nombre reservado con CAJA DE nombre reservado 18 SEPTIEMBRE

C.A. de Santiago Santiago, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 22: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 31 de marzo de 2026, comparece doña Sonia Victoria Cáceres González, abogada, en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de nombre reservado y de la Caja de nombre reservado 18 de Septiembre, por haber informado y percibido descuentos mensuales bajo el ítem "PRÉSTAMO 2 CCAF 18 DE SEPT (Cuota Intercaja)" en las remuneraciones del recurrente, por la suma de $150.748 cada uno, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que las recurridas ejercen una facultad de cobro administrativo sobre una deuda que actualmente es objeto de un litigio pendiente en sede civil, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2, 3 inciso segundo y 24, por lo que solicita se declare la ilegalidad de los descuentos, se ordene el reintegro de lo percibido y el cese inmediato de futuras retenciones.

Expone la recurrente que su representado suscribió con la Caja Los nombre reservado un pagaré el 12 de diciembre de 2017 por un capital de $5.835.091, el cual debía ser solucionado en 60 cuotas mensuales. Ante el incumplimiento de las obligaciones, la entidad recurrida inició un juicio ejecutivo ante el Juzgado de Letras de Colina, ROL C-4663-2019, invocando la cláusula de aceleración para el cobro íntegro del saldo, dando cuenta que el recurrente se encuentra en mora de cumplir desde octubre de 2018.

Sin embargo, señala que tras un prolongado periodo de inactividad procesal que motivó la interposición de un incidente de abandono del procedimiento, en actual tramitación, el recurrente tomó conocimiento de que desde julio de 2025 se le han aplicado descuentos directos en sus haberes, ordenados por la Caja Los nombre reservado a través del sistema "Intercajas" operado por la Caja 18 de Septiembre, entidad a la cual se encuentra afiliado su actual empleador.

Argumenta que el actuar de las recurridas constituye un ejercicio abusivo y autotutelar, toda vez que habiendo optado por la vía jurisdiccional para el cobro del crédito, pretenden ahora eludir las contingencias de dicho proceso —como la posible prescripción de la acción— mediante el uso de la prerrogativa contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sostiene que dicha facultad de descuento debe ser ejercida de manera oportuna y no puede servir para revivir unilateralmente deudas cuyo cobro forzado ya ha sido sometido al imperio de los tribunales, privando al deudor de su legítima expectativa de integridad remuneratoria y de su derecho a oponer las excepciones legales pertinentes en un proceso contradictorio.

En cuanto a la vulneración de garantías, identifica una infracción a la igualdad ante la ley, por cuanto se otorga a las instituciones recurridas un privilegio de cobro que rompe la equidad procesal frente a otros acreedores; asimismo, se conculca el derecho a la defensa jurídica al sustraer la controversia de la sede judicial competente; y finalmente, se lesiona el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones, las cuales se ven disminuidas por actos que carecen de razonabilidad y justificación legal suficiente en el contexto de un juicio ejecutivo vigente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad de los descuentos informados y percibidos por las recurridas, ordenándoles el reintegro de las sumas obtenidas desde julio de 2025 hasta la fecha, y disponiendo que ambas instituciones deben abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar nuevos descuentos en las remuneraciones del recurrente por este concepto.

Segundo: Que, a folio 11, doña nombre reservado, en representación de la Caja de nombre reservado, evacua el informe de rigor solicitando el rechazo de la acción de protección por falta de oportunidad.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 12 de diciembre de 2017 otorgó al recurrente un crédito social por un capital de $5.835.091, el cual fue reprogramado el 05 de diciembre de 2019 por la suma de $6.356.213.

Indica que la operación se encuentra actualmente en cobranza judicial, registrando morosidad en las cuotas correspondientes al periodo de noviembre de 2020 a diciembre de 2024.

Desde la perspectiva del derecho, sostiene la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que los descuentos para el pago de prestaciones de crédito social se fundamentan imperativamente en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que obliga a la entidad empleadora a deducir, retener y remesar dichos montos, rigiéndose por las reglas de las cotizaciones previsionales.

Respecto de la eventual prescripción de las acciones de cobro esgrimida por la contraria, argumenta que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, esta debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, siendo el recurso de protección una vía inidónea para tal declaración por su naturaleza cautelar.

No obstante lo anterior, y sin que ello implique reconocimiento de la extinción de la deuda, informa que su representada ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros, por lo que la acción habría perdido su objeto.

Finaliza solicitando que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que informa Álvaro Saldaño Valladares, abogado, en representación de la Caja de nombre reservado 18 de Septiembre, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que su representada ha limitado su participación a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social, en virtud de la implementación del sistema integrado de recaudación denominado “Intercajas”.

En efecto, explica que dicho sistema se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social, contenida fundamentalmente en la ley 18.833, el D.S. Nº91 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la ley 17.322, y el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de nombre reservado.

Conforme lo anterior, solicita el rechazo del recurso al no haber incurrido su representada en acto arbitrario o ilegal alguno.

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha sostenido por los tribunales superiores de justicia, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de rango constitucional, de tramitación breve y desprovista de mayores formalidades, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que dicha disposición enumera, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen dicho ejercicio.

En consecuencia, para la procedencia de la presente acción se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que ella revista el carácter de ilegal o arbitraria; c) que de la misma se siga una afectación directa, inmediata y real —sea privación, perturbación o amenaza— respecto de una o más de las garantías constitucionales amparadas por esta vía; y d) que el tribunal se encuentre en condiciones materiales y jurídicas de otorgar una tutela eficaz.

Quinto: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla un mecanismo especial, preferente e imperativo para la recaudación de los créditos sociales, asimilándolo a las reglas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, tal prerrogativa excepcional no puede ejercerse de manera absoluta ni desvinculada del resto del ordenamiento jurídico, sino que debe armonizarse con los principios de buena fe, proscripción de la autotutela y debido proceso.

Sexto: Que de los antecedentes documentales allegados al proceso consta que la recurrente mantiene un crédito de consumo con la recurrida Caja de nombre reservado. A saber, el pagaré N°145CON100602084, por un capital inicial de $5.835.091, reconocido por el actor, respecto del cual el recurrente se encuentra en mora Asimismo, consta que la recurrida Caja Los nombre reservado dedujo demanda ejecutiva en contra del actor ante el Juzgado de Letras de Colina, bajo el rol c-4663-2019, fundando su pretensión en el pagaré individualizado precedentemente y haciendo valer expresamente la cláusula de aceleración, a fin de cobrar la totalidad del capital adeudado como si fuere de plazo vencido.

De este modo, al optar por la vía jurisdiccional para perseguir el cobro del crédito en cuestión, la C.C.A.F. Los nombre reservado sometió la determinación del saldo definitivo de la deuda, su exigibilidad, intereses y reajustes, así como las defensas y excepciones que el ejecutado pudiere oponer, al conocimiento y decisión del órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, trabada la litis en sede civil y encontrándose declarado el abandono del procedimiento, por resolución de 13 de abril del presente año, la conducta de la recurrida consistente en instruir unilateralmente a la empleadora del deudor el reinicio de descuentos mensuales en sus remuneraciones, por sumas determinadas al margen del proceso, constituye una manifestación de autotutela incompatible con el ordenamiento jurídico, al ejercer una vía paralela de cobro.

Octavo: Que la duplicidad de vías de cobro empleada por la recurrida carece de racionalidad y razonabilidad suficientes, revistiendo, por ello, el carácter de arbitraria.

Permitir que el acreedor mantenga vigente una ejecución judicial fundada en la aceleración de la obligación y, paralelamente, procure satisfacerse mediante la vía administrativa del descuento por planilla, importaría admitir un desequilibrio procesal incompatible con las garantías del ejecutado.

Noveno: Que la conducta ilegal y arbitraria precedentemente descrita afecta de manera directa el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. En efecto, al privársele de una parte sustancial de sus emolumentos mensuales mediante un mecanismo de cobro paralelo al proceso judicial pendiente y sin control del juez que conoce de la ejecución, se ha producido una afectación ilegítima de su patrimonio, lo que impone a esta Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Décimo: Que, en consecuencia, constatada la existencia de un acto ilegal y arbitrario imputable a la recurrida respecto al cobro del pagaré N°145CON100602084, alegado por el recurrente, que vulnera la garantía constitucional invocada por el actor, el recurso de protección será acogido a ese respecto, disponiéndose el cese inmediato de los descuentos por planilla y la restitución de las sumas descontadas bajo dicha modalidad paralela de cobro.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2, 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de nombre reservado.

II. Que se ordena a la recurrida cesar de inmediato todo descuento por planilla en las remuneraciones del recurrente respecto de las deudas derivadas del N°pagaré 145CON100602084.

III. Que se ordena a la recurrida restituir al recurrente la totalidad de las sumas descontadas de sus liquidaciones de remuneraciones por concepto del crédito pagaré N°145CON100602084 desde el mes de julio de dos mil veinticinco y hasta la fecha, reembolso que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Mera, quien estuvo por rechazar el recurso de protección interpuesto, por estimar que la recurrida ha obrado dentro del marco de las facultades que expresamente le confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833, disposición que autoriza a las Cajas de nombre reservado para requerir de los empleadores la deducción, retención y entero de las sumas adeudadas por concepto de crédito social. En tal virtud, no advierte el disidente que la conducta reprochada pueda ser calificada de ilegal respecto del cobro de los créditos sociales materia de autos.

Asimismo, tuvo presente que los descuentos impugnados no aparecen determinados por el mero arbitrio o capricho de la recurrida, desde que encuentran fundamento en obligaciones cuya existencia ha sido reconocida por el propio recurrente y que no han sido extinguidas ni declaradas prescritas por resolución judicial firme. De este modo, mientras subsista la obligación y no exista pronunciamiento jurisdiccional que prive de eficacia al título respectivo o impida su cobro, el ejercicio de la facultad legal antes referida no configura un acto arbitrario ni importa, por sí solo, una vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la entidad empleadora SERVICIOS GENERALES MAPER LTDA. por la vía más expedita para los fines pertinentes y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-9905-2026.