nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis.

A folios 14 y 15: Estese a lo que se resolverá.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO. Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Planvital S.A., representada por don nombre reservado, por haber declarado anulada, mediante acto de fecha 11 de abril de 2025, la solicitud de retiro de fondos para extranjero, presentada por el recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida fundamentó su decisión señalando que no se enviaron los documentos solicitados, pese a que estima cumplió íntegramente con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada y se proceda a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Expone que don nombre reservado, profesional técnico extranjero de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., a través del portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Sin embargo, con fecha 11 de abril de 2025, fue notificado mediante el mismo portal web de la anulación de su solicitud, señalándose como observación que la "Declaración consular debe expresar en el mismo documento que ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social del país que corresponda".

Asimismo, sostiene el recurrente que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, particularmente en cuanto a encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo. En tal sentido, acompañó certificado electrónico de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual puede ser verificado y validado en el sitio web oficial de dicha institución mediante el código alfanumérico que contiene la constancia, específicamente el código de verificación N° "bac408311-2025309".

Argumenta que la recurrida realizó una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador y obstaculizando indebidamente su proceso, toda vez que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria. Invoca el criterio jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°28881-2022, que señala que no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N°18.156 únicamente a interpretaciones excesivamente literales y formalistas, desatendiendo su finalidad y la intención del legislador. Además, destaca que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, han aceptado el mismo tipo de documentación tras verificar el código de validación de la constancia electrónica en el sitio web del IVSS.

Enfatiza que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente dentro de sus facultades legales y puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos, tanto ingresando el código de verificación como consultando directamente con el número de cédula de identidad venezolana en el portal oficial. Adicionalmente, señala que ante la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, resulta imposible cumplir con requisitos de apostilla o legalización consular, circunstancia que constituye caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil, citando precedentes de la Excelentísima Corte Suprema en casos de nacionales venezolanos que han enfrentado similares dificultades documentales.

Afirma que la actuación de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al darle un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los requisitos legales, han obtenido respuestas favorables, requiriéndosele una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156. Asimismo, invoca la vulneración del derecho de propiedad, toda vez que se le impide disponer de sus ahorros previsionales pese a cumplir íntegramente con los requisitos establecidos en la normativa especial, citando diversos precedentes jurisprudenciales de Cortes de Apelaciones que han acogido recursos similares interpuestos por profesionales extranjeros en situaciones análogas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO. Que la recurrida, por intermedio de su apoderado don nombre reservado, evacuó oportunamente el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Reconoce que con fecha 11 de abril de 2025, don nombre reservado presentó mediante la página web de la Administradora, una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156. Sin embargo, refiere que dicha solicitud adolece de un problema fundamental consistente en que el recurrente carece de certificado de afiliación a régimen previsional extranjero emitido por autoridad competente.

Refiere que entre los documentos presentados con la solicitud se incluyó únicamente una "Declaración bajo de Juramento" realizada ante la primera notaría de Providencia, la cual constituye un documento unilateral emitido por la propia parte que la invoca, mediante el cual el propio recurrente informa acerca de la afiliación con la que contaría en el extranjero, pero que no corresponde a un certificado emitido por alguna autoridad extranjera competente. En tal sentido, argumenta que esta declaración bajo fe de juramento carece de la fuerza probatoria exigida por la normativa vigente y no cumple el estándar de exigencias requeridos por la Superintendencia de Pensiones para dar por acreditado el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156.

Fundamenta su actuar en la normativa administrativa vigente, citando el Oficio Ordinario N°20294 emitido con fecha 8 de octubre de 2020 por la Superintendencia de Pensiones, que en un caso análogo de una trabajadora extranjera con un "Certificado de Cotizaciones" emitido en Venezuela, concluyó que el rechazo efectuado por AFP PlanVital se ajustaba a la normativa administrativa vigente. Dicho oficio estableció que no es posible autorizar la devolución porque la solicitante no logró acreditar el cumplimiento del requisito contenido en la letra a) del artículo 1º de la ley, que exige demostrar que se cuenta con cobertura previsional por todos los riesgos durante el tiempo trabajado en Chile, precisando que no basta con documentos genéricos ni con declaraciones juradas, sino que es necesario un documento emitido por la autoridad previsional correspondiente que detalle claramente la cobertura integral.

Asimismo, invoca el Oficio Ordinario N°25057 emitido con fecha 29 de diciembre de 2023 por la Superintendencia de Pensiones, que imparte instrucciones a todas las Administradoras respecto de la documentación que deberán acompañar los afiliados extranjeros junto con su solicitud de devolución de fondos previsionales, estableciendo que se deberá acompañar el respectivo certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado. En concordancia con ello, cita el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones en su Título XI, número 1 letra b), que señala que el cumplimiento del requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, precisando que dicha legalización se refiere a la apostilla que debe realizarse en el país de origen o legalizar el documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Considera que su actuar se encuentra plenamente ajustado a la normativa legal y administrativa que regula la materia. En tal sentido, invoca las facultades de la Superintendencia de Pensiones establecidas en el artículo 2° del D.F.L. N°101 de 1980, que la constituye como autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, así como el artículo 3° del mismo cuerpo normativo que le otorga la función de interpretar la legislación e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación. Del mismo modo, cita el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, que establece la facultad de la Superintendencia para fijar la interpretación de la legislación del Sistema con carácter obligatorio para las Administradoras, y el artículo 47 de la Ley N°20.255, que ratifica estas atribuciones interpretativas.

Concluye que su representada no ha obrado de manera ilegal, toda vez que su actuar corresponde a una actuación razonada y en igualdad de trato respecto de todos sus demás afiliados, no habiendo cometido acto arbitrario alguno.

Descarta la infracción de los derechos fundamentales del recurrente, cuestionando que tenga un derecho indubitado que deba ser protegido, señalando que aparentemente posee un germen de derecho, pero no un derecho consolidado. Argumenta que la Administradora debe aplicar los mismos criterios de la Superintendencia de Pensiones a todos los afiliados, evitando excepciones arbitrarias, y que aceptar una declaración jurada como prueba suficiente generaría un trato desigual respecto de otros solicitantes que han cumplido con los requisitos formales exigidos.

Por estas consideraciones, solicita que se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en su contra, por no existir privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A., con expresa condena en costas.

TERCERO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO. Que el acto que se tacha de ilegal o arbitrario es el rechazo por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, por carecer de un certificado de afiliación a régimen previsional extranjero emitido por autoridad competente.

QUINTO. Que sobre el debate en particular, es menester relevar que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) acompañada por la recurrente en esta sede, pese a contar con un código de validación alfanumérico y QR, no reúne el mérito suficiente para acreditar el cumplimiento estricto de lo que dispone el artículo 7° en relación con el literal a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que dicha afiliación se acredite mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, especificando las coberturas y su vigencia.

Además, la documentación aportada no logra despejar la duda acerca de la cobertura efectiva y continua durante todo el período de cotizaciones en Chile, ni cumple con las exigencias formales de legalización o apostilla para documentos extranjeros.

SEXTO. Que tal como lo ha señalado la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025, en relación con la situación de afiliados de nacionalidad venezolana, las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, o que no señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada Ley N° 18.156.

En dicho Oficio se reitera además, que Venezuela es Estado Parte del Convenio de la Apostilla, por lo que los documentos deben venir apostillados para surtir efectos en Chile, y las declaraciones juradas del propio afiliado no constituyen medios idóneos de prueba.

SÉPTIMO: Que, así las cosas y considerando que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, los antecedentes allegados por la recurrente son insuficientes para acreditar el cumplimiento cabal de todos los requisitos legales y formales exigidos.

Por lo tanto, la exigencia requerida por la institución recurrida respecto a la legalización, vigencia y acreditación específica de cobertura del documento en cuestión, se ajusta estrictamente a la normativa legal y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, por lo que, en estas circunstancias, no se advierte un acto ilegal o arbitrario por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que vulnere las garantías constitucionales invocadas, y por ende, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se RECHAZA, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Planvital S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

N° Protección 9915-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, el ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón y el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo. No firman los Ministros titular y suplente señores Crisosto Greisse y Córdova Alarcón, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.