Protección contra Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

68 Foja: 67 Sesenta y siete Santiago, trece de enero de dos mil dieciséis Vistos:

Que a fojas 18 don nombre reservado, en representación de nombre reservado deduce recurso de protección en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° 2808, de 20 de octubre de 2015, la que a juicio del recurrente habría modificado una sanción aplicada en virtud de una resolución que se encontraba firme y ejecutoriada, acto que vulneraría las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del recurrente, con costas.

Explica que en el año 2013 la recurrida instruyó un sumario en contra de su representado, el que terminó por Resolución Exenta N° 2791 que aplicó al recurrente la sanción de término del contrato de trabajo.

Indica que su representado dedujo recursos de reconsideración y apelación, dictándose la Resolución Exenta N° 3309 de 10 de noviembre de 2014, la que sustituyó la sanción ya referida por la de multa equivalente al 25% de su remuneración por el término de 30 días, de la que fue notificado el 11 de febrero de 2015, entendiendo que se encuentra firme y ejecutoriada.

Sostiene que con fecha 4 de agosto de 2015, fue notificado de una tercera resolución, la N° 1889 de 7 de julio del mismo año, que confirmó la sanción, la que también quedó firme ya que no se presentó recurso alguno en su contra.

Agrega que, inexplicablemente, el 21 de octubre de 2015 a su representado se le notificó la resolución impugnada, N°2808 de 20 de octubre de 2015, que modificó la resolución N° 3309, aplicándole la sanción original de término de contrato.

Afirma que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, por cuanto el acto impugnado no tiene motivación en relación al cambio de la decisión; por lo demás, se modificó un acto administrativo firme, infringiéndose el principio de legalidad, excediéndose así en sus atribuciones, infringiendo, además, lo dispuesto en los artículos 72 N° 1 letra c) y N° 7 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del Hospital Dipreca.

Expresa que lo anterior vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que se efectuó una diferencia arbitraria en contra de su representado; y el derecho de propiedad, sin dar argumentación al respecto.

A fojas 56 informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso Expresa que no obstante el recurrente estaba contratado conforme a las normas del Código del Trabajo, en razón de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República para aplicar alguna de las causales de despido de dicho cuerpo legal, es necesario la instrucción previa de una investigación, por lo que, efectivamente, se instruyó sumario administrativo en contra del recurrente, el que se inició en el año 2013 y tenía por objeto determinar la efectividad de las denuncias que se habrían realizado en contra del recurrente por tres funcionarias de la sección de facturación y cobranza de Dipreca, por acoso laboral.

Indica que agotada la investigación se dictaron tres resoluciones:

· N°2791 de 16 de octubre de 2014, que aplicó la medida disciplinaria de terminación de contrato de trabajo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 160 N° 1 letra c) y f), y N° 7 del Código del Trabajo;

· N°2884 de 27 de octubre de 2014, la que rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente; y · N°3309 de 10 de noviembre de 2014, que rechaza la apelación del recurrente pero igualmente modifica la sanción a multa.

Explica que terminado el sumario se remite a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón de la resolución afecta N°038 de 25 de enero de 2015, que comunica la sanción aplicada en el sumario, pero luego se retira de Contraloría porque tenía errores formales, ya que no obstante haber rechazado el recurso de apelación interpuesto por el recurrente igualmente modificaba la sanción impuesta. Frente a lo anterior, se dicta la Resolución Exenta N°1899 de 07 de julio del año en curso, que corrigiendo el error de la anterior, acoge el recurso de apelación, manteniendo la modificación de la sanción a multa.

Expresa que en forma posterior, la recurrida dictó el acto impugnado que rechaza el recurso de apelación y aplica la sanción de terminación del contrato de trabajo dejando sin efecto el resto de las resoluciones anteriores, lo que motivó a su vez la dictación de la Resolución Afecta N° 579 de 5 de noviembre de 2015 que fue tomada de razón por la Contraloría General de la República.

Sostiene que ha actuado de forma legal sujetándose a lo dispuesto en los artículos 140 a 142 del Estatuto Administrativo; 160 N°1 letras c) y f) y N°7 del Código del Trabajo, las que transcribe, llevándose a cabo la investigación y conociéndose del asunto a través de diversas instancias, quedando a salvo el derecho del recurrente de ejercer las acciones legales pertinentes de conformidad a la legislación laboral.

Hace presente que, en todo caso, la resolución impugnada no es la resolución final que puso término al sumario, sino que lo es la Resolución Afecta N° 579 de 5 de noviembre de 2015 que fue tomada de razón por la Contraloría General de la República.

Agrega que su parte se encuentra facultada para proceder a revocar actos administrativos, conforme lo dispone el artículo 6 de la ley 19.880, pudiendo de oficio modificar las decisiones, siendo ello lo que implicó que se modificara la sanción y se rechazara la apelación modificando la sanción, de lo que se dio la debida toma de razón.

Expresa por último, que el recurso de protección no es el medio idóneo para impugnar la resolución, debiendo utilizar la acción legal respectiva para hacer valer su pretensión ante los Tribunales de Justicia mediante los procedimientos especiales establecidos en la ley laboral y que, en todo caso, de lo expuesto aparece que no se han vulnerado, en modo alguno los derechos fundamentales señalados por el recurrente.

Considerando:

1°) Que cuestiona el recurrente el hecho que existiendo resolución firme y ejecutoriada dictada en un sumario administrativo que se inició en su contra, se le aplicó vía apelación, la sanción de multa del 25% de su remuneración mensual; tal resolución fue modificada, sin fundamento alguno, restableciendo la sanción de término de contrato de trabajo originalmente impuesta.

2°) Que consta de los antecedentes acompañados por la reclamada que dedujo reconsideración con apelación subsidiaria en contra de la resolución que le aplicó la medida de término de contrato de trabajo; reconsideración que fue rechazada y concedida la apelación interpuesta en subsidio, por resolución N°3309 de 10 de noviembre de 2014, dispone que se rechaza la apelación del recurrente pero se modifica la sanción a multa del 25% de sus remuneraciones, la que es sometida al trámite de toma de razón, el que no se lleva a efecto por cuanto previo a su tramitación se retira tal gestión debido a un error formal en la referida resolución, error que aparece de manifiesto, pues no obstante expresar que rechaza la apelación, igualmente modifica la sanción impuesta; lo cual en definitiva importa que no concluyó su tramitación y, en consecuencia no existió a estas alturas del procedimiento resolución de término ejecutoriada, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, desde que en el artículo 7, Párrafo II, Punto 7.2.3 expresamente dispone dicho trámite respecto de la resolución que aplica medidas disciplinarias en sumarios administrativos.

3°) Que por otra parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 19.880 la Autoridad Administrativa, tiene la facultad de revisar de oficio las resoluciones, pudiendo revocarlas salvo en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente;

b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto.

4°) Que las resoluciones que dieron origen a la impugnada, no se encuentran en ninguno de los casos expresamente exceptuados por la ley, de modo que la recurrida no tenía inconveniente para actuar como lo hizo, sujetándose a la normativa legal vigente.

5°) Que en cuanto a la arbitrariedad alegada, la que hace consistir en la inexistencia de fundamentos para modificar la Resolución Exenta N°3309; de la lectura del acto impugnado aparece que en él se expresan no sólo las normas jurídicas y resoluciones administrativas en que se basa, sino que además, la fundamenta expresamente, en los siguientes términos: “teniendo como fundamento las conductas desarrolladas al interior del Hospital, por este señalado funcionario, las cuales se encuentran agravadas por las expresiones proferidas por aquel a los funcionarios de su dependencia.”, lo que justifica la dictación de la resolución impugnada, no resultando en consecuencia carente de fundamentos 6°) Que de lo anterior se desprende que la resolución impugnada, no puede ser calificada de ilegal, desde que se ajusta a la normativa legal vigente, ni arbitraria, ya que no aparece dictada por mero capricho, sino sujeta a una investigación previa, de la que deriva la sanción sin que ella pueda ser considerada irracional o desproporcional a los hechos.

7°) Que por lo que se viene diciendo, sólo cabe concluir, que no puede verse afectado la garantía de igualdad ante la ley de los recurrentes, ni el derecho de propiedad el que por lo demás no fundamenta, por todo lo cual la acción constitucional intentada debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, normas citadas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, a fojas 9 de estos antecedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro (S) Dora Mondaca Rosales, quien no firma por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Rol N°98.722-2015 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por la ministro (S) señora Dora Mondaca Rosales y ministro señora Jenny Book Reyes.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.