nombre reservado con RAMÍREZ HORTA LUIS ALBERTO-BUSES VULE S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Proveyendo al escrito folio 25: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado y de la empresa Buses Vule S.A., solicitando que se deje sin efecto el acta de mediación, por denuncia N° 1350/2024/56, llevada a efecto en la audiencia N° 1323/2024/23, el día 21 de marzo del presente año ante el Centro de Mediación, Región Metropolitana Poniente de la Dirección del Trabajo ante el mediador nombre reservado.

Explica que ingresó a trabajar a la empresa recurrida con fecha 11 de junio del año 2022, siendo desde el comienzo objeto de abuso laboral debido a su orientación sexual, situación que comunicó a su jefatura en reiteradas oportunidades sin que se tomaran las medidas pertinentes.

En el mismo orden de ideas, el 6 de enero del presente año tuvo un altercado por nombre reservado, en el que ambos se agredieron verbalmente, razón por la cual el recurrido realizó una denuncia ante la Inspección del Trabajo, sin que participara de esa acción, impidiéndole ejercer su derecho a ser oído, y con ello, efectuar sus descargos.

Como resultado de aquella denuncia, se realizó la mediación N° 1323 2024/2023, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, oportunidad en que la parte denunciada de ese proceso, empresas Buses Vule S.A., se allanó a todo lo solicitado por el trabajador nombre reservado, quedando estipulada en el acta de la mediación.

Sostiene que el acuerdo vulnera sus garantías constitucionales al debido proceso, agregando que no puede ser objeto de sanción, en tanto no fue notificado de dicha acción, más cuando en la resolución de la mediación se determinó su traslado desde el lugar de trabajo, provocándole detrimento.

Afirma que el empleador tampoco ha cumplido la obligación de proteger su vida y salud, a lo que se suma que los hechos de hostigamiento de que ha sido víctima han afectado la garantía establecida en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que se demuestra con las licencias médicas y diagnóstico que acompaña.

Finalmente, indica que en el Reglamento Interno de la empresa, en su título XV, que trata de las infracciones del trabajador, no establece como sanción la remoción del lugar de trabajo, lo que demuestra la persecución a su persona. Sin perjuicio de lo anterior, señala estar dispuesto a pedir disculpas públicas al recurrido nombre reservado por los hechos acaecidos el 6 de enero del presente año.

Solicita que se acoja el presente recurso que se deje sin efecto el acta de mediación N° 1350/2024/56 que se realizó en la audiencia número 1323/2024/23, el día 21 de marzo del presente año ante el centro de mediación, Región Metropolitana Poniente de la Dirección del Trabajo ante el mediador nombre reservado.

Informa Roberto Núñez Abasolo, en representación de Buses Vule S.A. y nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso con costas, desde que el acto en contra del cual se dirige no es ilegal ni arbitrario.

Señalan que es efectivo que el recurrente presta servicios para la empresa desde el 11 de junio del año 2022 y que además es dirigente sindical y como tal ocupa el cargo de Presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores de Transporte Público SITRAMET RSU 13231631.

Reseñan que el día 21 de marzo del presente año se llevó a cabo la Mediación de Derechos Fundamentales ante el funcionario público nombre reservado, dependiente de la Dirección del Trabajo, en el marco de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales ingresada por el trabajador nombre reservado, la cual se dedujo en contra Buses Vule S.A. a raíz de los insultos y malos tratos ocasionados por el trabajador actor el día 6 de enero en dependencias de la empresa.

Con motivo de esta denuncia, se inició un procedimiento de fiscalización, emitiéndose el correspondiente informe de investigación N°1350/2024/44; posteriormente, se notificó las conclusiones jurídicas, que en síntesis, señaló la existencia de indicios suficientes que configuran la vulneración de derechos del denunciante.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa fue citada por la Dirección del Trabajo a la diligencia de Mediación de Derechos Fundamentales en los términos dispuestos en el artículo 489 del Código del Trabajo y a fin de evitar la interposición de la denuncia en tribunales, aquella se vio compelida a allanarse a las medidas reparatorias propuestas por la autoridad, con la finalidad de terminar en acuerdo dicha instancia, tal cual así ocurrió, debiendo cumplir con las medidas que singulariza, entre las que se encuentra que el recurrente de protección deba asistir a un curso de buen clima laboral, debido respeto y dignidad en toda relación laboral, debiendo además, la empresa, solicitar al tribunal competente el traslado de este a otra dependencia de la empresa, petición que no ha sido formulada.

En ese contexto, aseveran que no han vulnerado las garantías constitucionales denunciadas por el actor, por cuanto la investigación llevada a cabo y medidas reparatorias fueron propuestas por la Dirección del Trabajo, las que se adoptaron dentro del marco del procedimiento de vulneración de derechos fundamentales que aplica la Dirección del Trabajo, quien previo a dicha instancia y tal como se señala en las conclusiones jurídicas, concluyó la efectiva ocurrencia de los malos tratos e insultos denunciados e imputados a nombre reservado.

Finalmente, precisa que la empresa no ha ingresado la solicitud de cambio del lugar de trabajo porque se aspira a que el conflicto se solucione.

Asimismo, compareció a estos autos la Dirección del Trabajo, y a pesar de que no evacuó el informe requerido por esta Corte, acompañó diversos documentos relativos al asunto que motivó la presente acción, consistentes, entre otros, en el informe de investigación por vulneración de derechos fundamentales de fecha 23 de noviembre del año 2023 y conclusiones jurídicas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

3°.- Que como se observa, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por el acuerdo adoptado por la empresa recurrida, con uno de sus trabajadores a propósito de la denuncia de este ante la Inspección del Trabajo respectiva, y que involucra como parte de tal convenio, el traslado del actor desde su lugar de trabajo, por entender que fue él quien vulneró los derechos fundamentales del denunciante.

4°.- Que si como se dijo, la acción que prevé el artículo 20 de la Carta Fundamental es una de emergencia para cautelar los derechos que el artículo 19 consigna y que tengan el carácter de indubitados, de manera que no reemplaza, no puede reemplazar, a las acciones de lato conocimiento que las leyes procesales contemplen para dirimir un conflicto jurídico entre partes. Dicho esto, parece evidente que si el recurrente cuestiona las conclusiones a las que arribó el ente fiscalizador en el ejercicio de sus funciones al tenor del artículo 486 del Código del Trabajo en relación al DFL N° 2 del año 1967 y a consecuencia de lo cual, la empresa se obligó a materializar su traslado desde el lugar donde se desempeña, resulta evidente que el conflicto que se ha traído a esta Corte por la vía constitucional, es uno que requiere de un juicio propiamente dicho que debe ser conocido por el tribunal laboral correspondiente, con todas las garantías que un debido proceso otorga a las partes, incluida la posibilidad de probar sus afirmaciones e impugnar la sentencia definitiva que pudiera emitirse, por los recursos que la ley contemple. Luego, la materia de la acción deducida, al exceder los márgenes del citado artículo 20 de la Constitución Política de la República, hace que el recurso deba ser desestimado.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de nombre reservado y de la empresa Buses Vule S.A.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-9907-2024.