nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

Talca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el 14 de junio de 2023, comparece el abogado Fredy Moreno Morán interponiendo un recurso de protección, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Tesorería General de la República, representada legamente por el tesorero general don nombre reservado y, conjuntamente, en contra de la Inspección comunal del Trabajo de San Javier, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario constituido por la retención o compensación de su devolución de impuestos en razón de dos multas impuestas por la Inspección recurrida, las que se encuentran reclamadas judicialmente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Javier. Afirma que se ha vulnerado su derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N° 24; la igual protección en el ejercicio de los derechos, citando el numeral 3° en su inciso 1°, y el debido proceso citando el numeral 3° en sus incisos segundo, tercero y cuarto, todos de la Constitución Política de la República y. finalmente, esgrime el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Señala que su representado es dueño y administrador de Gastronómica Emilio José Valdés Gutiérrez E.I.R.L., empresa a la que el 18 de mayo del año 2022, el fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo de San Javier, nombre reservado, le cursó las siguientes multas:

- Resolución 1807/22/24, total de 15 UTM, 15,75 UF y 1,2 IMM:

1.- No escrituración de contrato de trabajo 5,00 UTM ($283.810.-).

2.- No llevar libro de asistencia y determinación de horas de trabajo 5,00 UTM ($283.810.-).

3.- No entregar comprobante de pago de remuneraciones 5,00 UTM ($283.810.-).

4.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP 6,75 UF ($219.305.-).

5.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía 9,00 UF ($292.407.-).

6.- No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar conciliación 1,20 IMM ($270.728.-).

- Resolución 1807/22/25: Total de 15 UTM, 14 UF y 1,2 IMM.

1.- No escrituración de contrato de trabajo 5,00 UTM ($283.810.-).

2.- No llevar libro de asistencia y determinación de horas de trabajo 5,00 UTM ($283.810.-).

3.- No entregar comprobante de pago de remuneraciones 5,00 UTM ($283.810.-).

4.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP 6,00 UF ($194.938.-).

5.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía 8,00 UF ($259.917.-).

6.- No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar conciliación 1,20 IMM ($270.728.-).

Dichas resoluciones le fueron notificadas el 2 de junio de 2022, solicitando reconsideración el 13 de julio, ante la Inspección Comunal recurrida, ambas rechazadas el 25 de agosto y notificadas al recurrente el 2 de septiembre del 2022, confirmándose las multas impuestas.

Luego, dedujo reclamo ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Javier el 22 de septiembre de 2022, no existiendo pronunciamiento que acoja o desestime las peticiones efectuadas.

No obstante lo anterior, al ingresar el recurrente el 15 de mayo del año en curso, a la página web del Servicio de Impuestos Internos para consultar el estado de su devolución de impuestos, tomó conocimiento que la Tesorería General de la República, arbitrariamente procedió a retener y/o compensar el total de los dineros provenientes de la devolución de impuestos -año tributario 2022- por concepto de multas laborales, las que no se encuentran firmes, siendo conocidas en causa I-4-2022 del tribunal de San Javier, retención que alcanzó la suma de $2.623.427.- Por lo que solicita la devolución inmediata por parte de la Tesorería General de la República de la suma ascendiente a $2.623.427.- por concepto de las multas compensadas arbitrariamente; que se deje sin efecto la calidad de deudor fiscal de su representado por la suma de $2.623.427.- y por el saldo existente, por constituir actos ilegales al no haberse condenado en procedimiento judicial alguno a pagar sumas compensadas y que se condene en costas a las recurridas.

Finalmente acompaño: copia de la resolución Nº 055/2022, de fecha 25 de agosto de 2022: copia de la resolución Nº 056/2022, de fecha 25 de agosto de 2022; Ebook respecto de reclamación de multas administrativas seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Javier RIT I-4-2022.; captura de pantalla respecto de consulta “estado de declaración de impuestos”, donde consta la fecha en que el recurrente tomó conocimiento del acto denunciado, certificado de movimiento de deudas fiscales emitido por la Tesorería General de la República donde consta que, con fecha 15 de mayo del año 2023 Tesorería General ha procedido a compensar dineros provenientes de la devolución de impuestos -año tributario 2022- por concepto de multas laborales ascendientes a $2.623.427 y certificado deuda fiscal emitido por la Tesorería General de la República.

SEGUNDO: Que el 30 de junio de 2023, evacuó informe la Inspección del Trabajo de San Javier, quien pide el rechazo del recurso, con costas, confirmando la imposición de dos multas el día 18 de mayo de 2022, las que fueron recurridas administrativamente, reconsideraciones que fueron rechazadas.

A la fecha de notificación del presente recurso, precisa que no ha sido notificada legalmente de reclamación judicial alguna en contra de las resoluciones que impusieron las multas o bien rechazaron las reconsideraciones y que, al revisar por la oficina judicial virtual, no se aprecia ingreso alguno con el rol señalado por la requirente, a saber, I-4-2022.

En razón de lo anterior, estima que no existe acto ilegal y/o arbitrario de ninguna especie por parte de dicha institución, toda vez que, hasta la fecha de notificación de este recurso, se desconocía la existencia de reclamación judicial en contra de las resoluciones en cuestión.

Culmina señalando que de los propios documentos acompañados por el recurrente, aparece que la causa se encuentra concluida en estado archivada, sin acompañar mayores antecedentes que den cuenta que está en tramitación o que se haya notificado a su parte.

TERCERO: Que, asimismo, el 19 de julio del 2023, evacuó informe la Tesorería General de la República y señaló que el contribuyente es actualmente deudor de formularios 42, Multas de la Dirección del Trabajo, cuyo certificado actual de deudas acompaña y que el Servicio de Tesorerías con fecha 09 de junio pasado generó el expediente administrativo de cobro N° 10097 de San Javier.

En cuanto a la declaración de renta del contribuyente, informa que el recurrente efectivamente presentó su declaración de renta con fecha 27 de abril del 2023 y que el SII autorizó una devolución de renta ascendente a $ 2.561.940.- y que, con fecha 09 de mayo pasado y encontrándose vigente la deuda fiscal ya señalada, el Servicio de Tesorerías procedió a compensar $2.623.427.

Concretamente y en primer lugar, alega que el recurso es improcedente a su respecto por falta de legitimación pasiva, atendido que el recurso no precisa ni acredita de qué manera la actuación de la Institución constituye un acto ilegal o arbitrario, exponiendo sobre la existencia de unas multas cursadas en el año 2022 y la posterior reclamación administrativa y judicial de la misma, la que no se ha informado a TGR por parte de la Inspección del Trabajo respectiva, por lo que el obrar de TGR se enmarca dentro de su competencia y facultades legales.

Por otro lado, indica que el recurso de protección es improcedente por no ser la vía idónea, por cuanto existe otra, ajena a la naturaleza cautelar de la acción de autos, para reclamar de éste, siendo la misma reclamación de multa que dedujo el recurrente según sus dichos.

Además, sostuvo que el servicio de tesorerías no ha cometido ninguna actuación arbitraria o ilegal, pues la compensación legal de deudas del contribuyente se encuentra contemplada en la ley, según el artículo 1656 del Código Civil.

Por lo expuesto, pide no dar lugar al recurso, primero por falta de legitimación pasiva, en segundo lugar, por no ser la vía idónea, y finalmente, rechazarlo en cuanto al fondo, en atención a que Tesorería no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales de la recurrente; todo ello con costas.

CUARTO: Que, respecto a lo resuelto por esta Corte el 20 de julio, en atención a lo pedido por la recurrida Tesorería General de la República, cabe tener en cuenta que revisada la causa rol I-4-2022 del Juzgado de Letras de San Javier, consta que se inició el 22 de septiembre de 2022 y que dice relación con una resolución de rechazo de la reconsideración ante la Inspección del Trabajo de San Javier. Posteriormente, el 14 de junio de 2023, que corresponde –también- a la fecha de ingreso de este recurso, fue ingresada una solicitud de corrección del reclamo, ampliándolo a las dos resoluciones referidas en esta acción. Causa que se mantuvo archivada desde febrero a junio de 2023, y recién el 25 de julio de 2023 se resolvió tener por rectificada reclamación en los términos señalados y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, se tuvo por interpuesto reclamo, dándosele tramitación conforme a las reglas del procedimiento monitorio contenidas en el artículo 500 y siguientes del Código del Trabajo, no contando con notificación alguna a la contraria, ni con nuevos movimientos en su tramitación.

QUINTO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protección del afectado. De este modo, corresponde a esta Corte examinar si de los antecedentes proporcionados por las partes, se produce lesión a los derechos constitucionales de la recurrente.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, consta que a la época en que se dedujo la presente acción no existía juicio alguno, toda vez que si bien, existía el ingreso efectuado en el Juzgado de Letras de San Javier, para reclamar por via judicial del rechazo de las reconsideraciones por parte de la Inspección comunal del Trabajo de San Javier, sólo cuenta en su tramitación con el ingreso inicial y, posteriormente con la corrección de dicho reclamo, ampliándolo a las dos resoluciones relativas a las multas aplicadas al recurrente, sin notificación a la contraria, ni movimiento alguno ulterior.

SÉPTIMO: Así las cosas, no se constata la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, que amenace, prive o perturbe el ejercicio de las garantías aludidas por quien reclama, quien tampoco se presentó en estrados para aportar antecedentes que justifiquen la adopción de medidas tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protección de un eventual afectado, máxime si la acción intentada es de naturaleza cautelar y de emergencia, cuyo objetivo es restablecer el imperio del derecho, en relación al supuesto hecho señalado como arbitrario o ilegal, lo que en el caso resulta improcedente, por cuanto existe otra vía, distinta a la interpuesta, no correspondiendo sustituir la actividad resolutiva del juez naturalmente competente para resolver las supuestas infracciones de la autoridad administrativa, instancia que tampoco ha prosperado en razón de la inactividad de quien ahora reclama, sede en la cual ha de solicitarse -de corresponder- la respectiva restitución de las sumas que pudieron haber sido compensadas indebidamente, debiendo, en consecuencia, rechazarse la acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de la acción constitucional de que se trata, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República y de la Inspección comunal del Trabajo de San Javier.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Marisol Macarena Ponce Toloza.

Rol N° 1122-2023/Protección.

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