nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL-COMPIN

Talca, cinco de junio de dos mil veintiséis.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece la abogada Claudia Lemarie Acosta, domiciliada en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Administrativa, divorciada, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, conocida como Compin, persona jurídica de derecho público, desconoce su representante legal o quien haga las veces de tal, domicilio desconocido, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, conocida como Suseso, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar el pago del subsidio correspondiente a Licencia médica y negar la justificación del reposo médico de su representada, mediante diversas resoluciones dictadas por las recurridas, que vulnera, priva y perturba las garantía constitucionales de derecho de propiedad y protección a la salud establecidos en el artículo 19° N° 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Al efecto y en lo medular, manifiesta que su representada se encuentra sufriendo de trastorno depresivo mayor y trastorno de personalidad limite, pues en diciembre de 2023, ella comenzó a experimentar dificultades para conciliar el sueño, problemas de concentración y una baja tolerancia en su entorno laboral, reaccionando de manera desproporcionada ante situaciones mínimas. Estas crisis de angustia ocasionaron incluso pérdidas de dinero en la caja que administraba. Al iniciar el año 2024, enfrentó una serie de conflictos familiares, entre ellos una separación y un duelo, lo que la llevó a un estado de profunda angustia y a experimentar deseos de morir. En esta crisis, la recurrente revivió traumas de abusos y violaciones sufridas en su infancia, lo que intensificó su desesperanza, donde sus autolesiones se volvieron permanentes y, cada vez que quedaba sola en casa, pensaba en formas de terminar con su vida.

Hace presente que la recurrente presentaba un rendimiento laboral inferior al 50% de lo habitual, no alcanzaba las metas establecidas y, debido a sus reiteradas crisis, en diversas ocasiones debió ser enviada a su hogar antes del término de su jornada, llegó a un estado de abandono personal: no se levantaba de la cama, no se aseaba, solo dormía y deseaba no despertar. Requirió el apoyo de su familia, quienes asumieron el cuidado de su hija, la cual también desarrolló un cuadro depresivo debido a la situación.

Refiere que fue tratada en un CESFAM por al menos cinco médicos especialistas en salud mental, hasta que finalmente fue derivada a COSAM. Sin embargo, a pesar de la evidente falta de avances, no se realizaron cambios en su medicación. Frente a ello, su familia gestionó atención particular con el psiquiatra nombre reservado, quien ya la había tratado en 2022, quien efectuó un cambio paulatino de medicamentos, logrando avances significativos, porque en tres meses se observó una mejora notoria en su estado mental y físico, muy superior a la obtenida en meses de tratamiento con el CESFAM.

Hace presente que su representada se desempeña como cajera integral en una multitienda, con funciones que incluyen atención de público, otorgamiento de avances, cobro de cuotas, venta de productos, reposición, ofrecimiento de seguros y cumplimiento de metas. Su labor implica un nivel de estrés permanente. Su jornada laboral se extiende desde las 08:45 hasta las 20:00 horas. El cargo exige atención constante, manejo de dinero y altos niveles de alerta. En su condición, la recurrente no podía atender público, se desorientaba con facilidad y no lograba mantenerse de pie por más de un par de horas.

Consigna que entre febrero y marzo de 2024, la recurrente sufrió un intento suicida, lo que hizo imprescindible que permaneciera bajo el cuidado de su hermana para resguardar su vida. Recién con el ajuste de la medicación pudo comenzar a estabilizarse. La recurrente fue evaluada por tres psiquiatras distintos, quienes coincidieron en que no estaba en condiciones de reintegrarse laboralmente. En febrero de 2025, gracias a la nueva medicación, los periodos de crisis comenzaron a disminuir y al segundo mes ya no presentó autolesiones. Por ello, su médico le otorgó una licencia parcial (medio tiempo) para reintegrarse en mayo de 2025. Sin embargo, dicha licencia fue rechazada, dificultando aún más su recuperación; hoy en día, la recurrente continúa trabajando, procurando utilizar sus vacaciones para disminuir la sobrecarga laboral y emocional.

Añade que el Informe médico del Dr. nombre reservado indica el debido reposo y tratamiento médico y pese a que su historial médico se origina a fines del 2023, a raíz de diversas indicaciones médicas, el recurrente presentó ante la recurrida COMPIN las siguientes nombre reservado:

1. N° RUT reservado que le otorgaba reposo continuo por 30 días desde el 02 de Febrero de 2025 hasta el 03 de marzo de 2025, Compin resolvió con fecha 03 de abril de 2025 Rechazar, cuya causal de rechazo fue: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

2. N° RUT reservado que le otorgaba reposo continuo por 21 días desde el 04 de marzo de 2025 hasta el 24 de marzo de 2025, Compin resolvió con fecha 03 de abril de 2025 Rechazar, cuya causal de rechazo fue: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

3. N° RUT reservado que le otorgaba reposo continuo por 30 días desde el 25 de marzo de 2025 hasta el 23 de abril de 2025, Compin resolvió con fecha 03 de abril de 2025 Rechazar, cuya causal de rechazo fue: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

4. N° RUT reservado que le otorgaba reposo continuo por 15 días desde el 24 de abril de 2025 hasta el 08 de mayo de 2025, Compin resolvió con fecha 18 de julio de 2025 Rechazar, cuya causal de rechazo fue: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

Dice que producto de lo anterior, la recurrente realiza los reclamos correspondientes ante la recurrida SUSESO, rechazando el 31 de julio de 2025, la solicitud de reconsideración por las nombre reservado presentadas, mediante Resolución Exenta Nº R-01-S-105401-2025, incurriendo en el mismo error que la primera recurrida, a saber: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 373 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes médicos adjuntos no logran evidenciar elementos de severidad, compromiso funcional o necesidad de ajustes en el plan de tratamiento que fundamenten el rol terapéutico del reposo laboral indicado.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

Sostiene que el informe médico acompañado detalla en forma explícita la sintomatología grave de la recurrente, que directamente se relacionan con la funcionalidad necesaria para el trabajo, por lo que su reintegro, no solo implicaba un peligro para su representada, sino también respecto al desempeño de su trabajo.

Estima que la Resolución Exenta Nº R-01-S-105401-2025, que confirma el rechazo de las nombre reservado° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado por reposo no justificado, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, y firmada por nombre reservado, es arbitraria e ilegal, debido a que las decisiones de las instituciones recurridas son confusas, con una ausencia grave en sus fundamentos y justificaciones, adoleciendo de una vaguedad especialmente necesaria en casos técnicos y graves como los que padece la recurrente. Así, se tornan en arbitrarias, carentes de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo este actuar una vulneración a sus garantías constitucionales.

Insiste en que las recurridas no justifican de manera alguna las decisiones adoptadas, rechazando las nombre reservado singularizadas, sin considerar el informe médico emitido por profesional competente, médico tratante de la recurrente. Asimismo, su representada no obtuvo respuesta justificada por las instituciones recurridas, incumpliéndose con ello Decreto Supremo N°3 del 28 de mayo de 1984, que aprueba el reglamento de autorización de nombre reservado por las COMPIN e instituciones de Salud previsional, que exige, en su artículo 16, que en caso de rechazo de una licencia médica se deben indicar los fundamentos que se tuvieron a la vista para tomar tal decisión. Transcribe dicha norma. Además, la Ley N°19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo, en su artículo 41 obliga a que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, consagrando el principio de fundabilidad de los actos administrativos, es decir, la Administración deberá siempre motivar sus actos explicando las razones y el razonamiento que la lleva a tomar determinada resolución.

Considera el artículo 1° de la Ley 20.585, que señala: “La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento”. Igualmente, el artículo 3 del mismo cuerpo legal, prescribe: “en caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica” por su parte el articulo 4 agrega: “un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá respecto de determinadas patologías, guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de nombre reservado”

Expresa que el actuar de las recurridas constituye una privación y perturbación del derecho a la integridad física y psíquica, al derecho de la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud, derecho a la Seguridad Social y al derecho de propiedad de su representada, paciente y cotizante, derechos que se encuentran expresamente protegidos por el N°1, N° 2 N°9, y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Reitera que en la especie esta ante una arbitrariedad e ilegalidad que justifica poner en movimiento la actividad procesal del Estado y pedir el restablecimiento del derecho quebrantado.

Posteriormente desarrolla sucintamente cada uno de los derechos fundamentales que estima vulnerados, adicionando que los rechazos de las nombre reservado de su representada realizados por COMPIN y no siendo supervisados por SUCESO obedecen a actos irreflexivos y de todas maneras antojadizos, que no tienen causa legal ni justificación médica, constituyen un obrar arbitrario e ilegal que repugna al derecho, que solo busca salvaguardar sus intereses económicos, al negar cobertura y pago de las referidas licencias.

Afirma que la recurrente se encuentra en la más absoluta indefensión, toda vez que, habiendo recurrido en contra de la COMPIN, esta ha vuelto a rechazar sus licencias sin acompañar el informe pericial en el cual sustenta su decisión.

Asimismo, sostiene que el diagnóstico de trastorno depresivo mayor y trastorno de personalidad limite que afecta a la recurrente se encuentra expresamente protegido por la Ley N° 21.331, sobre Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental. Esta normativa consagra una serie de principios y garantías orientadas a asegurar una atención digna, oportuna y efectiva para quienes enfrentan patologías de salud mental, reconociendo que estas deben ser tratadas con el mismo estándar de respeto, resguardo y no discriminación que cualquier otra condición médica. En particular, el artículo 3° de dicha ley establece que toda persona tiene derecho a recibir una atención de salud mental libre de discriminación, a recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, y a que se respeten las indicaciones del equipo de salud tratante, las que deben primar sobre cualquier consideración administrativa o económica. En este caso, el profesional de salud mental a cargo de la paciente ha indicado expresamente un reposo laboral como parte del tratamiento integral, con el fin de evitar una descompensación del cuadro clínico y favorecer su recuperación.

Recalca que el rechazo de las nombre reservado extendidas como parte de ese tratamiento vulnera directamente el derecho a recibir una atención oportuna y adecuada, consagrado en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 21.331. Además, constituye una forma de trato desigual e injustificado hacia una persona con diagnóstico de salud mental, contrariando el principio de no discriminación arbitraria y perpetuando el estigma asociado a este tipo de enfermedades. Además, esta negativa desconoce el principio de continuidad del tratamiento, consagrado en el artículo 7 de la misma ley, ya que al obligar a la recurrente a reincorporarse a sus funciones laborales en un estado clínicamente inestable, se interrumpe de facto el proceso terapéutico y se expone a la paciente a un grave deterioro de su salud mental.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de las instituciones de saludad mencionadas, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, declare que las recurridas han actuado ilegal y arbitrariamente al no emitir un pronunciamiento fundado y al no otorgar la cobertura y pago a las nombre reservado de la recurrente, lo cual importa una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República y, en definitiva, sin perjuicio de las medidas que se estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, pide se declare:

1.- Que las recurridas han cometido un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente.

2.- Que las recurridas deberán aprobar: nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por medio de resolución fundada.

3.- Que las recurridas deberán otorgar el subsidio por incapacidad laboral de las nombre reservado presentadas por el recurrente.

Segundo: Que comparece el doctor nombre reservado, en calidad de presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Región del Maule, quien informando al tenor del recurso planteado en autos, señala que la recurrente nombre reservado pretende la aprobación de 4 nombre reservado que datan del año 2025, haciendo presente que la recurrente, de 53 años, está afiliada a FONASA, y acumula a la fecha más de 1.000 días con uso de nombre reservado. Según consta en el Sistema Informático de FONASA (SIF), la recurrente registra rechazos en COMPIN Maule, desde el 02 de febrero del año 2025, todas por patología de salud mental. En Cartola médica de SIF, está señalado que los rechazos de nombre reservado se deben a que el reposo es prolongado y no se encuentra justificado, a su vez, se atiende con médico general (se acompaña certificado de la Superintendencia de Salud que lo demuestra) excediendo la norma técnica, es decir, el Decreto 7 del año 2013, del Ministerio de Salud.

Refiere que los informes médicos que acompañó en su oportunidad son de médico general que firma como psiquiatra, en el cual la fecha probable de alta depende de seguir indicaciones de reposo y medicación. Que, las nombre reservado singularizadas y reclamadas por la recurrente son las N.° RUT reservado LM N.° RUT reservado LM N.° RUT reservado LM N.° RUT reservado Licencia por 15 días, desde el 24 de abril al 08 de mayo del año 2025. Licencia por 30 días, desde el 25 de marzo al 23 abril del año 2025. Licencia por 21 días, desde el 04 al 24 de marzo del año 2025. Licencia por 30 días, desde el 02 de febrero al 03 de marzo del año 2025. R-104, respectivamente, sin causa médica que justifique el reposo. El profesional de la salud tratante de las 4 nombre reservado rechazadas, es nombre reservado, médico general, información recabada en la página web de la Superintendencia de Salud.

Manifiesta que es importante mencionar que pierden sentido las nombre reservado cuando se vulnera un factor muy importante como la transitoriedad, es decir, la temporalidad, toda vez que doña nombre reservado, lleva más de 1.000 días acumulados con nombre reservado, y solo puede estar hasta 60 días con licencia por patología mental, según el Decreto 7 del año 2013, por tanto, excede de la norma técnica y debe ser derivada a médico especialista, es decir, psiquiatra.

Refiere que en dictamen N.° 0-01-5-00135-2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, de 19 de enero del 2024, indica: "Como puede observarse, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador o trabajadora que sufre una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral." En dictamen N.º 64476-2015, de la Superintendencia de Seguridad Social, de 13 de octubre del 2015, indica: "Conforme a lo señalado, no corresponde autorizar nombre reservado en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral." Consigna que el artículo 14 del Decreto Supremo N.° 3, señala: "Es competencia privativa de la Unidad de nombre reservado de la COMPIN o de la ISAPRE en su caso, ejercer el control técnico de las nombre reservado". A su vez, el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud en su artículo 46°, establece en su último inciso lo siguiente: "La Comisión estará dotada de completa autonomía para emitir las decisiones y pronunciamientos en las materias de su competencia legal, siendo éstas y los antecedentes que les dieron origen estrictamente reservados".

Expresa que de lo anteriormente señalado se colige que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a las normas establecidas en el Decreto N° 3 de 1984, que Aprueba el Reglamento de Autorización de nombre reservado por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; Ley 19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, la Ley 20.585, sobre el uso y otorgamiento de nombre reservado, entre otras, lo que excluye de plano el que esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal como señala el recurrente, por lo que niega que se hubieren conculcado los derechos invocados por la recurrente, esto es, el Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 N.° 1 de la Constitución Política de la República. En relación a esta garantía constitucional, en ningún momento e instancia legal se ha amenazado el derecho mencionado, toda vez que la recurrente ha obtenido el tiempo suficiente para su recuperación de cuadro de salud mental, por tanto, el uso de un derecho como presentar licencia médica es claramente según DS N°3, código laboral y Ley 18.834; un derecho transitorio, por un determinado lapso de tiempo, lo cual se ha hecho valer en su oportunidad.

En cuanto al Derecho a la igualdad ante la Ley (artículo 19 N.°. 2 de la Constitución Política de la República), indica que el Principio de igualdad exige conferir un estatuto jurídico que se traduzca en una igualdad de trato de las personas en el derecho y ante el derecho, exige tratar a las personas como iguales, esto es, con igual consideración y respeto. En razón al principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de la República, todo ser humano no es superior ni inferior a otro, ninguna persona es más que otra persona en dignidad y en derechos, nadie puede ser discriminado. En virtud de lo anterior y de lo señalado en el artículo 19 N.° 2, de la Constitución Política de la República, no se está en presencia de desigualdad ante la Ley, toda vez que, el análisis realizado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región del Maule, se ajusta a derecho y actúa conforme a las atribuciones que la Ley otorga, según lo dispuesto en el art 45 del Decreto N.° 136 del Año 2004, del Ministerio de Salud, al señalar que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región del Maule, le corresponde desarrollar todas las funciones médico administrativas que le asigne la Ley. De esta forma, el procedimiento administrativo llevado a cabo por COMPIN cumple con todas las formalidades previstas por la Ley y el Reglamento, y corresponde a un conjunto de actuaciones procedimentales que es aplicado a todo usuario sin distinción alguna.

Respecto al derecho a la protección de la salud (artículo 19 N.° 9 de la Constitución Política de la República, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, por tanto, el derecho a un conjunto de prestaciones básicas, que no tienen otro objetivo sino garantizar un mínimo sanitario a la población, y que pueden ser entregadas mediante un sistema público o privado de salud, encargándose la Constitución de asegurar la libertar al momento de elegir el sistema. A su vez, contraloría médica es especialista en el estudio, seguimiento у profesionalismo de todos los casos, toda vez que su accionar está dentro de sus facultades y completa autonomía que entre el Decreto 136 del año 2004, artículo 46, por lo no ha sido ningún obstáculo que impida el ejercicio de esta garantía constitucional.

Finalmente, en cuanto al Derecho de propiedad (artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política de la República, dice que el solo otorgamiento de una licencia médica no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad, toda vez que, para percibir el subsidio por incapacidad laboral, deben cumplirse requisitos y condiciones adicionales, que respecto de recurrente no se cumplen; en efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N°3 de 1984, y Decreto con Fuerza de Ley N.º 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente y el cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral.

Pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por nombre reservado, y rechazar la misma en atención a los fundamentos expuesto, con costas.

Tercero: Que comparece la abogada Catalina Osses Obando, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, quien informando al tenor del recurso de protección deducido en autos, primeramente pide que se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de nombre reservado; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Hace presente que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República y que debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma.

En el primer otrosí y, en subsidio, se hace cargo del fondo del recurso, manifestando en lo medular que consta en el expediente administrativo PAE código R-117759-2025, que la interesada recurrió a su representada el 23 de junio de 2025, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-82121-2025 de 13 de junio de 2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE, en orden de mantener el rechazo de las nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 81 días a contar del 02 de febrero de 2025 emanado del Fondo Nacional de Salud (FONASA), por reposo no justificado; la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 15 días, bajo la misma causal de rechazo. Por lo anterior, consta en RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-S-105401-2025, de 31 de julio de 2025, previo análisis exhaustivo del caso, que “esa Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, conclusión que se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 373 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Agrega que los informes médicos adjuntos no logran evidenciar elementos de severidad, compromiso funcional o necesidad de ajustes en el plan de tratamiento que fundamenten el rol terapéutico del reposo laboral indicado.” Dice que 3 de las 4 nombre reservado mencionadas, ya habían sido analizadas por SUSESO, pues según consta en el expediente administrativo código R84594-2025, la Sra. nombre reservado recurrió el 22 de mayo de 2025 a esa Superintendencia, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN TALCA- COMPIN REGIÓN DEL MAULE, confirmó el rechazo 4 de las nombre reservado° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 81 días a contar del 02 de febrero de 2025, por Reposo Injustificado. De tal manera, la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-82121-2025, de 13 de junio de 2025, explicita: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las nombre reservado°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 373 días de reposo ya autorizados por la misma patología. El informe emitido el 11/04/2025 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describe detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado, por lo que confirmó el rechazo de las nombre reservado°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado. De lo anterior es posible colegir que el caso de la recurrente nombre reservado ha sido estudiado ampliamente por ese Servicio, existiendo fundamentación y motivación en el acto administrativo que pone término al procedimiento, considerando antecedentes técnicos y jurídicos entregados a partir de guías clínicas referenciales, en concordancia con los documentos dispuestos por la parte interesada.

Sostiene que existe por parte de la recurrente un concepto errado del reposo médico prescrito que, por esencia, es de carácter temporal, no así los 373 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Al respecto, se tuvo a la vista la ficha médica que consta dentro de los antecedentes especiales que realizaron los médicos de esta Superintendencia y fundamentan la decisión, dentro de sus atribuciones, transcribiendo literalmente la ficha médica, donde se concluye: Médico no especialista, reposición Folio Origen: R-84594-2025Mujer de 53 años, trabaja como cajera. Con permiso autorizado por 373 días con diagnóstico de F32.2 - Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra. Se rechaza”.

Aduce que de los antecedentes médicos disponibles, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las nombre reservado reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, según consta en la ficha médica creada especialmente para la resolución del caso, por lo que es procedente su rechazo, más aún que el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, en cuanto al derecho a licencia médica, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria; para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

Afirma que en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de nombre reservado, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Estima que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, pues, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Refiere que a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (seremis de salud), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), entidades que participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las nombre reservado otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de nombre reservado son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las nombre reservado extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Añade que en consecuencia, los pronunciamientos que en materia de nombre reservado emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hace presente, además, que el procedimiento para la autorización de las nombre reservado está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de nombre reservado. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esa Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esa institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Estima que en el caso de la recurrente nombre reservado claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras la revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las nombre reservado reclamadas, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de su defendida. Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las nombre reservado reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo y, por ende, no se han vulnerados las garantías individuales invocadas en el recurso, aludiendo al efecto a jurisprudencia que reproduce sobre la materia.

Concluye pidiendo que se tenga por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por nombre reservado, y con su mérito, rechazarla en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Quinto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean vulnerados.

Sexto: Que la Superintendencia de Seguridad Social, en forma previa, ha solicitado que se declare improcedente la presente Acción de Protección, por tratarse de una materia que versa con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no se encuentra amparado por la acción de protección, conforme lo consigna el artículo 20, alegación que en términos restrictivos se encuentra conforme con la disposición constitucional referida, empero, al atribuirse ilegalidad y arbitrariedad en el proceder de sendas instituciones públicas recurridas por afectación de garantías que si tienen un correlato protector en el precitado artículo 20, como acontece con el derecho a la integridad física y psíquica, al derecho de la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad en sus diversas especies, consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, las cuales están amparados por la presente acción de protección, conlleva a que lo pretendido a priori por la Superintendencia recurrida debe rechazarse.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo de lo discutido, es dable afirmar que de lo expuesto por las partes, como, asimismo, del mérito de los antecedentes documentales allegado a los autos, los que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, son suficientes para tener por establecido en esta sede proteccional, que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez rechazó cuatro nombre reservado presentadas por la recurrente nombre reservado, por patología de salud mental, a saber, porque por la temporalidad de las mismas, debían ser dadas por un psiquiatra y no por un médico general, como acontece con la situación profesional del médico nombre reservado y, además, porque en atención al tratamiento al que se encontraba sujeta la recurrente el reposo otorgado no se justificaba.

En efecto, las licencias N°RUT reservado; RUT reservado, 20796870 y RUT reservado, que se extendieron por 15 días, (del 24 de abril de 2025 al 08 de mayo), por 30 días, (del 25 de marzo de 2025 al 23 abril), por 21 días, (del 4 de marzo de 2025 al 24 de marzo) y por 30 días, (del 2 de febrero de 2025 al 3 de marzo), respectivamente, fueron rechazadas porque no existía una causa médica que justificara el reposo y, además, porque el profesional de la salud que las otorgó tiene la calidad de médico general.

Octavo: Que de lo precedentemente reseñado no se visualiza ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al rechazar las licencias mencionadas, como tampoco el actuar de la Superintendencia de Salud, que avaló la decisión del Compin, por tratarse de las entidades públicas, que en el caso particular de la recurrente, afiliada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), se encuentran encargadas por ley, para autorizar o rechazar todas las nombre reservado que se presenten ante ellas.

En efecto, el artículo 14 del Decreto Supremo N° 3, señala que es de competencia privativa de la Unidad de nombre reservado de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, ejercer el control técnico de las nombre reservado"; en este mismo orden de ideas, el artículo 46 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud establece en su último inciso, que la Comisión estará dotada de completa autonomía para emitir las decisiones y pronunciamientos en las materias de su competencia legal.

En esos mismo términos, resulta ajustada a derecho la confirmación de la superintendencia del ramo, ante la reconsideración presentada el 23 de junio de 2025 por la recurrente, manteniendo a firme el rechazo de las cuatro nombre reservado indicadas, argumentándose que los informes médicos adjuntos no lograron evidenciar elementos de severidad, compromiso funcional o necesidad de ajustes en el plan de tratamiento que fundamenten el rol terapéutico del reposo laboral indicado. Además, el informe emitido el 11 de abril de 2025 por el médico tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describe detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado.

Cabe señalar que los trabajadores regidos por el Decreto Ley N° 3.500, deben ser evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones y que respecto de incapacidades laborales temporales, como lo es el caso de la recurrente, existe el beneficio de licencia médica, regulado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el organismo competente, que en la situación de autos fue COMPIN, otorga el derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral, regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales.

Del mismo modo, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, contempla entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social y el artículo 3º del mismo cuerpo legal, dispone, en lo pertinente, que la Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia; que la supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, dicha superintendencia debe cumplir funciones con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica.

Noveno: Que atento a lo antes reflexionado no cabe más que concluir que las instituciones públicas recurridas, al rechazar las cuatro nombre reservado que sirve de sustento a la presente acción de protección, actuaron dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo las prerrogativas que el estatuto jurídico a los cuales se encuentran adscritas permite ejercer, lo que conlleva a concluir necesariamente que no han incurrido en actos ilegales, ni tampoco arbitrarios, al motivar en forma profesional y técnica las razones para no autorizar aquellas otorgadas por un profesional que no estaba capacitado para hacerlo.

Así las cosas, forzosamente se debe concluir que la acción de protección entablada en autos debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada Claudia Lemarie Acosta, en representación de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

No se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Advirtiendo que el médico nombre reservado, se atribuye la calidad de “psiquiatra”, conforme al estampado que inserta en las licencias que otorga, remítase los antecedentes respectivos al Ministerio Público, a fin de investigar el eventual ejercicio profesional de dicha actividad. Ofíciese al efecto.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 1.110-2025 Protección Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.-