Protección contra directora de la Escuela de Formación de Carabineros

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Dino Duguet Benítez, abogado en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre en contra de la directora de la Escuela de Formación de Carabineros, coronel nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el documento electrónico NCU 126770794 que le ordena la restitución de la suma de $777.332.-, disponiendo tres formas de restituir el monto sin permitirle acceder a una alternativa menos gravosa como sería el pago en cuotas. Vulnerando con ello el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que, la recurrente se desempeña como matrona grado 11 en la planta de Carabineros. El 23 de noviembre de 2020 la recurrente solicitó el reconocimiento del bono de 20 años de servicios, el cual debió haber comenzado a percibir el 1 de julio de 2016. Sin embargo, al pronunciarse sobre la petición, el Departamento de Beneficios Económicos, Remuneraciones y Regularización de datos personales, señalo que, revisados los antecedentes la Oficina Revista Comisario, incluyó el bono de 20 años a contar del 1 de julio de 2016, pasando, desde ese momento, la asignación de grado efectivo como imponible lo que generó que los descuentos previsionales fueran mayores a los que correspondía realizar con la aplicación del bono de 20 años de servicios, generándose -entonces- una diferencia a favor de la institución de $777.332.- que debe ser reintegrada por la funcionaria.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020 se ordenó la notificación a la recurrida, informándole que podría restituir el dinero mediante cheque o vale vista extendido a nombre de Carabineros de Chile, por medio de descuento de su remuneración de la totalidad del monto o podría apelar a la Contraloría General de la República, en cuyo caso la deuda se transformaría a UTM aplicando un interés del 12%.

Reclama que, dicha notificación no hace referencia al acto administrativo que pretende notificar, ni los fundamentos de hecho o de derecho en los que dicho acto se funda.

Por otro lado, alega que no se le ha otorgado la alternativa que estipula el artículo 58 inciso 3º del Código del Trabajo, el que dispone debe existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador para permitir la deducción de sumas en la remuneración del trabajador.

Reclama que no se inició ningún procedimiento administrativo con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas por la situación que está afectando a la recurrente. Además, señala, que la recurrente nunca ha percibido el bono de 20 años.

Refiere que las irregularidades en los pagos han generado que se implementen controles cruzados de remuneraciones desde febrero de 2020, no siendo posible que no haya advertido la irregularidad en el pago de la actora durante 49 meses.

Indica que la actora se encuentra dispuesta a hacer reintegro de los dineros, siempre que se realice una investigación administrativa que establezca el motivo de las irregularidades, el monto exacto a reintegrar y que los descuentos en su remuneración sean acordados previamente con el empleador de modo que estos no afecten su presupuesto familiar, considerando que su ingreso en el septiembre de 2020 fue de $1.855.307.- En particular, solicita que el monto que deba ser reintegrado se realice por medio de descuentos equivalentes a los montos que fueron indebidamente pagados en su oportunidad.

En cuanto a la ilegalidad reclamada, señala que la notificación que le fue realizada no cumple con los requisitos del artículo 3 de la Ley Nº19.880, puesto que, en este caso, no existió un procedimiento administrativo, sino que la resolución tuvo su origen en la petición de un beneficio económico que la misma recurrente planteó.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la notificación que ordena la restitución de la suma señalada y se ordene la realización de un procedimiento administrativo que determine el origen de la irregularidad y el monto que efectivamente debe reintegrarse.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso la Escuela de Formación de Carabineros señala que, para comprender el fondo del asunto es necesario señalar que previo al cumplimiento de los 20 años de servicio, los y las funcionarios perciben una asignación al grado efectivo tributable, cuyo monto es fijado por la ley conforme al reajuste de los sueldos del sector público.

Al cumplir los 20 años de servicios, los funcionarios perciben la asignación al grado efectivo de forma imponible más un bono por los 20 años de servicios.

Respecto del caso de la actora señala que ésta ingresó como profesional contratada a la institución el 1 de julio de 1999 hasta el 22 de agosto de 2004, mientras que el 23 de agosto de 2004 ingresó a formar parte de la planta de Carabineros.

El 1 de julio de 2016 la recurrente cumplió 20 años de servicio, sin embargo, desde julio de 2016 hasta agosto de 2020, se continuó realizando el pago de la asignación al grado efectivo tributable, beneficio que le corresponde a personal con menos de 20 años de servicio. Esto generó que la recurrente percibiera de forma incorrecta la suma de $18.776.269.-, monto al que se le debe descontar el impuesto de segunda categoría, dando un total de $18.708.661.- Sin embargo, la Institución realizó una compensación de la deuda, considerando que entre enero de enero y agosto de 2020, la recurrente debió percibir la suma de $2.598.700.- por concepto de asignación de grado imponible más la suma de $427.840.- por concepto de bono de 20 años, más la suma de $12.797.824.- por concepto de asignación al grado imponible entre los meses de julio de 2016 a diciembre de 2019, más la suma de $2.106.965.- por concepto de bono de 20 años, lo que da un total de $17.931.329.- Conforme a las reglas del Sistema de remuneraciones, cuando en un mismo proceso se genera una deuda y además un pago retroactivo a favor del funcionario, ambas sumas se compensan para amortizar el reintegro, de modo que, restadas ambos montos, se genera una deuda de $777.332.- pesos.

Conforme a lo anterior, el 21 de diciembre de 2020 la recurrente fue informada de lo anterior, otorgándole las siguientes opciones de pago: por medio de cheque nominativo y cruzado o vale vista a nombre de la Tesorería de Carabineros, autorizar el descuento de su remuneración del total de la deuda o apelar a la Contraloría, en cuyo caso la deuda se convertiría a UTM aplicándole un interés del 12%, conforme al artículo 67 de la Ley Nº 10.336 que autoriza a realizar el descuento de beneficios percibidos de forma indebida, siempre que estos no excedan el 50% de las remuneraciones.

Por otro lado, el artículo 146 de la misma ley señala que, “Todas las deudas a favor el Fisco devengaran el interés de 12% anual, a contar desde la fecha en que sean exigidas por el Contralor, a menos que la ley haya fijado otro interés”.

Agrega que pese a haberse informado de las opciones a la recurrente, esta manifestó su disconformidad con las alternativas de pago.

Respecto a la aplicación del Código del Trabajo, señala que éste no es aplicable puesto que se trata de una funcionaria de la planta de Carabineros.

Señala que la Sección de Remuneraciones del Departamento de Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de datos del Personal, en su informe técnico preciso que el reintegro se debe a que percibió de forma indebida la asignación al grado efectivo y no por el bono de 20 años de servicios.

En este sentido, señala que al reconocerse de forma retroactiva el bono, la asignación de grado efectivo paso de no imponible a imponible, de modo que el descuento obedece a los descuentos previsionales y legales devengados en razón del periodo reconocido de forma retroactiva.

Agrega que el reintegro ordenado, fue el resultado de un registro por carga masiva sin el correspondiente acto administrativo que lo avale.

En cuanto a las modalidades de pago, estos se ajustan al Capitulo 5º sobre reintegros de la Orden General Nº 2549 del 13 de febrero de 2018.

Agrega que, se requirió que se realizara el cambio de denominación de la asignación percibida indebidamente por la recurrente y la dictación del acto administrativo que subsane los errores cometidos.

Por último y en base a los argumentos desarrollados descarta que el reintegro importe una vulneración de las garantías constitucionales de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, por otra parte, es un hecho pacífico que luego que la recurrente solicitara el beneficio del bono de que se trata, al efectuarse una revisión de sus remuneraciones, se determinó que ésta había recibido, luego de las compensaciones legales, la suma de $777.332.- en exceso, disponiéndose su reintegro de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 5º sobre reintegros de la Orden General Nº 2549 del 13 de febrero de 2018; esto es, mediante cheque o vale vista extendido a nombre de Carabineros de Chile o por medio de descuento de su remuneración, en ambos casos, por la totalidad del monto Quinto: Que, es igualmente pacífico, que el origen de la suma cuyo reintegro se ordena, en caso alguno puede imputarse a alguna conducta de la recurrente, quien nunca pudo haber accedido a dicho monto recibido en exceso, por no corresponderle participar en el sistema que determina el monto y procede al pago de las remuneraciones de la Institución de que se trata.

Sexto: Que, por otro lado, la norma del artículo 67 de la Ley 10.336, que cita la recurrida como fundamento para requerir el reintegro de lo pagado en exceso a la recurrente, autoriza a descontar lo adeudado o más bien, pagado en exceso, solo al Contralor General de la República, al señalarlo expresamente que “El Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas.”

Séptimo: Que, la norma que regula la materia, el artículo 96 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo que rige a la recurrente, en su calidad de empleada pública, señala expresamente lo siguiente: “Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes.

Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas.

Norma que tiene su correlato en el artículo 58 del Código del Trabajo, al señalar, en su inciso tercero, que “Solo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.”

A su vez, el inciso tercero del artículo primero del código antes citado, hace aplicables las normas de dicho código a los funcionarios de la administración del estado, en los aspectos o materias no reguladas en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Octavo: Que, al ordenar la autoridad recurrida la restitución de la suma de $777.333.- que le fuere pagado en exceso a la recurrente, en una sola cuota, deviene en ilegal su actuar, por contravenir en forma expresa las normas citadas en el motivo anterior, ilegalidad que vulnera la garantía consagrada en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privar a la actora de parte importante de su remuneración, debiendo acogerse el presente arbitrio, en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado, en contra de la directora de la Escuela de Formación de Carabineros, coronel nombre reservado, quien sólo podrá proceder a los descuentos de remuneración, en forma legal, y previa petición escrita de la recurrente o bien acudiendo a los procedimientos generales de cobro o restitución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministro(S) señora Blanca Rojas Arancibia.

Rol N° 99-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia.