidad del lugar se interrumpe al poco tiempo después de que el recurrente, Inversiones Palmira SPA adquiere el Lote N°1, Teatinos, resultante de la subdivisión del predio denominado Teatinos, ubicado en la comuna de San Clemente, en el año 2021, cuyo apoderado nombre reservado Manuel nombre reservado Donoso reclama el derecho de usar un camino para conectar a su predio con la vía K235 y que dicho camino atraviesa una a una las parcelas de la familia nombre reservado. nombre reservado en su niñez y juventud visitaba con frecuencia esas tierras de su padre y no recuerda que a través de ellas haya pasado un camino.

10.- Se enteraron los recurridos que el vecino hostil primeramente amenazó verbalmente a algún miembro de la familia nombre reservado con destruir el cerco para acortar camino y llegar a la carretera. Al poco tiempo sencillamente cortó el cerco existente e instaló una reja de metal a la que agregó una cadena y un candado asegurándose el libre acceso. La excusa para llevar a cabo estas acciones violentas y rápidas era permitir la explotación forestal del predio. Así, por lo demás, lo recoge el Acta Notarial de 19 de agosto del 2022, del Notario Titular de San Clemente Juan Carlos Morales Artus.

11.- La voracidad y prepotencia del recurrente no obedecen a su interés por desarrollar un proyecto forestal u otro análogo, como lo señala ingenuamente en el recurso, sino más bien prepara el desarrollo de un proyecto inmobiliario de grandes proporciones. Se trata de una parcelación de 229 parcelas o lotes. Así lo evidencia la anotación marginal practicada al título del inmueble por el CBR de Talca este año 2024 y el propio plano acompañado por el recurrente en su recurso. Parece absolutamente imposible y fuera de toda lógica pretender que los adquirentes del futuro proyecto inmobiliario puedan atravesar por nuestro pequeño proyecto familiar. La lógica sugiere que -el tránsito y paso para salir y acceder al predio del recurrente- se materialice por el camino vecinal adyacente al deslinde sur poniente del predio, que ha sido la salida y acceso histórico a la vía pública del predio de la recurrente.

Adicionan que la nueva realidad del predio de la recurrente y que es la verdadera razón del presente recurso es la que se aprecia en la lámina que inserta.

12.- Históricamente, la salida natural del predio del recurrente ha sido siempre por 2 vías. La primera y más evidente (pero más larga e incómoda) es a través del camino vecinal que constituye el deslinde sur poniente del predio, como se indica en los planos acompañados en el propio recurso. La segunda, hasta antes de la adquisición por Inversiones Palmira Spa, el Lote 1 pertenecía al fundo Las Lomas y la salida a la vía pública se hacía por caminos interiores de dicho fundo, que aún existen. El recurrente dejó de usar esta salida luego que las fuertes lluvias se llevaron el puente sobre el Estero Teatinos y en vez de repararlo y continuar por allí las faenas prefirió empecinadamente intentar usar el camino interior de nuestro loteo familiar, argumentando primero la existencia de una servidumbre que lo beneficiaría y luego un supuesto domicilio reservado existe.

13.- Nunca ha habido ningún tipo de tránsito a través del loteo que la familia nombre reservado realizó en la Hijuela Teatinos de propiedad original de su padre, ni por la vía de un camino, ni por la vía de servidumbres, ni por la vía de autorizaciones por parte de los propietarios. El “camino de acceso” que aparece reflejado en el plano del Lote 1 del recurrente, fue ideado por quienes lo dibujaron, o bien, corre por un sector distinto al de sus representados, porque sobre sus predios nunca ha habido tránsito de personas ajenas a la familia nombre reservado y menos un camino de acceso. Si hubiera existido por más de 30 años el libre tránsito por este supuesto camino que alega el recurrente, no habría tenido sentido que los propietarios del Loteo Hijuela Teatinos hubieran constituido una servidumbre recíproca entre ellos para acceder a la vía pública como se explicó en el numeral cuatro anterior. Cosa distinta es que la familia nombre reservado al efectuar el loteo familiar y precisar los deslindes de cada parcela y constituir la servidumbre recíproca particular a que se refiere el numeral cuatro anterior, la denominó como camino vecinal, no siéndolo, porque era la manera en que todos ellos se referían a la servidumbre interna.

Concluyen solicitando que se tenga por evacuado el informe y piden que el recurso deducido debe ser rechazado en todas sus partes, por no haber existido acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de los recurridos. En el recurso, se señala que “familiares de los recurridos” habrían bloqueado el supuesto camino mediante la instalación de cadenas y candados y construcción de fosas, sin identificar quiénes habrían sido estas personas. Los recurridos nombre reservado y nombre reservado no viven en el lugar ni lo han visitado desde hace años. Mal podrían haber desplegado las conductas ilegales y arbitrarias que la recurrente les imputa personalmente, a sabiendas que ellos no han cometido acto ilegal y arbitrario alguno. nombre reservado tiene 86 años de edad y vive en la comuna de Molina. nombre reservado vive en Santiago. Ninguno de ellos visita el lugar desde hace años y comparten la propiedad del Loteo con otros más de 10 propietarios, algunos familiares y otros no, porque han adquirido recientemente. Nunca ha habido tránsito de terceros por sobre las propiedades de los recurridos. Nunca ha existido un camino de acceso por sobre los terrenos de los recurridos. Nunca hubo ningún tipo de problema con los anteriores propietarios del Lote 1, cuyos deslindes estaban debidamente demarcados por un cerco de postes y alambre. El recurrente, tan pronto adquirió el Lote 1, en 2021, procedió a cortar la alambrada existente e instalar una reja metálica con cadena y candado en el deslinde de la propiedad, en la parte final de la servidumbre que beneficia a los predios de la familia nombre reservado. La servidumbre que beneficia entre sí a los predios de la familia nombre reservado y sus posteriores adquirentes, no beneficia al predio del recurrente, quien no ha constituido servidumbre de tránsito alguna. El recurrente nunca ha transitado por el camino interior de los predios de los recurridos que está conformado en base a una servidumbre privada. El reproche que se hace en el recurso en contra de los recurridos es, por completo, infundado. Niegan terminantemente las imputaciones que se hacen a nombre reservado y a nombre reservado. Los recurridos no han perturbado, amenazado o privado al recurrente de ninguno de los derechos fundamentales que alega en el recurso. El recurrente sostiene que se ha vulnerado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y que los recurridos habrían actuado con auto tutela, vulnerando su derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar una actividad económica. Nada de ello ha ocurrido. Respecto de la afectación a la garantía del Artículo N° 19 N° 3 inciso 5°, esto es, la de no ser juzgado por comisiones especiales, los recurridos niegan tajantemente que ello haya ocurrido porque solo se ha ejercido un derecho para resguardar una propiedad privada por la que no atraviesa ningún camino público ni de acceso a otras propiedades y, por lo demás, no han sido los recurridos los que han instalado la reja y portón en ambos extremos de la servidumbre. La reja metálica fue instalada por el propio recurrente rompiendo el cerco existente por muchos años entre ambas propiedades. Los recurridos no han actuado con auto tutela para resguardar sus legítimos derechos. Sencillamente no han actuado en absoluto. Según expone el recurrente, su parte habría vulnerado también el derecho del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, pero no existe vulneración alguna al derecho de propiedad como lo argumenta el recurrente dado que éste nunca ha sido vulnerado por su parte, y porque además el recurrente tiene a su alcance los accesos naturales a la propiedad de la que dice haberse visto privado de poder acceder. Sobre el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, en primer término, corresponde manifestar que la garantía consagrada en el artículo 19, N° 21 de la Constitución Política de la República, debe ser entendida como aquella que “comprende la libre iniciativa y la prosecución indefinida de cualquiera actividad económica sea productiva, comercial, de intercambio o de servicio, habiendo sido introducida por el constituyente de 1980 con especial énfasis y estudio, según consta de la historia fidedigna del precepto."; agregándose que ello puede realizarse "libremente, personalmente o en sociedad, organizada en empresas, en cooperativas o en cualquier otra forma de asociación lícita”. Los recurridos no han desplegado ninguna de las conductas que el recurrente les imputa personalmente, por lo que mal podría concluirse que su comportamiento ha podido causar el efecto que el recurrente pretende en esta garantía. Nada impide al recurrente desarrollar sus actividades económicas en el predio de su propiedad, entrando y saliendo de él a través del acceso libre que tiene al camino vecinal situado en el deslinde sur poniente del predio, o a través de los caminos interiores del predio del Fundo Las Lomas, por donde siempre circularon los camiones que transportaban la cosecha de árboles y leña. Respecto de la garantía contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dicen que es oportuno considerar que la Excma. Corte Suprema, interpretando el sentido y alcance de esta garantía, ha expresado que "la igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que en una serie de ámbitos la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga justificación racional.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean vulnerados.

Quinto: Que, asimismo, cabe hacer notar que conforme a lo preceptuado en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula el recurso de que se trata, se dispone que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Sexto: Que los recurridos, previamente han formulado el rechazo de la presente acción constitucional alegando la extemporaneidad del mismo, porque en su concepto, ha transcurrido con creces el plazo fatal de 30 días precedentemente reseñado, argumentando que el recurrente sabía que su predio no tenía el acceso que se pretende a través de los predios de los recurridos -y de otros 10 propietarios que no son parte de esta acción cautelar, desde que compró en el año 2021 y, desde luego, el 19 de agosto de 2022, cuando pidió al Notario titular de la 6° Notaría de Talca, con asiento en San Clemente nombre reservado Morales Artus que levantara un Acta de la situación, en los mismos términos del Acta que luego pidió al Notario Interino de la misma Notaria Juan Enrique Jara Opazo.

Séptimo: Que efectivamente, examinando el acta notarial antes mencionada, aparejada a los autos en el tercer otrosí de la presentación de folio 77, se advierte que la situación fáctica de la cual se reclama en este recurso, existía, por lo menos, a partir de agosto del año 2022, de manera que en esas circunstancias, la acción de protección entablada el 12 de abril de 2024 lo ha sido cuando el término fatal para accionar en los términos que se ha hecho en estos autos había caducado, por lo que necesariamente debe accederse a la extemporaneidad reclamada al efecto.

Octavo: Que sin perjuicio de lo antes concluido y, en relación al fondo de la presente acción cautelar, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales allegados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no es posible observar la existencia de algún derecho indubitado a favor del recurrente, en atención a que todos los antecedentes fácticos que sirven de sustento al presente recurso de protección se encuentran discutidos por los recurridos, sin que esta sea la sede jurisdiccional idónea para zanjar el conflicto de interés que existe entre los litigantes.

En efecto, existe una discrepancia absoluta respecto al cierre del camino indicado por él recurrente, efectuado aproximadamente a 100 metros del deslinde sur del Lote Nº1, dentro del predio de los Recurridos, mediante la instalación de un cerco cerrado con cadenas y candados de acero, además de la construcción de una zanja en el terreno, que bloquea la entrada al Lote Nº 1, toda vez que los recurridos niegan terminantemente haber procedido a ejecutar, por si o por terceras personas, los hechos que le atribuye el actor.

Noveno: Que atento a todo lo antes reflexionado, debe colegirse que la acción de protección, como mecanismo procesal excepcional para cautelar ciertas garantías individuales, en el caso particular de que se trata no puede prosperar, habida consideración que las pretensiones invocadas deben ser acreditadas debidamente, en un procedimiento controversial, donde las partes tengan la posibilidad de ejercer en plenitud todos los derechos que el ordenamiento jurídico les otorga en relación a los predios en que recae la contienda jurídica Así las cosas, el recurso de protección promovido debe ser desestimado.

Por estos razonamientos y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 144 del Código de Procedimiento Civil, 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RESUELVE:

I: EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD 1.-Que SE ACOGE la excepción de extemporaneidad, impetrada por los recurridos en lo principal de folio 77, II: EN CUANTO AL FONDO:

2.- Que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Pedro Lyon Bascur, en representación de Inversiones Palmira SpA, sociedad de giro comercial, en contra de nombre reservado y contra nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1.173-2024.- Protección.- Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.-