nombre reservado con HOSPITAL DE LA FLORIDA DRA. ELOISA DIAZ

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, con fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, comparece don Abel Sepúlveda González, abogado, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, representada por nombre reservado, por el acto ilegal y/o arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº 692, de 25 de mayo de 2022, por la cual se dispuso la terminación anticipada de la contrata de su representado, que importaría la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, respectivamente.

Señala que el protegido ingresó a trabajar en la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central el 18 de enero de 2011, a través de concurso para optar al cargo de profesional de la unidad de capacitación, bajo modalidad contrata, permaneciendo en dicho cargo hasta el mes de mayo de 2012, momento en el cual fue designado como subdirector administrativo del CESFAM Maipú, también en modalidad contrata, cargo que ostentó hasta agosto de 2013.

Añade que participó en un proceso para optar al cargo de subdirector administrativo del CESFAM Nº1, bajo la modalidad contrata, asumiendo dicho cargo el mismo mes de agosto de 2013, en el que permaneció hasta octubre de 2016. Así, al concluir el último cargo fue destinado a trabajar en las oficinas centrales de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, en la misma contrata hasta mayo de 2019, debido a que, en dicha fecha desde la División de Atención Primaria fue solicitado en comisión de servicio, la cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.

Indica que debido a su desempeño en dicha División se le ofreció ser contratado directamente por el Ministerio de Salud, cargo que ocupó, en modalidad contrata, desde el 1 de enero de 2021, bajo la condición de no perder la anterior continuidad, lo que fue consentido por la autoridad del momento, atendido que ambas instituciones dependen del mismo ministerio y se encuentran relacionadas.

Arguye que su representado se desempeñó en la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central desde el 18 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, con continuidad en la contrata, lo que se mantuvo al ser contratado por el Ministerio de Salud desde el 1 de enero de 2021, hasta la fecha de su desvinculación, el 30 de junio de 2022.

Refiere que la razones verbales entregadas el día de la notificación de su despido tuvieron relación con sus bajas calificaciones, lo que es falso y dista de las fundamentaciones contenidas en la Resolución Exenta Nº 692, que dio término anticipado a su contrata. En tal sentido, arguye que dicha resolución se funda en el requerimiento de un profesional con experiencia en gestión de programas de salud en atención primaria que cuente con el grado de magíster en salud, el cual no era un requisito al momento de aceptar el cargo. Adiciona que la resolución en comento haría referencia a la Resolución Exenta Nº 341, de 26 de abril de 2022, la cual exigiría dicho post grado, y que no habría sido difundida entre los funcionarios. Así, sostiene que si el requerimiento de magister se hiciera efectivo, gran parte de los funcionario de la División tendrían que salir por no contar con dicho grado académico.

Señala que su representado se perfeccionó constantemente en temas de atención primaria de salud, que tiene experiencia por más de 4 años en los centros de salud dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Central, que cuenta con años de experiencia en trabajos financieros en las oficinas centrales, además de dos diplomados y un sinnúmero de capacitaciones.

Sostiene que la nueva administración nunca le hizo una retroalimentación respecto a sus debilidades y tareas que debía reforzar, es más, refiere que los rumores de su salida eran inminentes, pues provenía del gobierno anterior, siendo su cargo profesional cotizado por el gobierno entrante, lo cual sería la verdadera razón de su despido, debido a que no existe ningún argumento técnico u objetivo que avale su salida.

Señala que la desvinculación repercutió en la salud mental de su representado, debiendo acudir a terapia psicológica para abordar esta situación de estrés de índole laboral.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario lesivo del ejercicio de derechos constitucionales corresponde a la Resolución Exenta Nº 692, de 25 de mayo de 2022, cuyos efectos comenzaron a producirse el 1 de julio de 2022, con el término de su contrata. En tal sentido, funda la ilegalidad del acto en que éste ordenó el término anticipado de su contrata sin que existiera norma alguna que así lo autorizara o dispusiera, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y de los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Refiere que el inciso 3º del artículo 2º de la Ley Nº 18.834 otorga a la autoridad la facultad de determinar el plazo máximo de vigencia de la designación y de decidir la prórroga de éste, sin embargo, ni la referida norma u otra otorgan la prerrogativa de disponer la no renovación de la contrata, menos con 30 días de anticipación a su vencimiento.

Adiciona que la referida Resolución funda de forma vaga e imprecisa el término anticipado de su contrata, toda vez que arbitrariamente decide no requerir más sus servicios, lo que vulneraría lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, deviniendo el acto en ilegal y arbitrario.

Afirma que la contrata de su representado fue renovada en reiteradas oportunidades mediante prórrogas durante 11 años, bajo la frase “mientras sean necesarios sus servicios”, lo cual no es coincidente con las fundamentos esgrimidos por el acto vulneratorio, siendo expulsado sin mediar un proceso administrativo que determine su responsabilidad ni tampoco un proceso de calificación deficiente.

Sostiene que, por una parte, se lesionó su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, atendido que la recurrida no ha dispuesto el término anticipado de las contratas de los demás funcionarios que ejercen funciones análogas y no cuentan con el grado académico de magíster. Así, adiciona que la Resolución Exenta Nº 692 es vaga e imprecisa pues no logra determinar por qué sus servicios dejaron de ser requeridos, sin quedar clara la motivación, conforme a los estándares que exige el principio de igualdad y de motivación de todo acto administrativo, deviniendo el acto en arbitrario e ilegalmente discriminatorio, vulnerando lo prescrito en el artículo 11 de la Ley Nº 19.880.

Afirma, por otra, que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida lesionó el derecho a la propiedad de su representado, establecido en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se vulneró su derecho a la estabilidad en el empleo establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 18.575, así como a la continuidad de los servicios y a las remuneraciones propias del cargo, sobre los cuales existe propiedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil; todo lo anterior, debido a que se produjo un cesación ilegal y arbitraria de sus funciones por el acto impugnado que ordenó el término anticipado de su contrata en circunstancias que dicha decisión no se encuentra entregada a la discrecionalidad del Servicio, sino que a la determinación de la ley.

Señala que existe en su favor una confianza legítima de mantense vinculado a la Administración debido a que ha sido renovada o prorrogada su contrata por más de 11 años, la que solo puede terminar por sumario administrativo o con una debida fundamentación y acreditación de antecedentes que la respalden, citando jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol Nº 92.148-2020, de 21 de agosto de 2020) y administrativa de la Contraloría General de la República (Dictamen Nº 85.700, de 28 de noviembre de 2016 y el Dictamen Nº 31.076, de 2 de febrero de 2019).

Finaliza solicitando se acoja el presente recurso declarándose ilegal y/o arbitraria la Resolución Exenta Nº 692, de 25 de mayo de 2022, dejándola sin efecto y ordenando el reintegro de su representado a sus funciones, con el pago de aquellas remuneraciones que se devengaron en el tiempo intermedio, con costas.

Segundo: Que informa Yasmina Viera Bernal, abogada, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que el recurrente interpuso la presente acción en favor de don nombre reservado y en contra del Ministerio de Salud estimando vulnerados los derechos constitucionales consagrados en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debido al término anticipado de la contrata del recurrente, relación contractual que mantenía con la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Afirma que dictó el acto administrativo que puso término a la contrata del recurrente en la Resolución Exenta Nº 692, de 25 de mayo de 2022, del Ministerio de Salud, actuando conforme a las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, sin haber cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

Señala que mediante la Resolución Exenta RA N 881/43/2021, de 6 de abril de 2021, se formalizó la contrata del recurrente desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, ambos de 2021, y mientras fueran necesarios sus servicios profesionales, lo que fue prorrogado en los mismo términos para el año 2022 a través de la Resolución Exenta RA/ Nº 881/2022.

Arguye que, de acuerdo a la estructura de la División, se volvió imperioso contar con un profesional con experiencia en gestión de programas de salud de atención primaria que tuviera un grado académico de nivel magister en el área de salud pública o disciplina a fin, con el objeto de poder apoyar en la gestión de programas de reforzamiento de la atención primaria y para asesorar a la jefatura de la División en diversos temas estratégicos, tal como indica la Resolución Exenta N° 341, de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Refiere que la designación del recurrente se realizó mientras fueran necesarios sus servicios, y que, conforme a la jurisprudencia administrativa del Órgano Contralor, mediante Dictamen Nº 48, de 20 de agosto de 2010, el organismo puede estimar que los servicios ya no son necesarios en virtud de las aptitudes personales del funcionario, por no contar con los requisitos académicos necesarios, lo que no implica que el organismo dejará de desarrollar las tareas que se le encargaban.

Sostiene que en consideraciones de competencia para la ejecución de las labores, el recurrente no cumple con el perfil requerido. Así, en conformidad con el Dictamen Nº 156.769, de noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República, se puede fundar el acto administrativo de no renovación de contrata en las modificaciones de las funciones del órgano que hagan innecesarias las labores del empleado, por lo que, siguiendo el principio de eficiencia de la Administración Pública, el cual busca calidad de servicio y correcta gestión económica de los recursos para el cumplimiento de los objetivos fijados, y en uso de la facultad de la autoridad respecto a la contrata, es que se puso término a los servicios del recurrente.

Refiere que, respecto a la falta de fundamentación jurídica y administrativa, estas aseveraciones no son verídicas, debido a que debe estarse a la fundamentación jurídica del acto en sus considerandos 5º y 6º, los cuales hacen referencia a la jurisprudencia administrativa vigente, esto es, el Dictamen Nº 48.251, de 20 de agosto de 2010, y el Dictamen Nº 156.769, de noviembre de 2021, ambos de la Contraloría General de la República, por lo que se puso término anticipado a la contrata del recurrente por la necesidad de contar con un profesional con grado académico de nivel magister en el área de salud pública o disciplina a fin, tal como se indica a través de la Resolución Exenta N° 341, de fecha 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Sostiene que, en virtud de la normativa conforme a la cual fue contratado el recurrente y la Resolución Exenta N° 692, de 25 de mayo de 2022, se faculta a la autoridad a poner término a la contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia, esto en conformidad del artículo 3º letra c) de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que establece la diferencia entre empleados de planta y a contrata en cuanto a la transitoriedad de estos últimos, lo que contiene implícitamente la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata anticipadamente; adicionalmente, refiere que el artículo 9 de dicha ley establece la duración de la contrata hasta el 31 de diciembre de cada año y su posible prórroga.

Arguye que, en tal sentido, la autoridad administrativa puede poner término a la contrata en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que aconteció, toda vez que en la resolución impugnada se advierten los motivos que se tuvieron para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y derecho que la sustentan, por lo que el recurso no podrá prosperar.

Sostiene que el recurrente fundamenta su desvinculación en motivos políticos, sin mencionar su desempeño o las exigencias de la Resolución Nº 341, de 26 de abril de 2022, que fueron los motivos de su desvinculación. En tal sentido, afirma que el desempeño laboral del recurrente fue evaluado por el Departamento de Control de Gestión, en el que: 1) el rendimiento y cantidad de trabajo fue valorado con un desempeño deficiente; 2) la labor realizada fue valorado con un desempeño deficiente; 3) las condiciones personales y conocimiento del trabajo fue valorado con un desempeño malo; 4) el interés por el trabajo que realiza fue valorado con un desempeño regular; 5) la capacidad para realizar trabajo en equipo fue valorado con un desempeño deficiente y; 6) el cumplimiento de normas e instrucciones fue valorado con un desempeño regular.

Afirma que el recurrente desconoce la normativa y su correcta aplicación, toda vez que el término anticipado de una contrata con motivo de calificaciones deficientes o con motivo de un procedimiento administrativo solo son algunas de las causales que habilitan al acto de término; así, en el caso concreto, la autoridad desvinculó al recurrente a través de un acto motivado, ajustándose a los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 19.880 y al Dictamen Nº 156.769 de la Controlaría General de la República.

Adiciona que la presente acción no es la vía idónea para los fines perseguidos por el recurrente, toda vez existe otro régimen recursivo del acto administrativo, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, esto es, el recurso de reposición y jerárquico ante la administración, además del derecho a reclamar ante la Controlaría General de la República de acuerdo con el artículo 160 de la Ley Nº 18.834, lo cuales no han sido ejercido por el recurrente, lo que pugna con lo establecido en el Nº 2 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallos del Recurso de Protección.

Además, sostiene que dada la naturaleza cautelar de la acción de protección y el tenor de las peticiones del recurrente, la pretensión intentada en el caso de marras excede largamente el procedimiento breve y concentrado de la acción en comento, por lo cual el medio idóneo es ante la autoridad judicial pertinente en juicio de lato conocimiento de nulidad de derecho público.

De tal manera, arguye que no existe una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria por parte del Ministerio de Salud, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, cumplió con la dictación de un acto debidamente fundado o motivado.

Finaliza sosteniendo el rechazo de la acción de protección por la no acreditación de la existencia de una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguno de los derechos garantizados por la Constitución, toda vez que, por una parte, respecto a la igualdad ante la ley, el recurrente no es capaz de señalar en forma precisa y clara de qué forma se estaría afectando dicha garantía, no siendo suficiente su mera enunciación; y, por otra, respecto a la vulneración del derecho a la propiedad, afirma que los funcionarios a contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, lo que habría sido ratificado por innumerables dictámenes de la Contraloría y adiciona que el cargo a través del cual se desempeña la función púbica participa del carácter del que proviene, lo que no es posible incluir en el campo de derecho privado, en el que el derecho de propiedad se inserta.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en el presente caso, el acto que se tacha de ilegal o arbitrario corresponde a la Resolución Exenta Nº 692 de 25 de mayo de 2022, por medio de la cual la autoridad recurrida dispuso el término anticipado de contrata del recurrente, invocando como fundamentos, por una parte, según aparece del considerando 3º, que “se ha vuelto imperioso, de acuerdo a la estructura organizacional de la División, contar con un profesional que tenga experiencia en gestión de programas de salud de Atención Primaria, funciones para las cuales actualmente se requiere de un profesional que cuente con grado académico de nivel magíster en el área de salud pública o disciplina afín con el fin de poder apoyar en la gestión de Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria y para asesorar a la jefatura de la División en diversos temas estratégicos, tal como se indica a través de la Resolución Exenta Nº 341, de fecha 26 de abril de 2022, sobre perfil de cargos de la División de Atención Primaria de Salud, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales”; por otra parte, según consta del considerando 4º, que “la designación del profesional se realizó mientras sean necesarios sus servicios, y que la jurisprudencia administrativa del órgano controlador, por medio del dictamen Nº 48.251, de fecha 20 de agosto, de 2010, estableciendo que el organismo puede estimar que los servicios ya no son imperiosos y que dicha determinación puede estar referida a las actitudes personales del funcionario, las cuales ya no son requeridas por los antecedentes expuestos previamente. No obstante, lo anterior el ente controlador también ha argumentado que la prescindencia de servicios de un funcionario no implica necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquel se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario” y, por último, según consta en el considerando 5º, que “teniendo en consideración las competencias que se requieren para la ejecución de estas labores, don nombre reservado, no cumple con el perfil requerido actualmente para el cargo, por lo que de acuerdo al Dictamen Nº 15679, del 17 de noviembre de 2021, que reconsidera parcialmente el Dictamen Nº 6.400, de fecha 02 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República, que señala que para poder dar sustento al acto administrativo que determina la no renovación de una contrata, se podrá fundar entre otros argumentos, en la modificación de las funciones del órgano, que hagan innecesario los servicios del empleado o empleada, siendo posible evidenciar que por las razones expuestas precedentemente, siguiendo con el principio de eficacia de la Administración Pública, según el cual se busca la calidad de los servicios y la buena gestión económica para lograr el cumplimiento de los objetivos fijados por el servicio, y en el uso de la facultad de la autoridad de poner término a las designaciones a contrata en el momento que estime conveniente, cuando aquellas hayan sido aprobadas bajo la fórmula mientras sean necesarios sus servicios y se encuentre justificada el término de estas de conformidad con las disposiciones legales respectivas, es que se requiere poner término a los servicios de d. nombre reservado”.

Quinto: De los antecedentes allegados a estos autos aparece que la recurrente posee Diplomado en Habilidades Directivas para la Gestión Pública en la Universidad Santo Tomás, cursado desde el 26 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2020, Diplomado en Dirección de Centros de Salud de Atención Primaria y Salud Familiar en la Universidad de Concepción, cursado desde el 23 de noviembre de 2012 hasta el 18 de junio de 2013, y una cantidad de 31 capacitaciones realizadas entre el 15 de marzo de 2011 hasta el 29 de junio de 2022.

Sexto: El principio de legalidad o juridicidad impone a todos los órganos públicos, como elemento y condición del Estado de Derecho, observar el marco que le fija el ordenamiento jurídico, debiendo someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, por lo que, en la dictación del acto administrativo impugnado por la presente acción constitucional, la recurrida debió sujetarse a la normativa que regula este tipo de actos.

Séptimo: De esta manera, conforme a lo prescrito en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo, de modo tal que si dicho acto aparece desmotivado o con razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto, éste adolece de falta de un elemento esencial, y si el acto contiene fundamentos meramente formales se torna en arbitrario e ilegal. En este sentido, por mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y transparencia, la motivación del acto administrativo, como es el que por este medio se impugna, implica la exposición clara y concreta de los motivos, los que deben ser sometidos por esta Corte a un examen riguroso para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad.

A mayor abundamiento, se hace aún más imperiosa la necesidad de fundamentación o motivación del acto administrativo, debido a la confianza legítima en la renovación de la contrata que ampara a la recurrente, lo que no fue controvertido por la recurrida, por lo que la terminación anticipada de la contrata deberá fundarse en un acto administrativo que debidamente cumpla con las exigencias referidas.

Octavo: En tal sentido, la Resolución Exenta Nº 692 invoca como motivos para terminar anticipadamente el empleo a contrata del recurrente la necesidad de buscar un perfil de profesional con conocimientos especializado que cuente con un magíster en el área requerida, según se establecería en la Resolución Exenta N° 341, de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Sin embargo, de la sola lectura de la Resolución Exenta N° 341, de 26 de abril de 2022, acompañado por la recurrida, se debe determinar que el requisito del postgrado mencionado se establece como deseable y no como exigible, para el correcto desempeño de los cargos mencionados en dicha resolución. En tal sentido, la Resolución Exenta Nº 692 debió fundamentar por qué la deseabilidad del magister devenía en una exigencia para el mencionado cargo, o qué modificaciones de las funciones del órgano hacían imperioso dicho requerimiento, lo que el acto administrativo no argumenta, toda vez que realiza una mera enunciación de la exigencia de dicho grado académico sin establecer la necesidad del mismo para el cargo ejercido por el recurrente, lo que torna al acto en falto de motivación real y, por tanto, ilegal y arbitrario, especialmente si se considera que corresponde al ejercicio de potestades discrecionales de la recurrida, en las que la exigencia de motivación es particularmente relevante para el control de su legalidad.

Así, la mera enunciación que se hace en el acto administrativo de la necesidad de un profesional que ostente el grado de magister no cumple con la exigencia legal de motivación del acto administrativo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, por lo que, no cumpliendo el acto con un mínimo de racionalidad y proporcionalidad, el acto impugnado deviene en ilegal y arbitrario.

Noveno: Adicionalmente, respecto a la notas deficientes en que se basarían la desvinculación del recurrente, esta situación no se encuentra mencionada en el acto administrativo impugnado, por lo que malamente esta Corte puede determinar que el acto administrativo se funda dicha situación, debiendo el acto administrativo ser autosuficiente, por lo que no puede ser completado por un acto posterior independiente de él.

Décimo: Que por lo expuesto, se concluye por esta Corte que se han vulnerado respecto del recurrente las garantías fundamentales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, la primera de ellas, consistente en la igualdad ante la ley, pues se le ha hecho un requerimiento improcedente únicamente a él y no así a sus pares, como asimismo la segunda, consistente en el derecho de propiedad, ya que ha sido privado, al margen de la ley, de desempeñar sus funciones y recibir sus remuneraciones por el período posterior al cese de la contrata.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, representada por nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta Nº 692, de 25 de mayo de 2022, que dispuso la terminación anticipada de su y, como consecuencia de ello, la parte recurrida deberá reintegrar al recurrente en sus funciones una vez ejecutoriada la presente sentencia y pagar a éste las remuneraciones que debió percibir durante el tiempo que fue separado de sus funciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila N° Protección-99215-2022 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Ana María Osorio Astorga, el Ministro señor Carlos Escobar Salazar, y por el abogado integrante señor Michael Christian Camus Dávila. No firma el Abogado Integrante señor Camus, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.