nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

Talca, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.- VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la abogada Paula Troncoso Vergara, por si, domiciliada en domicilio reservado, Loteo Santa Silvia de la Comuna de Linares, interpone acción de protección en contra de la Contraloría Regional del Maule, representada legalmente por nombre reservado, Contador Auditor, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el actuar ilegal y/o arbitraria, de dicho organismo en su contra al aplicar apercibimiento de cese de funciones sin goce de sueldo mediante resolución de 17 de Julio de 2025.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que se desempeña desde el año 2018 ejerciendo el cargo de Asesora Jurídica Municipal de San Javier. Ante denuncia de una usuaria del Centro de la Mujer de San Javier en Contraloría Regional por utilización de su clave única para obtener información de la causa de alimentos en la que era parte y así utilizarla en una causa laboral de una exfuncionaria Municipal, mediante Oficio N° E14481672021 de Contraloría Regional del Maule, de 6 de octubre de 2021, ordena a la Municipalidad de San Javier instruir un proceso disciplinario con el objeto de establecer eventuales responsabilidades administrativas advertidas con ocasión de la utilización de acta de audiencia preparatoria sobre alimentos, el cual se materializa en Decreto Exento N° 576 de 29 de marzo de 2022, que designa como Fiscal al funcionario municipal Carlos Muñoz Aedo, Director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Javier.

Agrega que realizada la investigación de los hechos, las que incluían declaraciones y prueba documental, el mencionado Fiscal, en su Vista de Fiscal de 20 de julio de.2022 propone el sobreseimiento del Sumario Administrativo, ya que a su juicio y ponderándose las pruebas allegadas al procedimiento administrativo , no se podía determinar la participación dolosa o culposa de algún funcionario, dando cuanta además que antes de la realización de la audiencia preparatoria de la causa laboral se había subido el acta de la audiencia preparatoria sobre alimentos a favor de la usuaria del Centro, nombre reservado, a fin de ofrecer dicha Acta como prueba que sería utilizada en la audiencia, la que posteriormente no se hizo valer por ser una causa de familia y existiendo menores involucrados no era necesario usarla en un juicio laboral, quedando demostrado que no hubo una mala intención ni descriterio, considerando además que los documentos mencionados pueden haber sido entregados por la usuaria o haber sido obtenidos con su clave única que se encuentra incorporada a la carpeta de la usuaria a través de registro de atención, lo que en definitiva no se pudo comprobar durante el proceso sumarial. El Alcade acoge los argumentos del Fiscal y dicta el Decreto Exento N° 1475 de 20 de julio de 2022, que aprueba dicha Vista da término y decreta el sobreseimiento de sumario administrativo, decisión que se informa a Contraloría Regional del Maule, quienes cuestionando la decisión Alcaldicia, el 26 de septiembre de 2022, ordena la reapertura del procedimiento disciplinario, la cual se concretiza mediante Decreto Exento N° 2381 de 08 de noviembre de 2022.

Añade que el 11 de Mayo de 2023 se realiza una nueva Vista de Fiscal , mediante la cual propone nuevamente el sobreseimiento del Sumario Administrativo, la cual es aprobada mediante Decreto Exento N° 1138 de 18 de mayo de 2023, que da término y decreta nuevamente el sobreseimiento de sumario administrativo mencionando que no se podido acreditar que la información subida a la página del Poder Judicial haya sido obtenida a través de la utilización de la clave única de la usuaria, no existiendo ningún elemento que permita imputar responsabilidad administrativa al respecto. No conforme nuevamente con el resultado y obviando el derecho del Alcalde de disponer el sobreseimiento de un sumario, mediante Oficio N° 457765/2024 de 1 de marzo de 2024, la Contraloría Regional de Maule ordena la reapertura del procedimiento disciplinario, argumentando que tanto la Vista Fiscal como el Decreto N° 1138 de 18 de mayo de 2023, no se encontraban debidamente motivados.

Adiciona que mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 673 de 20 de marzo de 2024, dispone la reapertura del Sumario Administrativo instruido mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 2046 de fecha 29 de octubre de 2021, dando como resultado que se proponga al Alcalde nuevamente el sobreseimiento del Sumario Administrativo instruido mediante Decreto Exento N° 2046 de 29 de octubre de 2021, reaperturado por Decreto Exento N° 2381 de 8 de noviembre de 2022 y, nuevamente reaperturado, por Decreto Alcaldicio Exento N° 673 de 20 de marzo de 2024. Posteriormente mediante Oficio N° E479225/2024 de 24 de abril de 2024, la Contraloría Regional de Maule, ordena informar el resultado del sumario administrativo individualizado en los Vistos del presente decreto y mediante Resolución E577564/2024 ordena reapertura de sumario de que se trata, bajo apercibimiento.

Señala que nuevamente el Municipio de San Javier da cumplimiento a lo instruido, dictando el Decreto Exento N° 930 de 16 de abril de 2025, que ordena la reapertura del sumario instruido mediante Decreto Exento N° 2046 de 29 de octubre de 2021. La nueva Vista Fiscal, correspondiente a la Resolución N° 06 de 04 de julio de 2025, elevada al Alcalde, el Fiscal Carlos Muñoz Aedo, propone el sobreseimiento del Sumario Administrativo, basando su apreciación en haber efectuado nuevamente una ponderación de los hechos y analizado los antecedentes recabados en toda la investigación, en el hecho que las funcionarias que obtuvieron la clave única ya no se encontraban ejerciendo labores en la Municipalidad de San Javier y que revisado en el Portal del Poder Judicial.cl, causa laboral T-4-2021, dando cuenta que a folio 17 de 12 de abril de 2021, se acompaña copia de audiencia preparatoria de alimentos Rol C-223-2020, por cual se acredita que al menos en esta fecha se hace uso de la mencionada información reservada, resultado imposible determinar la fecha en que dicha información fue requerida mediante clave única de la usuaria, pero determinando que esta información a lo menos debió ser obtenida con una fecha anterior a su utilización, por lo cual la responsabilidad administrativa se encuentra prescrita, habiendo transcurrido más de 4 años desde la posible acción de cualquier funcionario municipal involucrado.

Reseña que posterior a la última reapertura del sumario administrativo mencionado, Contraloría Regional del Maule envió sendos oficios reiterando instrucciones sobre la reapertura y resolución del mencionado sumario el 8 de abril de 2025; 17 de abril de 2025; 14 de mayo de 2025, todas bajo apercimiento o “ amenaza” de aplicar el apercibimiento contemplado previsto en el artículo 9°, inciso tercero de la Ley N° 10.336 , esto es medida de apremio de suspensión sin goce de remuneraciones a la Abogada Paula Troncoso Vergara, Asesora Jurídica Municipal de San Javier, el cual en definitiva es aplicado mediante Resolución Exenta N° E14863/2025, la cual sin ningún tipo de notificación contemplada en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativo le es aplicada ipso facto, a partir del ingreso de un correo electrónico que acompaña la resolución , el cual no era firmado por funcionario alguno, debiendo retirarse de su lugar de trabajo sin derecho a su legítimo derecho de defensa por 4 días, los cuales serán descontados de sus remuneraciones, dañando con ello no solo su derecho a la propiedad de sus remuneraciones, sino que a su honra como abogada, siendo el foco de comentarios mal intencionados culpándola de una situación que le es absolutamente ajena , dejándola en una absoluta indefensión.

Sostiene que para realizar un análisis de la conducta descrita como arbitraria e ilegal es necesario que considerar que conforme al artículo 28 de la Ley N° 19.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la función de la Unidad que dirije es “prestar apoyo en materias legales al alcalde y concejo. Además informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales. Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine. En este sentido, no obstante que el Municipio informó que la persona responsable de subir la información a la plataforma de Contraloría, esta actividad no es una función propia del cargo que ejerce actualmente, actuando solo como correo de la información que terceros envían a Contraloría mediante la plataforma, actividad que podría realizarla cualquier otro funcionario y como podrá observarse no ejerció las funciones de Fiscal en el procedimiento, por lo que no resulta comprensible que se le amenace y luego prive de su remuneraciones. En efecto el apercibimiento establecido en el artículo 9 de la Ley N° 10.336 que señala, en su parte medular que “El Contralor General está facultado para dirigirse directamente a cualquier jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le hay formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio. El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquier autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda, de la norma transcrita. Dice que es posible establecer que la facultad del Contralor General es para dirigirse a cualquier funcionario para solicitarle datos e informaciones o impartirle instrucciones. En el caso que motiva el apercibimiento, todos los oficios fueros dirigidos al Alcalde y no a su persona, como tampoco fue responsable de la sustanciación del procedimiento y tampoco es una función entregada por la Ley Orgánica Constitucional al encargale la correspondencia con Contraloría. Según la norma transcrita, la falta de observancia oportuna de los requerimientos puede ser sancionada por el Contralor General con multas y suspensión de empleo, esta norma supone que el funcionario al cual el Contralor General le ha requerido datos e informes no se los haya proporcionado y por ello multarlo o suspenderlo de sus funciones que se desprende de la frase “… hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos.

Aduce que parte de la norma faculta al Contralor Regional para multar o suspender a esta Asesora Jurídica, cuando no son funciones que la ley encomiende, sin tener injerencia alguna ni en las actuaciones del Fiscal o las decisiones del Alcalde, correspondiéndome solo la remisión de antecedentes a través de la plataforma de Contraloría Regional.

Estima que de todo lo señalado anteriormente no cabe sino concluir que la recurrida ha actuado en forma arbitraria e ilegal, apercibiéndola a cumplir cuestiones que no están del ámbito de sus funciones (sic), utilizando una facultad cuyo fin es otro- compeler a entregar información- y no darle ejecutoriedad a los informes del Contralor Regional. A ello se debe sumar que el tenor de los sucesivos oficios y en particular los que contienen los apercibimientos con los que se le amenazaban no se logra entender que es lo que quiere la Contraloría que haga la suscrita, si todo lo que razonablemente se puede hacer son atribuciones, facultades y deberes que legalmente le corresponde a otros funcionarios.

Afirma que se vulnera su derecho a la igualdad ante la Ley, ya que por medio de la aplicación arbitraria contenida en la Ley 10.366 se le “elige” arbitrariamente como sujeto y objeto de demostración del poder sancionador que la Contralora Regional cree tener conforme a la ley Orgánica de Contraloría, imponiéndole una responsabilidad y obligación que legalmente no le corresponde. A ello se debe agregar que ninguno de los funcionarios que debería tener responsabilidad en el incumplimiento que motiva el apercibimiento ha sido apercibido, por lo que su decisión solo responde a una actuación arbitraria e ilegal que vulnera la garantía del artículo 19 N° 2 de Constitución Política de la República, como tampoco tiene conocimiento que en nuestra Región la Contraloría haya apercibido a un Director Jurídico por hechos similares. Es así, por mandato de Contraloría Regional su empleador la Municipalidad de San Javier dictó el Decreto 1781 de 24 de Julio de 2025, que dispone hacer efectivo el apercibimiento aplicando la medida de suspensión sin goce de sueldo, privándola de esta forma de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Hace presente que en causa Rol 1188/2012 de 20 de diciembre de 2012, conociendo un recurso de protección presentado por el Asesor Jurídico de Municipalidad de Curicó en contra de Contraloría Regional del Maule, por apercibimiento impuesto por dicho Organismo de Control Regional, se establece en su considerando Tercero que :”Que dicha facultad debe ser ejercida en conformidad a la legalidad vigente y sin efectuar discriminaciones arbitrarias. De esta manera, constituye un acto ajustado a la legalidad efectuar el apercibimiento regulado en el artículo referido a los funcionario públicos que dilatan la entrega de la información a la Contraloría; sin embargo , no es ni legal ni razonable apercibir a quien no posee las competencias necesarias para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por dicha institución, porque conforme al artículo 7 de la Constitución Política de la República los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes ,dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley”. Continúa consignando que en su Considerando Quinto: Que los funcionarios de la administración municipal tienen derecho a percibir el total de sus remuneraciones si cumplen con las funciones que la ley les ha encomendado, razón por la cual este acto de la Contraloría vulnera en grado de amenaza al recurrente su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, las que están amparadas por la garantía prevista en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Politice de la República” Sexto : Que el acto reseñado en que ha incurrido la Contraloría afecta el derecho de propiedad sobre el cargo que detenta el recurrente. Al respecto es dable consignar que el derecho de propiedad sobre el cargo consiste en la posibilidad de ejercer el empleo hasta que concurra una causal de suspensión o expiración de funciones, la que en esta caso no concurre”.

Considera que junto con la situación planteada anteriormente con relación a la conducta arbitraria e ilegal contra su persona como Abogada Municipal, claramente Contraloría Regional del Maule ha realizado conductas que también pueden ser calificadas de arbitrarias e ilegales, las cuales dicen relación en una intromisión en las facultades del Alcalde de la Comuna de San Javier en la sustanciación y resolución de un procedimiento sumarial que dicha entidad Regional se ha empecinado en resolver bajo sus parámetros y criterios, no respetando las facultades que confiere el Artículo 124 y demás pertinentes de la Ley Nº 18.883 que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus correspondientes modificaciones, al Alcalde de San Javier, normas que han sido refrendadas por los propios dictámenes de Contraloría General de la República, los cuales han sido reiterados en señalar que de conformidad en los artículos 124, 125, 126, 127, 135 y 138, todos de la anotada Ley N° 18.883, es en el Alcalde en quien recae la facultad de estimar si determinados hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario designando al funcionario que actuará como investigador o fiscal y, una vez emitido el dictamen de éste, resolver sobre el asunto, absolviendo al inculpado o aplicando la medida disciplinaria en su caso.

Expone que Contraloría acusa al Municipio de San Javier de una excesiva dilación en la resolución del procedimiento sumarial al que se ha referido, pero del análisis de antecedentes que se han hecho mención claramente demuestra que el Municipio de San Javier ha acatado lo establecido por el órgano fiscalizador y reaperturado el mencionado sumario, pero no obstante lo anterior se les acusa de entorpecer el procedimiento, obligando al Municipio cuatro veces a reabrir un procedimiento sumarial, porque en definitiva no se ha resuelto en la forma en que ella estima como correcto, sobrepasando en demasía sus atribuciones de fiscalización.

Luego de aludir al artículo 20 de la Constitución Política de la República, sostiene que los niveles de afectación se encuentran determinados por los resultados de las conductas desplegadas por los sujetos, siendo la de mayor gravedad aquella que deriva en un resultado de privación del ejercicio del derecho o garantía, o en otros términos, en el despojo o cercenamiento, total o parcial de los bienes jurídicos resguardados. En este orden, un segundo nivel de afectación se encuentra determinado por el verbo rector de resultado consistente en la perturbación, o alteración de las condiciones normales o comunes en que se ejerce un derecho; y un tercero y final, por la amenaza, o puesta en peligro potencial pero de inminente privación, cercenamiento o perturbación del legítimo ejercicio de los derechos o garantías protegidos.

Dice que en atención a las formas abstractas de afectación de los derechos y garantías, y a las conductas efectivamente desplegadas por parte de la Contraloría Regional del Maule y las consecuencias derivadas de aquellas, no cabe duda alguna para esa parte, que como resultado de las mismas, se le ha privado del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías.

Estima que tal vulneración se produce, sin mediar razón, motivación o fundamento suficientes para la referida decisión, despojándola de aquello que le corresponde como trabajador y funcionario público. En virtud de lo preceptuado por el legislador, razona que la recurrida le ha privado del derecho de propiedad que tiene respecto de su remuneración, vulnerando el principio de igualdad ante la ley y su correlativa prohibición de discriminación.

Considera que los hechos referidos se configuran como una grave perturbación al legítimo ejercicio de los derechos que le asisten, toda vez que su normal realización es gravemente afectada, desvirtuándose la forma natural en que la carta fundamental ha establecido el resguardo de los derechos referidos. La aplicación de una medida administrativa como la que se ha indicado es un acto administrativo, entendido este como una decisión de la autoridad que produce efectos jurídicos, no queda exenta del respecto por el principio de transparencia y publicidad que rige los actos administrativos de la autoridad, esto es, “… de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”, tal como dispone el artículo 18 de la Ley de procedimientos administrativos. Por su parte el artículo 41 del mismo texto legal, es claro; Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. La decisión adoptada por la autoridad recurrida, no escapa de la definición legal de acto administrativo, contenida en el artículo 3 de la ley 19.880: “Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.” Ni el recurrido ostenta un cargo que haga excepción a la aplicación de esta normativa, según lo dispone el artículo 2 del mismo texto. En consecuencia, no basta con aplicar un apercibimiento con el solo hecho de comunicarlo sin expresar con precisión las razones o motivos de ello, lo que torna tal decisión en ilegal y arbitraria. Transcribe jurisprudencia y doctrina sobre la materia.

Expresa que según se desprende de la citada doctrina, los actos discrecionales de la Administración participan de la naturaleza jurídica de los actos jurídicos administrativos, debiendo cumplir las normas de este orden que les son aplicables, siendo la necesaria y debida motivación requisito esencial de eficacia de tales actos en tanto facilita, sortear la declaración de arbitrariedad, injusticia o parcialidad por la cual pudiera el acto u omisión verse afectado, las cuales tradicionalmente han sido consignadas en los vistos de la resolución, permitiendo en definitiva la legitimación de la decisión. De ello, la obligación que se impone a la autoridad pública de fundamentar sus decisiones, constituye un imperativo contemplado tanto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo 13 inciso segundo dispone que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella; como también en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el que señala en su artículo 16, que el procedimiento administrativo se realiza con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

Refiere que en el caso de marras, en el contexto de lo que la doctrina denomina como Estado empleador, esta obligación de motivación por afectar derechos de terceros, en condiciones de especial desigualdad, exige como ha entendido la jurisprudencia de un estándar especial, o de mayor intensidad que sea proporcional al margen de discrecionalidad de la actuación administrativa. De ello, la normativa tenida a la vista y la comunicación enviada por el recurrido en nada se relacionan, ni pueden entenderse como motivación, con lo resuelto por éste; pues ni aún siquiera son capaces de dar sustento racional y coherente del mismo, debiendo por tanto, en obligada observancia de lo razonado por las resoluciones aludidas previamente, ser entendido la resolución exenta en comento como completamente arbitrario, carente de motivación, y violatorio de derechos y garantías fundamentales.

Respecto de la ilegalidad de los actos en comento, no cabe duda para ella, que en la presente, se ha actuado en contravención a la ley, pues el artículo 11 inciso 2° de la Ley 19.880 prescribe que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, prescripción que en los hechos, según los antecedentes expuestos por esta actora y a su criterio, ha sido deliberadamente transgredida por el actuar de la Contraloría Regional del Maule.

Reitera que las garantías vulneradas han sido la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, señalando que el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República prescribe como garantía fundamental para todas las personas el derecho a “La igualdad ante la ley”, añadiendo que “No hay personas ni grupos privilegiados. [...] Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Este derecho, dado su trascendencia para el ordenamiento jurídico, es reconocido como principio fundamental del mismo, y se encuentra desplegado por todo el corpus normativo, ya sea a través de normas autónomas, como la precitada, o bien normas subordinadas, como las relativas al debido proceso. Este mismo derecho, se encuentra confirmado en términos similares en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley”. De esta consagración se desprenden dos nociones de igualdad, la primera, de igualdad ante la ley, y una segunda, relativa a la igual protección de la ley sin discriminación. Sobre tales nociones, insiste y amplía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 señalando que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. De ello, es posible observar que la norma en comento conlleva una prohibición de discriminación no subordinada a la garantía de derechos y libertades propias del pacto, sino que, posee una propia, que opera con independencia de la norma general del pacto, trascendiendo su prescriptibilidad de manera directa a otros cuerpos normativos, sin necesaria interpretación intermedia. A su criterio, no puede sino considerarse que ha sido sometida a un trato desigual, en una situación de igualdad, carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines a alcanzar, cuestiones todas, que infringen gravemente la garantía constitucional en comento, careciendo de toda lógica y atención al interés público la decisión tomada por la autoridad.

Respecto del derecho de propiedad, refiere que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” prescribiendo que “[...] Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” y del mismo modo indicando que “[...] Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. Este derecho, no sólo es reconocido por el constituyente de 1980, o por el legislador en los distintos niveles normativos, sino que también por la comunidad internacional mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 17, la que prescribe que “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Cuestiones relacionadas con lo señalado por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual prescribe “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privado de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.

Considera que en relación con este derecho, el cual ha sido tratada de manera incidental durante la actual presentación, la sentencia de causa ROL 918-2013 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en su considerando noveno ha señalado que “[...] en lo que concierne a las garantías constitucionales, se debe tener presente que en la medida que a la recurrente se le impidió continuar desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2012, y a percibir la remuneración acorde a la labor para la que fue contratado hasta la referida fecha, de manera inconsulta, se vulneró la garantía constitucional consignada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. De manera similar lo ha expuesto la misma Corte de Apelaciones en causa ROL 2465-2013 en su considerando 14 señalando que “así las cosas, la conducta que se reprocha a la Municipalidad recurrida vulnera el derecho de propiedad, cuya protección solicitó el recurrente respecto de su cargo a contrata, privándolo del derecho a permanecer en sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2013, mientras cumpla sus obligaciones funcionarias, recibir sus remuneraciones correspondientes y no ser removido por procedimiento ilegítimo”.

En virtud de ello, razona que se ha vulnerado gravemente el derecho reclamado, realizando una utilización antojadiza de las facultades otorgadas por el ordenamiento al órgano en cuestión, privando o al menos perturbando gravemente a esa parte, en el legítimo ejercicio del mismo.

Concluye pidiendo, que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Contraloría Regional del Maule, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, deje sin efecto la medida de apercibimiento adoptada por Contraloría Regional del Maule y deje sin efecto el decreto N° 1781 de 24 de julio 2025, ordenando la inmediata restitución de sus remuneraciones.

Segundo: Que comparece la abogada Lorena Leal Luna, por la Contraloría Regional del Maule, quien informando al tenor del recurso planteado en autos, manifiesta que la Municipalidad de San Javier recibió -a través de correo electrónico de fecha 17 de julio de 2025- la Resolución Exenta N° E14863 de la misma fecha, mediante la cual se ordena aplicar a doña nombre reservado, Asesora Jurídica de la Municipalidad de San Javier, la medida de apremio de suspensión sin goce de remuneraciones prevista en el artículo 9°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, en virtud a un análisis efectuado por el Órgano Contralor.

Agrega que la Municipalidad de San Javier dio cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Contralor, a través de Decreto Exento N° 1781 de 24 de julio de 2025, mediante el cual se aprobó y regularizó la aplicación de la medida de suspensión sin goce de remuneraciones a la funcionaria doña Paula Troncoso Vergara y se aplicó el descuento de su remuneración correspondiente a los días de la suspensión.

Hace presente que los Oficios y Dictámenes de Contraloría General de la República y de las Contralorías Regionales son vinculantes para los municipios, no pudiendo cuestionar el fondo de la Resolución señalada en este caso.

Tercero: Que, a través de una ampliación de informe solicitada a la entidad pública recurrida, esta manifestó a folio 17, luego de una descripción resumida del recurso planteado en autos, expuso que para una acertada comprensión, estima imprescindible efectuar una relación sobre los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el apercibimiento cuya aplicación es reclamada por la recurrente.

A este respecto, consigna que por medio del oficio N° E144816, de 2021, se ordenó a la Municipalidad de San Javier, iniciar un sumario administrativo con el objeto de establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados por nombre reservado, quien alegaba que se habría utilizado su clave única para obtener un acta de audiencia preparatoria sobre alimentos de su hija y así, utilizarla como prueba sin su consentimiento y pese al carácter reservado de esta, en la causa judicial T-4- 2021, seguida ante el Juzgado de Letras de San Javier, a fin de ejercer su defensa frente a una demanda laboral deducida por una profesional que trabajaba en dicho centro. En este contexto, efectuada una primera revisión de la pieza sumarial, por medio del oficio N° E260150, de 2022, de este origen, se ordenó la reapertura, toda vez que el anotado sumario finalizó con la dictación del sobreseimiento teniendo como sustento, la ausencia de mala fe respecto de las involucradas, lo que no se condice con el hecho de que se utilizó información reservada sin el consentimiento de la persona afectada, para un fin distinto al previsto, lo que claramente configuraba una conducta negligente. Enseguida esa Sede de Control analizó nuevamente el sumario de la especie, ordenando por segunda vez su reapertura por medio del oficio N° E422347, de 2023. A su turno, a través del oficio N° E457765, de 1 de marzo de 2024, se estableció que resultaba forzoso que la aludida municipalidad debía adoptar las medidas tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado en el oficio N° E422347, de 2023, dado que tal instrucción constituía una obligación de hacer para la autoridad edilicia, debiendo disponer la reapertura del procedimiento disciplinario respectivo, debiendo, además tener a la vista las consideraciones planteadas, informando en un plazo que no excediera del 15 de marzo de 2024, reiterando el deber de dar celeridad a la tramitación de las diligencias correspondientes. Seguidamente se emitió el oficio N° E479225, de 24 de abril de 2024, en que se acusó recibo del decreto exento N° 673, de 2024, por medio del cual se dispuso la reapertura del proceso investigativo, instruyendo realizar las gestiones pertinentes con el objeto de afinar a la brevedad el sumario de la especie.

Agrega que esa Entidad Fiscalizadora mediante el oficio N° E538706, de 10 de septiembre de 2024, solicitó al secretario municipal de la Municipalidad de San Javier certificar quien era el funcionario de planta o contrata encargado de informar respecto de lo requerido en el citado oficio N° E479225, de 2024. Dicha instrucción fue cumplida a través de la referencia N° 944.536, de 2024, adjuntándose el certificado N° 200, de 11 de septiembre de 2024, en el que la mencionada autoridad certificó que la funcionaria de planta directiva, señora nombre reservado, era la encargada de informar respecto al requerimiento asociado, al igual que respecto de todos los documentos que se envían en respuesta a la Contraloría Regional del Maule. En este contexto de incumplimientos y de acuerdo con lo comunicado por la propia Municipalidad de San Javier en relación con la funcionaria responsable de informar respecto a lo requerido, para efectos de los dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, mediante oficio N° E577564, de 10 de diciembre de 2024, se ordenó a la Municipalidad de San Javier reaperturar nuevamente el sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades funcionarias comprometidas con ocasión de la utilización de acta de audiencia preparatoria sobre alimentos de la hija de la señora nombre reservado en causa RIT T-24-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de San Javier, informando de su resultado y acompañando copia del respectivo expediente disciplinario, concediendo para ello un plazo que no excediere del 3 de enero de 2025. Luego, ante el incumplimiento de la citada entidad edilicia, se formuló el segundo requerimiento mediante el oficio N° E32563, de 27 de febrero de 2025, reiterando -con copia a la unidad encargada de control igualmente-, su deber de acreditar la observancia de lo instruido en su similar N° E577564, de 2024, a más tardar dentro de un plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del referido oficio.

Añade que la Municipalidad de San Javier persistió en el incumplimiento, razón por la cual, ante presentación de la interesada, se dictó la resolución N° E56279, de 2025, que reiteró una vez más la instrucción, bajo el apercibimiento previsto en el artículo 9°, inciso tercero de la ley N° 10.336, esto es, suspensión sin goce de remuneraciones, a doña nombre reservado, asesora jurídica de la entidad edilicia, a fin de que acredite documentadamente el cumplimiento del citado oficio. No obstante ello, a través de la referencia N° E43853, de 2025, la autoridad comunal se limitó a remitir copia del decreto exento N° 930, de 16 de abril de 2025, por medio del cual se dispuso la reapertura del proceso disciplinario de que se trata iniciado por su similar N° 2.046, de 2021, acusando esa Sede de Control recibo de ello en su oficio N° E64634, de 2025, e instruyendo el estricto cumplimiento a lo ordenado en el citado oficio N° E577564, de 2024, en un plazo que no exceda del 6 de mayo de 2025; tras ello, la Municipalidad solicitó ampliación del plazo conferido, el cual fue otorgado por esa Sede Regional, de forma excepcional mediante el oficio N° E78867, de 2025, hasta el día 30 de mayo de 2025, bajo el apercibimiento de hacer efectivo lo dispuesto en la aludida resolución N° E56279, de 2025, de este origen. En tal escenario y frente a la falta de respuesta se emitió la resolución exenta N° E14863, de 2025, que hizo efectivo el apercibimiento formulado por su similar N° E56279, de igual anualidad, aplicando medida de apremio de suspensión sin goce de remuneraciones a la actora, siendo notificada tal resolución a la señora nombre reservado el 17 de julio de 2025, por correo electrónico, remitiéndose igualmente copia al alcalde de la Municipalidad de San Javier, al director de control y al departamento de personal de tal repartición.

Expone que verificado el incumplimiento a las órdenes impartidas y no habiéndose constatado ninguna medida adoptada por la recurrente tendiente a velar por la correcta y oportuna tramitación del sumario en el que, por cierto, se encontraría involucrada, se dictó la resolución exenta N° E14863, de 17 de julio de 2025, que hizo efectivo el apercibimiento de que se trata, aplicando la medida de apremio de suspensión sin goce de remuneraciones a la recurrente. Lo anterior, conllevó a que la recurrente diera inmediata respuesta a dicho acto administrativo, sin hacer presente que no era parte de sus funciones -como ahora alega en su recurso- ingresándose la misma en referencia identificada con el N° E89577, de 2025, y siendo atendida por el oficio N° E122428, de 2025, de esta procedencia, lo que permitió dar inicio a un proceso disciplinario por esa Entidad de Control y, así poder indagar la existencia de eventuales responsabilidades en los hechos. No obstante aquello, el tiempo transcurrido sin que la recurrente diera cumplimiento a los reiterados requerimientos de ese Órgano Fiscalizador, derivó en que el proceso disciplinario fuera concluido con la extinción de la responsabilidad administrativa por la causal de prescripción de la acción disciplinaria del sumario ordenado incoar por la Contraloría Regional del Maule. Por tal razón se dispuso el cese de la medida de apremio mediante la resolución exenta N° E15057, de 21 de julio de 2025 -notificada el mismo día-, a contar del martes 22 de igual mes y año, aplicándose tan solo dos días de medida de apremio de suspensión y su descuento correspondiente.

Reafirma la legalidad del apercibimiento efectuado a través de la resolución exenta N° E14863, de 17 de julio de 2025, que aplicó medida de apremio de suspensión sin goce de remuneraciones a la actora, quien plantea en su acción que esa Entidad de Control habría actuado ilegalmente, dado que los requerimientos cuya responsabilidad le son imputados no corresponden a facultades y deberes que legalmente le correspondan en virtud de la función que desempeña en la repartición municipal. Señala que el artículo 9° de la Ley N° 10.336, dispone, en sus incisos segundo y tercero, en lo pertinente, que el Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores, requerimiento cuya falta de observancia oportuna podrá ser sancionada con la medida disciplinaria de multa de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos, facultad que, según lo dispuesto en la resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, se encuentra expresadamente delegadas en esas. Advierte que la referida ley orgánica ha facultado expresamente a la Contraloría General para requerir, de la Administración del Estado y sus servidores, los datos, informes o antecedentes que estime pertinentes para desarrollar las funciones que la Constitución Política y las leyes le han encomendado, debiendo destacarse que de la sola lectura del mencionado artículo 9° de la ley N° 10.336, dado los términos amplios en que está concebido, se colige que la misma constituye una norma de alcance general y ha sido establecida para el mejor desempeño de sus labores, comprendiendo, por tanto, todas las funciones que el ordenamiento jurídico le encarga a ese Órgano de Control.

Hace presente que conforme el inciso segundo del artículo 3° de la resolución N° 1.002, de 2011, de este origen, sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales “Las Contralorías Regionales realizarán sus funciones con la mayor eficiencia y coordinación debiendo aplicar las instrucciones y jurisprudencia vigentes en los asuntos que les corresponda conocer, velando especialmente por mantener la unidad de acción, con el fin de aplicar un criterio uniforme a través de todo el territorio nacional”. Tal imperativo se reitera en el artículo 9°, incluido en el párrafo 9 del mismo, denominado “Funciones Jurídicas”, que, en su literal a), prescribe que en el ejercicio de la función jurídica las Contralorías Regionales tendrán la atribución específica de “Emitir los dictámenes relativos a materias propias de su competencia, aplicando siempre los criterios jurisprudenciales vigentes de la Contraloría General”. A su vez, el artículo 5° de la aludida resolución dispone que “La Contraloría Regional, estará facultada para dirigirse directamente dentro de la respectiva región, a cualquier jefe de servicio o funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría General de la República o que le haya formulado alguna petición, a fin de requerir datos o informaciones o dar instrucciones relativas a la fiscalización que le corresponde”. Agrega el inciso segundo de la disposición en análisis que “El Contralor Regional podrá ejercer, dentro de su territorio, las facultades contenidas en el artículo 9°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, en lo que se refiere a la suspensión sin goce de remuneraciones, cuando corresponda”.

Luego alude a la jurisprudencia de ese Contraloría contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 12.916, de 2014, 23.458 y 44.475, de 2017, 5.661, de 2020, y E316452, de 2023, que las decisiones e informes jurídicos emitidos por esa Institución Contralora son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; 51 y 52 de la ley 18.695; 2° de la ley N° 18.575; y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, por lo que su incumplimiento por parte de esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

Reitera que esa Entidad de Control dio cumplimiento a la resolución exenta N° 2.289, publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2024, que aprueba Procedimiento para la Aplicación del artículo 9° de la ley N° 10.336, ajustándose plenamente al ordenamiento. Asimismo describe los incumplimientos reiterados frente a los sucesivos requerimientos que conllevó a decretar la medida de apremio por aplicación de la Resolución Exenta N° 2289, de 2024 Preliminarmente, señala que la resolución exenta N° 2289, de este origen, que aprueba el Procedimiento para la Aplicación del artículo 9° de la ley N° 10.336, publicada el 30 de noviembre de 2024, contempla la existencia de un primer requerimiento de información y antecedentes, en las condiciones allí previstas, precisándose el plazo dispuesto para su entrega, para luego dar lugar a un segundo requerimiento o solicitud de prórroga, consignado para el caso en que vencido el plazo del primer requerimiento, este no se haya satisfecho total o parcialmente, y que consiste básicamente en la reiteración por escrito de la solicitud, fijando un nuevo plazo al efecto, y debiendo remitirse copia al superior jerárquico respectivo y a la jefatura de la unidad de control o auditoría interna. Extinto aquel plazo, sin que se haya atendido el requerimiento, la jefatura competente de la Entidad de Control dictará una resolución, por la que lo reiterará, pero esta vez bajo apercibimiento de aplicar directamente como apremio, la suspensión sin goce de remuneraciones de él o los infractores, individualizándolos y fijándose un último término para dar respuesta. Tal resolución debe notificarse a él o los infractores, remitiéndose una copia a su superior jerárquico se lo hubiese y a la respectiva unidad de control y la notificación. Finalmente, vencido el último plazo otorgado, la jefatura competente dictará una resolución fundada, disponiendo la aplicación directa de la suspensión sin goce de remuneraciones del infractor o infractores, informando que esta se mantendrá hasta la recepción íntegra de los datos, antecedentes o informes requeridos, o hasta el cumplimiento cabal de la instrucción de que se trate. Tal acto debe ser notificado por correo electrónico al infractor remitiéndose una copia a su superior si lo hubiere, a la unidad encargada de control y al departamento de personal.

Insiste que esa Entidad de Control decretó la medida de apremio conforme al procedimiento de aplicación del artículo N° 9 de la ley 10.336, fundado en la falta de observancia e incumplimiento reiterado de los requerimientos solicitados mediante los oficios N os E577564 de 10 de diciembre de 2024, E32563 de 27 de febrero de 2025 y E56279 de 8 de abril 2025. A mayor abundamiento, habiéndose otorgado un plazo más que considerable para cumplir con los requerimientos de esa parte, simplemente no cumplió, dilatando la entrega de información, obstaculizando de esta manera las funciones de control que le corresponde desarrollar a ese Órgano Fiscalizador por mandato legal y constitucional, lo que trajo como consecuencia que el proceso disciplinario fuera concluido por prescripción de la acción.

Estima que la recurrente en su calidad de asesora jurídica es la encargada de dar respuesta a los requerimientos de información formulados por ese Órgano Contralor La recurrente señala que, en principio no es su función encargarse de la correspondencia con la Contraloría, actuando ella tan solo en la práctica como un puente de la información que terceros envían a este Organismo Fiscalizador mediante la plataforma respectiva, no siendo responsable además de la sustanciación del procedimiento disciplinario asociado con la materia de que se trata, para luego en su mismo libelo afirmar que sí le correspondía remitir los antecedentes por medio de la antedicha plataforma dispuesta para tal efecto. Hace presente, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 28, inciso primero, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde a la unidad encargada de la asesoría jurídica, en lo que interesa, la supervigilancia de los sumarios administrativos, prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo, informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen debiendo orientarlas periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias. Es por ello que se dirigió la instrucción y el apercibimiento legal consecuente, observando las normas legales y la jurisprudencia aplicable, a la funcionaria Paula Troncoso Vergara, dado que es ella como asesora jurídica, quien dirige la Unidad Jurídica de la Municipalidad de San Javier y como tal es la encargada de dar respuesta a los requerimientos de información formulados por ese Órgano Contralor y velar por la correcta y oportuna tramitación de los procesos sumariales, encontrándose sujeta a la dependencia técnica de esa Contraloría, siendo además sindicada por el propio secretario municipal en certificado N° 200, de 2024, como la responsable de dar cumplimiento a la instrucción impartida por la Sede Regional del Maule. En efecto, la funcionaria municipal recurrente tiene, por mandato legal, la calidad de dependiente técnico respecto de ese Organismo Fiscalizador, lo que le obliga a dar cumplimiento a las instrucciones impartidas, ya que, con un proceder contrario, infringe sus deberes funcionarios, comprometiendo con ello su responsabilidad administrativa. En ese sentido, el artículo 19 de la ley N° 10.336, dispone que los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios, agregando que el Contralor dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita esta disposición. En ese orden, la jurisprudencia de ese Organismo contenida entre otros en su dictamen N° 85.254, de 2015, ha señalado, que el ejercer tales atribuciones no significa arrogarse facultades del orden jurisdiccional, pues, se trata de potestades de control de carácter administrativo, expresamente previstas en el ámbito de competencia de esta Institución Fiscalizadora, conforme a la Constitución y a las normas legales citadas.

Considera que la actuación de esa Contraloría se ha enmarcado estrictamente en las disposiciones legales que le son aplicables en la materia y, en la especie, de los antecedentes tenidos a la vista, se advirtió por esa Entidad de Control una demora significativa en la sustanciación del sumario ordenado incoar por esta Sede Regional por medio del oficio N° E144816, de 2021, y cuya reapertura fue instruida en reiteradas oportunidades al verificarse irregularidades en su tramitación, dilación que si bien, podría afectar la responsabilidad administrativa del fiscal designado, también podría recaer en la unidad de asesoría jurídica del municipio, a quienes, en conformidad con los artículos 58 y 61, letra a), de la ley N° 18.883, les corresponde velar por la correcta y oportuna tramitación de los procesos sumariales, obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar cumplimiento a los plazos que contempla la normativa, de acuerdo con lo previsto en los dictámenes N°s 7.027, de 2014, 39.862 y, 56.275, ambos de 2016, de esa Contraloría General. En dicho contexto, tampoco se constata alguna medida adoptada por la recurrente, tendiente a velar por la correcta y oportuna tramitación del sumario de que se trata, pese a los innumerables requerimientos, dándose solo cumplimiento a la instrucción impartida una vez que se le notifica la resolución exenta N° E14863, de 2025, que hace efectivo el apercibimiento en su contra, aplicándole la medida de apremio de suspensión de su empleo sin goce de remuneraciones, verificándose una premura en dar respuesta a dicho acto administrativo, lo que ocurrió, ingresándose la misma en referencia identificada con el N° E89577, de 2025, siendo atendida por el oficio N° E122428, de 2025, de esta procedencia, lo que permitió dar inicio de un proceso disciplinario por esa Entidad de Control y, así poder indagar la existencia de eventuales responsabilidades en los hechos. No obstante, el tiempo transcurrido sin que la recurrente diera cumplimiento a los reiterados requerimientos de ese Órgano Fiscalizador, derivó en que el proceso disciplinario fuera concluido con la extinción de la responsabilidad administrativa por la causal de prescripción de la acción disciplinaria del sumario ordenado incoar por esa Contraloría Regional del Maule. Debido a lo anterior, se dispuso el cese de la medida de apremio mediante la resolución exenta N° E15057, de 21 de julio de 2025 -notificada el mismo día-, a contar del martes 22 de igual mes y año.

Sostiene que la recurrente funda su defensa en cuanto a que no es su función encargarse de la correspondencia con la Contraloría, en base a lo resuelto en la causa Rol N° 1188-2012 de la Corte de Apelaciones de Talca, señalando que se trata de un recurso presentado por un asesor jurídico de la Municipalidad de Curicó en contra de ese Órgano Fiscalizador por apercibimiento y que en su sentencia estableció en su considerando Tercero que: “(…) De esta manera, constituye un acto ajustado a la legalidad efectuar el apercibimiento regulado en el artículo referido a los funcionarios públicos que dilatan la entrega de la información a la Contraloría; sin embargo, no es ni legal ni razonable apercibir a quien no posee las competencias necesarias para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por dicha institución (…)”. , a cuyo respecto hace presente que en la causa Rol N° 1188-2012, se apercibió al recurrente para complementar un informe emitido con anterioridad por la Municipalidad relacionado con los procesos de la Junta Calificadora, ante lo cual el Tribunal resolvió que no era función del director de la Dirección Jurídica Municipal complementar informes de la Junta Calificadora y que no tenía competencia ni responsabilidad sobre el proceso de la señalada Junta Calificadora, como la toma de decisiones, dirigir actividades, entre otros. En ese sentido es necesario aclarar que la jurisprudencia citada no se condice con los hechos que motivan la presente acción constitucional puesto que la recurrente, en su calidad de directora de la Unidad Jurídica de la Municipalidad de San Javier, es la encargada de dar respuesta a los requerimientos de información formulados por ese Órgano Contralor y velar por la correcta y oportuna tramitación de los procesos sumariales.

Expresa que en relación con la arbitrariedad alegada en recurso, la actora centra la presunta arbitrariedad en que se haya solicitado dar respuesta a los citados oficios, cargando tal información a la plataforma de la Contraloría precisamente a ella, y consecuencialmente, se le haya apercibido para el cumplimiento de dicha orden. Agrega que, la observancia de tal labor son atribuciones y/o facultades que legalmente le corresponderían a otros funcionarios, como lo sería el fiscal del proceso disciplinario de marras, por lo que considera que se ha actuado con la única intención de demostrar el poder sancionador de esa Contraloría, imponiéndole una responsabilidad que no le correspondería. Al respecto, la determinación de la persona responsable de remitir la información y adoptar medidas para dar cumplimiento oportuno a las órdenes impartidas por ese Órgano de Control no fue antojadiza, sino que además de basarse en la certificación efectuada por el Secretario Municipal de la Municipalidad de San Javier, en el que indica expresamente que “la señora nombre reservado RUT RUT reservado, asesor jurídico de esta Municipalidad es la encargada de informar respecto de lo requerido en el oficio N° E479225, de 2024, al igual que con todos los documentos que se envían a Contraloría Regional del Maule”, tiene su sustento en la normativa legal que le resulta aplicable. Así, la recurrente en su calidad de jefa de la Unidad Jurídica Municipal posee las obligaciones establecidas en el artículo 28, de la ley N° 18.695, en cuanto a la supervigilancia que le corresponde a la asesoría jurídica en los sumarios administrativos y en el artículo 61, letra a), de la ley N° 18.883, que prevé para los jefes de las unidades municipales, el control jerárquico permanente del funcionamiento de estas y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose el mismo tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus fines como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. En cuanto al objetivo perseguido con la solicitud de entrega de información cumpliendo las instrucciones impartidas por esa Entidad y el apercibimiento que motiva el recurso de autos, manifiesta que este no es otro que atender debidamente la presentación de la señora nombre reservado, cuyo tenor fue analizado detalladamente en el apartado I, del presente informe. En consecuencia, necesariamente se debe concluir que al efectuar el requerimiento de que se trata bajo el apercibimiento legal indicado, ese Órgano de Control no ha actuado con arbitrariedad, dado que se han ponderado todas las circunstancias de hecho y de derecho relacionadas con el caso de que se trata, considerando la data de la presentación original de la señora nombre reservado, la fecha de inicio del proceso disciplinario ordenado instruir, los diversos y reiterados incumplimientos de la Municipalidad de San Javier en dar respuesta oportuna a las órdenes contenidas en los citados oficios que culminaron con la prescripción del proceso sumarial asociado, observándose una desidia en acatar los pronunciamientos de esa Entidad de Control, todos antecedentes que justificaron el proceder de esa Institución.

Finalmente dice que el recurso de protección no sustituye a la acción de cobro de pesos, mencionando que las pretensiones de la actora es utilizar la presente acción constitucional para obtener un cobro de pesos en su favor, toda vez que en el petitorio del libelo solicita que se deje sin efecto la medida de apercibimiento adoptada por esa Contraloría Regional y se deje sin efecto el decreto N° 1781 de fecha 24 de julio de 2025, ordenando la inmediata restitución de su remuneración. En ese orden de ideas, destaca que el recurso de protección no sustituye al juicio declarativo de cobro de pesos, que es un procedimiento judicial utilizado para exigir el pago de una deuda monetaria toda vez que, ese tipo de acción importa determinar la eventual procedencia del pago de remuneraciones, que implica aportar prueba y calcular montos, situaciones que no se concilian con el carácter de urgencia que hace procedente la interposición de una acción de protección y que no concurre en la especie no siendo por tanto, la vía idónea para obtener el cobro de pesos. En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente privadas, perturbadas o amenazadas, indica que el apercibimiento en análisis se realiza a todos los funcionarios públicos por igual, cada vez que se verifica la existencia de incumplimientos y dilación en la entrega de información requerida, por lo que no resulta posible afirmar que la recurrente haya sido objeto de un tratamiento discriminatorio que quebrantara su derecho a la igualdad ante la ley, el que, como queda demostrado, ha sido estrictamente respetado por ese Organismo de Control, como tampoco se divisa que a través de la resolución N° E14863, de 2025, de este origen, se habría podido vulnerar el derecho de propiedad de la actora, como tampoco se comprende la forma en aquel oficio podría amenazar, privar o perturbar el legítimo ejercicio de dicha garantía, en circunstancias que, por su intermedio, sólo se ejercieron las facultades con que cuenta esa Entidad de Control, por cuanto se trata de una aplicación de medidas legítimas contempladas en el ordenamiento jurídico.

Concluye pidiendo que se desestime, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Quinto: Que así entonces, el recurso de protección, es un mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos sean vulnerados.

Sexto: Que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales acompañados, los que se ponderan conforme a las reglas de la sana critica, permiten apreciar, como hecho pacífico además, las circunstancias fácticas siguientes:

1.-Mediante oficio N° E144816, de 6 de octubre de 2021, la Contraloría Regional del Maule ordenó a la Municipalidad de San Javier, iniciar un sumario administrativo con el objeto indagar algunos hechos denunciados por nombre reservado, por la utilización de una prueba en materia laboral, sin su consentimiento en la causa Rit N° T-4- 2021, seguida ante el Juzgado de Letras de San Javier.

2.-Mediante oficio N° E260150, de 2022, se ordenó la reapertura por el ente fiscalizador, respecto del sobreseimiento dictado en la causa administrativa.

3.-Mediante oficio N° E422347, de 2023, se ordenó por segunda vez la reapertura del sumario, respecto del sobreseimiento dictado en la misma causa administrativa.

4.-Mediante oficio N° E457765, de 1 de marzo de 2024, se ordenó por el órgano contralor a que la Municipalidad de San Javier debía adoptar las medidas tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado en el oficio N° E422347, de 2023, debiendo disponer la reapertura del procedimiento disciplinario respectivo y que informara en un plazo que no excediera del 15 de marzo de 2024, reiterando darle celeridad a la tramitación de las diligencias correspondientes.

5.- Seguidamente se emitió oficio N° E479225, de 24 de abril de 2024, por medio del cual se acusó recibo del Decreto Exento N° 673, de 2024, por medio del cual se dispuso la reapertura del sumario aludido.

6.-La Contraloría Regional, mediante oficio N° E538706, de 10 de septiembre de 2024, solicitó al secretario municipal de la Municipalidad de San Javier, certificar quien era el funcionario de planta o contrata encargado de informar respecto de lo requerido en el oficio N° E479225, de 2024, adjuntándose el certificado N° 200, de 11 de septiembre de 2024, donde se certificó que la funcionaria encargada de informar respecto al requerimiento asociado, al igual que respecto de todos los documentos que se envían en respuesta a la Contraloría Regional del Maule era doña nombre reservado, de la planta directiva, en su calidad de asesora jurídica de la Municipalidad de San Javier.

7.-Mediante oficio N° E577564, de 10 de diciembre de 2024, Contraloría Regional ordenó a la Municipalidad de San Javier reaperturar nuevamente el sumario administrativo precitado, concediéndose un plazo que no excediere del 3 de enero de 2025.

8.- Ante el incumplimiento reseñado, la Contraloría Regional formuló un nuevo requerimiento, mediante el oficio N° E32563, de 27 de febrero de 2025, reiterando -con copia a la unidad encargada de control igualmente-, acerca del deber de acreditar la observancia de lo instruido en su similar N° E577564, de 2024, a más tardar dentro de 5 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del referido oficio. Este oficio fue comunicado por correo electrónico a la recurrente Paula Troncoso Vergara y al Director de Control de la Municipalidad de San Javier.

9.-Ante un nuevo incumplimiento de la Municipalidad de San Javier, el órgano contralor dictó la resolución N° E56279, de 2025, que reiteró la instrucción anterior, bajo el apercibimiento previsto en el artículo 9°, inciso tercero de la Ley N° 10.336, esto es, suspensión sin goce de remuneraciones, a nombre reservado, en su calidad de asesora jurídica de la entidad edilicia.

10.- Mediante Referencia N° E43853, de 2025, la Municipalidad de San Javier remitió sólo copia del Decreto Exento N° 930, de 16 de abril de 2025, por medio del cual se dispuso la reapertura del proceso disciplinario, por lo cual, la Contraloría Regional instruyó el estricto cumplimiento a lo ordenado en el oficio N° E577564, de 2024, en un plazo que no excediera al 6 de mayo de 2025; plazo que fue ampliado, a petición de la misma municipalidad, hasta el 30 de mayo, bajo el apercibimiento de hacer efectivo lo dispuesto en la resolución N° E56279, de 2025.

11.- Ante la falta de respuesta, la Contraloría Regional del Maule dictó la Resolución Exenta N° E14863, de 2025, haciendo efectivo el apercibimiento formulado por resolución N° E56279, del mismo año, aplicando la medida de apremio de suspensión de dos días, sin goce de remuneraciones a la recurrente Paula Troncoso Vergara, siendo notificada el 17 de julio de 2025, por correo electrónico, remitiéndose igualmente copia al alcalde de la Municipalidad de San Javier, al director de control y al departamento de personal de tal repartición.

Cabe hacer notar que esta última resolución administrativa es la que la recurrente denuncia como arbitraria e ilegal y, por ende, constituye el fundamento principal de la acción de protección, argumentando que ella no fue notificada de ninguna de las instrucciones reseñadas precedentemente.

Séptimo: Que en este mismo orden de ideas, se encuentra comprobado que mediante Referencia N° E16578 de 8 de abril de 2025, se reiteró instrucción dirigida a la abogada recurrente, en orden a que se le apercibió en su calidad de asesora jurídica de la Municipalidad de San Javier, con la medida de suspensión sin goce de remuneraciones, prevista en el artículo 9°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, a fin de que acredite documentadamente el cumplimiento de lo instruido en el oficio N° E577564, de 2024, de esta Contraloría Regional, dentro del plazo de 5 días hábiles, contado desde la notificación de la presente resolución, remitiéndosele correo electrónico, tanto a ella, como al Alcalde y al Director de Control de esa municipalidad.

Del mismo modo, es posible apreciar que por comunicación de la Contraloría Regional de 17 de abril del año pasado, la municipalidad aludida acusó recibo de la información proporcionada, para lo cual nuevamente se le requirió dar estricto cumplimiento, información que fue puesta en conocimiento de la abogada recurrente y del Director de Control de la Municipalidad de San Javier, por medio de correo electrónico.

El 14 de mayo de 2025 se le otorgó de manera excepcional, un nuevo plazo para dar cumplimiento a lo requerido, habiendo sido notificada la recurrente por medio de su correo electrónico.

De lo antes reseñado se desprende que la abogada Paula Troncoso Vergara, en su calidad de asesora jurídica de la Municipalidad de San Javier y, habiendo tomado conocimiento de los requerimientos formulados por la Contraloría Regional, no adoptó ninguna medida ni tampoco dio cumplimiento a los requerimientos exigidos por el órgano contralor.

Octavo: Que a este respecto, el artículo 9° de la Ley N° 10.336, refundida por decreto 2421, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en lo que interesa, dispone que “el Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio.

El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda.

La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos.”

De lo transcrito precedentemente fluye con claridad que el acto administrativo que la abogada Paula Troncoso Vergara considera arbitrario e ilegal, ha sido dictado por la autoridad contralora, dentro del ámbito de sus competencias, utilizando las potestades jurídicas con que cuenta y apegada a la normativa legal que regula dicha prerrogativa, de manera que no se visualizan los defectos que en la presente acción de protección se denuncian, más aún cuando para adoptar la decisión de imponer a dicha recurrente la medida de suspensión por dos días, sin goce de remuneraciones, se apoya en una seguidilla de instrucciones previas, como también, en reiterados apercibimientos, denotando con ello múltiples incumplimientos respecto de materias que se encontraban dentro de las obligaciones propias de la recurrente, en su calidad de asesora jurídica de la Municipalidad de San Javier.

Cabe consignar que las comunicaciones dadas fueron dirigidas al correo electrónico de la misma recurrente, en su calidad de asesora jurídica de la municipalidad donde prestaba funciones, donde incluso la misma abogada acusó recibo de dichos requerimientos, por lo que resulta inefectivo que no tuviera conocimiento de lo obrado por Contraloría Regional, como, asimismo, que no tendría responsabilidad alguna en dar cumplimiento a lo solicitado por el ente fiscalizador, no obstante reconocer, como lo hizo en estrado, ser la encargada del área jurídica de la municipalidad.

Noveno: Que en lo referente a que la resolución recurrida que impone a la recurrente la suspensión de sus labores, sin goce de sueldo no habría sido notificada conforme a los procedimientos administrativos regulados por la Ley N° 19.880, Base de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, defecto que reclama la abogada Paula Troncoso Vergara para sustentar el presente recurso, tal aseveración resulta improcedente, toda vez que dicha decisión no ha sido aplicada como resultado final de una investigación administrativa, sino que constituye una potestad legal especial otorgada a la Contraloría General de la República, como asimismo, a las respectivas contralorías regionales, a fin de evitar dilaciones o retrasos en el cumplimiento de los requerimientos que formula a las municipalidades o a otros servicios públicos, como aconteció en la situación de autos, siendo por ende, inapropiado y ajeno someter esa decisión a las fases propias de los procedimientos administrativos regulados entre los artículos 28 y 41 del precitado texto legal.

En efecto, lo preceptuado en el artículo 9° de la Ley Orgánica de la Contraloría General, en orden a que, ante la falta de observancia oportuna de sus requerimientos puede ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos, constituye una normativa que consagra la “responsabilidad directa” del funcionario público, sin que sea menester el inicio de una investigación o sumario administrativo.

El tenor literal del precepto en estudio, al emplear la expresión “puede ser sancionada directamente”, excluye la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo, mecanismo que queda reservado para situaciones fácticas donde la práctica de múltiples diligencias, tienen el propósito ineludible de esclarecer hechos que, a priori, no resultan del todo claro.

Atento a lo razonado, la notificación practicada por correo electrónico a la misma recurrente, no solamente la resolución reclamada, sino las que lo precedieron, demuestre que lo obrado en esos términos se encuentra ajustado a la ley, más aún cuando el artículo 46 de la Ley N° 19.880 ordena que las notificaciones que se practiquen en el procedimiento administrativo debe ser por medios electrónicos.

Décimo; Que en las circunstancias antes anotadas, tampoco se avizora la vulneración de las garantías individuales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre la remuneración por los días en que fue suspendida, habida consideración que no se divisan elementos objetivos que permitan arribar a la existencia de alguna afectación en dichos términos, razón por la cual la acción proteccional incoada necesariamente debe desestimarse.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada Paula Troncoso Vergara, por si, en contra de la Contraloría Regional del Maule, representada por nombre reservado.

No se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.- Rol Nº 1.051-2025 Protección Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.- Se deja constancia que no firma la ministra Blanca Rojas Arancibia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso en conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 de Código Orgánico de Tribunales.