nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago.

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Atendido el mérito del proceso y el tiempo transcurrido sin que la recurrente haya dado cumplimiento a lo ordenado por resolución agregada al folio 5, se resuelve al segundo otrosí del folio 1: no ha lugar a tener por constituido el patrocinio y poder.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de Adelia nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, exigiendo formalidades adicionales no contempladas en la ley y desconociendo la validez de documentación electrónica oficial, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó ante la administradora de fondos recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. No obstante, con fecha 11 de marzo de 2026, fue notificada del rechazo de su solicitud, fundamentándose la recurrida en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituiría un certificado de afiliación válido al señalar prestaciones de forma genérica y carecer de firma, legalización o apostilla, estimando igualmente como insuficiente la declaración jurada notarial acompañada por la afiliada.

Al respecto, sostiene que la extranjera ha dado íntegro cumplimiento a los presupuestos exigidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, normativa especial que únicamente exige encontrarse afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones básicas y la manifestación de voluntad expresa de mantenerla.

Argumenta que la exigencia de legalización o apostilla constituye una interpretación excesivamente formalista que añade requisitos no previstos por el legislador, operando en perjuicio de la administrada. En ese sentido, se precisa que el certificado acompañado es un documento electrónico oficial emanado de una autoridad competente, el cual contiene un código alfanumérico plenamente verificable a través de su respectiva página web institucional.

Adicionalmente, señala que, dada la ausencia de representación diplomática venezolana en el país, exigir un documento apostillado se traduce en un requisito imposible de cumplir que configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor amparada en el Código Civil, apoyando su postura en sostenida jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que respalda la suficiencia de estos antecedentes para disponer de los ahorros previsionales.

Solicita que, acogiendo el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; y en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas.

Fundamenta su defensa, en primer lugar, en la improcedencia de la vía procesal elegida, sosteniendo que el recurso de protección no constituye la instancia idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, por cuanto su naturaleza es cautelar y requiere de la existencia de un derecho indubitado, lo cual no concurre en la especie al existir una controversia técnica sobre el cumplimiento de requisitos legales.

En cuanto al fondo, asevera que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que su proceder se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en su Compendio de Normas.

Al efecto, detalla que la solicitud de la recurrente fue rechazada por no acompañar una constancia de afiliación vigente de la autoridad previsional extranjera que cumpla con las formalidades de legalización o apostilla exigidas por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de la Haya.

Argumenta que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada carece de firma autorizada y no especifica de forma concreta las coberturas individuales requeridas por la letra a) del artículo 1° de la citada ley, no siendo suficientes las declaraciones juradas ante notario chileno por carecer de mérito probatorio idóneo en sede de seguridad social.

Añade que la recurrente detenta residencia definitiva en Chile, lo que desvirtúa la finalidad de la exención previsional y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema ante eventuales cargas fiscales futuras.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que la recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado de la protegida.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por la recurrente, la Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (artículo 94 D.L. N°3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que la trabajadora cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. N°3.500.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Adelia nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-9852-2026.