Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago.

Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en el excesivo tiempo transcurrido sin pronunciarse respecto de la solicitud de residencia definitiva de la parte recurrente, presentada el 31 de mayo de 2024, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2°, 3° y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acusa como perjuicio concreto, el verse impedido de participar en el proceso de selección para acceder a cupos en programas de especialización para Médicos Cirujanos, que exige contar con permanencia definitiva vigente.

Solicita que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones a resolver en el más breve plazo su solicitud de residencia definitiva, con expresa declaración de que se han vulnerados sus derechos constitucionales.

Segundo: Que, evacuando el informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso. Indica que si bien es efectivo que la parte recurrente presentó el 31 de mayo de 2024 la solicitud de residencia definitiva, esta se encuentra en la etapa de resolución.

Luego de explicar la naturaleza de la residencia definitiva en el artículo 78 de la Ley N° 21.325, explica que el plazo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal para la administración, haciendo presente el aumento exponencial de solicitudes de esta naturaleza. Cita además jurisprudencia en apoyo a que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 entra en la categoría de no fatales.

Descarta la existencia de una vulneración de garantías fundamentales, haciendo presente que la parte recurrente puede acceder a un certificado que acredita que se encuentra con su solicitud de residencia definitiva en trámite.

Y que el estado de pendencia de la solicitud no implica por sí misma una vulneración de garantías.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que aparece del petitorio de la presente acción constitucional que la recurrente busca que el servicio recurrido resuelva su solicitud de residencia definitiva que se encuentra pendiente. Para estos efectos, cabe considerar que la parte recurrente presentó la solicitud el 31 de mayo de 2024, encontrándose la solicitud en etapa de “resolución”.

En consecuencia, al observar la tramitación de la petición es posible colegir que el recurrido ha dado curso a la solicitud de la parte recurrente, conforme al procedimiento vigente, gozando aquel de los derechos que la Ley N° 21.325 reconoce a quien mantengan una solicitud en trámite.

Sexto: Que si bien de los antecedentes que obran en la causa, es posible desprender que el Servicio recurrido no se ha pronunciado aún sobre la solicitud de residencia definitiva de la parte recurrente, lo cierto es que ha resultado acreditado que tal requerimiento se encuentra sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido, para el conocimiento, tramitación y resolución del asunto.

Séptimo: Que, para resolver como se hará se tendrá en consideración que la situación migratoria de la parte recurrente es regular, motivo por el cual ninguna afectación a sus derechos se produce por la omisión que se denuncia.

En efecto, la Ley N°21.325 en su artículo 43 prevé lo siguiente: “Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”, no siendo efectivo entonces el perjuicio que el recurrente reclama.

Octavo: Que, si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud sobre la situación migratoria del extranjero, no puede existir perturbación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva, pues no resulta efectivo que la parte recurrente esté impedida de realizar trámites esenciales.

Noveno: Que, además, en relación a la posibilidad de ingreso y egreso del territorio nacional, el artículo 38 de la Ley N°21.325 establece que: “No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento”, por lo que su libre desplazamiento no se encuentra restringido o amenazado.

Décimo: Que, en cuanto a la vulneración de los previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento, es dable aclararse que dicho plazo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios, sin que la fecha de presentación de la solicitud, baste para acoger el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en favor de nombre reservado.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro señor nombre reservado, quien fue del parecer de acoger el recurso de protección y ordenar a la autoridad recurrida pronunciarse sobre la petición de la parte recurrente a la brevedad. Tuvo presente para ello que la demora de la autoridad evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de residencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-9877-2025.