CLUB DEPORTIVO ADOLFO NEF SANHUEZA DE PEÑALOLEN con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Al folio 13: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Diego Campos León, en representación del Club Deportivo nombre reservado de Peñalolén, deduce acción de protección constitucional en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en hostigar y amenazar a directivos y personal de su representada, acerca del dominio del inmueble ubicado en domicilio reservado, afectando la garantía constitucional contemplada en el numeral 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, disponiendo el “pacífico dominio” sobre el inmueble en comento.

Expresa que el club deportivo, es una corporación de derecho privado que fue creado en 1985, cuya finalidad es promover las actividades deportivas en la comuna de Peñalolén, en especial, el fútbol.

Añade que dado el crecimiento de su representado, fue necesario adquirir una sede social para que los integrantes del club pudieren desarrollar los fines para los cuales fue creado.

Siendo del caso, que el 7 de julio último los tres recurridos (sic) se proclamaron directivos de su representada.

Explica que con el devenir del tiempo, los recurridos comenzaron a dirigir un nuevo club con el nombre de su mandante, provocando confusión en la comunidad, acerca de cuál era el verdadero Club Deportivo nombre reservado, y si los actos realizados por los recurridos correspondían a su representado o no.

En ese escenario, los recurridos llevan meses hostigando a los directivos del club, con el fin de que les hagan entrega de la sede social ubicada en calle nombre reservadoº 9966, la que temen sea “tomada” por los recurridos.

Precisa que dichas “amenazas” y “hostigamientos” se han materializado, el 30 de septiembre pasado, oportunidad en la que uno de los recurridos, le señaló al tesorero del club nombre reservado que “tenía las horas contadas en la sede” y que los iban a desalojar. De igual modo, ocurrió el 2, 4 y 14 del mismo mes y anualidad, dado que al encargado de la limpieza de las camisetas, le fueron arrebatadas las llaves de la sede, los recurridos han recibido dineros en nombre de la corporación, una notaría no les permitió firmar documentos, en razón de que los recurridos serían los verdaderos representantes del club, respectivamente.

En ese orden de ideas, considera que ha sido afectado el derecho de propiedad que le asiste a su representada sobre la sede social, antes anotada.

Previas citas a la Constitución Política de la República, solicita se acoja la presente acción, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, disponiendo el “pacífico dominio” sobre el inmueble sublite, con costas.

Segundo: Que los cuatro recurridos, evacuando el informe respectivo, en primer lugar, niegan los hechos afirmados en la acción de protección, destacando que la contraria ha realizado una narración sesgada del asunto.

En efecto, explica que se trata de dos organismos que originariamente se encuentran relacionados, pero no se trata del mismo.

Precisa que la Corporación Club Deportivo nombre reservado, goza de personalidad jurídica concedida por el Ministerio de Justicia por Decreto Supremo Nº 247 de 14 de febrero de 1978, como aparece del Nº 52 del libro de organizaciones comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, quedando inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, bajo el N°7238, de conformidad a lo dispuesto en la disposición quinta transitoria de la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, haciendo presente que la corporación desde su fundación, ha tenido una vacancia e inactividad de al menos 20 años, sin rendir información ni registrar movimientos en su directiva, sin acreditar nada frente a las autoridades, no cuenta con RUT, adoleciendo de la individualización esencial que debiera tener.

A su turno, el Club Deportivo nombre reservado de Peñalolén, se trata de una organización comunitaria, de acuerdo al Decreto Nº 228 del 21 de marzo de 1986, del Ministerio de Justicia, contando con personalidad jurídica según el artículo 29 del Decreto Supremo N°110, del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica, y al Decreto Supremo de Justicia N°1.448, Los estatutos fueron otorgados el 27 de julio de 1985, debidamente protocolizados ante notario público, cuenta con RUT Nº RUT reservadoante el Servicio de Impuestos Internos. Luego, el 3 de julio de 2015, la organización se adecuó a la nueva normativa contemplada en la Ley Nº 19.712, siendo registrada en el registro que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación bajo el Nº 152377.

Refieren que el club funcionó sin mayores problemas, hasta que el 15 de septiembre de 2017, 15 personas, entre ellos el representante de la recurrente nombre reservado, pretendió celebrar una asamblea para elegir un nuevo directorio, lo que no prosperó. Sin embargo, el 7 de julio del año pasado, fue realizada una asamblea, por la cual fueron elegidos como directores, entre otros, los recurridos y nombre reservado (sic), representante de la recurrente, lo que fue confirmado por resolución de 1 de octubre de 2018 por el 2º Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

Puntualiza que es la organización comunitaria es la dueña del inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrita a fojas 48.364, N°69.478, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017.

Explica que la confusión se produce por las migraciones de la tenencia municipal de los registros de organizaciones comunitarias al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, por cuanto, no se ha distinguido entre la Corporación recurrente y la Organización Comunitaria, lo que explicita en su libelo.

Alude a que la recurrente ha sido fiscalizada por el Ministerio de Justicia, sin que hayan dado cumplimiento a un protocolo de fiscalización.

Alega que la recurrida es quien ha impedido ejercer sus derechos sobre el inmueble de autos, dado que hizo un cambio de cerradura del acceso y se ha apropiado a la fuerza de la sede del Club Deportivo Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, previo al análisis de la concurrencia de los presupuestos señalados en el motivo que precede, necesario resulta hacer presente que, como lo ha sostenido reiteradamente esta misma Corte y la Excma. Corte Suprema, que el derecho tutelado por la acción de protección debe ser preexistente e indubitado, de manera que falta un requisito esencial para su viabilidad cuando el recurrente no demuestra ser titular de un derecho indiscutido o indubitado, sino que de una mera expectativa de integrarlo a su patrimonio, ya que “… efectivamente, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa, por no tratarse de un juicio declarativo de derechos” (Considerando 6°, Sentencia Excma. Corte Suprema, de 23 de julio de 2007, Rol Nº2.562-2007).

Quinto: Que, de acuerdo a lo señalado, la cuestión planteada por la recurrente, escapa a los fines de la acción de protección de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En efecto, la recurrente consignó en el petitorio de su libelo recursivo que se disponga el “pacífico dominio” del inmueble ubicado en domicilio reservado, respecto del cual aduce ser propietario y objeto de una serie de actos de despojo y amenazas por parte de los recurridos, los que este tribunal estima resultan ser susceptibles de ser resguardados por las acciones posesorias contempladas en los artículos 916 y siguientes del Código Civil u otros derechos que la actora crea le asisten para proteger la posesión que invoca, que es negada por los recurridos, señalando que existe una confusión a partir de la migración de los registros de organizaciones comunitarias al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Sexto: Que, de acuerdo a lo anterior, no existe un derecho de carácter indubitado que sea susceptible de ser cautelado por medio de la acción de emergencia de la Carta Fundamental, correspondiendo el conocimiento del asunto controvertido en un juicio propiamente dicho, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

Por lo anterior, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente, particularmente en el procedimiento adecuado ante el mismo recurrido y ante la sede jurisdiccional correspondiente, si lo estima del caso.

Séptimo: Que al haberse abusado del ejercicio de la acción de protección para conocer de un asunto de lato conocimiento, unido a la incomparecencia del abogado de la recurrente, conforme al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Diego Campos León, en representación del Club Deportivo nombre reservado de Peñalolén, corporación de derecho privado en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Acordada, en lo que dice relación con la condena en costas, con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado, que estuvo por no imponer dicha carga a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-98476-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la Fiscal Judicial señora nombre reservado.