nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que el 29 de julio de 2022, comparece doña Andrea Verónica Lara Apablaza, abogada, en representación de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en descontar por planilla en sus remuneraciones y sin su consentimiento, cuotas correspondiente a un crédito social que estaría prescrito, lo que vulneraría su garantía constitucional contemplada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente trabaja en Maestranza y Construcciones Norte Limitada, como encargada de SG.I. En este trabajo, al momento de recibir su remuneración en el mes de junio, dentro de los descuentos previsionales, aparecía un descuento automático informado por la recurrida de $485.320.

Manifiesta que luego, al recabar información, se enteró que el descuento provenía de un crédito social que fue pedido el 19 de febrero de 2014 a la recurrida por un monto de $8.890.588.

Expresa que, -sin perjuicio de no coincidir las fechas expuestas en el recurso- que el crédito se otorgó el 19 de febrero de 2014 por un monto de $5.354.532, pagadero en 36 cuotas mensuales y sucesivas con vencimientos los días 31 de cada mes, con una tasa de interés del 1,74% mensual, venciendo la primera el 31 de enero de 2013 y que el último pago se hizo en febrero de 2013, quedando en mora desde la cuota 17, aunado a que los descuentos los estaría efectuando la Caja de Compensación, en virtud del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Paralelamente, afirma que la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, ante el 2° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, bajo el Rol C-6207-2014, el que se encontraría con dictación de sentencia definitiva que acogió excepción de prescripción, la que se encuentra firme y ejecutoriada.

Aclara que la recurrida da cuenta en la presentación que da inicio al juicio ejecutivo, que el recurrente suscribió pagaré el 19 de febrero de 2014, y no pagó al momento de ser presentado para su cobre desde el 30 de marzo de 2017, esto es desde la cuota 17.

Fundamenta, en relación con lo anterior, que el actuar de la recurrida contravendría la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República al efectuar un doble cobro de una deuda que fue declarada prescrita.

Pide en definitiva declarar que, el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario y que perturba la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que ordene la no continuación de retención en las remuneraciones y proceder a la devolución de las retenciones y de los descuentos sucesivos, además de las medidas que la Corte determine y la condena en costas procesales a la recurrida.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Caja de Compensación Los Andes pide el rechazo del presente recurso.

Indica que, el 19 de febrero de 2014, se otorgó al recurrente un crédito, código 020255300-1, por un capital de $5.354.532 a una tasa de 1,67% pagadero en 60 meses, con cuotas mensuales de $153.286, siendo el primer vencimiento el de 31 de marzo de 2014. Agrega que, las dos primeras cuotas fueron pagadas regularmente, luego las cuotas 3 a 9 más el saldo se reprogramaron el 25 de noviembre de 2014 en un plazo de 60 meses con cuotas de $163.040, con un primer vencimiento el 31 de diciembre de 2014.

Respecto de este crédito. Señala que se pagaron las primeras 16 cuotas hasta marzo de 2016, posteriormente en distintas fechas las N° 17 a 28, encontrándose las restantes en mora.

Sostiene que, no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por lo demás, afirma que no se trata de una deuda cuya acción de cobro haya sido declarada prescrita judicialmente, y que se trata de una deuda que se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigible, y que la prescripción debe ser declarada judicialmente, y que en el caso de autos se trataría de un mutuo que mantiene morosidad.

Agrega, no obstante, lo anterior que, sin reconocer la extinción de la deuda, ni los fundamentos de derecho, se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito, como fue ordenado por la orden de no innovar y se dispuso la restitución de las sumas descontadas desde junio de 2022 en adelante.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

TERCERO: Que, previo a la vista de la causa se dispuso que la recurrida informara sobre la efectividad del cese de los descuentos y la devolución que refirió en su informe, lo que fue informado el 21 de marzo de 2023, refiriéndose que se mantiene paralizado todo descuento, y que la devolución por un monto de $1.630.400 se efectuó el 02 de febrero de 2023.

Posteriormente, con fecha 04 de abril de 2023, la recurrida volvió a informar lo mismo que fue señalado en el párrafo anterior, pero acompañando en esta oportunidad comprobante de Banco Estado del abono de la suma ya individualizada al recurrente, sin dar cuenta que la devolución lo fuera por la totalidad de lo que en su momento descontó a la recurrente.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que atendido el mérito de los antecedentes y la materia de que se trata, no existe discusión respecto de la normativa del artículo 1, 19 N° 3, 22 y 30 de la Ley N° 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, que rija a la recurrida en lo pertinente, pudiendo perseguir el cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, dirigiéndose en la forma que todo acreedor debe y puede hacerlo para obtener el cobro de sus acreencias.

SEPTIMO: Que, así, lo que en la especie se reprocha es el carácter arbitrario del actuar de la recurrida, entendido este como carente de justificación, caprichoso, y sobre todo el uso imprevisto o inadvertido que ha hecho de una prerrogativa legal, como la contenida en el artículo 22 de la ley señalada desde que, en el contexto en mora en el pago de la deuda contraída por el recurrente a raíz de un crédito social, garantizado mediante un pagaré, la Caja de Compensación Los Andes demandó ejecutivamente para obtener su pago, dictándose sentencia el 29 de diciembre de 2021, por el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta en los autos Rol C-6207-2014, acogiéndose la excepción de prescripción de la acción ejecutiva opuesta por la recurrente, ejecutada en dicha causa.

OCTAVO: Que, así, sin desconocer o su derecho al pago del crédito que tiene la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes -recurrida-, cuya discusión excedería, por cierto, los márgenes de esta acción cautelar, como la misma recurrida recuerda en su informe, aparece que con la decisión que tomó de hacerse pago por la vía ejecutiva, aceptó la eventualidad de no obtener sentencia favorable, como en la especie ocurrió, al haberse declarado prescrita la acción ejecutiva, por lo tanto insistir en realizar descuentos para el pago de la misma deuda, sin autorización del trabajador en sus remuneraciones, devino en un acto antojadizo, que revela el ejercicio de una potestad autotutelar que no tiene ni le ha sido otorgada en las condiciones que se han señalado, y por lo mismo constitutivo de un acto arbitrario, lo que así será declarado, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

NOVENO: Que establecido que ha sido la existencia de un acto arbitrario imputable a la recurrida, corresponde determinar si de ese acto se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra la garantía constitucional invocada y protegible por la presente acción.

DÉCIMO: Que la constatación de este presupuesto del recurso también resulta evidente y se confirma con el propio razonamiento que hace la recurrida en su informe y su presentación posterior respecto a la devolución, se desconoce si total, de las sumas descontadas.

UNDÉCIMO: Que, de este modo, este actuar ilegal trajo consigo la vulneración de la garantía que le aseguraba al recurrente la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 de verse privada del dominio de bienes de su propiedad, afectación que se produjo en los hechos con el comportamiento de la recurrida de descontar dineros de sus remuneraciones, motivos bastantes para que el recurso de autos sea acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo la recurrida abstenerse de seguir descontando de las remuneraciones del recurrente las sumas correspondientes al crédito social individualizado y además hacer restitución de las sumas que por esa razón haya descontado, dentro de quinto día ejecutoriada que sea la sentencia, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 98.800-2022 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón y el Abogado Integrante señora Magaly Carolina Correa Farías.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.