TEKTONICA DISEÑO CONSTRUCCIÓN DECORACIÓN LTDA. con RADIAN ENERGÍA SPA

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece Bruno Aguilar Veloso, abogada, en representación de Tektonica Diseño Construcción Decoración Ltda. e interpone recurso de protección en contra de Empresa Dicom Equifax S.A. y de Radian Energía SpA, por el actuar ilegal y arbitrario, consistente en publicación de una morosidad relacionada con facturas emitidas indebidamente por la empresa Radian Energía SpA y por el acoso constante en cobranza extrajudicial, que vulnera las garantías constitucionales contenidas en los N°s. 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Para fundar su recurso expone que 1° de julio del año 2022, la recurrida, Dicom Equifax S.A., publicó en su boletín electrónico una factura con fecha de vencimiento 30 de mayo de 2019 emitida por Radian Energía SpA, informando como morosa una supuesta obligación que habría contraído con dicha empresa por $4.016.250.

Afirma que dicha actuación es ilegal toda vez que se ha dado cuenta de una obligación inexistente, que no se encuentra dentro de los documentos que Dicom Equifax puede informar, al tenor del artículo 17 de la ley N° 19.628, como es una factura, para la cual requiere autorización expresa de su titular y que no se le ha otorgado. Dicha normativa es, a su entender, plenamente aplicable a las personas jurídicas, tal como reconoce la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y la doctrina.

Señala que dicho acto también adolece de arbitrariedad pues, pese a haberse advertido a Dicom Equifax que se trata de una obligación inexistente, pues proveniente de una factura que la recurrente rechazó y rechaza hasta el día de hoy, ésta ha continuado la ha mantenido en sus registros.

Por lo anterior, pide que se acoja el recurso, ordenándole a la recurrida que se abstenga de continuar publicando la supuesta morosidad derivada de la factura.

Segundo: Que, la recurrida, Empresa Dicom Equifax S.A., evacuando el informe requerido, pide el rechazo del recurso.

Indica, en primer lugar, que la base de datos que maneja se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes contractualmente se hacen responsables de la exactitud de la información proporcionada y asumen la obligación de no ingresar obligaciones que no sean actualmente exigibles. En tal sentido, estos deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, disponiendo para tales efectos de una clave de acceso, de su exclusivo conocimiento y administración, que les permite acceder al portal de la base de datos.

Advierte que, de la revisión de sus sistemas de servicio de atención al público, no consta ningún antecedente que dé cuenta que la recurrente haya tomado contacto con algunos de sus canales de atención para exponerle los hechos que fundan su recurso.

Expone que al tomar conocimiento de la acción constitucional ejercida en su contra, procedió a solicitar los respaldos correspondientes a la publicación de la factura N° 41 a su aportante Radian Energía SpA, la cual adjuntó dentro de plazo copia de la factura aludida, de la cotización firmada y del registro de aceptación emitido por el Servicio de Impuestos Internos, donde consta que la factura no fue reclamada dentro del plazo legal, cumpliendo formalmente, con los requisitos para su publicación. Adicionalmente el aportante le informó que el documento aún se encontraba pendiente de pago, motivo por el cual la publicación sigue vigente.

Por ello descarta la existencia de algún acto arbitrario o ilegal de su parte, manifestando, además que las supuestas infracciones denunciadas por el recurrente están basadas en un estatuto legal no le es aplicable en su calidad de persona jurídica, tal como establece expresamente el artículo 2°, letra f, de la ley N° 19.628 y en el numeral 3.1 de la resolución exenta N° 304, de 2020, del Consejo para la Transparencia, que aprobó el texto refundido y actualizado de las recomendaciones sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Otro tanto fluye de la historia fidedigna de la reforma al artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, también evacua informe la recurrida Radian Energía SpA, la cual refiere haberle prestado servicios de instalación eléctrica a la recurrente en abril de 2019, conforme a cotización N°2720 firmadas por ambas partes, ocasión en la cual emitió la factura N°41, la cual no fue reclamada dentro del plazo contemplado por la ley N°19.983, la cual aún no ha sido pagada.

Hace presente que la aceptación de la factura consta del Registro de Aceptación del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.983, y que la obligación de pago es actualmente exigible y consta de un instrumento tributario-mercantil.

Asevera que la publicidad de facturas no es contraria a derecho y que, tal como se desprende claramente de la historia fidedigna de la ley N° 19.628, su aplicación se extiende solo a las personas naturales, por lo que concluye que la publicación de las facturas, cuya circulación se pretende hacer cesar mediante el presente recurso de protección, es del todo legítima y no atenta contra derecho alguno de la recurrente.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, acorde con lo recién expresado, el recurrente de protección ha fundado su pretensión y alegato en estrados en el hecho que la Ley N° 19.628, en su artículo 17, no contemplaría las facturas como publicables y en no haber dado su consentimiento para que ello ocurra, por lo que estima vulneradas las garantías constitucionales de libertad a la vida privada y a la libertad económica, cuestión que la recurrida rebate por considerar que dicha ley no se aplica a personas jurídicas, como tampoco existiría una norma que prohíba la publicación de facturas, ya que a su juicio una vez aceptada la factura ante la morosidad se acepta también la publicidad;

Sexto: Que, de lo expuesto precedentemente, el primer arbitrio a resolver es si la Ley 19.628 es o no aplicable a las personas jurídicas, en ese sentido debemos considerar que la mencionada ley, es una norma que protege a los titulares de datos personales respecto de los tratamientos manuales y automatizados que de ellos efectúen tanto las personas naturales como las jurídicas, sean de carácter privado o público, los que de acuerdo a su artículo 1°, inciso 1°, deben sujetarse a la normativa de esta ley, siempre respetando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce, entre ellos, el derecho a la vida privada y a desarrollar cualquier actividad económica.

Séptimo: Que, así las cosas, ha de entenderse que la referida Ley 19.628, en su artículo 2°, letra ñ, si bien literalmente señala como titular de los datos personales a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal” y luego al definirse el término de datos de carácter personal, lo define como “relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” ; no es menos cierto, que de la lectura de la historia legislativa de la ley, emanan ciertos principios que evidencian la necesidad de crear una normativa que tuviera como objetivo el proteger ciertos datos con el propósito de asegurar el respeto a los derechos y libertades fundamentales, principalmente al uso que terceros puedan hacer de ellos.

Por lo anterior, se colige que el proyecto de ley tenía como objetivo central evitar las intromisiones ilegítimas de que puede ser objeto la vida privada de las personas, estableciendo una regulación protectora y el buen uso de la información.

Así las cosas, los datos que recopila, almacena y difunde una entidad privada como la recurrida, al usarlos y cobrar por ellos, deben ser objeto de autorización y conocimiento de la persona que corresponde, de lo contrario a juicio de esta Corte se produce un atropello a las Garantías Constitucionales.

Octavo: Que, atendido lo razonado y de lo expresado por los legisladores en las actas respectivas durante la tramitación de la ley siempre se tuvo en vista que como titular de los datos fuesen consideradas las personas naturales y jurídicas, y ello que claramente refrendado cuando en el tercer trámite constitucional en el Senado, la Comisión de Constitución resuelve “ aglutinar ambos conceptos”, es decir, une, junta y agrupa “en un solo término”, el ya denominado “titular de los datos”, que hasta ese momento era definido en el artículo 2° como las personas naturales y jurídicas y que finalmente dejó como hoy se lee en su texto actual, esto es, “la persona natural a que se refieren los datos de carácter personal”.

Se puede indicar entonces, que, la aseveración de la recurrida de ser esta ley solamente aplicable a las personas naturales, no se condice con lo señalado por el legislador en su tramitación, donde no solo decide “aglutinar ambos conceptos en uno solo”, sino que a continuación menciona “cualquier otro ente a quien compete la decisión en orden a determinar la finalidad o la modalidad o tratamiento de los datos de carácter personal”.

Noveno: Que, así las cosas, esta Corte, debe concluir que necesariamente si es aplicable esta normativa a las personas jurídicas y no solamente ampara a las personas naturales.

Décimo: Que, en lo relativo a las afirmaciones del recurrido de tener derecho a publicar la citada factura, es menester referir que la Ley 19.628, en su artículo 4°, inciso primero, ha establecido que “El tratamiento de datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. Considerando además, que el artículo 17, inciso primero, a que alude el recurrente en su escrito y alegaciones en estrados, es claro al señalar los casos de excepción al principio de autorización, cuando expresa “ Los responsables de los registros o banco de datos personales solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando estas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girado contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como así también, el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de crédito otorgados para compras en casas comerciales”, luego en el inciso segundo agrega “También podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento”;

Undécimo: Que, entonces, dicha norma no considera la factura ni tampoco ella reviste alguna de las propiedades que allí se enumeran, que pudieran permitirle a la recurrida tener derecho a publicarla en la base de datos de Empresa Dicom Equifax S.A., sin la debida autorización y consentimiento expreso del recurrente, lo que no aconteció en la especie y, por lo mismo, la citada publicación de la factura N° 41, con vencimiento al 30 de mayo de 2019 emitida por Radian Energía SpA, por un monto de $ 4.016.250 es ilegal al quebrantar lo dispuesto en la citada normativa.

Duodécimo: Que, esta Corte, entiende por lo ya mencionado, que para el recurrente, el actuar de las recurridas ha vulnerado la garantía constitucional establecida en los artículos 19 N° 4 y 21 de la Constitución Política de la República, al afectarle la publicación de morosidad en su reputación y prestigio comercial, impidiéndole desarrollar su actividad económica normalmente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por Tektonica Diseño Construcción Decoración Ltda.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó el Ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

N°Protección-99235-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Ap4elaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón y por la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. No firma la Abogada Integrante señora Vidaurre por encontrarse ausente.