Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, profesora de Educación General Básica, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 22 de enero de 2026 que decreta su destitución, y la Resolución N°NUM001, de 9 de marzo de 2026, que rechaza el recurso de reposición deducido en su contra. Actuaciones que considera ilegales y arbitrarias, vulnerando con ello los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°3, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se encuentra vinculada a la Corporación recurrida desde marzo de 2004 bajo la modalidad a contrata y, desde el 3 de marzo de 2014, mediante contrato de trabajo, habiendo accedido, con fecha 11 de octubre de 2019 y en virtud de la Ley N°21.176, a la titularidad de 44 horas cronológicas semanales, condición que mantuvo hasta la fecha de su destitución. Precisa que cuenta con más de veinte años de servicio en la comunidad educativa de Lampa, desempeñándose en el Liceo Cacique Colín del sector Taqueral.

Refiere que, con fecha 22 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República remitió a la Corporación el Oficio E82804/2025, en el marco del Consolidado de Información Circularizada N°9, informando sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024, en mérito de lo cual la Corporación instruyó el Sumario Administrativo N°NUM002, mediante Resolución N°NUM003, de 28 de mayo de 2025.

Indica que el hecho investigado consistió en que se ausentó del país el 17 de noviembre de 2024, encontrándose con una licencia médica de cinco días —del 16 al 20 de noviembre de 2024— por diagnóstico de estrés laboral con componente de lumbago crónico. Señala que, al comparecer ante la fiscal instructora el 9 de junio de 2025, fue interrogada expresamente sobre si su licencia requería reposo domiciliario, respondiendo categóricamente que “no”, según consta en el folio 4 del expediente, declaración que —afirma— fue ignorada por la vista fiscal y por las resoluciones impugnadas, las que construyeron la sanción sobre el supuesto, desmentido por ella misma, de que la licencia exigía permanencia en el domicilio.

Agrega que declaró ante la fiscal que desconocía la prohibición de viajar durante una licencia médica; que el viaje fue un regalo de su hija, motivado por la recomendación de su psicóloga tratante de salir de su entorno habitual; que antes de viajar preparó el material para que el establecimiento funcionara normalmente durante su ausencia; que informó a la directora del establecimiento que se ausentaría; y que reconoció el error, manifestando disposición a asumir las consecuencias, sin que nada de ello fuese ponderado en la vista fiscal ni en la resolución de destitución.

Sostiene que las resoluciones impugnadas incurren en un error factual esencial, pues consignan que viajó a Perú, sobre la base del Certificado N°NUM004 del Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones, en circunstancias que acredita con su pasaporte que el viaje tuvo como destino México, regresando el 24 de noviembre de 2024, esto es, con posterioridad a la expiración de la licencia.

Expresa que el 22 de enero de 2026 se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, que acoge la vista fiscal y resuelve su destitución, la que se pretendió notificar mediante carta certificada N°NUM005 remitida a su domicilio y, con fecha 28 de enero de 2026, mediante correo electrónico que se limitó a informar el despacho de la carta, sin adjuntar copia de la resolución ni indicar plazo de impugnación. Denuncia que dicha notificación adolece de dos vicios autónomos: primero, la omisión absoluta del procedimiento previo de notificación personal que exige imperativamente el artículo 124 inciso 3° de la Ley N°18.883, sin que exista en el expediente constancia alguna de haberse intentado; y, segundo, que, aun de estimarse válido el uso de la carta certificada, ésta fue recibida por un tercero ajeno a ella, hecho que la propia Resolución N°NUM001 reconoce.

Añade que ignoraba su desvinculación, pues sólo tomó conocimiento de ella el 2 de marzo de 2026, cuando se presentó normalmente a sus labores y fue informada por la directora del establecimiento, oportunidad en que el abogado institucional le señaló que el plazo de impugnación se encontraba vencido, agregando que la Corporación mantiene una deuda por cotizaciones previsionales impagas desde el año 2014. Indica que con fecha 17 de febrero de 2026 presentó escrito solicitando la nulidad de la notificación e interponiendo recurso de reposición, el que fue rechazado por extemporáneo mediante la Resolución N°NUM001, de 9 de marzo de 2026, la que silencia el argumento central relativo a la omisión de la notificación personal previa.

En cuanto a las garantías vulneradas, invoca, en primer término, el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, sosteniendo que la omisión de la notificación personal previa constituye un vicio insanable que le impidió ejercer oportunamente su derecho a impugnar la sanción; que se tergiversó la prueba rendida al construir la falta de probidad sobre la premisa —desmentida por ella— de que la licencia exigía reposo domiciliario; y que el acto se fundó en hechos incorrectos respecto del destino del viaje, todo lo cual la privó absolutamente de su derecho a defensa.

En segundo término, invoca el artículo 19 N°16, alegando que la destitución constituye la sanción máxima del estatuto y procede sólo cuando los hechos vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, en circunstancias que su conducta configura, a lo sumo, una infracción reglamentaria por desconocimiento, concurriendo múltiples atenuantes, por lo que aplicar directamente la sanción más grave, prescindiendo de la gradualidad del artículo 121 de la Ley N°18.883, importa un acto manifiestamente desproporcionado y arbitrario, agravado por el contexto de las cotizaciones previsionales impagas por la propia Corporación.

Finalmente, invoca el artículo 19 N°24, por estimar que la destitución importa una privación arbitraria del derecho de propiedad sobre su cargo de docente titular y sobre los derechos laborales, previsionales y de carrera que de él derivan.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso y se declare que las Resoluciones N°NUM001 y N°NUM000 son arbitrarias e ilegales, ordenando dejarlas sin efecto y disponiendo su inmediata reincorporación a sus funciones como docente titular del Liceo Cacique Colín, en las mismas condiciones de cargo, jornada y remuneración, con el pago íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir; o, alternativamente, que se ordene a la Corporación practicar una notificación válida de la Resolución N°NUM000 conforme al procedimiento del artículo 124 de la Ley N°18.883, dando tramitación a los recursos que interponga dentro del plazo legal.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece don Juan Luis Castro Jara, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, señalando que el acto terminal que la recurrente busca dejar sin efecto es la Resolución N°NUM000, de 22 de enero de 2026, que acoge la vista fiscal y formaliza la destitución, la que fue notificada por carta certificada con fecha 26 de enero de 2026, al domicilio registrado por la funcionaria en el sumario, y, además, mediante correo electrónico de fecha 28 de enero de 2026. Precisa que el recurso de protección fue interpuesto el 1 de abril de 2026, esto es, transcurridos más de treinta días desde la notificación, por lo que la acción ha sido deducida fuera del plazo fatal y debe ser rechazada por extemporánea.

Agrega que la recurrente intentó impugnar el acto terminal mediante recurso de reposición de 17 de febrero de 2026, el cual fue rechazado por extemporáneo mediante la Resolución N°NUM001, de 9 de marzo de 2026, de modo que por esta vía se pretende revivir un plazo ya caduco, lo que no resulta procedente, toda vez que la reposición deducida extemporáneamente no interrumpe ni suspende el plazo del recurso de protección ni revive un término fatal ya vencido, debiendo rechazarse el recurso sin entrar al fondo.

Sin perjuicio de lo anterior, expone la secuencia de actuaciones del sumario administrativo, instruido por cuanto la recurrente viajó al extranjero entre el 17 y el 20 de noviembre de 2024 encontrándose con licencia médica: la formulación de cargos de 23 de agosto de 2025; los descargos, en los que la recurrente reconoció los hechos señalando que ignoraba la prohibición de viajar; el informe fiscal de 24 de septiembre de 2025, que propuso la medida disciplinaria de destitución; la Resolución N°NUM000, de 22 de enero de 2026, que la formaliza; su notificación por carta certificada el 26 de enero de 2026 y por correo electrónico el 28 de enero de 2026; y el rechazo de la reposición por extemporánea mediante la Resolución N°NUM001.

Sostiene que no se configura ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto la recurrente conoció desde el inicio el hecho imputado —el viaje al extranjero durante la licencia médica—, así como el encuadre normativo estimado aplicable, y tomó conocimiento de todas las resoluciones dictadas durante el sumario, centrando sus alegaciones en la falta de notificación de una carta certificada que sí fue recibida en su domicilio. Añade que la mayoría de sus alegaciones dicen relación con el valor probatorio de los antecedentes y su ponderación, materias que no son propias de un recurso urgente como el de autos y que deben impugnarse por otras vías idóneas, más aún cuando se pretende retrotraer el procedimiento a una etapa ya concluida, habiéndose desarrollado el sumario a través de etapas contradictorias de cargos, descargos, vista fiscal y resolución.

TERCERO: Que la parte recurrida, mediante presentación de folio 16, acompañó a los autos copia de la demanda laboral deducida por la recurrente ante el Juzgado de Letras de Colina con fecha 8 de junio de 2026, de la resolución de 17 de junio de 2026 dictada en la causa RIT O-342-2026 de dicho tribunal, y del respectivo registro de la Oficina Judicial Virtual, antecedentes que dan cuenta de que la actora ha sometido la controversia relativa a su desvinculación al conocimiento de la judicatura laboral;

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, en forma previa, corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida. En efecto, si bien la Resolución N°NUM000, que dispuso la destitución, fue notificada durante el mes de enero de 2026, la recurrente dedujo en su contra recurso de reposición, agotando de ese modo la vía administrativa, el que fue resuelto mediante la Resolución N°NUM001, de 9 de marzo de 2026. Habiéndose interpuesto la presente acción constitucional el 1 de abril del año en curso, la acción ha sido deducida oportunamente, correspondiendo, por consiguiente, entrar al examen de fondo;

SEXTO: Que el reproche de la recurrente se dirige, sustancialmente, contra la validez de la notificación de la resolución de destitución y contra la ponderación de los antecedentes efectuada en el sumario administrativo. Sin embargo, del mérito de los antecedentes aparece que el Sumario Administrativo N°NUM002 fue instruido y tramitado con arreglo al procedimiento previsto en la ley, contemplando sus etapas esenciales —la formulación de cargos, los descargos de la afectada, la vista fiscal y la resolución sancionatoria—, de manera que la recurrente conoció el hecho imputado, el encuadre normativo estimado aplicable y las sucesivas resoluciones dictadas, pudiendo formular sus descargos y ejercer sus defensas.

En tales condiciones, no se advierte que la recurrida haya incurrido en una actuación ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, producto del mero capricho, que autorice la intervención cautelar de esta Corte;

En este orden de ideas, las alegaciones de la recurrente relativas al valor y ponderación de la prueba rendida en el sumario, a la eventual concurrencia de vicios en la notificación del acto terminal y a la proporcionalidad de la sanción aplicada, constituyen materias de lato conocimiento que exceden el ámbito propio de esta acción cautelar y que deben ser ventiladas ante la judicatura competente a través de las vías de impugnación idóneas;

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y según da cuenta la presentación de la recurrida referida en el motivo tercero, la propia actora ha deducido demanda laboral ante el Juzgado de Letras de Colina, actualmente en tramitación bajo el RIT O-342-2026, sometiendo la controversia sobre su desvinculación al conocimiento del tribunal naturalmente competente para conocer de ella. De este modo, la situación que motiva la presente acción se encuentra ya sujeta al imperio del derecho, radicada en la sede jurisdiccional idónea para su resolución, lo que refuerza la improcedencia de la tutela cautelar impetrada por esta vía;

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción Ministra (s) señora Paola Díaz U.

N° Protección-9981-2026.