nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Talca, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 21 de agosto de 2025, a folio 1, comparece nombre reservado, ciudadana venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la decisión de no acoger a trámite su solicitud de residencia definitiva, por estimar que dicho acto es ilegal y arbitrario y vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene dar curso a su solicitud de residencia definitiva y continuar su tramitación.

Expone que ingresó a Chile el 18 de noviembre de 2018 por el paso fronterizo Chacalluta, junto a su cónyuge, cumpliendo los controles migratorios correspondientes y con la intención de radicarse en el país.

Señala que el 15 de junio de 2023 el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó un permiso de residencia temporal en calidad de titular mediante Resolución Exenta N° RUT reservado, vigente entre el 26 de junio de 2023 y el 26 de junio de 2025.

Indica que, dentro del plazo legal de noventa días anteriores al vencimiento de su residencia temporal, específicamente el 9 de abril de 2025, presentó, a través de la plataforma electrónica del Servicio Nacional de Migraciones, su solicitud de residencia definitiva, acompañando toda la documentación exigida.

Agrega que el 20 de julio de 2025 fue notificada de que su solicitud no había sido acogida a trámite, indicándose únicamente como fundamento que no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería y que sus antecedentes serían remitidos al Departamento de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una eventual solicitud de residencia temporal. Sostiene que la resolución no explica cuáles serían los hechos que permiten concluir el incumplimiento de dicha norma reglamentaria.

Refiere que, frente a esa situación, concurrió a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones en Talca para solicitar una aclaración. Señala que inicialmente obtuvo una hora de atención para el 21 de julio de 2025, la que no pudo realizarse debido a fallas del sistema informático, siendo reagendada para el 23 de julio de 2025. Expone que ese día fue recepcionado su requerimiento y se le informó que recibiría respuesta por correo electrónico, la cual, a la fecha de interposición del recurso, aún no había sido emitida.

Sostiene que la falta de respuesta la mantiene en una situación migratoria irregular, por cuanto su permiso de residencia temporal venció el 26 de junio de 2025, al igual que su cédula de identidad.

Añade que desde su ingreso al país ha efectuado todas las gestiones necesarias para regularizar su situación migratoria; que mantiene un contrato de trabajo indefinido y que, al momento de interponer el recurso, cursa un embarazo de once semanas, circunstancias que hacen especialmente relevante mantener una situación migratoria regular y documentos de identidad vigentes.

Expone que la decisión impugnada le genera diversas consecuencias, entre ellas la eventual aplicación de una multa por permanencia irregular; la pérdida de su empleo, debido a la imposibilidad de trabajar sin documentación vigente; la necesidad de iniciar nuevamente un procedimiento para obtener residencia temporal, cuyo trámite demoraría aproximadamente un año y cuya vigencia sería de dos años antes de poder volver a postular a residencia definitiva; restricciones para acceder a prestaciones de salud, educación, becas, servicios bancarios y otros trámites; e imposibilidad de salir y reingresar al país incluso frente a emergencias familiares.

Afirma que otras personas que se encuentran en situaciones similares reciben notificaciones distintas, mediante las cuales se les concede un plazo para subsanar o complementar los antecedentes de sus solicitudes antes de resolver sobre su admisibilidad.

Sostiene que en su caso no se le otorgó dicha oportunidad, privándola de la posibilidad de corregir eventuales observaciones o acompañar nuevos documentos, configurándose un trato desigual, discriminatorio y arbitrario respecto de otros solicitantes de residencia definitiva. Añade que ello la deja en estado de indefensión y la mantiene irregular en el país pese a haber cumplido, según afirma, todos los requisitos legales.

Cita los artículos 78 y 79 de la Ley de Migración y Extranjería, señalando que la residencia definitiva puede otorgarse a quienes sean titulares de un permiso de residencia temporal que habilite para postular a ella y que hayan permanecido en dicha calidad por al menos veinticuatro meses.

Asimismo, reproduce el artículo 62 del Reglamento de la Ley N° 21.325, indicando que los titulares de residencia temporal pueden solicitar la residencia definitiva antes del vencimiento de su permiso, siempre que lo hagan dentro del plazo comprendido entre noventa y diez días previos a su expiración. Sostiene que cumple íntegramente tales requisitos, pues obtuvo residencia temporal por dos años y presentó oportunamente la solicitud correspondiente.

Expone igualmente cuáles son, a su juicio, los documentos exigidos por la legislación migratoria para solicitar residencia definitiva, indicando que acompañó toda la documentación requerida.

Posteriormente invoca el artículo 31 de la Ley N° 19.880, destacando que, cuando una solicitud no reúne todos los requisitos legales, la Administración debe requerir al interesado para que subsane las deficiencias o acompañe los documentos faltantes dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su petición.

Afirma que dicha norma también permite al órgano administrativo requerir modificaciones o mejoras voluntarias de la solicitud, posibilidad que —sostiene— le fue negada por el Servicio Nacional de Migraciones. Agrega que la nueva plataforma electrónica obliga a ingresar nuevamente una solicitud completa, sin contemplar un mecanismo que permita subsanar observaciones antes del rechazo de admisibilidad.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente la sentencia Rol N° 43.774-2020, transcribiendo sus considerandos séptimo y octavo, en los que se señala que el artículo 31 de la Ley N° 19.880 reconoce al interesado el derecho a subsanar las deficiencias de su solicitud antes de su rechazo y que la omisión de dicho trámite constituye una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley respecto de otros solicitantes cuyas peticiones sí son admitidas a tramitación. Agrega que, conforme a dicha sentencia, corresponde ordenar el ingreso a trámite de la solicitud para que la autoridad administrativa emita posteriormente el pronunciamiento que en derecho corresponda.

En cuanto a la garantía constitucional invocada, sostiene que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones vulnera el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, por cuanto recibe un trato distinto al otorgado a otros extranjeros que, encontrándose en situaciones equivalentes, han podido subsanar sus solicitudes antes de resolver sobre su admisibilidad.

Agrega que el principio de igualdad impide establecer diferencias arbitrarias entre las personas y que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles reconocidos por el ordenamiento jurídico, conforme al artículo 57 del Código Civil. Afirma que el Servicio Nacional de Migraciones infringió los principios que rigen los procedimientos administrativos al negarle la posibilidad de subsanar o complementar su solicitud.

Respecto de la admisibilidad del recurso, sostiene que concurren todos los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución, pues existe un acto ilegal y arbitrario que afecta una garantía constitucional protegida, la acción fue deducida dentro de plazo y el tribunal es competente para conocer de ella.

Finalmente, califica como ilegal y arbitraria la decisión de no acoger a trámite su solicitud de residencia definitiva, por cuanto —según afirma— fue presentada oportunamente y cumpliendo todos los requisitos exigidos, sin permitírsele ejercer el derecho a subsanar o complementar los antecedentes conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880.

Solicita que se admita a tramitación el recurso de protección, se requiera informe al Servicio Nacional de Migraciones y, en definitiva, se acoja la acción, ordenando que su solicitud de residencia definitiva sea acogida a trámite, continúe su tramitación administrativa hasta su resolución y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que el 1 de septiembre del año 2025, a folio 7, Juan de Dios Cardemil Palacios, abogado y mandatario judicial del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe, sosteniendo que el recurso carece de fundamento porque, si bien la solicitud de residencia definitiva de la recurrente no fue acogida a trámite, actualmente existe una solicitud de residencia temporal que continúa en tramitación y se encuentra pendiente, de modo que no existiría acto ilegal o arbitrario que afecte garantía constitucional alguna. Agrega que la autoridad administrativa ha actuado dentro de las atribuciones que le confieren la Constitución, la ley y los reglamentos.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la recurrente presentó, con fecha 9 de abril de 2025, una solicitud de residencia definitiva, identificada con el ID N° 72980986.

Expone que mediante el documento folio N° 80254169 se informó a la interesada que su solicitud no era acogida a trámite y que, en conformidad con dicho pronunciamiento, sus antecedentes fueron remitidos al Departamento de Residencias Temporales para analizar la procedencia de una solicitud de residencia temporal.

Agrega que, como consecuencia de esa derivación, actualmente se encuentra vigente una solicitud de residencia temporal ID N° 73498341, correspondiente a la recurrente, la cual se mantiene en estado "Pendiente", en la etapa de Resolución. En la página 2 del informe se incorpora una captura del sistema institucional que muestra dicha solicitud, indicando que fue ingresada el 11 de junio de 2025, que permanece sin usuario asignado y que continúa pendiente de resolución.

Sobre la base de esos antecedentes, afirma que no existe acto alguno mediante el cual el Servicio Nacional de Migraciones haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que la decisión administrativa definitiva respecto de su situación migratoria aún no ha sido adoptada.

Argumenta que la acción de protección exige la existencia de una afectación efectiva de un derecho fundamental y que ese presupuesto no concurre en la especie, puesto que la solicitud de residencia continúa siendo objeto de análisis por la autoridad administrativa.

Afirma, en consecuencia, que no existe acto u omisión susceptible de ser impugnado mediante esta acción constitucional, ya que el procedimiento administrativo aún no ha concluido y la autoridad no ha emitido una decisión definitiva respecto de la situación migratoria de la recurrente.

Sostiene que el incremento sostenido de acciones constitucionales —tanto recursos de protección como amparos— ha provocado la judicialización de materias que, a su juicio, debieran resolverse previamente en sede administrativa, generando una sobrecarga para los tribunales de justicia.

Añade que la consecuencia práctica de esa judicialización consiste en que los extranjeros que recurren a los tribunales obtienen prioridad en la tramitación de sus solicitudes migratorias, por cuanto la autoridad debe destinar recursos a cumplir los requerimientos judiciales, situación que —afirma— perjudica a los más de 500.000 procedimientos de residencia que actualmente tramita el Servicio Nacional de Migraciones.

Sobre esa base sostiene que quienes recurren judicialmente terminan integrando un grupo privilegiado respecto del resto de los usuarios del sistema migratorio, circunstancia que, según el informe, resulta incompatible con el principio de igualdad ante la ley.

Concluye señalando que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con estricto apego a la Constitución y a la normativa legal y reglamentaria aplicable, razón por la cual no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por ello solicita rechazar íntegramente el recurso de protección, declarando que no existe actuación ilegal o arbitraria imputable al Servicio Nacional de Migraciones y rechazando, además, la solicitud de condena en costas formulada por la recurrente.

TERCERO: Que el 26 de junio del presente año, a folio 20, Juan de Dios Cardemil Palacios, abogado y mandatario judicial del Servicio Nacional de Migraciones, complementa el informe previamente evacuado, precisando los motivos por los cuales no fue acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva de nombre reservado y las razones que justificaron la derivación de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales.

En primer término, informa que el motivo de la inadmisibilidad corresponde al señalado en la comunicación electrónica folio N° 80254169, en la que se indicó expresamente que la interesada no cumplía los requisitos para optar al permiso de residencia definitiva por no satisfacer lo dispuesto en el artículo 65 N° 4 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, razón por la cual sus antecedentes fueron remitidos al Departamento de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.

A continuación, señala que la recurrente registra en el sistema institucional la Resolución Exenta N° RUT reservado, de 21 de febrero de 2023, mediante la cual se le aplicó una multa ascendente a $30.884, por infracción al artículo 119 de la Ley N° 21.325, consistente en haber permanecido en el país por más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia.

Sobre la base de ese antecedente, sostiene que la solicitud de residencia definitiva fue declarada inadmisible porque la extranjera no cumple los plazos exigidos para postular al permiso de residencia definitiva, encontrándose comprendida en la hipótesis prevista en el artículo 65 N° 4 del Decreto Supremo N° 296, al registrar una infracción migratoria grave.

Precisa que dicha infracción corresponde precisamente a la sanción prevista en el artículo 119 de la Ley N° 21.325, circunstancia que, conforme al Reglamento, obliga a exigir un período de cuarenta y dos meses de residencia temporal antes de poder postular a la residencia definitiva, requisito que la recurrente no reúne.

Con el objeto de fundamentar esa afirmación, reproduce el contenido del artículo 65 del Decreto Supremo N° 296, señalando que, como regla general, los residentes temporales deben haber permanecido en dicha calidad durante al menos veinticuatro meses para postular a la residencia definitiva, agregando que ese plazo aumenta cuando concurren determinadas circunstancias personales.

En particular, transcribe el numeral 4 de dicha disposición, conforme al cual, tratándose de infracciones migratorias graves contempladas en el Título VII de la Ley N° 21.325 y sancionadas mediante un acto administrativo firme y totalmente tramitado, se exige un período mínimo de cuarenta y dos meses de residencia temporal para acceder a la residencia definitiva.

Añade que esa exigencia específica de cuarenta y dos meses encuentra su fundamento en que la recurrente fue sancionada administrativamente por haber permanecido en el país con su permiso de residencia vencido por un período superior al permitido por la normativa migratoria, configurándose una infracción migratoria grave.

Finalmente, explica que la derivación de los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales tuvo por finalidad analizar y dar curso a la tramitación de una solicitud de residencia temporal que permitiera regularizar la situación migratoria de la extranjera, actuación que, según el Servicio, se ajusta a los principios que inspiran el procedimiento administrativo y a las disposiciones de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

En mérito de lo expuesto, solicita a la Corte tener por cumplido lo ordenado mediante la resolución de 18 de junio de 2026.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

QUINTO: Que, el acto cuestionado consiste en la Comunicación Electrónica Folio N°80254169 de 11 de junio de 2025, en la que el Servicio recurrido no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, señalando que: “No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal…”

SEXTO: Que, el artículo 65 del Decreto N°296 citado en la resolución que por esta vía se impugna contempla diversas hipótesis y tiempos de residencia exigidos según cada una de ellas, lo que importa que para fundamentar en forma adecuada el acto administrativo necesariamente deba indicarse en forma específica qué hechos configuraría la infracción migratoria grave, nada de lo cual aparece cumplido en la resolución recurrida, lo que devela que ésta no cumple con el deber de fundamentación que impone al órgano público el artículo 11 de la Ley N°19.880.

Así las cosas, la expresión transcrita da cuenta de una fundamentación meramente formal, insuficiente para sustentar una decisión administrativa de graves consecuencias para el recurrente.

Por ende, las explicaciones incorporadas por el Servicio al evacuar el informe complementario no tienen la virtud de subsanar el déficit de fundamentación que presenta el acto impugnado, desde que la motivación constituye un elemento esencial de validez del acto administrativo y debe constar en él al tiempo de su emisión, no siendo jurídicamente admisible completar o integrar con posterioridad los fundamentos que debieron expresarse en la decisión recurrida.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, de acuerdo con lo expuesto por la recurrente, circunstancia que no fue controvertida por el Servicio, aparece que ingresó regularmente al país por paso habilitado el 18 de noviembre de 2018. Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 23177250, se le otorgó permiso de residencia temporal en calidad de titular, vigente desde el 26 de junio de 2023 hasta el 26 de junio de 2025. Asimismo, el 9 de abril de 2025 presentó, a través de la plataforma electrónica del Servicio Nacional de Migraciones, su solicitud de residencia definitiva.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, y atendido que la amparada reside en el país desde el año 2018, cuenta con contrato de trabajo vigente de carácter indefinido desde julio de 2024 y registra cotizaciones previsionales ininterrumpidas desde febrero de 2019, cabe concluir que los fundamentos esgrimidos por la autoridad para no acoger a trámite su solicitud carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a tales circunstancias.

NOVENO: Que, en consecuencia, al no expresar el acto administrativo las razones específicas que justifican la decisión adoptada ni permitir conocer los fundamentos por los cuales la autoridad estimó incumplidos los requisitos legales para acceder al permiso solicitado, la actuación del Servicio Nacional de Migraciones deviene arbitraria, razón por el que el presente recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Ley N°21.325, Ley 19.880 y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, disponiendo que se deja sin efecto la comunicación electrónica folio 80254169 de 11 de junio de 2025, debiendo el Servicio recurrido, dentro de un plazo máximo de 10 días corridos, a contar de que el presente fallo quede ejecutoriado, citar personalmente a la recurrente y explicarle el estado del procedimiento, documentos que debe acompañar y multas que tiene que pagar, en caso que correspondiera, para posteriormente pronunciarse la resolución conforme a derecho, sin costas del recurso.

Todo lo anterior se ordena, bajo apercibimiento de desacato, conforme el inciso 2 del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-1080-2025.