nombre reservado con CONTRALORÍA GENENRAL DE LA REPÚBLICA Y CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DEL MAULE

Talca, tres de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el 11 de noviembre de 2022 comparece la abogada doña FERNANDA ENCINA LABRÍN, interponiendo un recurso de protección en representación de doña nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y del CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DEL MAULE.

Señala como acto ilegal y arbitrario, el Oficio Nº E271335/2022 de 27 de octubre de 2022 de Contraloría, que rechaza el recurso de reposición sobre la resolución que rechaza un Recurso de Ilegalidad del Acto Administrativo que ordena su desvinculación del Centro de Formación Técnica del Maule (CFT) ; lo que estima vulnera sus garantías constitucionales, específicamente las consagrada en el artículo 19 N°2 Derecho a la igualdad ante la ley, N°3 Derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y N°24 Derecho de propiedad, todos de la Constitución Política de la República.

Refiere que la protegida se desempeña como Coordinadora de aseguramiento de calidad y mejora continua del Centro de Formación Técnica Estatal del Maule, bajo contrato de trabajo de carácter indefinido suscrito con fecha 30 de octubre de 2019. Que previo a aquello, se encontraba ocupando el mismo cargo mediante contrato a plazo fijo suscrito el 2 de mayo de 2019, renovado el 2 de septiembre de 2019, pero que en su origen, en el mes de julio de 2018 participó de un concurso público del CFT del Maule, para el cargo de Coordinadora Operacional, comenzando a prestar servicios mediante contrato de trabajo con fecha 1 de agosto de 2018.

Agrega que, el 10 de septiembre de 2021, a través de una Carta de Despido emitida por la Rectora del Centro de Formación Técnica, se ordenó su desvinculación por” necesidades de la empresa”.

Describe que, 24 de septiembre de 2021, el abogado César Concha Gatica interpone Recurso de Ilegalidad del Acto Administrativo ante la Contraloría General de la República, Folio R004510 del año 2021, solicitando que se deje sin efecto la Carta de Despido y se ordene la reincorporación, además del pago de todas las remuneraciones devengadas durante el periodo de la separación.

Narra que, el 22 de agosto de 2022, la Contraloría Regional, emite oficio E248142/2022, en el cual concluye: “(…), consta que la señora nombre reservado fue contratada a plazo fijo, a contar del 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2019, siendo aprobado su contrato de trabajo mediante las resoluciones Nº 132 y 224, ambas de esa anualidad. Asimismo, se advierte que dicho contrato de trabajo fue renovado desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2019, acorde con la resolución Nº233, de ese año, y que, posteriormente, se dispuso una segunda renovación de dicho contrato, a contar del 1 de noviembre de esa anualidad, en carácter de indefinido, por aplicación del artículo 159, Nº4, del Código del Trabajo, a través de la resolución Nº360, de 2019. En tal contexto, cabe concluir que el contrato de trabajo de la interesada, sin previo concurso público -según lo informado por el aludido CFT-, vulnerando el mandato contenido en el artículo 44 de la ley Nº18.575, no se ajustó a derecho, por lo que, en consecuencia, cabe desestimar la presentación formulada en favor de la Señora nombre reservado”.

Explica que, el 29 de agosto de 2022 interpone Recurso de Reposición contra lo anterior, el que fue resuelto el 27 de octubre de 2022, mediante Oficio Nº E271335/2022, el cual resuelve: “En consecuencia, atendido lo expuesto y dado que la recurrente no aporta elementos de juicio que no hubieren sido previamente analizados y cuya ponderación permita variar lo concluido en el pronunciamiento cuestionado, se rechaza la solicitud de reconsideración formulada y se ratifica el oficio NºE248142”.

Expone que han existido vicios en el procedimiento de desvinculación vulnerando sus garantías constitucionales. Indica que la carta de despido no se basta a sí misma para poder justificar mediante la causal contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, pues los principales motivos para llegar a aquella conclusión eran la existencia de la Pandemia, problemas económicos y la incertidumbre de las clases presenciales; lo que sería discordante con las contrataciones posteriores de profesionales con remuneraciones superiores al de la protegida.

Postula que el acto administrativo de desvinculación ofende a una gran magnitud los principios del Derecho Público en cuanto a la motivación de los actos, señalado variada jurisprudencia.

Sostiene que, por la titularidad del cargo, ejerciendo un cargo de planta, la protegida poseía la mayor estabilidad en su cargo y su terminación solo es posible a través de una investigación o sumario administrativo.

Argumenta que la resolución que rechaza la reposición produce una notoria ambigüedad en la aplicación de la Ley 18.575, el cual exige la existencia de un concurso público, aplicando así Derecho Público para resolver el reclamo planteado, pero no aplicándolo al momento de la desvinculación, que por la misma ley no procede la causal del Código del Trabajo.

Finalmente, previo análisis de las garantías que estimas infringidas, concluye solicitando ordenando la reincorporación inmediata de la protegida a su cargo de Coordinadora Aseguramiento de la calidad y mejora continua, además del pago de las remuneraciones devengadas durante el periodo de su separación, o lo que se estime conforme a derecho, con costas.

Acompaña los documentos que designa como: 1.- Carta de Despido de fecha 10 de septiembre de 2021 a nombre reservado, firmada por Sra. nombre reservado, Rectora del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule, Don nombre reservado y Don nombre reservado. 2.- Oficio de fecha 22 de agosto de 2022, emitido por Contraloría Regional del Maule, Nº E248142/2022. 3.- Oficio de fecha 27 de octubre de 2022, emitido por Contraloría Regional del Maule, Nº E271335/2022. 4.- Mandato Judicial de fecha 10 de noviembre de 2022 ante Don nombre reservado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Talca.

Segundo: Que, el 24 de noviembre de 2022, comparece el abogado CRISTIAN ALFONSO CAMPOS MOLINA, en representación de la recurrida CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DEL MAULE, quien evacúa el informe, solicitando se rechace la acción por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales de la recurrente, con expresa condenación en costas.

Refiere 4 cuestiones previas:

1. El régimen jurídico aplicables a los funcionarios del C.F.T y hace presente que los funcionarios, tienen la calidad de funcionarios públicos y se rigen por el derecho laboral común, de conformidad a lo establecido en el Artículo 22 D.F.L. N° 6 de fecha 07-01-2017, del Ministerio de Educación, que fija el “Estatuto del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule”.

2. Que la acción está reñida con la naturaleza y finalidad del Recurso de protección, ya que, la recurrente, aparentemente pretende por esta vía judicial evitar la necesaria ritualidad y formalismo de un juicio declarativo de lato conocimiento.

3. La extemporaneidad del recurso toda vez que su interposición excede sobradamente el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde la notificación de la “Carta de término de contrato”, que fuera realizada de manera personal a la recurrente con fecha 10 de septiembre de 2021.

4. Señala que la recurrente interpuso con fecha 24 de septiembre de 2021, ante la Contraloría General de la República, un Recurso de Ilegalidad que se ha desestimado.

Explica que el recurso es improcedente, por la inexistencia de una acción ilegal o arbitraria, ya que, según el recurso, no se trataría de un acto en específico de naturaleza ilegal en su totalidad, sino, un procedimiento de despido que tendría una pluralidad de “vicios”, sin señalar cuales serían los vicios.

Describe que, que tampoco la “Carta término de contrato”, cumple con los presupuestos de ser ilegal o arbitraria, dado que, esta constituye una formalidad que se encuentra claramente regulada en el Código del Trabajo, que el C.F.T. ha dado estricto cumplimiento con dichas exigencias e imperativos legales, no concurriendo vicio alguno que la puedan invalidar, anular o conducir a la declaración de su ilegalidad, ya que se notificó personalmente, se envió copia por carta certificada, y considero todos los aspectos legales como montos de indemnizaciones, y cuentas de las cotizaciones previsionales; y que la carta de termino de contrato goza además de Presunción de legalidad de los actos administrativos, que no ha sido desvirtuada por la recurrente.

Narra que, no existe arbitrariedad ya que el C.F.T., ha actuado con estricta sujeción a la legislación vigente y aplicable, y con máximo celo de razonabilidad, y de forma motivada.

Sostiene que, no resulta procedente iniciar una investigación o sumario administrativo para el término del contrato, por estar reñido con los hechos que motivaron el término de su contrato, y que está muy claro en la carta de notificación, que la causal es necesidades de la empresa y no otra causal, por lo que la conclusión de la necesidad de sumario o investigación es temeraria y forzada.

Sostiene que no se han vulnerado las garantías invocadas por la recurrente.

Finalmente solicita se rechace la acción por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales de la recurrente, con expresa condenación en costas.

Acompaña los documentos que designa como: 1.- Copia de la Carta de termino de contrato fechada el 10 de septiembre de 2021 2.- Copia del contrato de trabajo celebrado entre doña nombre reservado y el Centro de Formación Técnica de la Región del Maule. 3.- Copia del organigrama del el Centro de Formación Técnica de la Región del Maule. 4.- Copia de Dictamen E271335/2022, de la Contraloría General de la República, de la Región del Maule que resuelve el Recurso de Ilegalidad de la Recurrente 5.- Mandato judicial de fecha 22 de noviembre de 2022, otorgado ante don nombre reservado, Notario Público titular de la Notaría de Linares.

Tercero: Que, previa solicitud de informe, el 7 de diciembre de 2022, doña nombre reservado, por orden del Contralor General, comparece representando a la recurrida CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicitando se desestime la acción de protección intentada toda vez que al emitir los oficios Nº E248142 y N° E271335, ambos de 2022, ha actuado en ejercicio de sus facultades constitucionales, sin que exista ilegalidad o arbitrariedad alguna.

En primer lugar, postula la falta de legitimación pasiva, pues en el petitorio del recurso carece de peticiones concretas en relación ella como recurrida.

Explica que no se advierte de qué manera los pronunciamientos que se impugnan -oficios Nº E248142 y N° E271335, ambos de 2022- han podido ser ilegales, toda vez que aquella Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y 1°; 6°, y 10°, de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones del Organismo Contralor; atribuciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales.

Describe que, el oficio NºE248142, de 22 de agosto de 2022, atendiendo el reclamo de la actora, concluyó que su contrato de trabajo, celebrado sin previo concurso público, vulneró el mandato del artículo 44 de la ley Nº18.575, por lo que, en consecuencia, no cabía sino desestimar la pretensión de la señora nombre reservado, de ser considerada funcionaria de planta.

Narra que, mediante el oficio N°E271335, de 27 de octubre de 2022, se desestimó la solicitud de reconsideración planteada por la recurrente, por cuanto dicha reclamación se basó solamente en el hecho de no compartir el criterio sostenido por la Contraloría Regional del Maule, fundando su petición en aspectos ya analizados, sin aportar nuevos antecedentes de hecho o de derecho que permitieran desvirtuar las observaciones formuladas.

Sostiene que, los Centros de Formación Técnica del Estado son servicios públicos descentralizados y sus trabajadores se consideran como funcionarios públicos, pero a su turno, los diversos Estatutos de los Centros de Formación Técnica del Estado establecen, en sus respectivos artículos 22, que su personal, tanto académico como no académico, tendrá la calidad de funcionario público y se regirá por el derecho laboral común, referencia esta última que debe entenderse hecha al Código del Trabajo, pero que la aplicación del artículo 159, N°4 del Código del Trabajo debe armonizarse con el artículo 44 de la ley Nº18.575, a fin de evitar que por la vía de la aplicación de la precitada norma laboral terminen contratados indefinidos.

Agrega que el contrato de trabajo de la recurrente vulneró el artículo 44 de la ley Nº18.575, pues se celebró sin previo concurso público, por lo que no resulta posible extender a aquella servidora la calidad de funcionaria de planta.

Sostiene que en atención a que en la citada carta se expresaron los motivos por los cuales se le puso término al contrato, la que aparece suficientemente motivada, esta Entidad de Control determinó, a través de los objetados oficios NºE248142 y N°E271335, ambos de 2022, que su desvinculación se ajustó a la normativa que rige la materia.

Expone además que no se han vulnerado los derechos constitucionales alegados por la recurrente.

Concluye solicitando se desestime la acción de protección intentada toda vez que al emitir los oficios NºE248142 y N° E271335, ambos de 2022, ha actuado en ejercicio de sus facultades constitucionales, sin que exista ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Acompaña a su informe los documentos que designa como: 1.- Reclamaciones efectuadas ante esta Entidad de Control por doña nombre reservado, identificadas con las referencias Nos R004510, de 2021; y, 73.177 y 73.604, ambas de 2022; respuesta remitida por el Centro de Formación Técnica de la región del Maule mediante el ordinario Nº184, de 2021; y, oficio NºE248142, de 2022, de este origen. 2.- Solicitud de reconsideración efectuada ante esta Entidad de Control por doña nombre reservado, identificada con la referencia Nº74.136, de 2022; traslado evacuado por el Centro de Formación Técnica de la región del Maule mediante el oficio Nº133, de 2022; y, oficio NºE271335, de 2022, de este origen. 3.- Resoluciones Nos 67 y 91, ambas de 2018; y, 31, 132, 224, 233 y 360, todas de 2019, todas del Centro de Formación Técnica de la región del Maule. 4.- Resolución Nº181, de 2021, del Centro de Formación Técnica de la región del Maule y carta que comunica el término del contrato de trabajo, de 10 de septiembre de 2021. 5.- Renuncia voluntaria de doña nombre reservado, de 12 de octubre de 2018. 6. Correos electrónicos enviados a doña nombre reservado -representante de doña nombre reservado- los días 22 de agosto y 27 de octubre de 2022, que dan cuenta, respectivamente, de la notificación de los oficios Nos E248142 y E271335, ambos de 2022, de la Contraloría Regional del Maule.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Sin embargo, por la propia naturaleza cautelar de la acción constitucional de protección, es menester que los derechos que se estiman vulnerados, sean de naturaleza indubitada, esto es, no estén sujetos a discusión ninguna en cuanto a su vigencia o legitimidad, ya que en este procedimiento constitucional no se cuenta con un período probatorio donde podría acreditarse aquello, por lo cual, si existe alguna controversia respecto a la vigencia o legitimidad de alguno de los derechos que se estima en conculcados, este procedimiento no resulta idóneo, por lo cual necesariamente debería concurrirse en un procedimiento de orden declarativo, que sí cuente con la opción de prueba.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes se puede constatar que los funcionarios, académicos y administrativos, del Centro de Formación Técnica estatal del Maule, con sede en la ciudad de Linares, son “considerados” como funcionarios públicos, pero la misma norma legal de creación de estos centros de educación superior expresa, de manera inequívoca, que a éstos los rige el derecho laboral común, es decir las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias. De esa forma, estos trabajadores gozan de alguna de las prerrogativas propias de los funcionarios públicos, cómo también están sujetos a diversas limitaciones, inhabilidades e incompatibilidades de aquellos, pero no cabe duda alguna que la formalidad de su contratación es la de los contratos individuales de trabajo, y que respecto de su término deben aplicarse las normas de los artículos 159, 160, 161 y siguientes del mismo Código del Trabajo.

Sexto: En tal sentido, no se discute que la causal de término en la relación laboral de la actora fue la del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, las “necesidades de la empresa”; que por ello en opinión de esta Corte si la actora se encontraba en desacuerdo con la justificación de la aplicación de tal causal, más bien correspondía el reclamo por despido injustificado ante un tribunal laboral donde podría acreditarse la procedencia o improcedencia de la causal aludida.

Por ello, se estima que la concurrencia ante el órgano de control reclamando de la ilegalidad del término de las funciones, sólo era procedente en cuanto a sí ello era conforme a la ley y las facultades de la representante legal de la empleadora, pero no en cuanto a la procedencia de la aplicación de la causal puesto que tratándose de trabajadores sujetos al estatuto laboral común, ello es competencia exclusiva de los tribunales de justicia.

En tal sentido, el órgano de control no tiene legitimación pasiva en la materia laboral, y solo tiene, por fuente constitucional y legal, las facultades de fiscalización respecto al uso de los fondos públicos como al cumplimiento de las normas legales por las cuales se crea el centro de formación técnica, el DFL 6 del año 2017.

Séptimo: En otro orden, es efectivo también que el recurso aparece interpuesto en forma extemporánea en relación al despido, y por ello se hizo en contra de la resolución de Contraloría que falla negativamente la reposición en contra de la alegación de ilegalidad del acto de término de las funciones de la actora por parte del centro de formación técnica. Pero, como lo dice el mismo órgano de control el acto de despido fue emanado de una autoridad competente y dentro del ejercicio de sus funciones.

En conclusión, en opinión de esta Corte no existen actos ilegales o arbitrarios de parte de las recurridas, siendo además inidóneo este procedimiento proteccional para el caso planteado ya que los derechos de la actora en el orden laboral y que inciden en las garantías que expresan, no son indubitados, puesto que el Centro recurrido los impugna, por lo que resulta inidóneo el presente procedimiento cautelar, debiendo ser rechazado.

Por lo razonado precedentemente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República y del Centro de Formación Técnica de la Región del Maule.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Robert Morrison Munro.

N°Protección-11.193-2022.

Se deja constancia que no firma la Ministra Interina doña Marisol Ponce Toloza, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso en conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, ni el abogado integrante don Robert Morrison Munro, por estar ausente.