nombre reservado con SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

A los folios 16, 17 y 18: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecieron Rodrigo Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez, abogados, e interpusieron acción de protección por vulneración de garantías fundamentales en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante SENDA, por haber dictado el acto administrativo de fecha 29 de junio de 2022 que puso término anticipado al contrato de honorarios de su representado.

Expusieron que su representado comenzó a prestar servicios para la recurrida el día 2 de marzo de 2022 a fin de asesorar en el apoyo de la coordinación nacional del plan Elige Vivir sin Drogas, en virtud de un contrato de honorarios, extensible hasta el 31 de diciembre de 2022 Que, en el transcurso de la relación contractual, su desempeño ha sido óptimo y que las funciones ejercidas durante su contrato de honorarios, son propias del trabajo de SENDA, es decir pertenecen a su rango esencial.

En este contexto, mediante carta de comunicación de 29 de junio de 2022, fue informado del término anticipado de su contrato de honorarios, acto que es ambiguo y carente de fundamentación, citando argumentos absolutamente genéricos sin justificar una situación particular acerca de las labores de su representado o los motivos por los que se puso término a su vínculo de manera sorpresiva.

Atendida la ilegalidad y arbitrariedad señalada, sostienen que se han vulnerado las garantías de igualdad ante la ley, puesto que se ha afectado únicamente a su representado, en contraposición a otros funcionarios que se encuentran en idénticas condiciones, lo que consta en el propio acto administrativo, tomando esta decisión en base a criterios subjetivos y no técnicos.

En el mismo sentido, el derecho de propiedad del recurrente, por cuanto se está poniendo fin anticipado al contrato de honorarios, privando a su mandante de las remuneraciones que legítimamente le correspondía percibir.

Conforme lo expuesto, piden se acoja la acción interpuesta y se ordene a la recurrida dejar sin efecto el término anticipado del contrato de honorarios, ordenando además el reintegro de todas las remuneraciones que legítimamente le correspondía y corresponderá percibir mientras se declare la ilegalidad del acto.

Segundo: Que informó Pablo Toribio Bugueño, abogado, en representación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y pidió el rechazo del recurso.

Expuso que para el ingreso del recurrente al servicio no medió concurso público, que el cargo que ostentaba no ha sido suplido con ningún otro funcionario – esto en el supuesto de que realizara efectivamente alguna de las funciones que se le encomendaban en su convenio – y sospechosamente su contratación se produjo pocos días antes del cambio de mando del gobierno.

En el mismo sentido, alegó que la acción es improcedente, pues no es posible su empleo para aclarar o constituir situaciones jurídicas nuevas en base a meras expectativas, tal y como ocurre en el caso de autos, por cuento no constituyen derechos subjetivos públicos posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante este remedio judicial.

Asimismo, arguye que en ningún pasaje del libelo se señala con precisión y claridad cuál es supuestamente el acto que supuestamente atentaría con la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del actor, siendo este un presupuesto básico para cualquier tipo de acción de esta índole.

Ahora bien, corresponde precisar, que el acto mediante el cual se puso en conocimiento del recurrente el término anticipado fue la notificación personal de la carta de fecha 29 de junio de 2022, lo cual se realizó al tenor de lo estipulado en el mismo convenio. Esta carta es, el único documento u acto mencionado explícitamente en el recurso, y que claramente, esta no es un acto administrativo que contenga alguna decisión por parte de este Servicio.

El recurrente prestaba servicios bajo la modalidad “a honorarios” de conformidad a lo dispuesto en el actual artículo 11 del Estatuto Administrativo, norma que establece expresamente que “las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

El convenio suscrito por el recurrente incluye una cláusula en virtud de la cual, sin perjuicio de la vigencia de los mismos, cualquiera de las partes podría ponerle término anticipado y sin expresión de causa, debiendo dar aviso por escrito a la otra parte de su intención. Del mismo modo, conforme consta en el convenio a honorarios correspondiente al año 2022 se incluyó una cláusula en virtud de la cual, por razones de necesidad o conveniencia, SENDA se reserva el derecho a poner término anticipado al Convenio, sin que el asesor tenga derecho al pago de indemnización alguna Que la carta, no es la que contiene la decisión de este Servicio, pero esta es la única que se menciona en el libelo. Al respecto, cabe aclarar que la fundamentación de dicho término anticipado, no se contempla como un requisito para llevarlo a cabo.

El termino anticipado del contrato a honorarios, se hizo en relación a la cláusula decima segunda, que contempla la posibilidad de que cualquiera de las partes, de manera indistinta, pudiera terminar el convenio cuando lo estimase pertinente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte, comunicación que esta parte cumplió efectivamente, tal y como menciona el mismo libelo.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistente – enumerados en la misma disposición -, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe el ejercicio de ese derecho.

De esta manera, son presupuestos de esta acción cautelar los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en este contexto, la recurrente sostiene verificarse ilegalidad y arbitrariedad en comunicación de 29 de junio de 2022, que pone término anticipado a su contrato de honorarios.

Quinto: Que, cabe tener presente, que el régimen jurídico que rige la relación que existió entre recurrente y recurrida se encuentra regulado en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, siendo a este respecto el Derecho Civil el supletorio para todo aquello no expresamente señalado al tenor de lo regulado en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV de dicho cuerpo normativo.

Sexto: Que, el propio contrato de honorarios suscrito por la recurrente, establece claramente la facultad de que cualquiera de las partes, de manera indistinta, pudiera terminar el convenio cuando lo estimase pertinente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte, comunicación que que la recurrida cumplió, cuestión que no ha sido controvertida.

Séptimo: Que, por tanto, estando en presencia de un contrato que se rige por las normas del Código Civil, sujetándose en consecuencia al principio de la autonomía de la voluntad – principio rector del derecho privado – no es dable considerar que el ejercicio por parte de la recurrida de uno de las facultades pactadas en el contrato, cual es poner término anticipado al contrato sin expresión de causa, constituya un acto ilegal o arbitrario que conculque alguna de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política del Estado protegidas por el recurso de protección; razón por la cual la acción cautelar interpuesta por la recurrente no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Se previene que la abogada integrante señora Herrera concurre a la decisión pero teniendo únicamente presente para ello, que lo planteado por la parte recurrente, relativo a un incumplimiento contractual debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese N°Protección-98728-2022.