nombre reservado con SOCOFIN S.A.

Santiago, catorce de abril de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha seis de febrero de dos mil quince, don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la empresa SOCOFIN S.A., de giro cobranzas a terceros, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol N° 9507-2014, caratulado “Banco de Chile con nombre reservado”, se sustancia un juicio ejecutivo en que actúa como ejecutado, y que que opuso las excepciones que contempla los números 2, 7 y 14 del Artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, proceso en el que aún no se ha dictado sentencia definitiva.

Que la ejecutante Banco de Chile, a través de la recurrida, SOCOFIN S.A., insiste en utilizar medios hostigosos con la finalidad de obtener un pago respecto de la supuesta deuda, lo cual es arbitrario e ilegal.

Agrega el recurrente que la empresa de cobranza, constantemente, lo llama a su domicilio laboral, le envía cartas de cobranza a este último, cuestión que ha trastornado su vida cotidiana y que, por supuesto, ha generado que su entorno laboral tome conocimiento de la supuesta deuda, cuestión que es contraria a los incisos 3° a 5° del artículo 37 de la Ley N° 19.496, que señalan: “No podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según el caso, y conforme a la siguiente escala progresiva: en obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 9%; por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 6%, y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 3%. Los porcentajes indicados se aplicarán una vez transcurridos los primeros quince días de atraso.

Entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal.

Se informará, asimismo, que tales modalidades y procedimientos de cobranza extrajudicial pueden ser cambiados anualmente en el caso de operaciones de consumo cuyo plazo de pago exceda de un año, en términos de que no resulte más gravoso ni oneroso para los consumidores ni se discrimine entre ellos, y siempre que de tales cambios se avise con una anticipación mínima de dos períodos de pago.”.

SEGUNDO: Que, sostiene el recurrente que la arbitrariedad en este caso se produce desde el momento en que las cartas de Socofin S.A., buscan confundirse con un escrito o una resolución judicial lo que claramente no es casualidad, e intentan compeler al supuesto deudor a que pague la deuda.

Que lo anterior, contraría la garantía fundamental indicada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, referida a “derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la persona”, puesto que ha visto afectada directamente su integridad psíquica, por cuanto, las continuas e insistentes comunicaciones le han generado un cuadro de angustia permanente, y, por si fuera poco, debido a las cartas y llamados a su domicilio laboral, se mantiene con sensación de nerviosismo.

Asimismo, indica como que también se encuentra vulnerada la garantía indicada en el N° 4 del Artículo 19 de la Constitución, referida al “respeto y protección a la vida privada y a la honra de su persona y su familia”.

Sostiene que la afectación de su vida privada es manifiesta toda vez que se ha transgredido la normativa legal que rige la situación en comento, que establece reglas y limites claros en el sentido de proteger esta garantía, e insiste en que la conducta de Socofin S.A., ha realizado actos ilegales, que han afectado su vida privada y honra.

Finalmente, apoya su acción constitucional en la causa Rol N° 4767-2013 de la E. Corte Suprema, que, en idéntica situación, resolvió por acoger un recurso de amparo.

TERCERO: Que el recurrente pide que en definitiva se acoja el presente recurso en todas sus partes, resolviendo que se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado de las constantes comunicaciones dirigidas a su persona, tendiente a obtener el pago de una supuesta deuda, cuya existencia y exigibilidad está conociendo un tribunal competente de la Republica, acto que se remonta al 9 de enero de 2015, mediante envío de carta a su lugar de trabajo; que se ordene la adopción de medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho, ordenando que la recurrida se abstenga de realizar llamadas telefónicas a su lugar de trabajo, y lo mismo en cuanto a dirigir correspondencia a su domicilio laboral, con condena en costas.

CUARTO: Que a fojas 28, la recurrida Socofin S.A., evacuó el informe solicitado, señalando lo siguiente:

Reconoce que su mandante Banco de Chile, ha demandado al recurrente ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago, por el cobro de un pagaré por $39.724.954.

Reconoce haber efectuado llamadas telefónicas al recurrente, pero todas dentro del marco legal, no afectando el artículo 37 de la Ley del Consumidor, y señala que dichas llamadas tenían por objeto poner en conocimiento de la morosidad que mantenía y concretar e implementar alguna oferta de pago, buscando siempre obtener un acuerdo con el deudor, y que ante la nula reacción del recurrente, se volvieron a realizar más llamadas pero todas dentro del marco legal y respetando los procedimientos que indica, para lo cual acompaña un cuadro resumen de ellas.

Que referido a la carta, que según el recurrente contendría atisbos de escrito judicial o demanda, afirma que ésta solo tuvo un carácter informativo, y que sin perjuicio de lo anterior, no existe normativa que impida su envío, sobre todo si es sellada e indicaría claramente el destinatario.

Con respecto a las garantías que habrían sido afectadas, expresa que todas las llamadas y cartas se encuentran dentro del marco de la legalidad, por lo que no constituyen ninguna clase de privación, perturbación, amenaza a su integridad física, ni psíquica, además, el recurrente no ha acreditado los padecimientos que señala sufrir. Asimismo, todas las comunicaciones fueron realizadas a su persona, no siendo jamás dirigidas a un tercero.

Concluye indicando que, en la cobranza intentada, no constituye un atropello a las garantías constitucionales invocadas puesto que no es arbitraria, toda vez que el ordenamiento jurídico lo permite y siempre se ha realizado con respecto a ello. No es ilegal, ya que siempre se ha respetado la Ley N° 19.496 del Consumidor y la Ley N° 19.628 sobre Protección de los datos de carácter personal y demás normas pertinentes.

Afirma la recurrida que no ha habido amenaza a la integridad física y psíquica al recurrente ni menos a su vida privada, y que no se han acreditado los actos de hostigamientos que indica.

Por lo cual, no se cumplen con los presupuestos para acoger la acción constitucional impetrada, por lo que pide su rechazo, con costas.

QUINTO: Que, entrando al fondo de la cuestión debatida, analizado el tenor de la carta acompañada por el recurrente a fojas 1, de fecha 6 de enero de 2015, dirigida por la recurrida Socofin S.A., al domicilio laboral de don nombre reservado, se puede concluir que ésta no tiene el formato ni contenido de un escrito judicial, ni contiene expresiones amenazantes, sino que por el contrario, se informa en concreto que se agilizará la cobranza en sede judicial, ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, en autos rol N° 9507-2014. Por lo que, se puede concluir que se trata de una misiva meramente informativa para su destinatario, la que además se encuentra amparada para su destinatario, en la inviolabilidad de la correspondencia que garantiza el artículo 19 número 5° de la Constitución Política, por lo que no es dable suponer que su contenido haya podido ser conocida por terceros, distintos a su receptor.

SEXTO: Que, asimismo a fojas 21 se acompañó por la recurrida un reporte que resume las llamadas efectuadas por Socofin S.A. al recurrente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio y octubre del año 2014, en que se detalla el tenor de las comunicaciones sostenidas entre las partes de la presente acción constitucional, y en ella se da cuenta del estado de avance de las conversaciones respectivas, las que en opinión de esta Corte, simplemente se enmarcan dentro de la actividad propia de una empresa de cobranza extrajudicial. Dichas llamadas según lo alegado son anteriores al número de la causa civil N° 9507-2014, ya referida, es decir cesaron con dicha acción civil.

SEPTIMO: Que analizado el mérito de las pruebas documentales aportados por las partes materia de la presente acción cautelar, no se divisa que a causa de la comunicación epistolar y telefónica que ha ocurrido durante el año 2014 y mes de enero de 2015, se haya provocado una lesión o amenaza a las garantías constitucionales que invoca el recurrente, es decir una infracción al “derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la persona” del recurrente, establecida en el número 1 o infracción al respeto y protección a la vida privada y a la honra de su persona y familia de quien acciona en autos, establecida en el número 4, ambas del artículo 19 de la Constitución Política.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 19 números 1° y 4° y 20 de la Constitución Política y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 2 y siguientes por don nombre reservado, en contra de Socofin S.A., sin condena en costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Torres.

Protección N° 9881 -2015 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez, conformada por la Ministra señora Gloria Solís Romero y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a catorce de abril de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.