nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

Al folio 11: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en los descuentos efectuados por la recurrida en las remuneraciones del recurrente por concepto del pago de un crédito social, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2019, solicitó un crédito social a la recurrida, el que fue aprobado, y suscribió el correspondiente pagaré el 2 de diciembre de 2019. Precisa que el crédito requerido ascendía a un total de $ 4.383.842, pagaderos en 48 cuotas, venciendo la primera de ellas el 29 de febrero de 2020.

Agrega que, no obstante lo anterior, quedó cesante y cayó en mora respecto del crédito, por lo que la recurrida utilizó la vía judicial para exigir el cobro de éste, iniciando juicio ejecutivo rol C-1129-2022 seguida ante el 1º Juzgado Civil de Rengo.

No obstante lo anterior, tras encontrar un nuevo empleo, en el mes de febrero de 2024, se percató que Caja Los Andes, ordenó efectuar descuentos en su remuneración. Según lo señalado al empleador, le deberían descontar mensualmente por planilla la suma de $119.269.

Cita la normativa aplicable al efecto, en particular, el artículo 22 de la Ley 18.833 sobre Cajas de Compensación, que faculta a estas entidades a descontar de las remuneraciones de sus afiliados las deudas por créditos sociales. Sin embargo, estima que la recurrida ha hecho un uso arbitrario e ilegal de esta norma, ya que la jurisprudencia ha establecido que, una vez judicializado el cobro, no procede seguir efectuando los descuentos.

En definitiva, solicita que esta Corte acoja la acción y ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en las remuneraciones del recurrente; restituir los descuentos efectuados y los que puedan efectuarse durante la tramitación del recurso, y cualquier otra medida que se estime pertinente, con costas.

Segundo: Que comparece la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuando el informe, solicitando el rechazo de la acción constitucional por no existir acto ilegal ni arbitrario cometido por su parte.

Indica que con fecha 02 de diciembre de 2019, le otorgó a nombre reservado, el crédito código 014CON101944201, por la suma de $4.383.842, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $140.678, cuyo primer vencimiento fue el 29 de febrero de 2020, donde el titular pagó las dos primeras cuotas y el saldo de capital adeudado al 20 de abril de 2020, más los intereses devengados al 27 de octubre de 2020, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $4.371.797, en un plazo de 37 meses, con una cuota de $160.996, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2020, donde las cuotas del mes de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (1 a 12), se pagaron durante el periodo 22 de enero de 2021 al 11 de marzo de 2022, y el saldo de capital adeudado al 30 de noviembre de 2021, más los intereses devengados al 12 de diciembre de 2022, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $3.302.501, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $101.744, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2023, donde las dos primeras cuotas se pagaron a través de descuentos efectuados en las remuneraciones del mes de febrero y marzo de 2024. Las cuotas del mes de abril de 2023 a marzo de 2024 (3 a 14), se encuentran en mora, las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30 de abril de 2024 al 31 de enero de 2027.

Argumenta que actualmente el crédito se encuentra vigente y no prescrito, por lo que su reanudación de descuentos se realizó porque el recurrente retomó sus funciones como trabajador de la empresa afiliada, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sostiene que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato legal, ya que son otorgados por entidades de previsión social sin fines de lucro cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social.

Afirma que no existe vulneración al derecho de propiedad del recurrente, ya que es la propia Ley N° 18.833 en su artículo 22 la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor. Enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales de recaudación.

En definitiva, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección intentado en su contra.

Tercero: Que, como se ha sostenido de manera uniforme por esta Corte el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto proteger los derechos constitucionales tutelados en el artículo 19 de la carta fundamental, frente a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que vulneren o trasgredan dichas garantías, pudiendo la Corte adoptar las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho de las personas.

Cuarto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que se efectuaron en su remuneración, a partir del mes de febrero del año 2024, efectuado por la Caja de Compensación Los Andes. Sobre el particular, la recurrida indica que se trata de un crédito el crédito que se encuentra vigente y no está prescrito.

Quinto: Que consta en autos la existencia de una demanda ejecutiva interpuesta contra el recurrente, ante el 1° Juzgado de Letras de Rengo, caratulados “CAJA DE COMPENSACIÓNDE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES./nombre reservado”, rol C-1129-2022, que tenía por fin obtener el pago compulsivo de la deuda, iniciada el 26 de julio de 2023, y que actualmente se encuentra archivada desde el 5 de junio de 2023.

Sexto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22, de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11, del D.S. N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social-, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Octavo: Que, en consecuencia y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta correcto su descuento.

Noveno: Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas, constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, no obstante, la C.C.A.F. Los Andes, se encuentra en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

Décimo: Que, luego de lo dicho, aparece que los descuentos efectuados a remuneración de la recurrente se ajustan a derecho, y su cobro no puede ser calificado de arbitrario, puesto que la recurrida, por su intermedio, cumple con las obligaciones que la Ley que regula su actividad le impone.

Undécimo: Que, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario, atribuible a la recurrida en el presente arbitrio, el recurso debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-9910-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, la Ministra (S) señora Erika Andrea Villegas Pavlich y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

En Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.