nombre reservado con COMANDO DE SALUD DEL EJERCITO

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos, ha comparecido la abogada Lisette Irina Granifo Sciaraffia, deduciendo recurso de protección en contra de la División de Salud del Ejército de Chile (en adelante DIVSAL), por haber dictado la Resolución Afecta DIVSAL ASEJUR (R) N° 1590/4221/7084 de fecha 31 de agosto de 2021, mediante la cual se puso término a la investigación sumaria administrativa seguida en su contra, disponiendo la medida disciplinaria de destitución, sin derecho a indemnización, por haber incurrido en una supuesta falta grave a la probidad administrativa, lo que considera un acto ilegal y arbitrario que atenta en contra de los derechos a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y respeto y protección a la honra, garantizados en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que, el procedimiento sumarial y su desvinculación le han provocado un severo cuadro de depresión (art. 19 N° 1); se le aplicó una sanción por hechos que estaban fuera de la competencia de la recurrida para investigar y sancionar, siendo tratada en forma discriminatoria (art. 19 N° 2); porque se alteraron las reglas del procedimiento sumarial y se le negó su derecho a la doble instancia al no darle curso a sus recursos (art. 19 N° 3 inciso quinto); y porque, sin fundamento, se la acusó de actuar con deshonestidad y falta de probidad, manchando su intachable carrera funcionaria.

Explica que trabajó para la DIVSAL desde abril de 2012 hasta abril de 2023, cuando fue desvinculada mediante una resolución que la sancionaba por una supuesta falta grave a la probidad administrativa. Esta desvinculación se produjo luego que la Contraloría General de la República (en adelante CGR) ordenara a la DIVSAL iniciar una investigación sumaria administrativa en su contra por dos hechos: no haber cumplido con el reposo médico prescrito en el lugar indicado en la licencia médica durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y por, presuntamente, no haberse abstenido de participar en una reunión en la DIVSAL en que se analizó el pago de licencias médicas al personal regido por el Código del Trabajo.

La recurrente alega que la resolución que la desvincula, y el procedimiento de investigación sumaria que le precedió, adolecen de diversas ilegalidades y arbitrariedades que han vulnerado sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley, al respeto y protección a la honra y a la integridad física y psíquica, ya que la recurrida actuó sin competencia, en forma desproporcionada, negándole garantías procesales y su derecho a defensa.

En cuanto a la primera imputación sobre el incumplimiento del reposo médico, sostiene que la DIVSAL carece de facultades para investigar y sancionar esa falta, ya que esa atribución corresponde exclusivamente a los organismos de salud previsional según la normativa aplicable. Además, arguye que la recurrida nunca acreditó que ella hubiese incumplido sus deberes funcionarios.

Respecto a su supuesta participación en la reunión sobre pago de licencias médicas, indica que eso nunca fue materia de investigación, por lo que no puede sancionársele por ello. Afirma también que en dicha reunión no participó ni asesoró sobre el pago de sus propias licencias médicas.

La recurrente plantea que estas imputaciones, aun de ser efectivas, no revisten la gravedad suficiente para aplicar la sanción de destitución, más aun considerando su intachable conducta previa como funcionaria y sin que se ponderaran factores atenuantes. Agrega que la responsabilidad administrativa por estos hechos se encontraba prescrita, ya que, al momento de iniciarse la investigación en su contra, en marzo de 2019, ya habría transcurrido sobradamente el plazo de 6 meses que regía para la prescripción según la jurisprudencia vigente a la época de los hechos.

En este sentido, explica que el último hecho investigado ocurrió en octubre de 2017 (incumplimiento del reposo médico prescrito), mientras que los cargos en su contra se formularon en octubre de 2019.

Sostiene que para los funcionarios regidos por la Ley N° 18.476, como es su caso, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República aplicable en 2017 establecía que el plazo de prescripción era de 6 meses desde ocurrido el hecho, por lo que, aplicando ese criterio, la responsabilidad administrativa por los hechos de octubre de 2017 habría prescrito en abril de 2018. Alega que, recién en septiembre de 2019, la Contraloría cambió de criterio y aumentó el plazo de prescripción a 2 años, pero que ese nuevo criterio no puede aplicarse retroactivamente.

Así las cosas, reclama que, durante la investigación sumaria, la recurrente planteó la prescripción ante la DIVSAL en todos sus recursos administrativos. Sin embargo, esta nunca se pronunció sobre ello.

Reclama que el procedimiento administrativo adolece de diversas irregularidades, como la falta de notificación de algunas resoluciones, la denegación de recursos y la excesiva extensión de la investigación sumaria, todo lo cual configura vulneraciones a las garantías del debido proceso, al principio de juridicidad y al derecho a la defensa.

En virtud de todo lo anterior, en sus peticiones, la recurrente solicita que se deje sin efecto su desvinculación o se le aplique una sanción proporcional y ajustada a derecho; en subsidio, que se declare la ilegalidad del acto administrativo y de la investigación sumaria seguida en su contra; se informe a la Contraloría General de la República que ha quedado sin efecto la sanción de inhabilitación de ingreso a empleos de la Administración Pública y que se ordene el pago de las remuneraciones no percibidas a la fecha.

Segundo: Que, por la División de Salud del Ejército de Chile, evacuó informe su comandante, General de Brigada nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra.

Como cuestión previa, alega la extemporaneidad de la acción cautelar, ya que ésta fue presentada fuera del plazo de 30 días desde que se tuvo conocimiento del acto recurrido, lo que habría ocurrido el 24 de abril de 2023, cuando se notificó personalmente a la recurrente de la resolución que puso término a su contrato de trabajo. En base a ello, solicita que se declare la extemporaneidad de cualquier alegación sobre hechos anteriores a esa fecha, citando jurisprudencia que ha determinado la improcedencia en casos similares.

A continuación, explica que la señora nombre reservado se encontraba contratada bajo el régimen de la Ley N° 18.476, que faculta la contratación con recursos autogenerados y sujeta al trabajador a las normas de probidad administrativa. Indica que, en ese contexto, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el uso de licencias médicas de la recurrente, por lo que ordenó abrir una investigación sumaria en su contra, proceso que se desarrolló respetando su derecho a defensa.

Tras dicha investigación, se estableció que el recurrente mal utilizó licencias médicas durante los meses de septiembre y octubre del año 2017, ya que, aun cuando estas le prescribían reposo total en esos meses, viajó al extranjero durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 9 de octubre de 2017, según lo corroboraron la Policía Internacional y los propios dichos de la señora nombre reservado. Indica que estos hechos configuraron una infracción al principio de probidad administrativa, consagrado en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y fueron considerados por la autoridad como una falta grave a este principio en el desempeño de sus funciones, lo que justificó la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, la que fue declarada ajustada a derecho por el órgano contralor. En base a ello, se argumenta que no concurren en este caso los requisitos de acto ilegal o arbitrario y vulneración de garantías constitucionales que se exigen para que proceda una acción cautelar.

Por otra parte, plantea que la vía intentada en estos autos desvirtúa la naturaleza cautelar de la acción de protección, al pretender convertirla en una instancia revisora o invalidatoria, y que sus alegaciones, así como los supuestos perjuicios reclamados por la señora nombre reservado, deben discutirse en un juicio de lato conocimiento y no en este tipo de procedimientos.

En cuanto a las garantías constitucionales que la recurrente considera vulneradas, señala que aquello no ha ocurrido en la especie.

Así, respecto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, argumenta que la medida aplicada a la señora nombre reservado no fue discriminatoria ni arbitraria, sino que fue consecuencia de un proceso legal y proporcional a la gravedad de los hechos establecidos en el proceso disciplinario.

Sobre la supuesta afectación del derecho a defensa, sostiene que no existió indefensión, ya que la recurrente pudo ejercer los recursos disponibles de acuerdo a su régimen de contratación ante la Administración.

Tampoco se configura la presunta conculcación del derecho al honor, ya que la imputación de falta a la probidad realizada en su contra se sustentó en hechos objetivos que fueron constatados en el proceso disciplinario previo.

En relación a la alegada vulneración del derecho a la vida e integridad, plantea que estos supuestos efectos no pueden discutirse a través de la acción cautelar intentada, existiendo otras vías procesales pertinentes para reclamar una eventual responsabilidad del Estado.

Finalmente, descarta la aplicación de la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto el proceso se inició dentro del plazo legal desde la ocurrencia de los hechos investigados. Del mismo modo, rechaza la concurrencia de una caducidad del procedimiento, por no superarse los plazos fijados jurisprudencialmente al efecto.

De esta forma, con el mérito de los fundamentos expuestos, solicita rechazar en todas sus partes la acción deducida, por ser improcedente conforme a derecho.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que, en el presente caso, el acto u omisión que se considera ilegal y arbitrario es la Resolución Afecta DIVSAL ASEJUR (R) No 1590/4221/7084 de fecha 31 de agosto de 2021, mediante la cual se puso término a la investigación sumaria administrativa que se siguió en contra de la recurrente, disponiendo la medida disciplinaria de destitución, sin derecho a indemnización, por haber incurrido en una falta grave a la probidad administrativa.

Quinto: En lo que respecta a la extemporaneidad del recurso, de los hechos expuestos por las partes no está discutido que el acto impugnado fue dictado por la entidad recurrida con fecha 31 de agosto de 2021, por lo que al haberse deducido el presente arbitrio recién el 24 de mayo del año en curso, el plazo de 30 días para interponer la acción de protección ha excedido con creces.

Por otra parte, no altera lo anterior que la recurrente haya deducido reclamación ante la CGR, pues en ese caso debió haber dirigido el presente recurso contra la resolución del ente contralor que rechazó la reclamación.

En tales circunstancias, entonces, el presente recurso de protección debe ser desestimado, por extemporáneo.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, que basta para desestimar el recurso, tampoco podría haber prosperado esta acción, desde que la determinación de destituir a la recurrente se adoptó como resultado de un sumario administrativo incoado en su contra para establecer su responsabilidad en hechos denunciados por el ente contralor, consistentes en haber viajado al extranjero, en un periodo que se encontraba con licencia médica y reposo en su domicilio, lo que configura una grave falta a la probidad funcionaria, todo lo cual fue constatado en la aludida investigación.

Por lo tanto, la resolución de la recurrida está motivada, fue dictada por la autoridad competente, con facultades para ello, como consecuencia de una investigación sumaria en que se constató una grave falta a la probidad funcionaria de parte de la recurrente, quien pudo hacer valer sus alegaciones y defensas, las que fueron desestimadas, no correspondiendo a esta Corte, por esta vía cautelar y de emergencia, valorar el mérito de esas conclusiones, pues aquello escapa al objetivo y naturaleza de este recurso.

En cuanto a la alegación de estar prescrita la acción disciplinaria, aquello si fue objeto de análisis, tanto en el sumario como por el ente contralor, siendo desestimada dicha tesis, por las razones dadas por ambas entidades, lo que esta Corte comparte, no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad en esa decisión.

En suma, la decisión de la recurrida, contrariamente a lo que expone el recurso, sí se encuentra motivada y se adecúa a las exigencias que la normativa contempla para estas situaciones.

Séptimo: Por ende, en esa perspectiva, ninguna ilegalidad o arbitrariedad puede consignarse en el acto administrativo impugnado, razón por la cual el recurso, además de ser extemporáneo, debe ser desestimado también en cuanto al fondo, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la recurrente estima se han conculcado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Lisette Irina Granifo Sciaraffia, en contra de la División de Salud del Ejército de Chile (DIVSAL).

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 9.854-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, la señora Fiscal Judicial Macarena Troncoso López y el abogado integrante señor Rafael Plaza Reveco. No firma la señora Fiscal Judicial Macarena Troncoso López, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.