Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

C.A. de Santiago Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que recurre de protección doña nombre reservado, por sí, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por ordenar descuentos indebidos en su remuneración de mayo 2023, lo que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Como fundamento de su recurso señala que en el año 2018 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, sin embargo, cayó en mora a partir de la cuota Nº 1. En consecuencia, la recurrida interpuso la demanda ejecutiva con fecha 26 de enero de 2021, todo en causa rol C-955-2021, seguida ante el 10º Juzgado de Civil de Santiago, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración.

Precisa que pese a lo señalado, en su remuneración del mes de mayo del presente año figura un descuento de $237.897 efectuado por Caja de Compensación Los Andes, constituyendo más del 50% de su remuneración, sin tener claridad de la forma cómo se llegó a ese monto, y pese a existir un juicio pendiente en sede civil, por medio del cual la recurrida manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que también implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas.

Finalmente solicita se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados en las liquidaciones de sueldo del mes de enero 2021 en adelante, en un plazo de 5 días hábiles o del que esta Corte mejor estime, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacúa informe don Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Expone que con fecha 14 de diciembre de 2018, otorgó a la recurrente el crédito código 023CON102076097, por la suma de $3.944.515, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $135.941, cuyo primer vencimiento correspondió el 28 de febrero de 2019. Las cuotas del mes de febrero a noviembre de 2019 (1 a 10), se pagaron durante el periodo 10 de marzo de 2019 al 10 de diciembre de 2019. La cuota del mes de diciembre de 2019 (11), no fue pagada por estar diferida por LM. Las cuotas del mes de enero a abril de 2020 (12 a 15), se pagaron durante el periodo 10 de febrero de 2020 al 8 de junio de 2020. Las cuotas del mes de mayo de 2020 a abril de 2023 (16 a 51), se encuentran en cobranza judicial, sin embargo, esta causa se encuentra archivada.

En razón de lo expresado, afirma que el crédito está plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación se realizó de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Expone que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de las Cajas de Compensación, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan.

Finalmente solicita el rechazo de la presente acción.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y la materia de que se trata, no existe discusión respecto de la normativa del artículo 1, 19 N° 3, 22 y 30 de la Ley N° 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, que rige a la recurrida en lo pertinente, pudiendo perseguir el cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, dirigiéndose en la forma que todo acreedor debe y puede hacerlo para obtener el cobro de sus acreencias.

SEXTO: Que, el objeto del recurso dice relación con el cobro de la deuda contraída por el actor, mediante el pagaré de fecha 14 de diciembre de 2018 por $ 3.944.515, a través del descuento de la remuneración del actor en el mes de mayo de 2023, por la suma de $237.897, en circunstancias que el recurrido habría optado por la vía judicial al interponer una demanda ejecutiva en su contra.

SÉPTIMO: Que, de la revisión de la causa Rol C-955-2021 seguida ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, en el sistema informático del Poder Judicial, consta la interposición de la demanda ejecutiva el 26 de enero de 2021 por la recurrida, por el incumplimiento en el pago del pagaré N° 023CON102076097, por la suma de $3.944.515, en la que se despachó el mandamiento con fecha 03 de febrero de 2021, por la suma de $ 3.681.547, se notificó y requirió de pago a la recurrente personalmente el día 13 del mismo mes y año, se trabó embargo sobre su devolución de impuestos el día 29 de abril del mismo año y el expediente se archivó el 16 de diciembre de 2021.

OCTAVO: Que no se desconoce que, por mandato del artículo 1, 19 N° 3, 22 y 30 de la Ley N° 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, la recurrida debe perseguir el cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, dirigiéndose en la forma que todo acreedor debe hacerlo para obtener el cobro de sus acreencias.

Lo que se le reprocha, entonces, es el carácter arbitrario de su actuar, entendido este como carente de justificación, caprichoso, y sobre todo imprevisto o inadvertido que ha hecho de una prerrogativa legal, como la contenida en el artículo 22 de la ley señalada, dado que optó por la signada vía civil.

NOVENO: Así, entonces, sin desconocer la existencia o su derecho al crédito que tiene la Caja de Compensación y Asignación familiar recurrida, cuya discusión excedería, por cierto, los márgenes de esta acción cautelar, como la misma recurrida recuerda en su informe, aparece que con la decisión que tomó de hacerse pago, ejecutando su obligación por esta vía especial, habiendo pasado tiempo desde la mora o retardo del deudor en el tiempo en que estuvo sin trabajo, sin siquiera noticiarle de ello, impidiéndole ejercer al recurrente las medidas que considerara necesarias a la protección de sus derechos, devino en un acto antojadizo, que revela el ejercicio de un potestad autotutelar que no tiene ni le ha sido otorgada en las condiciones que se han señalado, y por lo mismo constitutivo de un acto arbitrario, lo que así será declarado, sin perjuicio de quedar a resguardo su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

DÉCIMO: Establecido que ha sido la existencia de un acto arbitrario imputable a la recurrida, corresponde determinar si de ese acto se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía por la recurrente. La constatación de este presupuesto del recurso también resulta evidente y se confirma con propio reconocimiento que ésta hace de haber procedido a dicho cobro y justificarlo en la forma que se ha señalado en lo expositivo de esta sentencia.

NOVENO: De este modo, este actuar ilegal trajo consigo la vulneración de la garantía que le aseguraba a la recurrente la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 de verse privada del dominio de bienes de su propiedad, afectación que se produjo en los hechos con el comportamiento de la recurrida, motivos bastantes para que el recurso de autos sea acogido.

DÉCIMO: Que, en síntesis, la Caja de Compensación Los Andes ha decidido optar por la vía judicial para el cobro de su crédito, según se desprende de la causa antes signada, resultando improcedente que en paralelo continúe con los descuentos por planilla desde la remuneración del deudor, motivo por el cual se constata un actuar ilegal y arbitrario que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 denunciada como infringida por el recurrente, que llevará a esta Corte a acoger el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, por sí, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y se ordena a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos por planilla de remuneración del recurrente, debiendo proceder a hacer devolución de todas las sumas descontadas a contar del mes de mayo de 2023, debidamente reajustadas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 9999-2023