Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

C.A. de Santiago Santiago, doce de enero de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección constitucional en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representado legalmente por nombre reservado, y Caja De Compensación 18 nombre reservado, representada por nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento mensual de sus remuneraciones, lo que vulnera su garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 14 de noviembre de 2014 suscribió el pagaré 660051572-k, a favor de la recurrida con la recurrida C.C.A.F Los Andes, por la suma de $3.559.776, cuya obligación se pagaría en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $ 151.228. Sin embargo, indica que al ser desvinculado de su fuente laboral, pudo cumplir con su obligación de pago solo hasta la cuota que vencía en mayo de 2015, quedando en mora desde aquella fecha.

En razón a lo anterior, indica que la recurrida presentó una demanda ejecutiva autos Rol C-169.894-2015 ante el 1º Juzgado Civil de San Miguel, de la cual fue notificado el 30 de marzo de 2016 y que actualmente se encuentra archivada sin movimientos. En virtud de lo anterior, afirma que la recurrida ya señalada, ha declinado hacer el cobro individual de cada una de las cuotas morosas, haciendo exigible el total de la deuda mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado.

No obstante lo anterior, indica que en la liquidación de sueldo del mes de junio del presente año, figura un descuento de $106.876.- efectuado por “Caja de Compensación 18 nombre reservado”. Producto de lo anterior procedió a revisar liquidaciones anteriores percatándose que también se realizaron descuentos por $ 69.726 en el mes de Abril y $ 66.325 en el mes de Mayo de 2022. Indica que nunca fue informado, por ningún medio de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a mi empleador.

Estima que el actuar de las recurridas es arbitrario, e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a empleador y además es un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de la remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa al recurrente ni al empleador.

Explica que el descuento fue efectuado por la recurrida Caja 18 nombre reservado, en virtud de un sistema integrado de recaudación, denominado "Intercajas". Asegura que, a través de dicho sistema que se permite que la Caja de actual afiliación recaude créditos que han sido solicitados en Cajas donde se solicitaron créditos con anterioridad.

Acusa que las recurridas actuaron de manera caprichosa a injustificada, al revivir el descuento mensual que había cesado, cual es un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno. Con su actuar, está forzando una garantía de pago improcedente en la especie, considerando que el juicio que inició por el cobro de esta deuda se encuentra aún en tramitación, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía, abusando de las facultades que le otorga la ley. Además, la recurrida no ha dado cuenta de los pagos que ha recibido en la causa ejecutiva.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, además de la restitución de los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe el abogado Matías Zoroquiain Vélez, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que dicha institución no tiene la calidad de acreedora del actor, y que su participación se limitó al cobro de la deuda de crédito social que el recurrente mantiene con C.C.A.F. Los Andes, en virtud del sistema de plataforma Intercajas. Se refiere al sistema de recaudación antes señalado y manifiesta que dicho sistema se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social, contenida fundamentalmente en la Ley 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; el DS 71 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Código del Trabajo; la Ley 17.322 que contiene las normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social; y la Circular 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social.

En virtud de lo anterior, C.C.A.F. Los Andes informó la necesidad de disponer de descuentos en las remuneraciones del actor, atendida la situación de morosidad que presenta ante esa Corporación en el pago de su crédito; situación que motivó la inclusión de la deuda del señor nombre reservado en las planillas que mensualmente se remiten a su empleadora actual, a contar de abril de 2018.

Asegura que los descuentos se realizan desde abril del año 2018, por lo que no es posible que se haya enterado recién en junio del año 2022. Afirma que desconoce dicha recurrida la causa judicial a que alude el actor en el recurso de protección, y en todo caso, cuestiona que luego de cuatro años de pagos ininterrumpidos, el actor impugne un cobro en el que -en los hechos- ha asentido.

TERCERO: Que, evacuando informe, compareció Matías Amigo García abogado, en representación de la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo de la acción de protección, señalando en lo pertinente que no existe actuación ilegal o arbitraria alguna, porque los descuentos efectuados se realizaron en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Por otro lado, señala que su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, haciendo presente además que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Asimismo, indica que el recurso de protección es improcedente, al no ejercer la recurrente de forma legítima un derecho indubitado.

En cuanto al cese de los descuentos y restitución de las sumas descontadas, refiere que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, su representada ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, conforme a la Orden de No Innovar decretada en autos, disponiendo la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde abril de 2022.

Que, en estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

CUARTO: Que, el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración a partir del mes de abril de 2022, luego de transcurridos más de siete años desde que se le otorgó el crédito social contraído con la Caja de Compensación recurrida.

QUINTO: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa y arbitraria al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. En la especie, tal beneficio resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que trascurrió entre el año 2014 y el mes de abril de 2022, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones efectivas tendientes a cobrar el crédito. Lo dicho es sin perjuicio, naturalmente, de su derecho para perseguir la obligación por los medios procesales ordinarios.

SEXTO: Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde que sea declarado y se otorgue amparo a la recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente. Del mismo modo, validar su actuación genera un precedente para que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales actúen de idéntica manera.

Sin embargo, el Estado no puede amparar estas conductas ni esta forma abusiva de actuar por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SÉPTIMO: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, con costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes , y, en consecuencia, se declara que la recurrida deberá cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración de la recurrente y restituirle los descuentos ya efectuados desde el mes de abril de 2022, así como todo aquel que se haya efectuado o se efectúe en contravención a la orden de no innovar decretada en estos autos y a este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-98964-2022.