Protección contra Municipalidad de Quilicura

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 22, 23, 24 y 25: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Óscar Eduardo Olivares Jatib, abogado, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Quilicura, representada legalmente por su Alcaldesa Paulina Bobadilla Navarrete, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N° NUM000, de fecha 16 de febrero de 2026, notificado a la actora el día 3 de marzo de 2026, el cual declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo y dispuso la vacancia de su puesto de trabajo.

Actuación que considera ilegal, arbitraria, pues infringe lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.883, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto dicho acto administrativo y se ordene su reincorporación inmediata con el pago de estipendios retroactivos.

Expone el recurrente que su representada se desempeñó como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en el CESFAM Presidente Salvador Allende desde marzo de 2016, bajo contrato de plazo indefinido, destacando por un desempeño de excelencia calificado consistentemente en Lista 1 de Distinción con el puntaje máximo de 100 puntos.

Relata que, a partir de junio de 2023, la funcionaria presentó cuadros de depresión grave y trastorno de pánico, sumado a una intervención quirúrgica mayor en 2025, lo que motivó el uso de licencias médicas por un total de 219 días.

No obstante, enfatiza que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), mediante Resolución N°NUM001 de fecha 24 de julio de 2025, dictaminó formalmente que el estado de salud de la recurrente es recuperable, contando además con informes médicos que validan su aptitud para el retorno laboral.

Arguye que el acto impugnado adolece de un vicio de ilegalidad al contravenir el artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, toda vez que dicha norma exige imperativamente que la declaración de incompatibilidad sea precedida por una evaluación de irrecuperabilidad emitida por la COMPIN.

Sostiene que, al haber resuelto el organismo técnico que la salud de la funcionaria es recuperable, la autoridad municipal carece de la competencia técnica para subrogarse en dicha evaluación médica y declarar la vacancia, resultando tal decisión vinculante para la administración.

Refuerza esta argumentación citando la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, la cual establece que la intención del legislador al establecer la obligatoriedad del informe previo fue precisamente impedir que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contra del criterio técnico sectorial.

Afirma que el acto recurrido vulnera la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al someterla a una desvinculación arbitraria que ignora su condición de salud recuperable en comparación con otros funcionarios, y transgrede asimismo el derecho de propiedad previsto en el numeral 24 del mismo precepto, toda vez que se le priva ilegítimamente de su cargo y de las remuneraciones que integran su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM000, se ordene la reincorporación de la recurrente a sus labores en la Municipalidad de Quilicura y el pago de todas las remuneraciones devengadas entre su separación y su efectivo reingreso, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece nombre reservado, en representación de la recurrida, Ilustre Municipalidad de Quilicura, evacuando el informe de rigor y solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección deducido, con expresa condena en costas. Fundamenta su oposición en que el acto impugnado, esto es, el Decreto Alcaldicio N°NUM000, que declaró la vacancia del cargo de nombre reservado por salud incompatible, se ajusta estrictamente al ordenamiento jurídico, careciendo de ilegalidad o arbitrariedad.

Sostiene que la facultad ejercida se sustenta en el artículo 148 de la Ley N°18.883, concurriendo en la especie los presupuestos legales habilitantes: primero, que la funcionaria hizo uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años -contabilizando 219 días entre el 12 de junio de 2023 y el 1 de junio de 2025-; y segundo, que se requirió previamente la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la cual, mediante Resolución N°NUM001 de fecha 24 de julio de 2025, determinó que la salud de la recurrente es recuperable.

La recurrida arguye que, conforme a la jurisprudencia administrativa vinculante de la Contraloría General de la República y la doctrina de la Excma. Corte Suprema, el carácter recuperable de la salud no impide declarar la incompatibilidad, por cuanto esta última constituye una causal objetiva destinada a resguardar el principio de continuidad del servicio público y la debida atención de las necesidades de la comunidad.

Refuta las alegaciones de la actora sobre supuestas infracciones a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, señalando que la medida se basa en criterios técnicos y legales aplicados uniformemente, y que la cesación en el cargo se produjo por una causal legal prevista en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

CUARTO: Que, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario corresponde al Decreto Alcaldicio N°NUM000, de fecha 16 de febrero de 2026, notificado el día 3 de marzo de 2026, que declaró la salud incompatible con el desempeño del cargo y la vacancia del mismo respecto de nombre reservado, Cedula de Identidad N°NUM002, funcionaria de Salud contratada como Técnico en Enfermería, en calidad de plazo indefinido, en la categoría C, nivel 10, jornada de 44 horas semanales, por haber hecho uso de licencia médica por un total de 219 días desde el 12 de junio de 2023 hasta el 01 de junio de 2025.

QUINTO: Que, para analizar la legalidad del acto impugnado, cabe tener presente, en primer término, que del tenor literal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, se colige que la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar tanto si la salud del funcionario resulta o no recuperable, como también si la misma le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, de manera tal que, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del citado artículo 151, si es que la Compin no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

En este sentido, la norma legal es expresa en cuanto a que la evaluación del funcionario es “respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud” y “que no le permite desempeñar el cargo”, de manera tal que si la Compin concluye que la salud es irrecuperable, corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 149 del referido cuerpo normativo; en cambio, si dicha comisión concluye que la salud es recuperable, para que el jefe superior del servicio, en este caso el Alcalde, pueda dar aplicación al artículo 148, se requiere que además la Compin evalúe si la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

SEXTO: Que, dicha interpretación es la única coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero del artículo 151 del Estatuto Administrativo y 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de dicha evaluación experta, al prescindirse del informe obligatorio de la Compin, el que no sólo ha de referirse a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino también a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo.

SÉPTIMO: Que, por lo demás, aun si se estimara que el Informe de la Compin no requiere referirse al carácter incompatible de la salud del funcionario respecto del cargo que desempeña, la sola circunstancia que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, únicamente constituye el presupuesto normativo que habilita al jefe superior del servicio para ejercer la facultad de declarar que la salud del funcionario es incompatible con el desempeño del cargo, pero en ningún caso la concurrencia de dicho presupuesto habilitante puede calificarse como el fundamento para ejercer la mentada facultad, sino que para ello se requiere expresar razones adicionales que justifiquen la incompatibilidad, acorde además con el deber de fundamentación consagrado en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. De otro modo, de no exigirse que el ejercicio de la facultad de declarar salud incompatible sea fundada, se permitiría un ejercicio discrecional, que no cumple con el principio de igualdad ante la ley, máxime si las desvinculaciones de este tipo se determinan caso a caso, dependiendo de las funciones que desempeña cada funcionario, motivación que no se aprecia en el presente caso.

OCTAVO: Que, la conclusión anterior, resulta además coherente con la historia de la Ley 21.050, en cuanto previo a dicha modificación legal uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por ello, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol NUM003, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC NUM004, de 29 de septiembre de 2016). En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°18.834, junto con otras disposiciones, como el artículo 148 de la Ley N°18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151, norma que replica, entre otros, en el artículo 148 de la Ley 18.883.

NOVENO: Que, por consiguiente, considerando que la declaración de salud incompatible con el cargo, se basó únicamente en la circunstancia de haber hecho uso el recurrente de licencias médicas por un periodo superior a seis meses, en los últimos dos años, presupuesto que no basta para cumplir los requisitos del artículo 148 de la Ley 18.883, por cuanto es un hecho no discutido que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), mediante Resolución N°NUM001 de fecha 24 de julio de 2025, declaró que la salud del recurrente es recuperable, sin pronunciarse sobre si, a pesar de ello, resulta incompatible con el cargo.

Lo anterior deja de manifiesto no sólo la ilegalidad del acto administrativo recurrido, al dar término al vínculo estatutario del actor sin cumplir con el presupuesto legal del citado artículo 148, sino también su arbitrariedad, dado que no cumple con el informe que la ley exige para determinar que la salud del actor no sería compatible con el cargo, limitándose a invocar el hecho de hacer uso de licencias médicas por el lapso establecido en la ley y que la salud del recurrente no sería compatible con su cargo, sin mencionar algún antecedente o informe que permita suplir la exigencia legal antes referida, para sustentar la determinación de vacancia del cargo, pues el jefe superior del servicio, en este el Alcalde, carece de las competencias técnicas en materia de salud ocupacional, las que, para estos efectos, fueron radicadas por el legislador exclusivamente en la Compin.

DÉCIMO: Que, por lo expuesto, la ilegalidad constatada produce la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso necesariamente debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 16 de febrero de 2026 que declara la vacancia del cargo de la recurrente, ordenándose su reincorporación a sus labores en la Ilustre Municipalidad de Quilicura y el pago de todas las remuneraciones devengadas entre su separación y su efectivo reingreso.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida, quien estuvo por rechazar la acción constitucional deducida, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones: 1°) Que, en la especie, no se ha controvertido la competencia ni las facultades de la I. Municipalidad de Quilicura para dictar el acto impugnado, sino que lo que en rigor se objeta son la forma en que fueron ponderados los antecedentes médicos allegados al procedimiento administrativo, y las conclusiones a que a partir de ellos se arribó, según se desprende del propio petitorio de la acción constitucional en análisis. 2°) Que, en opinión de esta disidente, la pretensión excede los márgenes del arbitrio contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En efecto, por medio de la presente vía esta Corte no puede erigirse en una instancia de revisión del mérito de los antecedentes tenidos a la vista por la Administración al emitir su decisión, máxime si el propio recurrente reconoce mantener reclamaciones pendientes ante la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguridad Social respecto de los antecedentes que sirvieron de fundamento al acto recurrido. 3°) Que, asimismo, no puede obviarse que el acto impugnado fue dictado previa intervención de la COMPIN, organismo técnico al que la ley entrega el pronunciamiento sobre esta clase de materias, el que calificó el estado de salud del recurrente como recuperable. 4°) Que, en consecuencia, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado al margen de sus atribuciones ni de manera caprichosa o carente de fundamento racional, razón por la cual este disidente estuvo por rechazarla, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9854-2026.