nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LAMPA

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veinticuatro.

Al folio 22: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente. Al primer otrosí, a sus antecedentes.

Al folio 23: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de Ilustre Municipalidad de Lampa, representada por su alcalde don Jonathan Enrique Opazo Carrasco, por haber privado, perturbado y amenazado, de forma ilegal y arbitraria, el legítimo derecho del recurrente de ejercer las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referidas a la igualdad ante la ley, el derecho a realizar cualquier actividad económica, la no discriminación del Estado en el trato en materia económica y el derecho de propiedad; específicamente por el acto de fecha 16 de enero de 2024, en la cual se acordó en el Concejo de la Ilustre Municipalidad, que no le renovarían su patente Rol N°400084 para la venta de alcoholes, por lo que desde esa fecha no ha podido arrendar su patente para que funcione la botillería ubicada en domicilio reservado en la comuna de Lampa.

Señala que la referida patente, tiene como titular la sucesión de nombre reservado, cuyo rol único tributario es el N°53.131.990.7, la cual ha funcionado por casi 40 años de manera ininterrumpida, durante distintas administraciones que han pasado por la Municipalidad recurrida. Indica que es la primera vez que deciden no renovarle la patente de alcohol, aduciendo que debe presentar el documento denominado Certificado de sucesión nombre reservado, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, en el que conste la posesión efectiva, sin siquiera otorgarle un plazo para regularizar la situación.

Refiere que dicha patente la obtuvo el recurrente, cuando tenía 19 años, época en que aún no era mayor de edad, por lo que para subsanar el problema, en la Municipalidad se decidió colocar como propietaria de la misma a la sucesión nombre reservado, madre del recurrente, fallecida hace poco tiempo, renovando en forma ininterrumpida la patente hasta el 16 de enero pasado, fecha en que se decide lo contrario, pese a que otras patentes de alcoholes que estaban en el mismo grupo, denominado “sin cambio de nombre”, se decidió oficiar a cada uno de los propietarios informándoles de la obligación de hacer el trámite de cambio de nombre, posponiendo su renovación.

Indica que, si bien la patente del recurrente se inició con un vicio, este fue convalidado luego de casi 40 años sin que la Municipalidad le hiciera observaciones a la patente o lo multara, mucho menos que optara por no renovarla, por lo que resulta desproporcionado que ahora se hiciera, sin siquiera otorgarle un plazo para regularizar la situación, estimando que tiene un derecho adquirido con respecto a esta.

Agrega que, en la actualidad, el recurrente arrienda su patente a la empresa Comercializadora H y C, quien le paga mensualmente un canon de arriendo por esta, el cual es vital para su sustento económico y además costear los medicamentos y cuidados especiales que requiere su hermana, quien padece una condición de invalidez.

Indica que desde que adquirió la patente, ha cumplido con todas las disposiciones que exige la Ley 21.363 que establece normas en materia de comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas, nunca vendiendo alcohol a menores de edad, solicitando carnet de identidad para la compra, etc., colaborando además siempre con los vecinos y llamando a Carabineros, para fiscalizar a quienes bebían alcohol en la calle, participando con la Junta de Vecinos y la Municipalidad en temas de seguridad.

Señala que el día 16 de enero de 2024, le avisaron por teléfono desde el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Lampa, que en el Concejo Municipal N°3, se había rechazado la renovación de su patente, basándose los concejales en la existencia de antecedentes “supuestamente justificables”, indicando que el documento que le solicitan no existe, pues la patente no fue adquirida por su madre, ni ingresó al patrimonio de ella, por lo ya expuesto, por lo que corresponde es permitirle trasladar la titularidad de la patente desde la sucesión al recurrente, otorgando la renovación mientras lo efectúa, pues ha operado la convalidación del acto administrativo, atendido a que si bien la Patente ha nacido con un vicio, se ha renovado de forma ininterrumpida.

Refiere que el acto que decide rechazar la renovación es arbitrario e ilegal, pues no se indica claramente el motivo o causa legal, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas: “las municipalidades no renovarán las patentes otorgadas a los establecimientos respectivos cuando sean definitivamente clausurados por infracción a esta ley o a disposiciones municipales”, lo que en la especie no ha ocurrido, aplicando la sanción más grave de la norma, solo por la falta del certificado otorgado por el Servicio de Impuestos Internos que se le solicita al recurrente.

Agrega que, la autoridad tiene la obligación legal de fundamentar sus decisiones, lo que no ha ocurrido en esta decisión, pues no se ha esbozado algún argumento jurídico para su actuar, no bastando imputaciones genéricas o imprecisas, sin considerar que el vicio en el otorgamiento de dicha patente, lo ha provocado la propia recurrida, manteniéndolo por 40 años.

Que, en cuanto a las garantías fundamentales vulneradas, señala que la actuación del alcalde y del consejo municipal es un atentado contra la garantía de igualdad ante la ley, pues ha establecido diferencias arbitrarias en el tratamiento que otorgó a los distintos propietarios de patentes de alcoholes en la comuna, pues a otros, en la misma situación, se les otorgó un plazo para la regularización de estas. En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, también se ha visto vulnerada con la actuación de la recurrida, pues le impide ejercer una actividad lícita, provocando un grave perjuicio económico al recurrente.

Continúa exponiendo que se ha vulnerado el numeral 22 y 24 también, el primero al otorgar un trato diferenciado sin fundamento jurídico objetivo, y el segundo, al materializar una privación de su derecho de propiedad sobre la patente referida, siendo titular de un derecho adquirido.

Por lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso, disponiendo que el Departamento de Rentas Municipales gire los derechos que corresponde, percibiendo dichos valores, manteniéndola vigente mientras no se verifique una causal de extinción prevista en la ley, o adopte las medidas que considere necesarias para restablecer el derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso, nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo con costas de la acción constitucional.

Expone que el recurrente es representante legal de una sociedad de hecho llamada Sucesión nombre reservado, RUT RUT reservado, cuyo contribuyente gozaba, por dicha administración municipal, la patente de alcoholes N°40084 hasta el 16 de enero del presente año, fecha en que el Concejo Municipal decidió, no renovar la patente, de forma unánime.

Que, sin embargo, interpone la acción de protección como “dueño”, cuando el acto administrativo impugnado recayó sobre una “sociedad de hecho” nacida mediante una sucesión hereditaria, por lo que no es legitimario activo para presentar la acción por sí, pues debió impetrarla en representación de la Sucesión nombre reservado.

Por otro lado, indica que esta acción no es la vía idónea para accionar contra un acto administrativo municipal, pues primero se trata de un tema jurídico que conlleva una discusión más allá de una necesidad preventiva, y, además, el legislador ha dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 151, una acción especial contra los actos municipales, debiendo además constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie.

Que sin perjuicio de lo anterior, atendiendo al fondo del asunto, refiere que la patente de alcoholes tiene una naturaleza jurídica de permiso necesario para realizar una actividad, por lo que los contribuyentes no son dueños de una patente, ni tienen un derecho adquirido, sí que son autorizados por el ente público a desarrollar una actividad que el legislador ha limitado en pos del orden social y económico, y que en el caso de marras, se dispuso su no renovación, por no cumplir los requisitos que estipula la ordenanza comunal sobre la actividad industrial y de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 51 y en relación con el artículo 4° de la Ley de alcoholes.

Que en cuanto a lo dispuesto en los artículos citados, como requisito para el otorgamiento de patente de alcoholes, se debe presentar una declaración jurada notarial de que no está afecto a las prohibiciones del artículo 166 de la antigua ley de alcoholes, actual artículo 4, presentando el recurrente aquel documento, pero sin el duplicado de certificado de posesión efectiva para que pudiera el recurrido corroborar que los herederos sean los que presentan la declaración jurada solicitada, y conocer si están o no afectos a inhabilidades que dispone la Ley de alcoholes; como tampoco presentó la inscripción al ROL tributario emitido por el Servicio de Impuestos Internos, donde constaría el nombre de la sucesión como contribuyente y RUT para proceder a la renovación como los demás administrados.

Agrega que, la Sucesión nombre reservado, se encontraba con término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2017, por lo que, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 19.925 y 24 de la Ley de alcoholes, la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, por lo que, si este no tiene actividad comercial, no existe algo susceptible de ser gravado.

Finalmente, menciona que el recurrente arrendaba la patente de alcoholes a un tercero, por lo que dicho arrendamiento debería contar en los registros de la unidad de patentes pues se deben solicitar tanto al arrendador como al arrendatario, los documentos que acrediten los requisitos para obtener la patente o su renovación, específicamente la existencia o no de inhabilidades, por lo que se hace necesario efectuar la inscripción prevista en el artículo 148 de la Ley 17.105, acreditando que la persona que explotará la patente cumple con todos los requisitos que exige la ley.

Por lo expuesto, solicita se tenga por evacuado el informe, rechazando el presente recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella, o ilegal, es decir, contrario a la ley, que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que por lo ya expuesto, y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema, ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles.

Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama.

QUINTO: Que en este caso, de lo informado por la recurrida, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta apreciable que existe discrepancia, en cuanto, a la naturaleza jurídica de la mencionada patente de alcoholes, no constando a esta Corte, que el recurrente tenga un derecho indubitado sobre la misma, atendido que se encuentra supeditada a la aprobación o no por parte del Concejo Municipal, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la norma, especialmente en cuanto a las prohibiciones que la ley de alcoholes contempla para su concesión o no.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, como se ha expresado, el artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal 18.695, contempla la acción especial de reclamación en contra de actos municipales, siendo aquella la vía idónea para que esta Corte pudiera conocer de los hechos.

SÉPTIMO: Que atendido lo reflexionado precedentemente, y no pudiendo calificarse como indubitado el derecho que se estima conculcado, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, procediendo desestimar el presente arbitrio.

Que, por consiguiente, no resulta necesario emitir pronunciamiento respecto de la alegación de la parte recurrida relativa a la falta de legitimación activa del actor.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Lampa, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-999-2024