Protección contra Corporación Municipal de Peñalolén

Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Peñalolén, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la Resolución S.G. N° NUM000, de siete de enero de dos mil veintiséis, del Secretario General de la Corporación, que le aplicó la medida de destitución en el sumario administrativo instruido por Resolución S.G. N° NUM001, de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, y en la Resolución S.G. N° NUM002, de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la primera y que le fue notificada personalmente el nueve de marzo de dos mil veintiséis, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que es médico en formación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Diego Portales y que ingresó a la Corporación recurrida a contar del uno de diciembre de dos mil veintidós, para desempeñarse como médico conforme a la Ley N° 19.378, en jornada de 44 horas en el CESFAM Padre Gerardo Whelan, desarrollando su actividad profesional y académica de manera ejemplar. Refiere que desde mayo de dos mil veinticuatro, durante el segundo año de la especialidad, la carga académica aumentó, superando en promedio las 44 horas semanales, lo que comenzó a generarle trastornos en su salud.

Relata que el veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro sufrió una crisis de pánico aguda, fue atendido por un médico que le prescribió tratamiento farmacológico con sertralina y risperidona y se le otorgó licencia médica por trastorno ansioso con crisis de pánico desde el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro al dos de enero de dos mil veinticinco, por 10 días, con indicación de reposo psicoemocional del contexto académico y laboral para su estabilización clínica inicial, reposo que, según el informe del médico tratante, no incluye confinamiento domiciliario y permite realizar actividades recreativas y tener contacto con familiares o redes de apoyo.

Agrega que el siete de enero de dos mil veinticinco acudió a control con el médico tratante y que el cinco de junio de dos mil veinticinco consultó a un médico psiquiatra, quien diagnosticó un cuadro compatible con trastorno ansioso generalizado. Manifiesta que durante la licencia, con el objetivo de favorecer su recuperación, aceptó una invitación de su entorno cercano para trasladarse temporalmente fuera del país en un contexto de contención emocional, y que viajó desde el veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro al cinco de enero de dos mil veinticinco, decisión tomada en función de criterios terapéuticos, sin intención de eludir sus responsabilidades ni de incumplir el reposo prescrito.

Señala que por Resolución S.G. N° NUM001, de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, se instruyó el procedimiento disciplinario en su contra en virtud de la información remitida por la Contraloría General de la República mediante Oficio N° NUM003, que prestó declaración el doce de junio de dos mil veinticinco y que el veintiséis de agosto de dos mil veinticinco se le notificó la formulación de cargos por falta a la probidad administrativa, fundada en los artículos 4° de la Ley N° 19.378, 58 letra g de la Ley N° 18.883 y 52 de la Ley N° 18.575, por haber utilizado una licencia médica para viajar al extranjero, priorizando el interés particular sobre el interés general. Sostiene que la Resolución S.G. N° NUM000 fundó su culpabilidad invocando de forma sorpresiva el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social N° 2465-2025, de ocho de agosto de dos mil veinticinco, según el cual el reposo sólo permite viajes al extranjero si existe una justificación médica previa para un procedimiento en el exterior, requisito que no era exigible al emitirse la licencia en diciembre de dos mil veinticuatro, y que, pese a admitir la existencia del informe médico de veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro, optó por una interpretación restrictiva del concepto de reposo.

Expone que el quince de enero de dos mil veintiséis dedujo recurso de reposición conforme al artículo 139 de la Ley N° 18.883, en el que alegó la aplicación retroactiva del dictamen, la falta de congruencia y la vulneración de su derecho a defensa por no formar dicho dictamen parte del expediente sumarial, y la desproporción de la sanción, que conlleva la pérdida de una beca de especialización y multas superiores a $80.000.000.

Afirma que la Resolución S.G. N° NUM002 rechazó la reposición ratificando la destitución de manera dogmática, al señalar que, calificado un hecho como falta a la probidad, la Administración se encuentra obligada a aplicar la medida expulsiva sin posibilidad de graduación, y que omitió pronunciarse sobre la irretroactividad del dictamen, sobre la validez del informe médico previo y sobre la desproporción de la sanción.

En cuanto a las ilegalidades y arbitrariedades, sostiene que los actos impugnados vulneran el principio de irretroactividad y de legalidad, al calificar un hecho ocurrido en diciembre de dos mil veinticuatro conforme a un criterio administrativo fijado en agosto de dos mil veinticinco; que carecen de motivación y congruencia, pues la autoridad no se hizo cargo del informe médico de veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro, de la alegación de irretroactividad ni de la jurisprudencia acompañada en el sumario; y que la sanción es manifiestamente desproporcionada, considerando que la destitución acarrea la pérdida de su beca de Medicina Familiar conforme a la Resolución Exenta N° NUM004, multas y restituciones superiores a 80 millones de pesos, que es el único médico especialista en Medicina Familiar del CESFAM y el único profesional de la comuna con formación avanzada en geriatría y cuidados paliativos, y que registra una conducta anterior irreprochable.

Explica que se vulnera el debido proceso, al fundarse la sanción en antecedentes que no formaron parte del expediente sumarial ni de la formulación de cargos y al omitirse pronunciamiento sobre los argumentos de la reposición; el derecho de propiedad, que comprende su empleo, su carrera funcionaria, sus remuneraciones y sus derechos como profesional becado; y la igualdad ante la ley, al imponérsele un estándar diferenciado y retroactivo que no se aplica a otros funcionarios y al sancionarse con la misma severidad una conducta terapéutica que un acto de corrupción.

Cita los artículos 11 y 52 de la Ley N° 19.880, 139 de la Ley N° 18.883, 5° inciso 2°, 19 N° 2, 3 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República, 8 N° 2 letra c y 25 N° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 52.153- 2025.

Pide, en definitiva, que se declare que la Resolución S.G. N° NUM002, de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, y la Resolución S.G. N° NUM000, de siete de enero de dos mil veintiséis, son actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías del artículo 19 N° 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República; que se deje sin efecto la sanción de destitución, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional, y se ordene su inmediata reincorporación a sus funciones como médico cirujano en la dotación de salud de la Corporación Municipal de Peñalolén; que se disponga el pago de todas las remuneraciones, asignaciones y beneficios económicos que haya dejado de percibir durante el tiempo que permaneció alejado de sus funciones; que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho; y que se condene a la recurrida en costas.

SEGUNDO: Que, comparece la Corporación Municipal de Peñalolén y evacúa informe solicitando tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido.

Señala que la Contraloría General de la República, mediante el Consolidado de Información Circularizada N° NUM005 de 2025, informó sobre funcionarios que habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024, conforme a los registros de la Policía de Investigaciones y de la Superintendencia de Seguridad Social, información que le fue notificada el veintiséis de mayo de dos mil veinticinco y que incluía la situación del recurrente. Indica que por Resolución S.G. N° NUM001, de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, se instruyó sumario administrativo en su contra en virtud del Oficio N° NUM003, de veintidós de mayo de dos mil veinticinco, y que por Resolución S.G. N° NUM000, de siete de enero de dos mil veintiséis, se ordenó que dejara de pertenecer a la dotación municipal de salud, conforme a los artículos 48 letra b de la Ley N° 19.378 y 58 letra g de la Ley N° 18.883, al comprobarse que viajó al extranjero desde el veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro hasta el cinco de enero de dos mil veinticinco, mientras hacía uso de una licencia médica por 10 días, recibiendo el pago íntegro de su remuneración durante dicho periodo.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que la vista fiscal confirmó los cargos por infracción al principio de probidad administrativa y concluyó que el funcionario hizo un uso indebido de la licencia médica, contraviniendo el reposo prescrito con el domicilio informado, hecho comprobado con los informes de la Policía de Investigaciones y las fechas de la licencia. Reconoce que se tuvo como un antecedente más el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social N° 0-01-S-02465-2025, conforme al cual un trabajador con reposo médico sólo puede viajar fuera del país si el médico emisor ha justificado previamente la necesidad de un procedimiento médico en el exterior, y precisa que el informe médico previo de veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro no especifica ni argumenta la salida fuera del país. Agrega que ya antes de dicho dictamen existían criterios claros sobre el uso de la licencia médica y la probidad, citando el Oficio N° NUM006 de la Contraloría General de la República, de veintidós de junio de dos mil veinticinco, que se remite al Dictamen N° 42.372 de 2010, por lo que no es efectivo que la sanción se haya basado sólo en el dictamen de la Superintendencia.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que, conforme al artículo 48 letra b de la Ley N° 19.378, los funcionarios de una dotación municipal de salud dejan de pertenecer a ella por falta de probidad establecida fehacientemente por medio de un sumario, y que el reproche disciplinario no enjuicia la validez ni el otorgamiento de la licencia, sino el uso del tiempo de reposo en actividades incompatibles con ella, criterio que funda en la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 55.211-2025. Precisa que no se cuestiona la posibilidad de que el recurrente saliera de su domicilio para su recuperación, sino su desplazamiento al extranjero con una licencia médica vigente, pues el facultativo en ningún momento indicó que la terapia debiera cumplirse en el extranjero. En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que corresponde a la Administración activa calificar si un hecho infringe el principio de probidad y su gravedad, y que, calificado un hecho como falta grave a la probidad, no puede aplicarse una sanción distinta a la destitución ni considerarse atenuantes, habiéndose cumplido en el sumario todas las normas y principios del debido proceso. Respecto de la igualdad ante la ley, hace presente que el recurrente cita el numeral 24 del artículo 19 en lugar del numeral 2, y que el dictamen sólo se tuvo a la vista como un antecedente más para configurar la falta, la que quedó probada en el sumario.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En la especie, corresponde determinar a través de esta vía si la Resolución S.G. N° NUM000, de siete de enero de dos mil veintiséis, que aplicó al recurrente la medida de destitución por falta a la probidad administrativa, fundada en haber viajado al extranjero durante el periodo de una licencia médica, y la Resolución S.G. N° NUM002, de veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, que rechazó su reposición, constituyen actos ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías del artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República y que ameriten la adopción de medidas de protección.

CUARTO: Que, en la especie, no existe controversia acerca del hecho sustancial que dio origen al procedimiento disciplinario.

En efecto, el recurrente reconoce haber salido del país entre el veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro y el cinco de enero de dos mil veinticinco, mientras hacía uso de una licencia médica por 10 días, con reposo entre el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro y el dos de enero de dos mil veinticinco, encontrándose además acreditado su desplazamiento mediante el certificado de viajes de la Policía de Investigaciones de Chile incorporado al sumario.

La controversia se centra, entonces, en las consecuencias jurídicas que la autoridad atribuyó a aquella conducta y en la suficiencia de las circunstancias invocadas por el recurrente para justificarla.

QUINTO: Que, de los antecedentes aparece que el procedimiento administrativo no se limitó a constatar la existencia del viaje, sino que el recurrente prestó declaración, fue notificado de los cargos formulados por falta a la probidad administrativa, presentó descargos, acompañó documentos médicos y académicos y jurisprudencia, y dedujo recurso de reposición en contra de la Resolución S.G. N° NUM000.

En sus descargos y en la reposición explicó su estado de salud, el sentido terapéutico que atribuye al viaje, el contenido del informe del médico tratante de veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro, la improcedencia de considerar el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social N° 0- 01-S-02465-2025 y la desproporción de la sanción.

Esas alegaciones fueron resumidas y ponderadas en el dictamen fiscal de veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, cuya copia se entregó al recurrente al notificársele la Resolución S.G. N° NUM000, y la Resolución S.G. N° NUM002, al rechazar la reposición, se refirió al informe médico agregado a fojas 89 del sumario, a la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 55.211-2025 y a la jurisprudencia administrativa sobre la sanción aplicable, desestimándolas por las razones que en ellas se expresan.

SEXTO: Que, el artículo 48 letra b de la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone que los funcionarios dejarán de pertenecer a una dotación por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario. Por su parte, el artículo 58 letra g de la Ley N° 18.883, aplicable supletoriamente conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.378, impone a los funcionarios el deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que el artículo 52 de la Ley N° 18.575 define como la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Así, acreditada en un sumario una conducta que la autoridad administrativa, dentro de sus atribuciones disciplinarias, calificó fundadamente como falta a la probidad, la medida aplicada se encuentra comprendida entre aquellas que el ordenamiento jurídico autoriza.

SÉPTIMO: Que, la circunstancia de que la licencia médica haya tenido su origen en un cuadro de salud mental y que el informe del médico tratante haya indicado un reposo psicoemocional del contexto académico y laboral, sin confinamiento domiciliario, que permitía realizar actividades recreativas y tener contacto con familiares o redes de apoyo, no modifica el hecho de que el recurrente, durante el período de reposo, salió del territorio nacional, desplazamiento al que dicho informe no se refiere.

Tampoco aparece de los antecedentes que esa salida hubiese obedecido a la realización de un tratamiento médico en el extranjero vinculado con la patología que motivó la licencia.

En consecuencia, la autoridad contó con antecedentes objetivos que permitían estimar que el uso de la licencia no se ajustó a la finalidad de recuperación de la salud bajo la cual se encontraba justificada la ausencia del funcionario a sus labores.

OCTAVO: Que, no resulta efectivo que la sanción se haya fundado en una norma dictada con posterioridad a la conducta reprochada. El reproche disciplinario se sustenta en los artículos 48 letra b de la Ley N° 19.378, 58 letra g de la Ley N° 18.883 y 52 de la Ley N° 18.575, todos vigentes a la fecha de los hechos, mientras que el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social N° 0-01-S-02465-2025 fue tenido a la vista como un antecedente interpretativo, junto con el Oficio N° NUM006 de la Contraloría General de la República, para apreciar si el uso de la licencia se ajustó a su finalidad.

Por lo demás, dicho dictamen ya se encontraba citado en el dictamen fiscal, cuya copia se entregó al recurrente, y fue latamente controvertido por éste en su recurso de reposición, de modo que no ha quedado en indefensión a su respecto.

NOVENO: Que, la trayectoria profesional del recurrente, su formación de especialidad, la ausencia de reproches anteriores y los efectos que atribuye a la destitución respecto de su beca y de eventuales multas constituyen antecedentes que invoca en su favor, pero no fueron ignorados por la autoridad. Ésta explicó que, calificado el hecho como falta grave a la probidad, no puede aplicarse una sanción distinta a la destitución ni considerarse circunstancias atenuantes, criterio que apoyó en la jurisprudencia administrativa y en la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 55.211-2025.

Podrá discreparse de ese criterio, pero se trata de una decisión que expresa sus razones y se apoya en una interpretación sostenida por el órgano de control y en la jurisprudencia, lo que excluye que sea producto del mero capricho.

DÉCIMO: Que, tampoco corresponde a esta Corte, mediante la presente acción cautelar, sustituir la valoración efectuada por la autoridad disciplinaria respecto del mérito de los descargos y de la medida aplicable, desde que no se advierte que la sanción haya sido impuesta sin procedimiento previo, sin formulación de cargos, sin posibilidad de defensa o sobre la base de hechos inexistentes.

La discrepancia del recurrente con la apreciación efectuada por la Administración no transforma por sí sola la decisión en ilegal o arbitraria.

UNDÉCIMO: Que, en estas condiciones, no existiendo un acto ilegal o arbitrario que pueda reprocharse a la recurrida, no resulta posible estimar vulneradas las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, de manera que el recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y en los artículos 48 letra b de la Ley N° 19.378, 58 letra g de la Ley N° 18.883 y 52 de la Ley N° 18.575, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Peñalolén.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 9902-2026.