nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintitrés.

A los folios N° 39 y 40: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Raúl Alfredo Álvarez Álvarez, abogado, en representación de don nombre reservado, cirujano dentista, ex funcionario de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, Contralor General de la República, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en haber tomado razón de la Resolución N° 205 de 2020 de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, con fecha 4 de marzo de 2022, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N°2 Y 3.

Funda el recurso expresando que, mediante Resolución N°205, de 2020 de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile se pone término a sumario administrativo y se aplica al protegido la medida disciplinaria de destitución a los cargos de planta y Código del Trabajo que servía en el Servicio Odontológico de Dipreca. Refiere que la señalada Resolución fue tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 4 de marzo de 2022, en circunstancias que se encontraba pendiente el recurso de reclamación, presentado durante la pandemia de coronavirus por vía electrónica código W20720/20.

Adiciona que “la Contraloría General de la República resolvió la reclamación presentada por las múltiples irregularidades acontecidas durante la tramitación del sumario administrativo y especialmente al notificarse la Resolución Exenta N°588 de 2020 durante la pandemia de Coronavirus de Covid 19 y cuarentena decretada por la Dipreca, impidiendo a esta parte acceder a la documentación del sumario administrativo en la época pertinente para ejercer el derecho a recurso de reposición , obteniendo dicha documentación en una fecha muy posterior a la presentación del recurso de reposición, constatando en la práctica muchas irregularidades representadas ante el ente fiscalizador y que no fueron tomadas en cuenta, dado a que la reclamación fue rechazada con fecha 5 de julio de 2022, en su totalidad, de forma condicionada a la circunstancia de haberse tomado razón de la Resolución N°205 de 2020 de Dipreca, cuatro meses antes, esto es el 4 de marzo de 2022.”

Agrega que su parte tomó conocimiento “de la voluntad de Dipreca, de mediados de mayo del presente año, de reincorporar a los funcionarios destituidos, don nombre reservado y nombre reservado, incluso una dirigente de la Asociación de Funcionarios manifestó que la Dirección del Servicio habría instruido al Jefe subrogante del Servicio nombre reservado para que se comunicara con ellos para que concurrieran a trabajar y como ello no se concretó la misma dirigente le consultó a la Directora Subrogante de Dipreca, cuándo volverían a trabajar los funcionarios de dental, a lo que la Directora señaló que no volverían porque se encuentran destituidos pues la resolución que afina el sumario administrativo y aplica la medida disciplinaria de destitución habría sido tomada de razón el 4 de marzo del presente año.”

Refiere que, en mérito de lo antes transcrito, “efectuó una denuncia a la Contraloría General de la República, con fecha 3 de junio de 2022, por haberse tomado razón de la resolución de DIPRECA, N°205 de 2020, sin haber resuelto el recurso de reclamación, asimismo, con igual fecha se solicitó una audiencia por la ley del lobby con el Jefe de la División Jurídica, a quien se expuso, en el mes de octubre de 2020 ante las dificultades de la pandemia por Covid 19 y la cuarentena existente, las múltiples irregularidades del sumario administrativo y el temor a que se tomara de razón la resolución de Dipreca sin considerar el recurso de reclamación, lo que ocurrió de esa forma casi dos años después. Que la Contraloría a esta fecha no ha informado el resultado de la denuncia y por otra parte se dispuso que sería atendido por la ley del lobby por el Jefe del departamento de Previsión Social y Personal y que finalmente no se concretó y se rechazó la audiencia”

Señala que, la lectura del Oficio N°E231383 de 2022 de la Contraloría General de la República, permite evidenciar que el recurso de reclamación no fue revisado íntegramente. En tal sentido, expone cuestionamiento al mérito del sumario instruido en contra del actor.

Posteriormente, explica que el recurso impugna la toma de razón de 4 de marzo de 2022, de la Resolución N°205 de 2020 de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que pone término al procedimiento disciplinario y aplica al protegido la medida disciplinaria de destitución, dado que a esa fecha se encontraba pendiente de resolución un recurso de reclamación interpuesto ante la Entidad Fiscalizadora, basado fundamentalmente en diversas irregularidades ocurridas durante la tramitación del sumario administrativo, que provocaron la privación del ejercicio legítimo de garantías constitucionales. Refiere que le irroga un grave perjuicio, producto de un sumario administrativo irregular, que motivó la presentación de un recurso de reclamación.

Asevera que la actuación de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley, por considerar que se discrimina arbitrariamente al actor, al otorgar plena validez a “un sumario administrativo en el que no se incorporaron todos los medios de prueba solicitados por los inculpados y que como consecuencia de ello, no se valoró la irreprochable conducta anterior, en circunstancias que la jurisprudencia administrativa señala que en el sumario administrativo debe incorporarse la prueba requerida por los inculpados”. Adiciona que, “habiéndose rendido múltiples pruebas, en beneficio de los inculpados, no fueron mencionadas ni consideradas, en la vista fiscal ni en las resoluciones de la Dirección del Servicio”. En tercer lugar, “se valida diligencia probatoria efectuada por la fiscal sumariante encontrándose cerrado el período de investigación y agotado el período probatorio conferido luego de la formulación de cargos, tendiente a eliminar prueba rendida por los inculpados en el plazo legal, o sea luego de vencido el plazo probatorio la fiscal sumariante disponía conforme a la ley de un período de cinco días hábiles, sólo para elaborar la vista fiscal y no para ejecutar diligencias probatorias sin cumplir con la bilateralidad de la audiencia y en un plazo superior a los cinco meses”.

Prosigue señalando que se vulnera la garantía del artículo 19 N° 3 del texto constitucional, y refiere que el acto impugnado vulnera el debido proceso, y a la bilateralidad de la audiencia, al impedirse el acceso al proceso sumarial para presentar recurso de reposición ante el Director de Dipreca. Además, consigna que la toma de razón de fecha, 4 de marzo de 2022, de la Resolución N°205 de 2020 de Dipreca afecta al debido proceso, por cuanto a esa data se encontraba pendiente un recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República. Asimismo, se afecta la garantía al resolverse el recurso de reclamación por parte de la Contraloría General de la República, el día 5 de julio de 2022, esto es, cuatro meses después de haberse tomado razón de la resolución que pone término al sumario administrativo y aplica la medida disciplinaria de destitución, careciendo de toda imparcialidad, objetividad y condicionado obviamente al hecho que ya se había tomado razón de la referida resolución que se impugnó por el mencionado recurso.

Finalmente, pide acoger el recurso, y se “deje sin efecto la toma de razón de la Resolución N°205 de 2020 de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que se oficie a Dipreca para continuar cancelando las remuneraciones de mi representado, que se ordene a la Dirección de Previsión, retrotraer la pieza sumarial al período probatorio solicitado por los inculpados, que se designe un nuevo fiscal sumariante para que se corrijan los vicios representados, prosiguiendo el proceso administrativo de acuerdo a la legislación vigente y cualquier otra medida que S.S. Ilustrísima estime pertinente adoptar, con expresa condenación en costas.”

SEGUNDO; Que, informando, don nombre reservado, Contralor General de la República, expone:

En primer término, como antecedentes, que mediante la resolución exenta N° 648, de 15 de marzo de 2018, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile -en adelante DIPRECA- instruyó un sumario administrativo con el objeto de establecer “fehacientemente la existencia de eventuales irregularidades en la administración de servicios y procedimientos dentales otorgados en el Servicio nombre reservado, determinándose la eventual relación entre la Jefatura y Subjefatura de esa unidad para direccionar la ejecución de prestaciones a través de laboratorios externos relacionados con personal contratado por el mismo Servicio nombre reservado, como también la púbica difusión de la solicitud del Jefe de ese Servicio nombre reservado de solicitar fondos para la contratación de asesoría jurídica que promueva acciones judiciales en contra de la Directora de Previsión, acreditándose, en síntesis, la infracción a deberes funcionarios y la responsabilidad administrativa asociada”. Por ello, durante el curso del referido procedimiento disciplinario se determinó la existencia de tres conductas cometidas por el actor, que constituyeron una transgresión grave al principio de probidad administrativa. Así, a través de la resolución exenta N° 588, de 5 de marzo de 2020, DIPRECA resolvió aplicar al actor la medida disciplinaria de destitución.

Luego, el recurrente interpuso en contra de la citada resolución exenta N° 588, de 2020, un recurso de reposición, el que fue rechazado por DIPRECA, a través de la resolución afecta N° 205, de 17 de julio de 2020, confirmando la medida disciplinaria de destitución, la que al ser de índole expulsiva se encontraba afecta al control preventivo de juridicidad de el Organismo de Control, en virtud del artículo 11 de la resolución N° 6, de 2019, de este origen. A su turno, con fecha 13 de agosto de 2020, el señor nombre reservado reclamó ante esa Contraloría General de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160, del Estatuto Administrativo, por los vicios de legalidad que se habrían suscitado durante la tramitación del proceso disciplinario en comento, siendo ingresada su solicitud bajo la referencia N° W020720/20. Enseguida la aludida resolución afecta N° 205, de 2020, fue tomada razón con el alcance contenido en el oficio ES N° 38593, de 2022, el 4 de marzo de 2022, por ajustarse a derecho.

Posteriormente, mediante el oficio N° E231383, de 5 de julio de 2022, la Entidad de Control desestimó en todas sus partes el reclamo del actor -por los motivos que allí latamente se exponen - , el que le fue notificado con la misma fecha.

En cuanto al recurso, considera necesario manifestar que, si bien el actor es sumamente impreciso en cuanto a sus alegaciones, lo cierto es que del petitorio de su acción se desprende inequívocamente que recurre en contra de la Institución de Control por haber tomado razón de la reseñada resolución afecta N° 205, de 2020, de DIPRECA, sin que subsista una instancia procesal para impugnar por esta vía, el citado oficio N° E231383, de 2022.

Luego, expone consideraciones en torno a la gravedad de los hechos que dan origen al proceso sumarial y que concluyó con la sanción de destitución, y relativas a el control preventivo de juridicidad de los decretos y resoluciones afectos al trámite de toma de razón Prosigue alegando que el recurso de protección es improcedente contra la toma de razón, que constituye un trámite con motivo del cual el Ente Contralor emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección. Refiere que así ha sido resuelto por la jurisprudencia.

A su vez, alega que carece de legitimación pasiva, toda vez que lo verdaderamente impugnado por el actor es el actuar de esa institución, al disponer su destitución, lo que resulta evidente de la lectura del segundo otrosí del recurso, que contiene la solicitud orden de no innovar, solicitando suspender los efectos de la citada resolución afecta N° 205, de 2020, de DIPRECA Arguye que el trámite de razón no contempla una fase adversarial, y que el recurso intentado es improcedente en contra de sumarios administrativos. Luego, refuta las alegaciones vertidas por el actor, y expresa que, atendidos los antecedentes y consideraciones que expone, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de la Entidad Fiscalizadora, solicita a este tribunal que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

TERCERO: Que, a su vez, informa la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Expone que por medio de Resolución Exenta N°648, de fecha 15 de marzo del 2018, de esa Dirección de Previsión, se ordenó instruir un sumario administrativo, tendiente a “determinar fehacientemente los hechos que determinarían la existencia de eventuales irregularidades en la administración de servicios y procedimientos dentales otorgados en el Servicio nombre reservado de la Institución, por los cuales se establecería cierta eventual relación entre la Jefatura y Subjefatura del mismo para direccionar la ejecución de prestaciones a través de laboratorios externos relacionados con personal contratado por el mismo Servicio nombre reservado, como también la púbica difusión de la solicitud del señor Jefe del Servicio nombre reservado de solicitar fondos para la contratación de asesoría jurídica que promueva acciones judiciales en contra de la Sra. Directora de Previsión, como asimismo determinar si se dio de parte de quien resulte responsable infracción a deberes funcionarios, y la responsabilidad administrativa asociada que ello implica determinando si se infringió gravemente el principio de probidad administrativa a fin de aplicar las medidas disciplinarias que ello conlleva, y se fundamente en debida forma la o las sanciones que se pudiera o debiera aplicar, con motivo de la investigación que se desarrolle”.

Luego, da cuenta detallada de los distintos hitos del procedimiento administrativo que derivaron en el acto cuya toma de razón motiva el presente recurso. En este contexto, explica que los hechos materia de investigación sumarial, fueron debidamente investigados, en forma acuciosa, dedicada e informada, respetando el principio de bilateralidad de la audiencia, y especialmente con respeto al debido proceso, otorgándose todas las facilidades a la defensa letrada de los inculpados, en todas y cada una de las instancias probatorias que el recurrente hizo valer, realizando todas las presentaciones que en derecho correspondieron, como se acredita en el expediente administrativo.

A su vez, consigna que los hechos constitutivos de infracción por parte del funcionario Sr. nombre reservado, fueron analizados y ponderados, estableciéndose claramente la participación y la valoración de la prueba rendida en el procedimiento, como asimismo la calificación de gravedad de la infracción que se le atribuye al funcionario, no pudiendo ser otra medida disciplinaria que la Destitución, por la gravedad de los hechos acreditados y probados, en los cuales incurrió el recurrente y por su falta a la probidad administrativa, y probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, entre otras.

En cuanto a la toma de razón del acto, señala, fue realizada por la Contraloría General de la República, dentro de su esfera de facultades y funciones legales y constitucionales, siendo un control obligatorio de la juridicidad de los actos, que vela por el resguardo del principio de probidad, por el derecho a una buena Administración y por el cuidado y buen uso de los recursos públicos y le imprime una presunción de legalidad al acto administrativo realizado por esta Institución Previsional, a través de la Resolución Exenta N°205, de 2020, así también lo refuerza el inciso final del artículo 3° de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que consagra la presunción de legalidad de los actos administrativos, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia.

CUARTO: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

QUINTO: Que la Constitución Política de la República, en su artículo 98, otorga a la Contraloría General de la República como organismo autónomo, la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, a través de la toma de razón de los mismos, o representando la ilegalidad de que puedan adolecer.

Por su parte la ley N° 10.336 y sus modificaciones, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, previene que corresponde a ésta, el control de todos los Servicios Públicos creados por ley, tomando razón de las resoluciones de los Jefes de Servicio o representando su ilegalidad, reglando la formalidad y plazos que deben observar en dichos trámites, velando además por el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo.

SEXTO: Que consecuentemente, la Resolución sancionatoria del caso que nos ocupa, constituye un acto administrativo que debe obligatoriamente ser revisado mediante el control preventivo denominado toma de razón por la Contraloría General de la República, SÉPTIMO: Que de acuerdo lo reseñado precedentemente, la Contraloría, al actuar en el ejercicio de sus potestades y competencias establecidas en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en su Ley Orgánica N° 10.336, y normativas legales, ya reseñadas, no ha incurrido en una actuación arbitraria, esto es, antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, como lo representa la recurrente, así como tampoco ilegal.

OCTAVO: Que de esta manera, no ha podido configurarse la vulneración a las garantías constitucionales que invoca la recurrente, esto es, del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de igualdad ante la ley, la que hace consistir en cuestionamientos que formula respecto del procedimiento administrativo que derivó en el acto cuya toma de razón se reprocha, los que, en el modo que han sido planteados, no constituyen una discriminación arbitraria.

NOVENO: Que, además, señala como vulnerada la garantía del artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, la que no resulta tutelada por la acción intentada, conforme al catálogo establecido en el artículo 20 del texto constitucional.

DÉCIMO: Que consecuentemente, y como se ha venido relacionando, el acto impugnado, emitido por la Contraloría General de la República, no resulta arbitrario ni ilegal, como lo sostiene la actora, sino que, por el contrario, la toma de razón fue emitida conforme a las legítimas atribuciones del ente contralor y fiscalizador de legalidad de los actos de la administración del Estado, resultando entonces dable concluir que no se han conculcado la garantía de igualdad ante la ley, única de las invocadas a cuyo respecto procede la acción incoada.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte considera que el trámite de toma de razón no es susceptible de ser impugnado por esta vía, más considerando que las alegaciones del actor se orientan a cuestionar el mérito del sumario administrativo que se instruyó en su contra, por lo que, en tales circunstancias, yerra el actor al cuestionar el trámite impugnado, ya que, de resultar procedente, debió ejercer los derechos que le asistían en relación a los reproches que ahora acusa en esta sede.

DUODÉCIMO: Que, en último término, y como fuera alegado en estrados por el representante de la recurrida, cabe observar que el recurso ingresó a tramitación con fecha veintiocho de julio del año dos mil veintidós, y que el acto atacado por el mismo corresponde a la toma de razón efectuada por el Ente de Control, con fecha cuatro de marzo del mismo año. Luego, es claro que el actor ha excedido el plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección para interponer la acción respectiva, la que resulta, en la especie, extemporánea.

Por estas consideraciones, y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado pertinente a la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en esta causa en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-98729-2022.